Matanza de la embajada española en Guatemala
Matanza de la embajada española en Guatemala cumple los años el 19 de abril.
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La edad actual es 2018 años. Matanza de la embajada española en Guatemala cumplió 2018 años el 19 de abril de este año.
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La matanza de la embajada española en Guatemala es un incidente ocurrido en ese país centroamericano el jueves 31 de enero de 1980, cuando la Policía de Guatemala ―en el marco de la dictadura de Fernando Romeo Lucas-García (1924-2006)― invadió la embajada y asesinó a 37 personas incendiándolas con fósforo blanco.
La Franja Transversal del Norte (FTN) fue creada durante el Gobierno del general Carlos Arana Osorio en 1970, mediante el decreto 60-70 del Congreso de la República, para impulsar el desarrollo agrario de la zona. Se reconocía que la región tenía un gran potencial agropecuario y era idónea para la explotación de maderas preciosas. Sin embargo, en 1974 se empezó a explotar petróleo en las cercanías de la Franja Transversal del Norte a raíz de los descubrimientos realizados por las petroleras Basic Resources y Shenandoah Oil, que operaban en el campo petrolero de Rubelsanto (Alta Verapaz). En 1976, cuando el presidente Laugerud García llegó a visitar la cooperativa Mayalán en el sector de Ixcán (departamento Quiché), en la Franja Transversal del Norte, este dijo: «Mayalán está asentada en la cima del oro». Con estas palabras dejó entrever que aquella región ya no sería dedicada a la agricultura ni al movimiento cooperativista, sino a la explotación estratégica de recursos naturales.
Tras esa visita presidencial, las compañías petroleras extranjeras realizaron exploraciones en Xalbal, muy cerca de Mayalán, en el Ixcán, donde perforaron el pozo San Lucas, pero los resultados fueron infructuosos. Esas exploraciones, que abrieron el camino para futuros experimentos petroleros en Ixcán y en el resto de la Franja Transversal del Norte, fueron el principal motivo para la construcción de la carretera de terracería que atraviesa la región. Shenandoah Oil, el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) y el Batallón de Ingenieros del Ejército se coordinaron para construir ese corredor entre 1975 y 1979, lo que a la postre permitió que políticos, militares y empresarios poderosos de la época se adueñaran de muchas de las tierras de la zona, de gran riqueza maderera y potencial petrolero.
Un grupo de indígenas secundado por el Comité de Unidad Campesina (CUC), la Coordinadora de Pobladores, obreros, cristianos, estudiantes de secundaria y miembros del Frente Estudiantil Robin García se movilizó desde el interior con el fin de llamar la atención del mundo sobre las deficientes condiciones de trabajo en el departamento del Quiché y sobre los abusos que cometía el Ejército durante el gobierno del general Fernando Romeo Lucas García para imponer dichas condiciones. Se protestaba por la represión contra la población civil, con independencia de que esta respaldara o no a los grupos insurrectos en el área. El general Lucas García tenía intereses económicos muy fuertes en la Franja Transversal del Norte, pues tenía tierras en Fray Bartolomé de las Casas y era socio de la Shenandoah Oil, compañía que estaba explorando petróleo en Ixcán.
De acuerdo con datos históricos, cerca del mediodía del 31 de enero se reunieron en la sede diplomática española Eduardo Cáceres Lehnhoff (exvicepresidente de Guatemala), Adolfo Molina Orantes (excanciller y miembro de la Corte Internacional de Justicia de La Haya) y Mario Aguirre Godoy (jurista guatemalteco) con Máximo Cajal López (1935-2014; embajador español de ese entonces). Los exfuncionarios y el jurista visitaban al embajador en el marco de una celebración próxima del Instituto de Cultura Hispánica, cuando irrumpieron 30 campesinos del Quiché acompañados de líderes universitarios y guerrilleros, quienes anunciaron que ocuparían la sede diplomática para solicitar la intervención de España en los sucesos que ocurrían en el noroccidente del país.
Según el Gobierno guatemalteco de entonces, el embajador Cajal habría convocado la reunión con los guatemaltecos para aprovechar su presencia en la embajada al momento de que el grupo campesino ocupara las instalaciones, de manera que las autoridades respetarían el Derecho internacional y la integridad de la sede diplomática.
