La expulsión de los españoles de América se produjo como resultado de las medidas tomadas contra ellos por los Estados surgidos de las Guerras de independencia hispanoamericanas. Fue un proceso que se extendió a nivel continental y que tuvo su origen en una serie de razones políticas, y que estuvo dirigido en principio contra individuos que habían ocupado cargos en la administración española, para extenderse seguidamente contra la población española en general, bajo acusaciones diversas. Hubo dos formas predominantes del exilio: la primera fue el exilio producto de las circunstancias de la guerra, y la segunda fue el exilio obligado por leyes de expulsión contra los españoles por parte de los gobiernos hispanoamericanos, y que se extendió más allá de la conclusión de la guerra. La expulsión fue un drama humano para miles de familias, hombres y mujeres de toda condición. La llegada a un destino incierto, en su mayoría a puertos fuera de la península ibérica, a la que por último llegaban completamente desamparados por el Estado o la monarquía.
Acorde a Alexander von Humboldt, la población peninsular en las Indias españolas hacia 1800 era de 150 000 personas (a las que habría que sumar 2 900 000 criollos) pero el historiador John Lynch sostiene que la cifra real era solo de 30 000, como mucho 40 000, aunque admite que la cifra solo es una conjetura pues solo México ofrece datos confiables (14 000 según él, la zona de mayor concentración). Otros estudiosos hablan de 150 000 a 200 000 europeos entre cuatro millones de blancos (para una Hispanoamérica de diecisiete millones de habitantes). Francisco Antonio Encina dice que la población española se estima en 70 000 en México, 12 000 en Venezuela y menos de 6000 en Chile. Se estima que en el actual territorio argentino había de 3100 a 3500 «españoles europeos», y en su capital entre 1570 y 3000. En Lima se concentraban hasta 12 000. Durante el siglo XVIII, 53 000 españoles emigraron a América, la absoluta mayoría varones de Andalucía, Canarias y el norte español, muchos de ellos funcionarios imperiales, religiosos, oficiales militares y comerciantes. Cerca de 20 000 huyeron entre 1810 y 1826 a Cuba y crearon un fuerte sentimiento proespañol.
Su estudio puede dividirse según las antiguas divisiones territoriales de América.
El antihispanismo empezó con el mismo comienzo de la revolución de Miguel Hidalgo,[cita requerida] pero se disparó con el asedio de la fortaleza de San Juan de Ulúa en 1823. Se tomaron medidas para retirar las armas a todo individuo español, y se les expulsó del estado militar en activo. En febrero de 1824, se expulsó a los españoles de cualquier cargo público que ocupasen. Se les negó la posibilidad de retirar capitales, se los obligó a abandonar sus lugares de residencia y se emitieron contra ellos leyes particulares según cada caso. Sin embargo, hubo diputados mexicanos que se mostraron contrarios a estas medidas que no respetaban los tratados de Córdoba, al adquirir la consideración de ciudadanos mexicanos. En ese entonces, el odio a todo lo español se alimentó también de la codicia de los naturales del país. El autor Lorenzo de Zavala describe que los más exaltados se sentían legitimados a desposeerlos porque les atribuían privilegios coloniales y ser causantes de la pobreza. Se tomaron medidas de propaganda para amedrentarlos y obligarlos a abandonar México. [cita requerida]
El 10 de mayo de 1827 se promulgó la ley de empleo, por la que ningún español de nacimiento podría ocupar cargo alguno en la administración pública, civil o militar. En agosto se propuso la primera ley de expulsión de todos los españoles sin excepción, con un plazo de 30 días, y la condición de poder sacar del país únicamente la tercera parte de sus bienes. Jalisco fue el primer lugar en ponerlo en práctica dando un plazo de 20 días; además se les prohibía el derecho a reunión. Otros estados tomaron medidas similares. Ya a nivel de todo el país se promulgó el 20 de diciembre de 1827 la primera ley de expulsión de los españoles, con 42 votos a favor y 13 en contra. En 1829 se promulgó una segunda ley de expulsión. A consecuencia de esas leyes, entre los años 1827 y 1829 fueron expulsados de México en razón de su origen español 7148 personas,[cita requerida] según cifras del investigador estadounidense Harold Sims en su obra La Descolonización de México. En 1830 quedaban menos de 2000 españoles en esa región.Estos sectores conspiraban con los agentes de Fernando VII en favor de la reconquista española, ya que la antigua Metrópoli se negaba a reconocer la Independencia.
