Una crisis sanitaria o de salud pública es una situación grave, repentina, inusual o inesperada que, originada en un factor de riesgo sanitario común, provoca la enfermedad en un número inusualmente alto de individuos de una población simultáneamente y un desequilibrio o déficit prestacional de la cadena asistencial -demora en el proceso de atención, imposibilidad de gestionar la incertidumbre médica o elaborar un juicio clínico de forma inmediata, escasez de insumos críticos, personal insuficiente, daños a la salud por sobrediagnóstico o por contagio hospitalario- con el consecuente aumento de riesgo de muerte de pacientes y que requiere una acción inmediata de las autoridades públicas.
Su gravedad se suele medir por el número de personas afectadas, por su extensión geográfica, o por la morbilidad o mortalidad del proceso patógeno que lo origina. Entre sus efectos económicos se destaca: el aumento del costo de los seguros de la salud, disminución de la productividad económica y dificultades en las operaciones de transporte público en las comunidades afectadas.
Además del sufrimiento humano que provoca una crisis sanitaria, a veces se producen reacciones de pánico injustificadas entre las naciones que reducen el comercio y dañan las posibilidades de recuperación de la economía de los países afectados por una crisis sanitaria: restricciones en las operaciones de comercio internacional o retracción en el turismo con déficit de la balanza de pagos, debilitamiento de la moneda y aumento de la deuda pública. Otras veces, determinados actores se aprovechan maliciosamente con beneficios políticos o industriales.
Generalmente hay tres componentes clave en las crisis sanitarias:
Un manejo adecuado de la crisis sanitaria es un caso específico de gestión de riesgos y manejo de crisis, que puede implicar una serie de pasos o situaciones que no siempre es posible definir de antemano, por la multiplicidad de actores involucrados:
El Reglamento Sanitario Internacional de 2005 (RSI 2005) es una normativa de la Organización Mundial de la Salud que sirve para "prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta, evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacionales". "Establece una nueva serie de normas encaminadas a apuntalar el actual sistema mundial de alerta y respuesta ante brotes epidémicos y exigir a los países que mejoren los mecanismos internacionales de vigilancia y notificación de eventos de salud pública y refuercen su capacidad nacional de vigilancia y respuesta".
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud una emergencia sanitaria representa un evento extraordinario que constituye un riesgo para la salud pública de un Estado, que también puede afectar a otros Estados a través de la propagación internacional de la enfermedad, y que potencialmente requiere una respuesta internacional coordinada.
En el marco jurídico de un Estado nación, es una situación de emergencia pública que altera la prestación normal y habitual de ciertas prestaciones sociales o el cumplimiento de ciertos deberes estatales y que implica la reorganización de los servicios administrativos y la reestructuración de las obligaciones de pago. Eventualmente, puede derivar en un estado de excepción para impedir un colapso institucional.
La declaración de emergencia pública es un acto del Congreso en el que usualmente se delega en el Poder Ejecutivo la facultad de reorganizar determinados servicios administrativos o redistribuir recursos financieros para el cumplimiento de ciertas obligaciones.
Desde la restauración democrática de 1983, se ha declarado la emergencia sanitaria en tres oportunidades:
Ese Decreto de Emergencia Sanitaria fue prorrogado año tras año, junto a la Ley de Presupuesto; por lo que durante 17 años se mantuvieron vigentes y operativos todos los objetivos y programas, incluyendo el diferimiento de las cargas patronales para los prestadores privados y las exenciones aduaneras para un listado específico de medicamentos e insumos. Eso le permitió al gobierno argentino establecer un programa de acción para controlar una epidemia de dengue y fiebre amarilla en 2009, junto a la emergencia del virus A H1N1 y el inicio de la pandemia de influenza.
El RSI 2005 define una emergencia de salud pública de importancia internacional como un "evento extraordinario de salud pública que, mediante procedimientos concretos, se ha determinado que constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación internacional de una enfermedad, y podría exigir una respuesta internacional coordinada". Se trata de una crisis sanitaria de alcance potencialmente global. Los criterios de decisión para determinar una emergencia de salud pública de importancia internacional son:
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