El genocidio maya —llamado también genocidio guatemalteco— ocurrió en Guatemala, en la región petrolera del Triángulo Ixil, en la década de 1980 —específicamente entre 1981 y 1983—. Se desarrolló durante el período de la Guerra Civil de Guatemala (1960-1996) en el que se produjeron, según el informe "Memoria del Silencio" de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico —nombrada por las Naciones Unidas para investigar los hechos históricos de dicha guerra civil— un aproximado de doscientos mil personas desaparecidas/asesinadas y, según otros analistas, menos de cien mil víctimas. La discrepancia surge de la interpretación de los análisis estadísticos realizados; la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, entidad que publicó el reporte de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, fue quien realizó el trabajo estadístico sobre el número reportado de muertes, e indicó que el mismo es únicamente un estimado, ya que en las tres fuentes consultadas para el efecto no se reportaron más de veinticinco mil muertes documentadas:
La perpetración de masacres sistemáticas en Guatemala surgió de la prolongada guerra civil de este país centroamericano, donde la violencia contra la ciudadanía, indígenas mayas de las comunidades rurales del país en su mayoría, se ha definido en nivel extensivo como genocidio —de acuerdo a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico— según los crímenes continuados contra el grupo minoritario maya ixil asentado entre 1981 y 1983 en la demarcación septentrional del departamento de El Quiché, en la región petrolera de la Franja Transversal del Norte, con la implicación de exterminio ante la baja densidad demográfica de la etnia y la migración forzada de comunidades completas hacia la región fronteriza en busca de asilo en Chiapas, México, desarraigadas por la persecución; además de acaecer como procedimiento de Estado tácticas de tierra arrasada, torturas, desapariciones, «polos de desarrollo» —eufemismo para campos de concentración— y ultrajes recurrentes contra las mujeres y niñas ixiles, muchas de ellas muriendo por esta causa, crímenes de lesa humanidad en contra de todos los órdenes internacionales de Derechos Humanos.
Los militares, según apreciaciones de la Comisión de la ONU e incluso los investigadores independientes, habrían cometido el 93 % de los crímenes contra la población civil arguyendo confrontar grupos armados facciosos en el extremismo dicotómico de la Guerra Fría, mientras que el 7 % restante se atribuyen a la guerrilla o grupos no identificados. El 18 de julio de 1982, el entonces presidente de facto Efraín Ríos Montt fue citado en el periódico estadounidense New York Times diciendo a la población indígena como parte del programa Fusiles y Frijoles: "Si están con nosotros, los vamos a alimentar; si no lo están, los vamos a matar". Asimismo, en otros grupos étnicos minoritarios asentados en regiones donde hubo masacres frecuentes, como los mayas chuj o q'anjob'al, la represión estatal condujo a una reducción drástica de la población y a daños permanentes en la estructura social y cultural y psicológica de los pueblos afectados por el conflicto armado interno.
En el marco jurídico de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico se establece lo siguiente respecto al delito de Genocidio, a las violaciones de derechos humanos y a los hechos de violencia:
Exmilitares y miembros de la derecha guatemalteca insisten en que no ocurrió genocidio en Guatemala, basándose en la definición de genocidio de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, ratificada por el Estado de Guatemala en 1950, la cual especifica que dicho crimen es «cualquiera de los actos perpetrados con la intención de aniquilar, total o parcialmente, a los grupos, étnicos, racial o religioso, como tal». Esta posición no niega que se hayan cometido masacres ni crímenes contra poblaciones indígenas, sino que niega que el ulterior motivo de dichas masacres haya sido exterminar a dichas poblaciones.
No obstante, los familiares de las víctimas y grupos de izquierda en Guatemala, así como los tribunales guatemaltecos, la Iglesia Católica y la comunidad internacional, insisten en que sí ocurrió genocidio entre 1981 y 1983, dado que —además de la definición de 1948— se basan en la explicación que dio la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas para Guatemala y que indica que la perpetración de actos que reúnan los elementos de genocidio, incluso si forman parte de una política más amplia cuya finalidad principal no es el exterminio físico del grupo, pueden constituir el delito de genocidio; existen actos genocidas cuando el fin es político, económico, militar, o de cualquier otra índole, pero los medios que se utilizan para alcanzar estos fines son el exterminio total o parcial de los grupos mayas.