La no aceptación de la independencia de México produjo severas consecuencias diplomáticas entre ambas naciones. Los fuertes resentimientos políticos de criollos y mestizos en contra de los españoles generaron una expulsión masiva de hispanos peninsulares hacia los Estados Unidos, Filipinas, Cuba, Puerto Rico y Europa; entre los expulsados estaban los descendientes del Emperador Agustín de Iturbide cuando se implanta el gobierno republicano. Los españoles que cambiaron su nacionalidad, lo hicieron por conservar sus vastas propiedades como haciendas, fincas, ranchos, a cambio de la aceptación y reconocimiento del gobierno republicano y la negación de títulos nobiliarios. Estaban distribuidos por todo el territorio nacional, desde las Californias hasta la Península de Yucatán. La hispanidad seguía siendo la base de la identidad nacional en medio de una población mayoritariamente indígena, aunque al paso de los años se modificó la composición étnica de la joven nación por el predominio del mestizaje. Los españoles que obtengan pensión, sueldos de la federación o beneficio eclesiástico, disfrutarán la parte que les corresponda según derecho, si se establecen en algunas de las
repúblicas o naciones amigas, con noticia de su existencia o residencia por los cónsules de
ésta, y lo perderán si pasan a los puntos dominados por el rey de España.
En 1856, hubo confrontaciones entre mexicanos y españoles por el control de las propiedades de los ingenios azucareros de los recién formados estados de Morelos y Guerrero, propiamente en la región de Tierra Caliente. El conflicto terminó con el asesinato de ciudadanos españoles en la Hacienda de San Vicente Chiconcuac y la Hacienda de Dolores. El sentimiento nacionalista y antihispano de los mexicanos prevaleció ante los privilegios que tenían los españoles peninsulares que habían permanecido en el país después del movimiento independentista por mantener sus propiedades.
Al tratarse de un territorio con una lucha extremadamente cruel, que rápidamente se convirtió en exterminio de poblaciones,[cita requerida] y donde las medidas más radicales aparecieron desde el principio del conflicto, como la primera ejecución política del país ocurrida con el linchamiento de un grupo de 60 españoles de origen canario que, protestaron el 11 de julio de 1812 contra la proclamación de la independencia de la primera república, sus cabezas posteriormente cortadas fueron exhibidas en Caracas. Inmediatamente las autoridades republicanas ordenaron la expulsión del país de todo español acusado de perturbar el nuevo orden. Durante la guerra de exterminio, la población de españoles se vio obligada a abandonar todo, y la mayoría quedaron “expuestos a perecer de miseria”. Se promulgó por fin una ley de expulsión de los españoles el 18 de septiembre de 1821. El principal lugar al que partieron fueron las islas del Caribe español, principalmente Puerto Rico, donde arribaron 3555 refugiados, pero inclusive partieron en barcos rumbo a posesiones británicas, donde quedaron bajo estricto control.
En el año 1823 se da el decreto de expulsión (7 de julio) del territorio venezolano de todos los españoles (peninsulares y canarios). La medida es ejecutada por el vicepresidente Soublette (11 de noviembre). Antes de la caída de la ciudad de Puerto Cabello ese año 1823 en poder independiente, una población de 4000 españoles se había exiliado de su puerto. Concluida la guerra, el gobierno de la Gran Colombia ordenó la expulsión del territorio de todos los españoles de origen peninsular que no demostrasen haber formado parte del movimiento independiente, exceptuando la rareza de los ancianos de más de 80 años de edad, lo que ya no se justificaba únicamente con motivos políticos.
