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Eduardo Kimel



Eduardo Kimel (Buenos Aires, 21 de octubre de 1952 - ibídem, 10 de febrero de 2010), fue un periodista y escritor argentino.[2][1]​ Condenado después de investigar la masacre de los curas palotinos en la iglesia de San Patricio, su caso fue llevado a la OEA (Organización de Estados Americanos) y ayudó a terminar con el delito de «calumnias e injurias» para casos de interés público. La normativa para despenalizar esos delitos es conocida de modo informal como «ley Kimel».[4]

Trabajó varios años en la sección Internacional de la agencia alemana de noticias DPA (en Buenos Aires).[5]​ Realizaba coberturas en el exterior (especialmente Latinoamérica).[5]​ A partir de 1995, el Estado argentino le prohibió salir al exterior, por lo que trabajó varios años en la sección internacional de la agencia Télam (en Buenos Aires).[4]

Desde abril de 2008, la agencia DPA lo contrató como editor de información latinoamericana.[4]

Cocondujo un programa informativo en la radio AM 530, La Voz de las Madres de Plaza de Mayo.

En La masacre de San Patricio (1989), Eduardo Kímel abordó el asesinato de tres sacerdotes palotinos y dos seminaristas[6]​ durante la última dictadura argentina. Denunció la actuación de quienes debieron haber investigado, como el juez Guillermo Rivarola.

Según el párrafo cuestionado:

Seis años después, en 1995, Kimel fue condenado a un año de prisión en suspenso y al pago de una indemnización de 20 000 pesos (en esa época un peso costaba lo mismo que un dólar) como culpable de «calumnia» contra el juez al que había mencionado en su libro.

En 1996, la Sala VI de la Cámara de Apelaciones revocó la condena contra Kímel, e hizo la primera autocrítica por el rol de la justicia en los años del Proceso de Reorganización Nacional (dictadura cívico-militar argentina entre 1976 y 1983).[7]​ Según los jueces Carlos Alberto González y Luis Ameghino Escobar, en democracia «no puede concebirse un periodismo dedicado a la tarea automática de informar sin opinar», y además afirmaron que quienes ejercen una función pública «estamos expuestos a la crítica».[7]​ El juez camarista Carlos Alberto Elbert agregó que el Poder Judicial fue una «institución legitimante esencial del estado de excepción»,[7]​ y por lo tanto la desconfianza de Kimel en contra de quienes «fuimos subordinados al acta y estatuto del “proceso de reorganización nacional” [con minúsculas y entre comillas en el original] es una actitud comprensible». Entonces las afirmaciones de Kímel se deberían interpretar como «parte de un juicio histórico global que nos involucra a todos quienes protagonizamos esa etapa paralegal y trágica».[7]

En 1998, la Corte Suprema de Justicia ―que había sido conformada por el presidente Carlos Saúl Menem― revocó esa decisión y ordenó que se dictara un nuevo fallo.[7]

En 1999, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones volvió a condenar a Kimel por su «ácida crítica genérica a quienes como jueces integraban en ese entonces el Poder Judicial» ―afirmación que no formaba parte de la causa y que insistía en un inconstitucional «delito de opinión».[7]

El caso de Kímel llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que resolvió a su favor y sentó precedente.[8]

La Corte IDH pidió al Estado argentino anular los efectos de la sentencia y exigió reformas a la legislación sobre calumnias, y «efectuar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad», en un plazo de seis meses.[9]

El delito de «calumnias» y el de «injurias» fueron reformados en el año 2009, quedando expresamente excluidas del delito las expresiones sobre asuntos de interés público.

Durante varios años Eduardo Kimel sufrió una enfermedad renal.[5]​ El martes 9 de febrero de 2010 fue internado en una clínica de la ciudad de Buenos Aires por una descompensación relacionada con su enfermedad.[5]​ Falleció al día siguiente ―miércoles 10 de febrero de 2010―, a los 57 años.[10]

Andrea Pochak, abogada de Kímel y directora ejecutiva adjunta del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), se mostró muy golpeada al enterarse de su fallecimiento.[4]

En 2007, Juan Pablo Young y Pablo Zubizarreta escribieron y dirigieron la película Cuatro de julio: la masacre de San Patricio, en la que entrevistaron a Eduardo Kímel. La película se estrenó el 3 de julio de 2008.[11]

El 11 de septiembre de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que enviaría al Congreso nacional un proyecto de ley para suprimir el delito de calumnias e injurias en materia de libertad de expresión. Este delito ―comúnmente aplicado a los periodistas― dejaría de ser punible penalmente y solo se podría aplicar en el fuero civil. La presidenta mencionó en su decisión a Eduardo Kímel, y afirmó que prefería «mil millones de mentiras antes que acallar a alguien».[12]

El 5 de julio de 2010 se le rindió un homenaje en la sede del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), en Buenos Aires. Fue conducido por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.[13]



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