El saldo del período de Ríos Montt fue de cientos de masacres en las regiones del occidente y oriente del país y miles de muertos. El ejército guatemalteco, paramilitares y grupos guerrilleros indistintamente perseguían a comunidades indígenas; por su parte, líderes sindicales, estudiantes, personas religiosas y otros civiles —en su mayoría vinculadas con el ala intelectual del proscrito comunista Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)— bajo la teoría que formaban un ‘enemigo interno’ subversivo, insurrecto dentro de los grupos armados oponentes a la dictadura militar. El peor período de violencia acaeció entre 1981-1983, cuando fuerzas contrainsurgentes promovieron campañas de represión esquematizadas contra población civil, en términos operacionales, beligerancia de tierra arrasada en las regiones en donde empresas internacionales como Basic Resources, Shenandoah Oil y EXMIBAL tenían fuertes intereses económicos; sobre todo, dirigidas contra la población maya ixil y aun contra grupos étnicos escasos demográficamente como los mayas chuj y qanjobal, habitantes de áreas fronterizas con palmaria presencia de grupos insurrectos. De una histórica discriminación hacia la mayoría indígena de Guatemala, el Estado justificó el exterminio de numerosas comunidades indígenas bajo las acciones de represión de focos facciosos, comunistas según los términos del aparato autocrático y militar guatemalteco de la época. La percepción del ejército hacia las comunidades indígenas como aliados naturales de las guerrillas contribuyó al aumento de violaciones de los derechos humanos contra ellos, demostrando un racismo agresivo, que derivó en el exterminio consecutivo de comunidades inermes incluyendo —como se comprobaría en exhumaciones posteriores— numerosos niños, mujeres y ancianos; todo esto a pesar de que tanto el ejército como las PAC estaban conformadas por indígenas de otras áreas del país.
Trabajando metodológicamente a través de las tierras altas centrales, el ejército y sus equipos paramilitares —incluyendo “patrullas civiles” de leva forzosa de hombres locales— atacaron numerosas poblaciones indígenas, concentrándose en el norte del departamento de El Quiché —específicamente la región petrolera del Triángulo Ixil en donde existían fuertes intereses económicos del gobierno guatemalteco— entre 1981 y 1983. Las fuerzas armadas sitiaban el pueblo, sojuzgaban a los habitantes, separaban a los hombres de las mujeres y después ocurrían asesinatos en secuencia. Aquellos que escaparon serían perseguidos desde helicópteros. Tortura extrema, mutilación y violencia sexual se convirtieron en una práctica común, y también la violencia contra niños y seniles. Este período de dos años se conoció como “holocausto silencioso” en acepción del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de 1999.
Rigoberta Menchú, cuyo padre pereció en la quema de la embajada de España junto a otros campesinos, exfuncionarios del gobierno de Guatemala y ciudadanos españoles, inició una demanda en España en la que se pretendía juzgar por crimen contra la humanidad al exgobernante Efraín Ríos Montt y a integrantes de su gobierno así como a integrantes del gobierno del expresidente general Fernando Romeo Lucas García, periodos durante los cuales ocurrieron la mayoría de las masacres.[cita requerida]
Durante la evolución política de Guatemala el informe Guatemala, memoria del silencio, establece, en relación con el genocidio guatemalteco, distintos períodos de gestación, ejecución y transición política; todos importantes para comprender los sucedido. Los dos períodos más reseñables pueden considerarse los siguientes:
La Franja Transversal del Norte fue creada oficialmente durante el gobierno del general Carlos Arana Osorio en 1970, mediante el Decreto 60-70 en el Congreso de la República, para el establecimiento de desarrollo agrario y la región del Ixcán fue poblada como parte de este proyecto. Desde 1974, se venía explotando petróleo comercialmente en las cercanías de la FTN a raíz de los descubrimientos realizados por las petroleras Basic Resources y Shenandoah Oil, que operaban conjuntamente en el campo petrolero de Rubelsanto, Alta Verapaz. En 1976, cuando Laugerud García llegó a visitar la cooperativa Mayalán en el sector de Ixcán, Quiché, el cual se había formado apenas diez 12 años antes, dijo: «Mayalán está asentada en la cima del oro», dejando entrever que la Franja Transversal del Norte ya no sería dedicada a la agricultura ni al movimiento cooperativista, sino que sería utilizada por objetivos estratégicos de explotación de recursos naturales. Tras esa visita presidencial, ambas compañías petroleras realizaron exploraciones en tierras de Xalbal, muy cerca de Mayalán en el Ixcán, donde perforaron el pozo «San Lucas» con resultados infructuosos. Esas exploraciones, que abrieron el camino para futuros experimentos petroleros en Ixcán, y el resto de la FTN, también fueron el principal motivo para la construcción de la carretera de terracería que recorre la Franja. Shennadoah Oil, el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) y el Batallón de Ingenieros del Ejército se coordinaron para construir ese corredor entre 1975 y 1979, lo que a la postre permitió que políticos, militares y empresarios poderosos de la época se adueñaran de muchas de las tierras donde la riqueza maderera y el potencial petrolero yacían.