Las fuerzas de seguridad se presentaron e invadieron territorio soberano español. Forzaron a los ocupantes y a los rehenes a refugiarse en una habitación del segundo nivel del edificio ocupado por la embajada. Tras un intenso asedio se inició el incendio. El origen es fuente de discusiones: los representantes de la izquierda guatemalteca indican que fue provocado por lanzallamas y por el uso de fósforo blanco, mientras que el Gobierno guatemalteco de entonces enfatizó que los ocupantes de la embajada se inmolaron con las bombas molotov que llevaban.
La prensa española publicó fotografías de un policía con un lanzallamas, además de las pruebas testimoniales y periciales que confirmarían que varias víctimas habían sido baleadas. Incluso, según la testigo presencial Odette Arzú, adscrita a la Cruz Roja Guatemalteca, la mayoría de las víctimas estaban quemadas solo de la cintura hacia arriba.
Todas las versiones concuerdan en que los cuerpos de socorro tuvieron vedado el ingreso al edificio para sofocar el incendio hasta que este se apagó solo.
Documental fílmico Ni uno vivo
En lo que coinciden todas, es que unos días antes el embajador Máximo Cajal (1935-2014) había visitado el departamento de El Quiché, donde se había reunido con los representantes del Comité de Unidad Campesina y con el comandante guerrillero Gustavo Meoño, del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP).
Existen varias versiones de las causas del hecho:
Durante los siguientes años, sucesivas comisiones de investigación llegaron a la conclusión, aceptada por el Gobierno de Guatemala en 1984, de que las víctimas habían muerto por quemaduras producidas por granadas de fósforo blanco. Se supuso que la Policía Nacional de Guatemala era la responsable de lo acaecido y se exoneró a los ocupantes de cualquier responsabilidad en el trágico desenlace.
La toma de la embajada de España fue planificada por el embajador Máximo Cajal, quien pensaba utilizar a sus invitados como rehenes, dado el considerable prestigio que estos tenían en los círculos oficiales e intelectuales guatemaltecos de la época. Por ejemplo, Adolfo Molina Orantes había sido canciller en dos ocasiones y era un jurisconsulto respetado en el mundo entero tras su brillante actuación en el Caso Nottebohm ante la Corte Internacional de La Haya. No se trató de una toma pacífica por campesinos porque los asaltantes eran liderados por guerrilleros que llevaban bombas molotov y armas. Estas armas fueron usadas para retener por la fuerza a los rehenes, según demostraron las autopsias que se efectuaron. Además las bombas estallaron desde dentro, quemando a todos, cuando la policía imprudentemente, ingresó a las instalaciones de la embajada.. Algunos medios españoles concordaron con esta versión.
El embajador Cajal, al permitir el acceso de los protestantes violó el artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
La policía desobedeció la prohibición de Cajal e intentó invadir el edificio (que era territorio español), de donde recibían constantes llamadas telefónicas de los rehenes para pedir auxilio. Los policías antimotines avanzaron, rompieron la puerta del despacho del embajador ―donde estaban reunidos los terroristas armados con bombas molotov y adonde habían llevado a los rehenes― y dispararon.
Las bombas comenzaron a explotar, lo que provocó un incendio con el saldo de 37 muertos (todos calcinados). De los que estaban en aquel salón, solo se salvaron el embajador Cajal y Gregorio Yujá Xoná quien esa noche fue secuestrado del hospital y asesinado.
Ya en 1984, en el Comunicado Conjunto del 22 de septiembre previo al restablecimiento de relaciones diplomáticas, «El Gobierno de Guatemala reconoce que lo sucedido constituyó una violación de los artículos 22 y 29 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de la que ambos países son parte, y por tanto acepta, en relación con España, los efectos y consecuencias jurídicas que de ello pudieran derivarse.» Y con la consolidación de Gobiernos elegidos, la postura del Gobierno se ha fortalecido en ese sentido. Así, cuando el entonces ministro de Relaciones Exteriores del presidente Álvaro Arzú, Eduardo Stein visitó oficialmente España en marzo de 1996, pidió «públicas excusas» al Gobierno y pueblo español por la «vergonzante actuación» de fuerzas armadas guatemaltecas en el asalto a la embajada de España que constituyó «no solo una violación del derecho internacional sino uno de los episodios más negros de la Historia guatemalteca». Stein confesó «sentir vergüenza» personal por actuación tan brutal y la insidiosa y falsa campaña contra el embajador Máximo Cajal (1935-2014), según reportó en 2014 el entonces embajador de España en Guatemala, Yago Pico de Coaña. El 3 de febrero de 1998 el Congreso de la República acordó por unanimidad «Que en el año de 1980 un grupo de campesinos hizo suyos los sufrimientos, necesidades y peticiones de la inmensa mayoría guatemalteca que se debate entre la pobreza y pobreza extrema, al tomar la embajada de España con el único fin de que el mundo conociera su situación».
