María Graciela Ocaña (San Justo, Buenos Aires; 16 de septiembre de 1960) es una dirigente política y licenciada en ciencias políticas argentina. En 2007 ocupó la titularidad del Ministerio de Salud de la Argentina en el gobierno de Cristina Fernández y fue diputada nacional durante cuatro mandatos. Actualmente se desempeña como diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires por el Interbloque Cambiemos.
Ocaña se recibió de bachiller normal con orientación pedagógica en la Escuela Normal de San Justo. Se licenció en Ciencias Políticas en la Universidad Kennedy.[cita requerida]
Volvió a la actividad política cuando se formó el Grupo de los Ocho, conformado por legisladores peronistas disconformes con el gobierno menemista, que formaron su propio bloque. Por intermedio de Chacho Álvarez se unió al Frente Grande, que luego se transformaría en el Frepaso. Por este partido sería electa diputada nacional bonaerense en 1999.
En 2002, Ocaña decidió integrarse al partido ARI por el que fue reelegida como diputada en el 2003.
En enero de 2004 aceptó un ofrecimiento del gobierno de Néstor Kirchner para normalizar la situación del PAMI ―el seguro de salud pública de los jubilados argentinos. Desde ese cargo denunció los sobreprecios que las prestadoras de servicios aplicaban al PAMI y avanzó con la reformulación de los contratos.
En 2015 fue denunciada por su reemplazante, el nuevo director del PAMI, Luciano Di Cesare, por haber mantenido 2.500 millones de pesos líquidos sin invertir los fondos excedentes, lo cual habría impedido cobrar los intereses que ese dinero podría haber generado. Por ese motivo la acusó de «defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público». Según la ley promulgada en 2002, en su artículo 11, “los fondos excedentes, se invertirán exclusivamente en depósitos a plazo fijo en el Banco de la Nación Argentina, en condiciones que aseguren el máximo interés en vencimientos escalonados”. Asimismo, los fondos líquidos a los que hacía alusión Ocaña en su declaración testimonial tampoco fueron invertidos en prestaciones, ya que en el año 2004 la tasa de utilización de los servicios de PAMI por parte de los afiliados fue solo del 30%.
En diciembre de 2017 fue imputada por el delito de defraudación al Estado nacional por la fiscal federal Paloma Ochoa, por el presunto debido al cobro de vacaciones no gozadas tras alejarse del PAMI en 2007. La fiscal le requirió al juez Sebastián Ramos que investigue si la exdirectora ejecutiva del PAMI perjudicó a las arcas del Estado Nacional por haber cobrado la liquidación de más de 50 mil pesos en concepto de vacaciones no gozadas, a pesar de que la ley de Contrato de Trabajo no lo permitía.
El 10 de diciembre de 2007 asumió como Ministra de Salud en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Desde abril de 2009, la Argentina sufrió la peor epidemia de dengue de su historia, durante la cual, varias ONG señalaron una mala actuación de su Ministerio en la prevención y actuación sobre el brote. Se criticó además su falta de respuesta y negligencia. De ser una de las ministras con mejor imagen del gabinete de Cristina Fernández y de ser nombrada como potencial candidata para las elecciones legislativas de dicho año, esta situación debilitó fuertemente su imagen y puso en duda su continuidad al frente del Ministerio.
En contraste, a poco de desatada la epidemia de gripe porcina (influenza A-H1N1) en México, Ocaña convocó de manera urgente al Consejo Federal de Salud, poniendo en estado de alerta a aeropuertos y hospitales, y dispuso la suspensión de vuelos entre México DF y Buenos Aires, medida sostenida aún a pesar de la duras críticas del presidente mexicano. El bloqueo de los aeropuertos y las medidas de control fueron efectivas para disminuir el avance del virus en la Argentina. Se envió al congreso un proyecto de ley de emergencia sanitaria. Dicho proyecto nombraba a todas las provincias afectadas por el dengue, asignaba presupuesto para combatir la enfermedad, creaba un Instituto Nacional de Medicina Tropical y daba una alerta epidemiológico. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó a los senadores oficialistas, que en un primer momento lo habían aceptado, rechazar el proyecto de ley. El bloque de senadores kirchneristas frenó el proyecto de ley de Ocaña y ella se sintió desautorizada.
Ocaña se había enfrentado al dirigente gremialista Hugo Moyano y al superintendente de Servicios de Salud de la Nación, Héctor Capaccioli, cuando ella denunció que algunas droguerías proveedoras del estado estaban relacionadas con el tráfico ilegal de efedrina. Ocaña había denunciado a la CGT por fraude en el área de tratamientos de cáncer y HIV. Héctor Capaccioli terminó renunciando por estas denuncias y su enfrentamiento con Ocaña. Pero Ocaña debió postergar su renuncia porque estaban en medio de elecciones legislativas.
