El Fondo del Bicentenario es un fondo especial para garantizar el pago de los intereses de la deuda externa, creado por la Presidenta de la Argentina, Cristina Fernández, en diciembre de 2009, mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU). La intención de la entonces Presidenta Fernández fue recurrir a fondos de baja tasa de interés, con el fin de reducir la carga financiera sobre el tesoro nacional y promover la recuperación económica luego de la Crisis económica global de 2008-2009. Adicionalmente, el Presidente del Banco Central, Martín Redrado, decidió no cumplir con el DNU que creó el fondo, originando una seria confrontación con el Poder Ejecutivo Nacional. Finalmente la Presidenta derogó el decreto de creación del Fondo del Bicentenario, que luego fue declarado nulo por el Congreso.
Durante 2003, el gobierno de Néstor Kirchner logró negociar una reprogramación de las obligaciones con los organismos financieros multilaterales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y otros menores). Para octubre de 2012 ya se habían pagado más de 270.000 millones de dólares, reduciéndose el peso de la deuda externa del 153.6% al 34.7% del PBI
A fines de diciembre de 2009, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lanzó el Fondo del Bicentenario, un fondo de USD 6.569 millones, creado con el excedente de reservas del Banco Central, con el fin de garantizar el pago de los intereses de la deuda externa y reducir los intereses del financiamiento externo.
La medida del gobierno explícitamente estuvo apoyada en una filosofía económica contraria a la escuela neoliberal, que dominaba la política económica argentina entre 1985 y 2001. Alineándose con una corriente económica heterodoxa no neoliberal, la Presidenta Fernández sostuvo la tesis de que, en caso de existir reservas excedentes, esos montos pueden ser utilizados para mejorar el desempeño de la economía argentina. En este caso, el razonamiento económico considera que el Estado recibe entre un 0,3% y un 0,5% por los fondos que componen las reservas, mientras que debiera pagar un 14%, unas treinta veces más, para obtener financiamiento internacional. Por lo tanto la posibilidad de utilizar las reservas excedentes, reduce unas 30 veces los intereses que el Estado debería pagar. Complementariamente, la garantización del pago de la deuda externa, reduce la incertidumbre y con ella el riesgo país de Argentina, mejorando el acceso al financiamiento de las empresas privadas y la inversión. En este caso, la creación del Fondo del Bicentenario, según la Presidenta Fernández, es una manera de desendeudarse y cumplir los pagos de la deuda comprometidos, sin ajustar el gasto del Estado para reducir las partidas destinadas al bienestar social y el fomento del crecimiento económico.
En sentido contrario, varios partidos de oposición y algunos economistas, expresaron su discrepancia con el Fondo del Bicentenario, desde posiciones de izquierda que sostuvieron que la deuda externa no debía ser pagada, hasta posiciones de derecha que sostienen que el uso de reservas por parte del gobierno es negativo porque anula la autonomía del Banco Central, aumenta el gasto público y aumenta la inflación.
Finalmente la Presidenta derogó el decreto de creación del Fondo del Bicentenario y creó el Fondo del Desendeudamiento. El Congreso declaró nulo el primer decreto.
Pasados varios días desde la sanción del Decreto 2010/2009, el Banco Central aún no había abierto la cuenta a nombre del Tesoro, ni depositado en la misma los 6.569 millones de dólares que mandaba la norma. El presidente del Banco Central, Martín Redrado, no informó públicamente que había decidido desobedecer el Decreto 2010/2009, pero el Poder Ejecutivo Nacional consideró la demora como una maniobra intencional destinada a incumplir la norma legal. Con posterioridad, Redrado confirmaría que había decidido personalmente desobedecer. Ante la demora en la implementación del fondo, el 7 de enero de 2010, la Presidenta firmó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 18/2010, para destituirlo como presidente del BCRA por incumplimiento y fraude de los deberes de funcionario público. Para ello, la Presidenta de la Nación convocó de urgencia a todos los ministros que integran el Gabinete Nacional, los cuales refrendaron la decisión.
Hernán Martín Pérez Redrado fue denunciado por "incumplimiento de los deberes de funcionario público y mala conducta"; ante el juzgado federal número 5, a cargo del juez Norberto Oyarbide, con la firma del procurador general del Tesoro, el exjuez Osvaldo Guglielmino.El diputado de Proyecto Sur, Claudio Lozano, lo denunció a Redrado por una operatoria de compra y venta de títulos públicos por 11 mil millones de pesos; de acuerdo a la acusación, la misma le habría hecho perder al Estado 5127 millones de pesos, en beneficios de los bancos Mariva y MacroMarcos Eduardo Moiseeff ―gerente de asuntos legales del BCRA― lo denunció por supuesto «abuso de poder» porque había sido designado subgerente durante el interinato de Pesce y removido luego por Redrado.
