Corea del Norte se halla entre los países con los índices más bajos de respeto a los derechos humanos, motivo por el cual ha recibido críticas de organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales, sobre todo de organizaciones radicadas en Occidente: Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Unión Europea y la ONU. Las ONG pro derechos humanos de Occidente aseguran que Corea del Norte comete violaciones de los derechos humanos "a una escala sin parangón en el mundo contemporáneo", en lo concerniente al derecho a la libertad individual y la libre expresión. Por su parte, el gobierno norcoreano, a través del medio de comunicación nacional oficial, la Agencia Telegráfica Central de Corea, mantiene la postura de que cualquier crítica internacional hacia el estatus de los derechos humanos en el país es un pretexto para derrocar su sistema socialista, basado en la ideología Juche. Asimismo, las autoridades norcoreanas se han quejado reiteradamente de que los abusos cometidos por aquellos que critican las violaciones norcoreanas a los derechos humanos nunca son, en su opinión, castigados.
La Asamblea General de las Naciones Unidas adopta cada año, desde 2003, una resolución en la que condena el estado de los derechos humanos en el país. La resolución del 19 de diciembre de 2011, aprobada por 123 votos a favor y 16 en contra, con 51 abstenciones, conminaba al gobierno de Pionyang a que terminase con "las violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos", entre las que se cuentan las ejecuciones públicas y las detenciones arbitrarias. Esta resolución fue rechazada por Corea del Norte, bajo la premisa de que fue formulada por razones políticas y con base en acusaciones sin fundamento . En febrero de 2014, una comisión especial de la ONU publicó una recopilación de testimonios de primera mano de 400 páginas, en la que se documentan "atrocidades indecibles" cometidas en el país.
Los derechos humanos están sumamente limitados en Corea del Norte. Aunque muchos derechos están garantizados de iure por la constitución del país, en la práctica no existe de facto el derecho a la libertad de expresión, y los únicos medios de comunicación (prensa, radio, televisión y música) considerados legales son los de titularidad estatal. Se estima que entre 80 000 y 120 000 presos políticos están encarcelados en campos de concentración, donde son sometidos a trabajos forzados, ejecuciones y abusos de todo tipo. Asimismo, el gobierno norcoreano vigila estrechamente las actividades de los visitantes extranjeros durante su estancia en el país. Los voluntarios de las ONG, por ejemplo, están siempre sujetos a la supervisión de las autoridades, y no se les permite viajar a aquellos lugares y regiones a los que el gobierno no considera adecuado que accedan. Dado que no existen vías legales a disposición de los ciudadanos para abandonar el país a voluntad (salvo excepciones como los deportistas que representan a Corea del Norte en los Juegos Olímpicos), los registros acerca del estado de los derechos humanos en Corea del Norte han tenido que ser elaborados, sobre todo, a partir de los testimonios de refugiados y desertores norcoreanos.
El 6 de mayo de 2013, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunció el nombramiento de Michael Kirby de Australia, Sonja Biserko de Serbia, y Marzuki Darusman de Indonesia como miembros de la Comisión de Investigación sobre los Derechos Humanos en la República Democrática Popular de Corea.
El 17 de febrero de 2014, los expertos de la comisión pulicaron los resultados de su investigación en un informe de 400 páginas. A raíz de los datos publicados en el citado informe, la comisión acusó al gobierno norcoreano de estar involucrado en violaciones sistemáticas, generalizadas y graves de los derechos humanos. Michael Kirby, el presidente de la comisión, describió algunas de estas violaciones de los derechos humanos, comparándolas con los crímenes de guerra nazis.
Roberta Cohen, co-presidenta del Comité por los Derechos Humanos en Corea del Norte, declaró que era hora de que la comunidad internacional actuase para proteger a aquellos perseguidos por sus ideas políticas y llevar ante la justicia a los perpetradores de abusos a los derechos humanos en Corea del Norte. No obstante, la República Popular Democrática de Corea del Norte rechazó los resultados de la investigación. En una declaración oficial, el gobierno norcoreano afirmó que la comisión de la ONU era "un producto de la politización de los derechos humanos por parte de la UE y Japón, aliados con la política exterior hostil de EE.UU." El 18 de noviembre de 2014, las Naciones Unidas votaron a favor del borrador de una resolución para denunciar a Corea del Norte ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
Basándose en el marxismo, el confucionismo y la ideología Juche, el Estado norcoreano considera que los derechos humanos son condicionales y no universales, que los derechos colectivos tienen prioridad sobre los individuales, y que los derechos económicos, sociales y culturales son importantes.
Kim Il-sung declaró que "la democracia norcoreana era incapaz de otorgar libertad y derechos a elementos hostiles que se opongan al socialismo, o elementos que actúen en contra de los intereses del Pueblo".
El gobierno norcoreano asegura que la Constitución de la República Popular Democrática de Corea del Norte garantiza los derechos humanos de todos sus ciudadanos sin excepción, y que estas garantías están plenamente desarrolladas en la legislación del país y se hacen cumplir de forma estricta.
Siete meses después de la publicación del informe de la Comisión de Investigación, Corea del Norte publicó su propio informe, obra de la Asociación para el Estudio sobre los Derechos Humanos de la RPDCN, el cual sostiene que los norcoreanos "gozan de verdaderos derechos humanos". El Estado norcoreano también accedió a implementar 113 de las 268 recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, las cuales fueron formuladas en el Examen Periódico Universal del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Kirby calificó como una "treta diplomática" la participación de Corea del Norte en el Examen Periódico Universal, al igual que la publicación del informe norcoreano anteriormente mencionado y la asistencia de Hwang Pyong-so a los Juegos Asiáticos de 2014. También manifestó sus dudas acerca de si el país estaba verdaderamente preocupado por el respeto a los derechos humanos, o simplemente se preparaba para recibir críticas de la ONU. No obstante, Kirby aceptó parte de los contenidos del informe de la Asociación para el Estudio sobre los Derechos Humanos de la RPDCN, a los que calificó como "un trabajo honesto", si bien resaltó que dicho documento no abordaba los problemas mencionados en el informe de la Comisión de Investigación.
Desde la división de Corea después del final de la Segunda Guerra Mundial y el final de la Guerra de Corea (1950–1953), los norcoreanos han desertado por razones políticas, ideológicas, religiosas, económicas o personales. Tales norcoreanos se conocen como desertores norcoreanos . Los términos alternativos en Corea del Sur incluyen "refugiados del norte" (en coreano, 탈북자, talbukja) y "nuevos colonos" (새터민, saeteomin).
Durante la hambruna de Corea del Norte en la década de 1990, hubo un aumento en las deserciones, alcanzando un pico en 1998 y 1999. Algunas de las razones principales para la disminución del número de desertores, especialmente desde el año 2000, son los estrictos patrullajes e inspecciones fronterizas, deportaciones forzadas y un aumento en el costo de la deserción.
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