El licenciado Adolfo Molina Sierra fue testigo de los hechos del 31 de enero de 1980, y era hijo de una de las víctimas: Adolfo Molina Orantes (excanciller y miembro de la Corte Internacional de Justicia de La Haya).
A las 11:30 a. m., el chofer de mi padre observó que la embajada de España era invadida por un grupo sospechoso de manifestantes con pancartas y mochilas. Después de ingresar, el personal de la embajada cerró las puertas. Inmediatamente, el chofer llamó por teléfono a mi casa y le informó a mi familia. Me dirigí personalmente a la embajada para averiguar lo que sucedía, mientras mi esposa Emilia de Molina, llamaba a Donaldo Álvarez Ruiz (ministro de Gobernación), para pedirle ayuda, ya que el ministro conocía a mi padre y se creyó que podía auxiliar en algo; pero el ministro no contestó las llamadas.
Al llegar a las 12:00 horas a la embajada, la policía ya se encontraba en la calle rodeándola. Ya había unas mantas sobre las ventanas que decían Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y Comité de Unidad Campesina (CUC). También se encontraban muchas personas particulares viendo lo que sucedía. El embajador tenía un megáfono en la mano y con él pedía la colaboración de la policía para mantener el control de la situación. Mi padre, que había sido tomado como rehén, fue forzado a pedir ayuda por el megáfono, para que la policía colaborara y así evitar cualquier desgracia. Los ocupantes se encontraban por toda la casa. Había un carro de la Cruz Roja aparcado al lado de la embajada. Empezaron a llegar más policías y judiciales, y se empezaron a subir al techo por las paredes. Mario Aguirre Godoy logró salirse de la embajada y fue escoltado a un auto que luego partió desconociendo el rumbo.
El resultado fue el asesinato de 37 personas (y 2 más en días siguientes) y la ruptura de relaciones diplomáticas entre España y Guatemala como resultado de la invasión, que no se volverían a normalizar hasta el 22 de septiembre de 1984 con un tratado firmado en Bogotá (Colombia). Tres lograron sobrevivir a la matanza: el embajador Máximo Cajal López (1935-2014), el abogado Mario Aguirre Godoy y el campesino manifestante Gregorio Yujá Xoná (quien logró salvarse cobijándose bajo los cadáveres calcinados de sus compañeros). Esa noche, Yujá Xoná fue secuestrado del hospital donde estaba internado y torturado hasta morir; su cadáver fue arrojado frente a la rectoría de la Universidad de San Carlos, y tenía un cartel colgado del cuello con la frase «Cajal, comunista, te ocurrirá lo mismo». El embajador Cajal también fue perseguido esa noche y tras escapar del hospital privado en que se encontraba, pidió refugio en la casa de habitación del embajador de Estados Unidos, en donde se sufrió un atentado al ser disparados balazos contra el inmueble. El día del entierro de las víctimas fueron asesinados Gustavo Adolfo Hernández y Jesús España.
Al día siguiente, el Gobierno español evacuó al embajador Cajal, con la asistencia del cuerpo diplomático en Guatemala. Una vez que el embajador hubo abandonado Guatemala, el Gobierno español rompió relaciones diplomáticas con Guatemala. Meses después fue asesinado de 55 disparos Roberto Mertins Murúa, profesor en la Universidad Rafael Landívar y director del Instituto Guatemalteco de Cultura Hispánica (CCE/G) ―actual Centro Cultural de España en Guatemala―, que había criticado en Televisión Española la actuación de las autoridades militares en el asalto a la embajada.
Fue el punto de partida de las grandes masacres de los años ochenta: tras la victoria sandinista en Nicaragua en 1979 y el inicio de la presidencia de Ronald Reagan en los Estados Unidos en enero de 1981, se recrudecieron las posiciones de los bandos en conflicto durante la Guerra Civil de Guatemala. Entre 1980 y 1983, militares y paramilitares masacraron a una gran cantidad de personas, en especial en las áreas de la Franja Transversal del Norte y del departamento de Petén, donde empresas como la Basic Resources habían encontrado petróleo.