El 29 de junio de 2009, el día siguiente de las elecciones legislativas, Ocaña firmó oficialmente su renuncia. En su lugar fue nombrado el vicegobernador de la provincia de Tucumán, Juan Manzur. Una vez que ella abandonó el Ministerio de Salud su reemplazante decidió declarar la emergencia sanitaria a raíz del brote de Gripe A. Tras su renuncia, Ocaña siguió mostrando en los medios la investigación sobre el fraude de los medicamentos falsificados, donde estaban involucrados los sindicatos en la compra de medicamentos falsificados a empresas farmacéuticas ligadas al narcotráfico.
Paralelamente fue imputada penalmente por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La disposición en su contra fue ordenada por el fiscal Jorge Di Lello. Todas estas causas están bajo la investigación de los jueces Norberto Oyarbide, María Romilda Servini de Cubría y Federico Faggionato Márquez, entre otros.
En 2014 fue denunciada por presentar pruebas falsas contra Mariano Recalde. quién denunció que la legisladora porteña adulteró documentos en la causa en la que se investiga su patrimonio.
Fue nuevamente electa diputada nacional en 2011 con mandato hasta 2015 por Unión para el Desarrollo Social (UDeSo), pero en 2013 anunció el lanzamiento de un nuevo partido, Confianza Pública, con el cual competiría en las elecciones de 2013 encabezando las listas de candidatos a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En esta elección resultaría designada legisladora para el período legislativo 2013 - 2017.
En las PASO de 2015 se presentó como pre candidata a Jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por ECO y las perdió al competir con Martín Lousteau.
En abril de 2016 se integró al partido gobernante, Cambiemos, tras ser invitado por el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. En junio de 2017 fue elegida como primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. En las elecciones de octubre su lista obtuvo el 34.58% de los votos, quedando en primer lugar y consiguiendo una banca en la cámara baja.
Como Diputada Nacional a lo largo de su trayectoria presentó una serie de proyectos en materia de salud, tercera edad y transparencia:
En 2013 junto al Diputado Manuel Garrido, denunciaron por enriquecimiento ilícito al entonces Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou por las declaraciones patrimoniales que Boudou había presentado ante la Oficina Anticorrupción sobre su crecimiento patrimonial; este análisis arrojó importantes inconsistencias en lo que respecta a su patrimonio. También denunció maniobras irregulares en la pauta oficial por parte del ex Vicepresidente. Las sociedades WSM y Rock Argentina cobraron más de 5,5 millones de pesos en concepto de publicidad oficial durante el 2012.
La denuncia contra la diputada por enriquecimiento ilícito la presentó Gustavo Vera, quien precisó que su patrimonio pasó de un millón y medio a cuatro millones de pesos entre 2015 y 2016, y también se pidió que se investigue si incurrió en negociaciones incompatibles con su condición de funcionaria pública y falsedad maliciosa en la presentación de sus declaración jurada. La causa será instruida por el juez Julián Ercolini.
En febrero de 2019 el juez Julián Ercolini sobreseyó a la diputada Ocaña en la denuncia de enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública, que había presentado en su contra el presidente de la fundación La Alameda, Gustavo Vera.
En 2017 se presentó como candidata a diputada por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. En 2018 el periodista Juan Amorín en el sitio El Destape reveló la trama mediante la cual Cambiemos utilizó el nombre de beneficiarios sociales para blanquear dinero en la campaña. Al menos se descubrieron 205 casos de personas que reciben planes sociales o están por debajo de la línea de la pobreza y aparecían financiando la campaña oficialista en la provincia de Buenos Aires. Fueron utilizados al menos 200 titulares de planes Ellas Hacen y Argentina Trabaja, haciéndolos pasar como pequeños aportantes de campaña de Esteban Bullrich, candidato a senador, y Graciela Ocaña, candidata a diputada. Los aportantes al ser llamados confirmaron que ninguno de ellos había hecho tal aporte y su situación económica lejos está de poder asumir un gasto semejante. La mayoría de los “aportantes” resultaron ser personas que se encuentran en una situación de pobreza y vulnerabilidad económica importante y residían en asentamientos o villas. Incluso figuraban como aportantes de decenas miles de pesos personas que vivían en la calle o acudían a comedores comunitarios para poder alimentarse. Finalmente fue denunciada penalmente junto a los senadores macristas Esteban Bullrich y Gladys González y el diputado Héctor Toty Flores por usar más de 200 personas pobres como falsos aportantes a su campaña millonaria de 2017.
El caso es de tal notoriedad que el referente del partido español Podemos, Juan Carlos Monedero, comparó las causas de la destitución del expresidente español Mariano Rajoy con la investigación por los aportes truchos en la campaña de Cambiemos. Monedero explicó:
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