Exilio político durante la dictadura militar de Chile

Exilio político durante la dictadura militar de Chile nació en Chile.

El exilio político durante la dictadura militar de Chile fue la expatriación masiva, de manera forzada o voluntaria (autoexilio), de personas afines o militantes de izquierda y sus familias, producido entre 1973 y 1990 hacia países que les otorgaron asilo político. Como parte de las medidas anticomunistas tomadas por la dictadura chilena, se contemplaba la expulsión y la prohibición de ingreso al país, tanto de chilenos como extranjeros, militantes o colaboradores comunistas y socialistas, con la justificación de que ambas son doctrinas calificadas por las autoridades de la época como «que tienden a destruir o alterar por la violencia el orden social del país y el sistema de gobierno».^[1]​ Con más de 200 mil exiliados en total,^[2]​ fue el principal motivo de emigración chilena durante el siglo XX y el mayor movimiento migratorio hacia el exterior en la historia nacional.

Este periodo se enmarca dentro del exilio político latinoamericano, que en América del Sur ocurrió también un proceso similar con el establecimiento de regímenes autoritarios militares en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay.

Como reacción internacional al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 encabezado por Augusto Pinochet, algunos países con políticas afines a la Unidad Popular, como Cuba y la Unión Soviética, rompieron relaciones diplomáticas con Chile inmediatamente una vez derrocado el gobierno de Salvador Allende, mientras que otros, que en sus políticas de relaciones internacionales abogaban por la democracia y los derechos humanos, bajaron el nivel de las misiones diplomáticas bilaterales de embajadas a consulados, congelando negociaciones y manteniendo distancia con la dictadura militar. Sus respectivos edificios donde funcionaban sus representaciones diplomáticas en Santiago de Chile, sirvieron de refugio para personas vinculadas a la izquierda chilena que solicitaban auxilio, a fin de no ser detenidos o procesados por razones políticas, siendo aplicado el principio de extraterritorialidad contemplado por el derecho internacional. La propia primera dama, Hortensia Bussi, partió al exilio en México junto a su familia previo a ser recibidos por la embajada de dicho país.^[3]​ Asimismo, los presidentes de la República, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, también se exiliaron con anterioridad a ejercer el cargo.

Los chilenos restringidos de ingresar al territorio nacional se encontraban expuestos a sanciones si intentaban hacerlo, al ser considerado como una entrada ilegal. Los castigos iban dirigidos principalmente a la ciudadanía de la persona, que fluctuaban desde la suspensión o cancelación del pasaporte chileno hasta la pérdida de la nacionalidad chilena, quedando expuestos a la condición de apátridas y dificultando la situación migratoria de los expatriados:

A pesar de que muchos pudieron salir directamente por la vía aérea hacia los países de destino bajo las medidas que les brindaban protección, otros por temor a ser aprehendidos por las fuerzas armadas y de orden, escaparon bajo sus propios medios por vía terrestre, cruzando las fronteras de Chile hacia los países vecinos, principalmente Argentina, pero también a Bolivia y Perú, de manera transitoria para luego obtener algún tipo de asilo o beneficio legal migratorio con otros países.

Parte importante de los expatriados chilenos se acogieron a las leyes para refugiados y asilados políticos de los países extranjeros, pudiendo obtener todos los beneficios de encontrarse bajo el estatus de emigrante legal, siendo muchos de ellos nacionalizados en el país receptor.^[8]​

El 1 de septiembre de 1988, por medio de un decreto del Ministerio del Interior se puso fin al exilio:

Tras la celebración del plebiscito chileno de 1988 que dio como resultado el llamado a la elección presidencial de 1989, se da inicio al periodo de la historia chilena denominado transición a la democracia, con la entrega del poder por parte de Pinochet al presidente electo democráticamente, Patricio Aylwin, el 11 de marzo de 1990. Esto produjo una serie de reacciones internacionales, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con otros países democráticos y la posibilidad de que los exiliados pudieran regresar a Chile. Dos organizaciones creadas especialmente para esta finalidad fueron el Comité Pro Retorno de Exiliados Chilenos (Coprorex) y la Corporación Nacional de Ex Exiliados Políticos de Chile. Adicionalmente, la Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior (Dicoex), creó la Unidad de Leyes de Reparación, una agencia especializada que atiende las solicitudes de los exiliados chilenos en el extranjero.^[9]​