Los principales receptores de este éxodo fueron Estados Unidos, Filipinas, Cuba, Puerto Rico y Europa. Los peninsulares, a pesar de la supuesta amistad con Inglaterra, eran recibidos por las autoridades británicas en el Caribe con desconfianza y controles exhaustivos.
Aunque la guerra rápidamente se llevó más allá de la frontera de la actual Argentina, desde el principio del movimiento se impusieron las ideas más radicales de Juan José Castelli, Juan Martín de Pueyrredón y Mariano Moreno en contra de los españoles.[cita requerida] El 23 de junio de 1810 se publicaba la orden de expulsión del virrey y los miembros de la Real Audiencia.
El 6 de diciembre de 1810, la junta emitió una circular ordenando que en el futuro no se debían conferir cargos administrativos a los no nacidos en el país, pudiendo mantenerlos los que ya los desempeñaban. Además se impusieron penas de confinamiento, contribuciones especiales y expropiaciones explícitamente contra los españoles peninsulares con motivo de financiar la guerra de independencia.[cita requerida] Decenas de españoles peninsulares sufrieron penas de prisión en relación a la fallida Asonada de Álzaga de 1809 y la posterior conspiración de Martín de Álzaga del 1 de julio de 1812 contra el Primer Triunvirato.
Un ejemplo de las medidas tomadas contra los peninsulares es el bando publicado por el gobernador artiguista de Montevideo, Fernando Otorgués, de fecha 15 de marzo de 1815:
En Paraguay, Gaspar Rodríguez de Francia hizo expulsar a cien o doscientos españoles a Corrientes; los que pudieron quedarse debieron por ley casarse con indias de las antiguas misiones.
Mientras en Chile O'Higgins dio paso a una inmediata reconciliación con los españoles europeos, en el Perú la población española, concentrada principalmente en Lima, sufrió todos los rigores de la llegada de la expedición militar al mando de José de San Martín, quien amparó las medidas de terror tomadas por Bernardo Monteagudo en contra de los españoles europeos. Se cometieron 4000 actos de confinamiento en prisiones contra civiles españoles como parte de las medidas represivas.[cita requerida] Se prohibió la salida del domicilio después de la hora de oración. A finales de 1821 se embargaron todos los bienes de los emigrados o residentes en territorios del rey de España. Tras la derrota de las armas patriotas en la batalla de Ica se tomaron rehenes a 600 civiles españoles peninsulares para realizar con ellos “memorable ejemplo de venganza”, fueron humillados y despojados de todos sus bienes, y se les expulsó al interior de la fortaleza del Callao entonces en poder español. El resultado de todas estas medidas fue el exilio de unos 12 000 españoles peninsulares del virreinato con una salida en las mismas condiciones de precariedad e incertidumbre que de otros territorios americanos.[cita requerida] Así, el historiador Rubén Vargas Ugarte dice que, de los 12 000 españoles que vivían en Lima a la instauración de la república en 1821, al finalizar la autoridad de Monteagudo en 1822, se había reducido a 600 peninsulares. Tras la batalla de Ayacucho en 1824, en Lima, en torno a 6000 civiles españoles, peninsulares y criollos originarios del país, sin recursos para escapar, buscaron la protección detrás de las murallas de la fortaleza del Callao cuya guarnición se componía de la fuerza de Rodil, de unos 2000 soldados, cuya resistencia se prolongó hasta el año 1826. Un asedio implacable produjo como resultado final la capitulación de la fortaleza, pero a costa de la muerte de la casi la totalidad de los 6000 asilados y sus familias, que en número de 6000 a 8000 se refugiaron dentro del recinto. Quedando al final del sitio 400 soldados supervivientes, de un total de tan solo 700 personas vivas.
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