Fue sucedido de manera interina por Miguel Ángel Pesce, hasta entonces vicepresidente del BCRA.
Eduardo Barcesat sostuvo que la decisión presidencial era legítima y denunció a Redrado por cometer diversos delitos penales.La Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) cuestionó la decisión de Redrado y pidió que aceptara su deposición. Sostuvieron que "ningún interés personal o corporativo es superior al interés de la Nación".
Al día siguiente de la firma del DNU, un grupo de dirigentes opositores presentaron un amparo judicial contra la decisión presidencial y consiguieron que la jueza María José Sarmiento, ese mismo día decidiera reabrir el juzgado -que se encontraba de feria por vacaciones- y dictara dos fallos cautelares:
{{cita| [...] "La injustificada premura del Poder Ejecutivo en ejecutar el decreto inhibe el juego institucional de la República, al tratar de evitar a rajatabla la participación del Poder Legislativo" [...] La medida regirá hasta que se cumplan los plazos constitucionales y legales (Ley 26.122) que regulan los alcances de la intervención del Congreso para los decretos de necesidad y urgencia [...] La posibilidad del Poder Ejecutivo de dictar DNU requiere la existencia de una imposibilidad funcional por parte del Congreso para desempeñarse como tal, imposibilidad que, prima facie, no parece configurarse en el caso .[cita requerida]
Ese mismo día, el gobierno intentó apelar la medida, pero no pudo hacerlo debido a que la jueza se retiró del juzgado, dejando el mismo cerrado. El gobierno cuestionó a la jueza por habilitar el juzgado para resolver con urgencia la petición de Redrado y no hacer lo mismo con la petición del Poder Ejecutivo Nacional, dejando trascender que la jueza actuó con enemistad hacia la Presidenta Fernández, a causa de su política de derechos humanos, ya que la magistrada se encuentra estrechamente vinculada con personas que defienden a los militares acusados de crímenes contra la humanidad, siendo su propio padre un militar que se desempeñó en el área de inteligencia de la última dictadura militar.
Sarmiento contestó públicamente a las críticas del gobierno: "No me oculto. Todo el mundo sabe mi horario de trabajo". La magistrada declaró que solo recibiría la apelación en su despacho -el oficio fue enviado mediante un móvil de la Policía Federal Argentina a su dirección particular- y a partir del primer día hábil posterior a su decisión.
El gobierno atribuyó la decisión de Redrado de resistir la decisión presidencial, a una intención de desestabilización económica e institucional, en acuerdo con el vicepresidente Julio Cobos y varios líderes opositores.Eduardo Barcesat lo denunció frente a la Justicia Federal en marzo de ese año, por presuntos gastos sin la autorización del directorio, entre los que se encontraban la contratación de clases de arte, la suscripción a diarios y revistas y la compra de aires acondicionados.Paralelamente el diputado de Proyecto Sur Claudio Lozano, presentó una denuncia penal contra Redrado, según la denuncia Redrado hizo una operatoria de compra y venta de títulos públicos por más de 11 mil millones de pesos, que le habría hecho perder al Estado 5127 millones, con la intención aparente de favorecer al Banco Mariva y Banco Macro en una especulación con bonos. También el ex asesor de prensa de Redrado en el Banco Central, Juan Caruso, fue despedido sin previo aviso y sin indemnización, luego de trabajar tiempo completo para el economista entre julio de 2010 y julio de 2012.
El 9 de enero, el diputado nacional Pino Solanas presentó una denuncia penal contra la presidenta y miembros del gabinete nacional por “abuso de autoridad y administración fraudulenta de bienes públicos”, a raíz del Decreto de Necesidad y Urgencia que dispuso el uso de reservas del Banco Central para pagar parte de la deuda externa.[cita requerida]
El 29 de enero de 2010 Martín Redrado presentó su renuncia como presidente del Banco Central de la República Argentina, y la emitió por una conferencia de prensa durante la noche en el Hotel Marriott, en Retiro. Aníbal Fernández (Jefe de Gabinete), aseguró en declaraciones a C5N, que la Presidenta no le aceptaría la renuncia a Redrado. "Para nosotros la renuncia no existe", aseguró el jefe de Gabinete.Finalmente el 3 de febrero de 2010 su destitución es confirmada por una comisión bicameral del Congreso y asume en su lugar Mercedes Marcó del Pont.
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