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Estados laicos



El término Estado laico se utiliza para denominar al Estado, nación o país que funciona de manera independiente de cualquier organización o confesión religiosa o de toda religión[1]​ y en el cual las autoridades políticas no se adhieren públicamente a ninguna religión determinada y en el cual las creencias religiosas no influyen sobre la política nacional.[2][3]

En un sentido estricto, la condición de Estado laico supone la nula injerencia de cualquier organización o confesión religiosa en el gobierno de un país, ya sea el poder legislativo, el ejecutivo o el judicial. En un sentido laxo un Estado laico es aquel que es neutral en materia de religión por lo que no ejerce apoyo ni oposición explícita o implícita a ninguna organización o confesión religiosa.

En la actualidad, de los 193 estados miembros de las Naciones Unidas, aproximadamente 160 son estados laicos.

Antes del siglo XX, muchos países eran Estados confesionales, y reflejaban en sus respectivas constituciones, o por decreto del monarca, que el Estado reconocía una religión oficial, aunque otras religiones se permitieran practicar libremente. No era raro que el clero interfiriera en asuntos de Estado (ni que el Estado interfiriera en los asuntos eclesiales, por ejemplo, en la elección de obispos, o vetar al papa elegido por el Cónclave).

Un Estado laico trata a todos los ciudadanos por igual, tanto a los creyentes de cualquier religión como a los no creyentes. En tal sentido evita la discriminación por cuestiones religiosas pero tampoco favorece a alguna confesión determinada. Por lo general en el Estado laico no existe una "religión de Estado" o equivalente y se mantiene la Separación entre la Iglesia y el Estado. En caso de haber una religión que reciba un trato especial por parte del gobierno, dicha importancia tendría un significado puramente simbólico, que no afectaría a la vida ordinaria de sus ciudadanos ni sus derechos, especialmente en el hecho de no hacer distinciones basadas en la religión de cada individuo.

Hay una diferencia importante entre los Estados laicos y los Estados ateos, como era el caso de Albania bajo Enver Hoxha, y otros regímenes comunistas, donde el Estado expresamente se oponía a cualquier creencia y práctica religiosa. En algunos países laicos existe una religión mayoritaria entre la población (Turquía, Tailandia, Nepal, Colombia, Chile) y en otros existe una gran diversidad (India, Líbano).

No todos los Estados denominados laicos lo son completamente en la práctica. En Francia, España y gran parte de Latinoamérica, la mayoría de las festividades cristianas son festivos para la administración pública, Perú constitucionalmente protege la confesión católica aunque permite otras confesiones, en España los profesores de religión católica son asalariados del Estado. [4]​ En cambio, en Francia las escuelas públicas no ofrecen la asignatura de religión.[5]

Muchos Estados que hoy en día son laicos, han tenido vestigios legales de una religión establecida. El laicismo tiene varias apariencias que pueden coincidir con diversos grados de religiosidad oficial. Así, en la Commonwealth, la cabeza del Estado debe haber sido coronada según el Juramento de coronación de 1688 (Coronation Oath Act)[6]​ jurando por tanto la defensa de la fe anglicana. El Reino Unido también mantiene 26 clérigos de la Iglesia de Inglaterra conocidos como Observadores espirituales (Spiritual Peers).[7]​ El camino inverso también ocurre: de Estado laico a teocracia, como en el caso de Irán, donde la secularización del Estado de la dinastía Pahlaví fue reemplazada por la República Islámica.

Partiendo del hecho de que la gran mayoría de los Estados han tenido religión oficial en alguna etapa de su historia y que el mapa del artículo muestra que la situación se ha ido revirtiendo en los últimos 250 años, puede concluirse que la tendencia es hacia una secularización del Estado desde la Edad Moderna.[8][9][10]

Se muestra una lista de los estados sin ninguna religión estatal:

En la Asamblea Legislativa de Costa Rica se han presentado tres iniciativas de ley que buscan reformar ese artículo constitucional; sin embargo, han sido archivados. Actualmente, se encuentra en la corriente legislativa bajo el expediente 21.380, el proyecto de la diputada socialcristiana, quien ha asegurado que la reforma propuesta busca otorgar seguridad jurídica a la pluralidad de religiones que conviven en el país, así como también a quienes no creen en ninguna. Según la congresista costarricense, no representa un trato igualitario el que el Estado costarricense haya otorgado entre 2010 y 2015, más de 3900 millones de colones a la Iglesia Católica de Costa Rica.[68]




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