Altos oficiales guatemaltecos se convirtieron entonces en grandes terratenientes e inversionistas aprovechando las políticas de traslado de campesinos, acceso a información privilegiada, ampliación del crédito público y grandes proyectos de desarrollo; el ejército entró en el mundo de los negocios con el Banco del Ejército, fondos de pensión y otros. Por su parte, el triángulo ixil quedó justo en el centro de la región con mayor potencial petrolero.
Desde finales de 1981 el Ejército aplicó la denominada estrategia de «tierra arrasada» en Quiché, para eliminar el soporte social de la guerrilla del EGP. En algunas comunidades de la región los militares obligaban a todos los vecinos a abandonar sus casas y concentrarse en la cabecera municipal bajo control militar. Unas familias obedecían; otras, se refugiaban en la montaña. A la población maya k'iche' que se refugió en la montaña, el Ejército la identificó con la guerrilla y la sometió a un cerco militar, a continuos ataques que imposibilitaron su alimentación, alojamiento y asistencia médica.
El informe de la Recuperación de la Memoria Histórica presenta una lista de 422 masacres. Sin embargo, la misma publicación indica que hizo lo mejor que pudo en cuanto a la recabación de información y por lo tanto el listado está incompleto. Por esta razón aquí se presentan únicamente los casos que también se han documentado en los informes de la Comisión para el Esclarecimiento Histórica, y se ha intentado agregar contexto y razones histórica de los eventos.
Casi todas las masacres de la guerrilla se dieron en 1982 cuando ya imperaba una mayor militarización con presencia generalizada de las PAC en las comunidades; en muchas de ellas, las víctimas refieren la no-colaboración con la guerrilla como causa de la masacre y en algunos casos se dio el antecedente de un ataque previo de PAC. En las masacres atribuidas a la guerrilla no aparece el uso de delatores, ni concentración de la población, ni la separación por grupos; tampoco se da ningún caso de obligación a participar, ni violaciones, ni masacre repetitiva. No aparecen casos de aldeas arrasadas y muestran una menor tendencia a huida masiva, aunque esta si se dio en algunos casos. También es más frecuente el uso de listas.
En una publicación del Ejército de Guatemala, se reportan sesenta masacres que habrían sido perpetradas por el EGP, y aduce que las mismas fueron en su mayoría ignoradas por los informes REHMI y de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. También se reporta que a mediados de 1982, treinta y dos miembros del «Frente Guerrillero de la Estrella» fueron fusilados por no izar la bandera del EGP. La mayor parte de las veces las víctimas fueron hombres, aunque en algunas ocasiones las muertes tuvieron también un carácter indiscriminado. Las mujeres fueron víctimas en la mitad de las masacres de la guerrilla, en menor medida, se describe la muerte de niños o de ancianos. En los relatos de las víctimas se denuncian también atrocidades y quema de casas cometidas en 5 masacres. Como consecuencia de esas masacres guerrilleras se produjo un aumento de la colaboración de la población con el Ejército y el refuerzo de las PAC. Sin embargo, en algunas ocasiones esas comunidades sufrieron también posteriormente nuevas masacres a manos del Ejército (como Chacalté en 1985).
No se reportan masacres perpetradas por las Fuerzas Armadas Rebeldes ni por el Partido Guatemalteco del Trabajo ya que estos no actuaron en la Franja Transversal del Norte.
El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) ―en conjunto con sus socios, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo― decidió construir la Hidroeléctrica de Chixoy, cuyo embalse requería inundar cinco comunidades. El gobierno había intentado un desalojo pacífico y una indemnización que no fue satisfactoria para los habitantes del lugar, quienes eran asesorados por elementos de la guerrilla guatemalteca. Así pues, los pobladores de Río Negro resistieron la evacuación, pero fueron desalojados violentamente por el Ejército el 13 de febrero de 1982, lo que provocó numerosos muertos; los sobrevivientes fueron trasladados al asentamiento Pacux, que queda a un kilómetro y medio del casco urbano del municipio de Rabinal. La construcción de la presa concluyó y Río Negro fue inundado en 1983. Diez familias todavía viven en la orilla del embalse, sobre las ruinas subacuáticas de su pueblo.
La lista proviene del informe REHMI y sólo se presentan casos que también están documentados en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.
En un viaje oficial a Guatemala en 1999 después de la publicación del reporte de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico el presidente de los Estados Unidos Bill Clinton emitió una disculpa oficial declarando: «Es importante que yo exprese claramente que fue un error proporcionar apoyo para las fuerzas militares o unidades de inteligencia que se involucraron en represión violenta y generalizada del tipo descrito en el reporte.»