Algunos nombres de los que perecieron en la masacre de la embajada son:
Las otras víctimas mortales en la embajada fueron:
En 2005, el diario español El País publicó una reflexión del entonces embajador Cajal:
El 1 de octubre de 2014 en la ciudad de Guatemala, en el Tribunal Primero B de Mayor Riesgo inició el juicio contra el exjefe de la extinta Policía Nacional, Pedro García Arredondo, por la muerte de 37 personas. La Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, quien perdió a su padre y a un primo en este hecho- testificó en el proceso, en el que, además, participó como querellante.
García Arredondo fue el único enjuiciado, ya que muchos de los presuntos autores intelectuales y de los participantes habían fallecido:
La violenta actuación de las fuerzas de seguridad creó un escenario sin salida que provocó la muerte de 37 personas, guatemaltecos y españoles, incluyendo siete empleados y funcionarios de la embajada. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas, conocida como “Comisión de la Verdad”, fue categórica al expresar su convicción de que “agentes del Estado atentaron contra el derecho de vida de las personas que estaban dentro de la embajada de España” y que “las más altas autoridades del Gobierno de Guatemala de la época fueron los responsables intelectuales.
Don Máximo Cajal López, entonces embajador de España, salvó la vida milagrosamente, logrando escapar malherido de las llamas. Cajal falleció en abril pasado, tras una larga y fértil carrera diplomática que también le llevó a ocupar las jefaturas de misión en la OTAN, Suecia y Francia. En el Ministerio de Asuntos Exteriores tuvo puestos de alta responsabilidad como subsecretario, director general de la Oficina de Información Diplomática y secretario general de Política Exterior.
Colaboró con la justicia guatemalteca con la esperanza de que, aunque fuera tarde, aquella llegara. En sus últimos meses de vida, pese al trauma por aquella aterradora experiencia, siguió en la distancia las vicisitudes previas a la apertura del juicio por la quema de la embajada.
Algunas consideraciones que se siguen haciendo sobre Cajal y su papel en aquella crisis se han transformado en acusaciones irracionales. Son calumnias que parecieran dirigirse, 34 años después, a insistir en atribuir al embajador responsabilidades, cuando fue una víctima más.
La defensa del que fuera jefe policial Pedro García Arredondo, único acusado en el juicio por la muerte de 37 personas quemadas en 1980 en la embajada de España en Guatemala, aseguró que su representado no evitó que nadie saliera del lugar; además argumentó que en cualquier toma de rehenes hay "daños colaterales".
El debate oral y público entró en su etapa final el lunes en la Torre de Tribunales del Organismo Judicial guatemalteco, donde el Tribunal B de Mayor Riesgo de Guatemala escuchó los argumentos finales del Ministerio Público (MP) y otros querellantes. El abogado defensor explicó que la embajada se quemó desde adentro y que el incendio se originó por las bomba molotovs que llevaban los ocupantes de la embajada.
García Arredondo, de 69 años, dirigía un comando de la ahora extinta Policía Nacional y, según las investigaciones de la fiscalía, fue quien dio la orden de incendiar la embajada española, que había sido ocupada por un grupo de campesinos y estudiantes que denunciaban la represión militar. La defensa dijo que no se logró romper la presunción de inocencia de García Arredondo.
La fiscalía guatemalteca, por su parte, afirmó el que las treinta y siete personas murieron en una "operación policial clandestina", ejecutada por la Policía Nacional (PN) del país centroamericano y solicitó una pena de treinta años de cárcel para García Arredondo por cada víctima, además de 80 años en total por dos delitos de intento de homicidio.
Por la mañana del 20 de enero de 2015, las juezas escucharon las últimas palabras de García Arredondo antes de declarar cerrado el debate en su contra y deliberar en secreto el fallo. El exjefe policial insistió en su inocencia al explicar que no había una sola evidencia ni señalamiento directo de los testigos en su contra.
Por unanimidad, las juezas Irma Jeannette Valdés, Sara Yoc Yoc y María Eugenia Castellanos determinaron que García Arredondo ejecutó órdenes de superiores, las cuales dejaron la muerte de 37 personas en sede diplomática, el 31 de enero de 1980. El fallo del Tribunal fue leído en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia el 20 de enero de 2015 y García Arredondo fue condenado a cuarenta años de prisión por la quema de la embajada y cincuenta más por la muerte de dos estudiantes universitarios.
Los elementos que fueron probados, de acuerdo a la sentencia condenatoria, fueron:
Lo que no se pudo comprobar, fue lo siguiente:
El exjefe policial fue condenado por los asesinatos de 39 personas, el intento de asesinato contra dos —Cajal y López y Yujá Xoná—, y delitos contra los deberes de humanidad.