La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), es una organización venezolana de contrainteligencia militar, con sede principal en Petare, estado Miranda, Venezuela, cuya función es impedir la inteligencia o espionaje enemigo interno y externo realizado por militares y civiles contra el comandante en Jefe y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), para que así, se garantice la seguridad y la defensa de la nación. De igual forma se encarga de suministrar información a los organismos de la FANB, y de la seguridad a subordinados de la DGCIM que lo requieran.
Se encuentra actualmente dirigida por el mayor general Iván Hernández Dala y en la subdirección el general de división Carlos Ramón Enrique Carvallo Guevara.
El origen de la creación de este organismo fue en 1974, cuando nace con el nombre original que lo conoce aún la sociedad por sus siglas (DIM) Dirección de Inteligencia Militar. A partir del 16 de mayo de 1977 la organización militar cambia su nombre a Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar (DGSIM) más adelante cambian el nombre de Dirección General de Inteligencia Militar (DGIM). La organización con estos nombres su función consistía en operaciones de inteligencia militar. Ya para el 21 de julio de 2011 la organización cambia el nombre actual como Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) cuya función ya no es la inteligencia militar sino la contrainteligencia.
A partir de 1989 después de los disturbios y saqueos del caracazo la organización realizó allanamientos de morada en la Parroquia 23 de Enero de Caracas y a su vez cometieron abusos contra los residentes del lugar.
El 2 de abril de 2009 agentes de la Dirección General de Inteligencia Militar (DGIM) arrestan al Ministro de Defensa, opositor al gobierno de Hugo Chávez, Raúl Isaías Baduel que lo encarcelan a 8 años de prisión.
La organización incluye militares, antiespías, agentes, investigadores, informadores, funcionarios, archivadores y civiles. Está dirigida por el mayor general Iván Hernández Dala.
La organización es administrada o depende del Ministerio del Poder Popular para la Defensa quien coordina sus actividades.
La sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) está ubicada en Petare, Municipio Sucre, Parroquia Leoncio Martínez, Urbanización Boleíta Norte, Calle Vargas, Quinta Crespo Edificio DGCIM.
La Dirección General de Contrainteligencia Militar ha sido responsabilizada por numerosos casos de detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos.
El 20 de mayo de 2018, oficiales de la DGCIM detuvieron al médico cirujano José Alberto Marulanda, día en el que se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela, y posteriormente fue llevado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). A pesar de ser civil, cuatro días después fue presentado ante tribunales militares, el 24 de mayo, en Fuerte Tiuna, para ser imputado de cargos. De acuerdo con Alfredo Romero, director de Foro Penal, a Marulanda no le permitieron defensa al ser ingresado por la puerta trasera del tribunal. Durante su detención, Marulanda ha sido torturado por parte de funcionarios hasta llegar a quedar sordo del oído derecho tras un golpe que le dieron y de perder la sensibilidad en sus manos. Abogados del Foro Penal han explicado que los funcionarios de la DGCIM detuvieron al traumatólogo solo por mantener una relación sentimental con una oficial de la Armada Nacional que presuntamente había participado en reuniones para llevar a cabo un levantamiento militar que despojara del poder a Nicolás Maduro, pero al estar fuera del alcance de los cuerpos de seguridad estos tomaron la decisión de detener a su pareja.
Ese día funcionarios del Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) detuvieron a siete personas, entre militares y policías activos y retirados. Entre los detenidos se encontraban dos coroneles retirados, un general de brigada de la aviación, un teniente coronel del Ejército, dos comisarios retirados del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y un capitán de corbeta de la Armada, Rafael Arévalo). El 26 de junio, después de seis días sin conocer su paredero, la detención de Arévalo fue anunciada por el ministro de comunicación e información Jorge Rodríguez.
El 28 de junio, Rafael Arévalo fue trasladado por una comisión del DGCIM a la sede del tribunal militar para realizar su audiencia de presentación, donde llegó en una silla de ruedas con graves indicios de torturas. Los funcionarios de la DGCIM impidieron que la entrevista con sus abogados fuera privada. El capítán presentaba muchas excoriaciones en los brazos, poca sensibilidad en las manos, inflamación extrema en los pies, rastros de sangre en las uñas lesiones en el torso. Rafael tampoco era capaz de mover las manos o los pies, de poder levantarse o de hablar, con la excepción de aceptar el nombramiento de su defensor y de pedirle auxilio a su abogado.
El juez ordenó que el capitán fuera trasladado al Hospital Militar del Ejército Dr. Vicente Salias Sanoja, "Hospitalito", ubicado en Fuerte Tiuna, al observar su crítico estado físico y su audiencia de presentación fue pospuesta. Más adelante el juez de la causa comunicó que Rafael Arévalo había fallecido en la noche en el hospital.
Después de que las denuncias de los hechos se hicieran públicas, no se podía ingresar la etiqueta de «DGCIM» como búsqueda en la plataforma Twitter, presuntamente por un bloqueo.
El 2 de marzo de 2018, el militar Igbert Marín Chaparro fue detenido junto a otros ocho funcionarios más, por parte de autoridades del Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y llevado a la sede en Boleíta (Petare), tras una reunión que tuvo con sus subalternos y jefes en instalaciones militares de Caracas, quienes reclamaron mejores condiciones alimenticias para su tropa armada, condenar la corrupción institucional dentro de la FANB y exigir equipamiento para las unidades. El hecho de sus comentarios lo llevó posteriormente a verse con el Ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, G/J Vladimir Padrino López, donde confirmó a él, la situación. Entre los cargos que se le acusa son: «Traición a la patria, instigación a la rebelión y acciones contra el decoro militar». Familiares y abogados de Marín, denunciaron que fue víctima de tortura por funcionarios del DGCIM.
El 11 de julio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar después de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, congelando todas las propiedades que la DGCIM pueda tener bajo jurisdicción estadounidense y prohibiéndoles hacer transacciones financieras con cualquier persona que se encuentre en los Estados Unidos.
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