Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) es el nombre que recibió una asignatura diseñada para el último ciclo de la Educación Primaria y toda la Educación Secundaria en España por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y que fue aprobada por las Cortes Generales de acuerdo con la Ley Orgánica de Educación. Consistía en la enseñanza de los valores democráticos y constitucionales. La asignatura desapareció completamente en 2016.
Según establecía el Real Decreto 1631/2006 por el que fue aprobada:
La asignatura cumplía con una recomendación del Consejo de Europa en el año 2002, donde se afirmaba que la educación para la ciudadanía democrática era esencial para la misión principal del Consejo, como era promover una sociedad libre, tolerante y justa, además de contribuir a la defensa de los valores y los principios de libertad, pluralismo, derechos humanos y Estado de Derecho, que constituyen los fundamentos de la democracia. Para ello recomendaba a los Gobiernos de los Estados miembros que hicieran de la educación para la ciudadanía democrática un objetivo prioritario de las políticas y reformas educativas.
Fue suprimida, como asignatura integra, por el gobierno de Mariano Rajoy apareciendo de manera transversal en la LOMCE, aprobada en noviembre de 2013.
El contenido apareció en el Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre, por el que se regulan la enseñanzas mínimas de la Educación Primaria' y el Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen la enseñanzas mínimas correspondientes la Educación Secundaria Obligatoria.
A continuación se indicaban los títulos de cada bloque para Educación Primaria y Secundaria.
La implantación en España de la asignatura de Educación para la Ciudadanía despertó un notorio recelo entre sectores conservadores españoles, porque entendían que el Estado asumía la educación moral de los individuos.
El Partido Popular se mostró contrario a la asignatura. En palabras de Alicia Delibes, viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid:
La Iglesia católica se opuso también a ella, tachándola de totalitarista. Los puntos más criticados eran los que se referían a la educación sexual, la enseñanza de familias multiparentales u homosexuales mediante una visión alternativa a los valores tradicionales, y el fin "laicista y de adoctrinamiento estatal". El arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, señaló que los centros que impartan esta asignatura "colaborarán con el mal" y que la materia "es un ataque más a la familia", en referencia a la Ley sobre el matrimonio homosexual que se acababa de aprobar, y que la Iglesia Católica también desaprobó. Por su parte el católico Foro Español de la Familia hizo un llamamiento a los padres para que "objetaran" contra la nueva asignatura. Sin embargo, otras asociaciones educativas de marcado carácter conservador, como la FERE, no vieron con malos ojos la medida ya que entendían que el currículum propuesto por el gobierno no sobrepasaba la mera enseñanza de los Derechos Humanos más elementales. En algunos colegios hubo padres que solicitaron la objeción de conciencia ante la nueva asignatura.
También criticaron la asignatura los Movimientos de Renovación Pedagógica aunque desde un punto de vista absolutamente opuesto al del Partido Popular y el de la Iglesia católica. El pleno del Consejo Escolar del Estado también se mostró contrario a dicha materia. Sin embargo, el gobierno sostuvo que la asignatura serviría para educar "en valores democráticos y de tolerancia". Varios estudios de ONGs como Amnistía Internacional vieron de forma positiva la existencia de materias de este tipo, y recordaron que la asignatura era un paso correcto para lograr una educación en derechos humanos en sintonía con el resto de Europa.
Los sectores críticos con esta asignatura afirmaron que se pretendía sustraer a los padres el derecho a decidir la educación moral para sus hijos. En esta asignatura -siguiendo esta argumentación- ya no eran los padres los que decidían qué enseñanza moral se iba a dar a los hijos, sino que sería el Estado quien decidiría este punto. Sin embargo, otros colectivos recordaron que, de manera complementaria, la Constitución Española establece la obligatoriedad de la enseñanza básica (art. 27,4) y que ésta tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales (art. 27,2).
Otra crítica fue que la transposición de la recomendación del Consejo de Europa, en que se basó el gobierno para introducir esta asignatura, se había efectuado con una carga ideológica de la que aquella carecía. Los que defendían esta argumentación señalaban que la educación en derechos humanos y valores democráticos era necesaria, pero esta asignatura se posicionaba con una determinada ideología en contra del derecho de los padres. Otros sectores negaron estas acusaciones, y argumentaron que en los contenidos mínimos de la asignatura establecidos por los reales decretos no se encontraba ningún planteamiento ideológico ajeno al propiamente implícito en los principios positivos de la Constitución, los Derechos Humanos y las leyes democráticamente aprobadas por el Parlamento Español.