El Estado de Guatemala ha adoptado normas nacionales e internacionales para sancionar el delito de Genocidio. Guatemala es parte de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio desde 1949. El Código Penal, en vigencia desde 1973 establece el delito de Genocidio en su artículo 376 y señala: Genocidio: Comete delito de genocidio quien con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso efectuare cualquiera de los siguientes hechos:
El responsable de genocidio será sancionado con prisión de 30 a 50 años.
La definición en el código penal es parecida a la adoptada en la Convención, sin embargo, en la regulación nacional se omitió a los grupos raciales como categorías protegidas contra el genocidio. La definición racial por su naturaleza en este caso de ser aceptada cono norma legal, convertiría de hecho la norma en racismo para todos los demás grupos que coexisten en una sociedad.
El Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca no afirman que en Guatemala haya existido genocidio durante la guerra civil que afrontó el país durante treinta y seis años. Mientras la Organización de Naciones Unidas, los tribunales guatemaltecos y organizaciones de derechos humanos afirman que sí existió el genocidio durante los gobiernos de Fernando Romeo Lucas García, Ríos Montt y Óscar Humberto Mejía Víctores.
El Tribunal B de Mayor Riesgo de Guatemala decidió reiniciar el juicio por genocidio el 23 de julio de 2015, aunque la primera diligencia se tuvo que retrasar aproximadamente tres horas para notificar las resoluciones de los recursos presentados por la defensa del general Efraín Ríos Montt. El tribunal a cargo del caso no quedó integrado sino hasta el 22 de julio a mediodía, y fue durante la noche cuando resolvió las diferentes solicitudes de recurso que tanto la defensa como la acusación habían presentado.
Ríos Montt, de 89 años, fue declarado como incapacitado para seguir el proceso tras un estudio sicológico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) por lo que no está presente en la sala, sino en su casa, acompañado por una jueza, uno de sus abogados y un representante del Ministerio Público (MP). Castellanos aseguró que el expresidente prestará declaración desde su casa a través de videoconferencia, ya que debido a la enfermedad que padece su integridad física estaría en peligro, según los informes presentados sobre su salud. Ahora bien, en la vista sí está presente el exjefe de inteligencia militar, José Rodríguez, quien fue absuelto en el primer juicio.
Durante la audiencia, fiscales del Ministerio Público solicitaron al Tribunal que Ríos Montt fuera ingresado al Hospital de Salud Mental Federico Mora para que se le practique una nueva evaluación psiquiátrica, luego del requerimiento de la defensa del señalado para pedir la suspensión del inicio de juicio por los problemas de salud del exmilitar.
A las afueras del organismo judicial, un grupo de personas realizó una ceremonia maya con una pancarta que rezaba «Sí hubo genocidio, sí hubo violencia»; mientras tanto, un grupo de personas con pancartas en mano se hizo presente al frente de la residencia de Ríos Montt, ubicada en la zona 15, para manifestarle su apoyo.
A la sala en donde se desarrolla la audiencia se presentó el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, quien dijo a periodistas que llegó como forma de respaldo a las autoridades judiciales y a observar el juicio, el cual calificó como «importante» tanto para Guatemala como para el país que representa, pero no especificó por qué motivo.
La jueza María Eugenia Castellanos autorizó el ingreso de Ríos Montt al Hospital de Salud Mental Carlos Federico Mora tras escuchar los argumentos de los querellantes adhesivos, abogados defensores y parte acusadora sobre la petición que realizó la fiscalía de derechos humanos del Ministerio Público (MP), la cual consistió en que Ríos Montt fuese ingresado a dicho centro de salud para que se le realice una nueva evaluación psiquiátrica ya que la anterior fue ejecutada de forma incorrecta, según se argumentó. Ríos Montt deberá ser internado del 25 de julio al 3 de agosto para realizar exámenes físicos, psiquiátricos y otros correspondientes, según el Tribunal.
El día 26 de septiembre de 2018, ya con José Efraín Ríos Montt muerto, el Tribunal B de Mayor Riesgo emitió la sentencia contra el General José Rodríguez quién fuera jefe de inteligencia durante la dictadura de Ríos Montt, absolviendolo de toda responsabilidad pero afirmando de manera categórica y por unanimidad que el delito de Genocidio fue cometido en Guatemala pero José Rodríguez no fue responsable del mismo. De esta forma el Tribunal B de Mayor Riesgo confirmaba la sentencia dictada 5 años antes por el Tribunal A de Mayor Riesgo respecto a que si existió Genocidio y Delitos contra los Deberes de la Humanidad de 1981 a 1982.
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