Comentaristas de Actualidad Económica, revista económica del mismo grupo que el diario El Mundo, afirmaron que en algunos manuales de la asignatura se vertían prejuicios contra los empresarios y el libre mercado. Sin embargo, ninguno de esos manuales fue impuesto desde el Gobierno, porque en España no existen libros de texto oficiales, sino que los órganos de coordinación didáctica de los centros tienen libertad para adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas.
Algunos sectores de la izquierda anarquista efectuaron una crítica a la asignatura, al indicar que se inducía al sistema de democracia parlamentaria en detrimento de otras formas de organización social, y a la ideología ciudadanista en oposición a la tradicional ideología socialista de la lucha de clases. Otros sectores de la izquierda -de los cuales el filósofo Carlos Fernández Liria fue el más visible- criticaron la asignatura y a sus promotores por ofrecer una "farsa" biempensante llamada "ciudadanía" al tiempo que colaboraban en su destrucción alentando lo que denominaban la "voracidad capitalista".
El 19 de septiembre de 2007 el presidente de la Generalidad Valenciana Francisco Camps, del Partido Popular anuncia que la asignatura en la Comunidad Valenciana se dará en inglés en el curso 2008-2009, lo que es entendido por la oposición y por sindicatos y asociaciones de padres como un boicot a la asignatura, que el Partido Popular calificó de instrumento de «adoctrinamiento socialista». El 10 de junio de 2009 se publica la orden del conseller de Educación Alejandro Font de Mora para que la asignatura se imparta en inglés, lo que levanta las protestas de los sindicatos de enseñanza y de las asociaciones de padres. El 29 de julio el Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana suspende cautelarmente la orden. A pesar de la falta de profesorado para impartir la asignatura en inglés (sólo once apóstoles, como los calificó Font de Mora, se mostraron dispuestos a hacerlo) y de las advertencias sobre las deficiencias de los alumnos en el conocimiento de ese idioma, Font de Mora da instrucciones a los centros para que la pongan en marcha. El 1 de octubre de 2009 los directores denuncian que "no se dan las condiciones" para dar la asignatura de Ciudadanía en inglés (dos días antes los inspectores habían rechazado ser «comisarios políticos»). En los días siguientes se producen movilizaciones de protesta en forma de encierros en los institutos, convirtiéndose en "la mayor revuelta educativa desde hace 8 años", según el diario El País. El 18 de octubre, el conseller Font de Mora muestra su disposición a abrir un «proceso de negociación» para pactar una moratoria «parcial o total» de la orden antes de la celebración de la manifestación prevista para el sábado 29 de octubre en Valencia.
Finalmente, el 24 de julio de 2009 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anuló la mayor parte de la orden de junio de 2008 poniendo fin así a la «ocurrencia» de Camps, como calificó la oposición la propuesta de dar Educación para la Ciudadanía en inglés. Según informaba el diario El País, "la sentencia, que recurrirá el Consell, anula la imposición de dar la materia en inglés, pero también la posibilidad de aprobar mediante la elaboración de un trabajo, así como la opción de que los alumnos puedan acogerse a la objeción de conciencia".
La negativa del Gobierno Español a aceptar la "objeción de conciencia" a la asignatura llevó a algunos padres a recurrir a los tribunales superiores de justicia de sus comunidades autónomas, con resultado desigual.
Los tribunales superiores de justicia de Cataluña y Asturias rechazaron la posibilidad de la objeción al considerar que ni la regulación jurídica ni los contenidos de la asignatura vulneran los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. El de Baleares dictaminó que esta materia "no incide en valores religiosos sobre posiciones morales o ideológicas". También, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria resolvió negar la objeción de conciencia. Por el contrario, el de Andalucía en marzo de 2008 reconoció el derecho de unos padres de Bollullos Par del Condado (Huelva) a la objeción a la asignatura. En mayo de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra rechazó suspender cautelarmente la obligatoriedad de la asignatura.
El 28 de enero de 2009 el Tribunal Supremo, tras dos días y medio de deliberaciones, unificó doctrina dictaminando en contra de la objeción a la asignatura por una amplia mayoría de 22 votos a favor y 7 en contra.
La doctrina establecida por la sala del Supremo fue recogida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que dictaminó negar la objeción de conciencia en los recursos planteados. Así mismo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resolvió denegar los recursos interpuestos por los padres que solicitaron anular y dejar sin efecto los suspensos impuestos a los alumnos objetores que no asistían a clase (aunque en octubre de 2010 falló a favor del recurso de una familia contra un libro de texto de Educación para la Ciudadanía porque era "adoctrinador", por lo que avaló el derecho a la objeción del alumno). En el mismo sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria resolvió negar la objeción estableciendo que "la ética no puede ser neutra" en el sentido de carecer de contenido valorativo, y que EpC "tan sólo trata de dotar a los alumnos de unos mínimos referentes y valores para vivir en sociedad y en pacífica y democrática convivencia con el resto de los ciudadanos".
Sin embargo, el 23 de septiembre de 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se alejó del dictamen del Tribunal Supremo y reconoció el derecho de los padres a objetar a la asignatura, argumentando el conflicto ideológico que supone el que sus hijos recibiesen una educación contraria a sus creencias religiosas, éticas o morales.
Pese a la sentencia del Tribunal Supremo, en noviembre de 2010 el Tribunal Constitucional admitió a trámite varios recursos de amparo contra Educación para Ciudadanía. La sentencia aún está pendiente.
En enero de 2011 un juzgado de Madrid anuló el suspenso de una niña que no asistió a clase de Educación para la Ciudadanía, pero hizo el examen y lo aprobó.
El conflicto adquiere carácter internacional cuando el 19 de marzo de 2010, un grupo de padres presenta una demanda colectiva en nombre de 300 objetores a Educación para la Ciudadanía ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo (Francia) en la que piden la concesión de medidas cautelares que eximan a los alumnos objetores de asistir a estas clases y de ser evaluados. Posteriormente se fueron sumando nuevos demandantes al proceso, siendo un total de 389 el 26 de septiembre de 2011.
El 29 de junio de 2010 "Profesionales por la Ética" presentó en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas el informe «La versión española de Educación para la Ciudadanía: una agresión a la libertad de educación en Europa».
El 21 de septiembre de 2010, representantes de los padres objetores presentaron el conflicto de Educación para la Ciudadanía en España ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. La intervención del representante de los objetores Grégor Puppinck, director de la organización no gubernamental ECLJ (European Center for Law and Justice, Centro Europeo para la Ley y la Justicia) se encuentra disponible en vídeo.
El 10 de diciembre de 2010 representantes de los objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) denunciaron en Viena la “discriminación” que sufren en el marco de la Reunión sobre Libertad de Religión o Creencia convocada por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
El 31 de enero de 2012, el ministro de educación del nuevo gobierno del PP, José Ignacio Wert, anunció que la asignatura sería sustituida por otra llamada Educación Cívica Constitucional, que según el ministro estará «libre de cuestiones controvertidas» y «no [será] susceptible de adoctrinamiento ideológico». Las asociaciones de padres católicos se mostraron de acuerdo con esta medida. Para defender este cambio el ministro alegó que era una asignatura partidista y sesgada, usando citas del libro "Educación para la Ciudadanía. Democracia, Capitalismo y Estado de Derecho" de Carlos Fernández Liria et al. La polémica surgió cuando saltó a la luz pública que dicho libro no era un libro de texto para estudiantes sino un conocido ensayo sobre (contra) la asignatura.
El diario El País, en su edición del sábado 19 de mayo de 2012, adelantó los nuevos contenidos de la asignatura Educación Cívica y Constitucional, que iba a sustituir a Educación para la Ciudadanía y que el ministro Wert iba a presentar el jueves 24 de mayo de 2012. El diario destacaba que el nuevo temario eludía la homofobia o las desigualdades sociales e incluía la denuncia del llamado "nacionalismo excluyente", además de destacar la iniciativa económica privada "en la generación de riqueza" o el respeto a la propiedad intelectual. "En general, el nuevo diseño hace más hincapié en el respeto a los límites legales y constitucionales a los que se han de atener los ciudadanos", se afirma en el artículo.
Finalmente la proyectada nueva asignatura "Educación cívica y constitucional" no se incluyó en la nueva ley educativa aprobada en noviembre de 2013, conocida como la LOMCE.
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