La Oficina Anticorrupción (OA) es un organismo desconcentrado dependiente del Poder Ejecutivo de Argentina, el cual se encuentra a cargo de un Secretario de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Se encarga de investigar y perseguir casos de corrupción política en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada y Descentralizada.
Es la encargada de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas que se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción, reglamentando sus funciones y atribuciones en el Decreto 102/99, modificado parcialmente en el Decreto 226/2015 donde se quitó la obligatoriedad de ser abogado para encabezar la Oficina Anticorrupción.
La Oficina Anticorrupción actúa en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal. Cabe aclarar que la OA no tiene competencia para realizar investigaciones en el ámbito del Poder Legislativo, el Poder Judicial o en los organismos de las Administraciones Provinciales y Municipales.
La Oficina Anticorrupción está a cargo de un Secretario de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. El Secretario de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción posee rango y jerarquía de Secretario, mientras que los titulares de la Dirección de Investigaciones y de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia poseen rango y jerarquía de Subsecretarios. Los tres funcionarios son designados y removidos por el Presidente de la Nación a propuesta del Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
La OA está conformada por dos áreas:
Las funciones del titular del organismo son:
Fue oficialmente creada el día 10 de diciembre de 1999 por medio de la Ley 25.233 para la asunción de Fernando de la Rúa.
Es la encargada de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas que se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción, reglamentando sus funciones y atribuciones en el Decreto 102/99.
De 2004 a 2009 fue Fiscal de Control Administrativo Abel Fleitas Ortiz de Rozas y luego ocupó el cargo Julio Vitobello, diciembre de 2015.
Su presupuesto en el año 2010 fue de 15 millones de pesos con 7.563 casos abiertos en el año, mientras que en el 2008 tuvo un presupuesto de 6 millones de pesos menos con 6.911 casos abiertos.
En diciembre de 2015 el Gobierno de Mauricio Macri modificó por decreto la reglamentación de la Oficina Anticorrupción para permitir que la diputada del PRO Laura Alonso asuma al frente del organismo, pese a que no es abogada ni cumplía los requisitos exigidos por la ley argentina.en el decreto se debió modificar la organización de la OA para exceptuarla del requisito de ser abogada, establecido previamente para ocupar el puesto.
En cumplimiento con el decreto “Plan de Apertura de Datos” 117/16 del presidente Mauricio Macri, el organismo publicó en 2016 en el Portal Nacional de Datos Públicos los datos de 45 mil declaraciones juradas de funcionarios públicos del Poder Ejecutivo y legisladores en formato abierto.
A mediados de 2016 Alonso, fue denunciada por "mal desempeño de sus funciones", "abuso de autoridad" e incumplimiento de deberes públicos" por su actuación en los Panamá Papers. La causa que quedó registrada con el número 3.781/2016. Al respecto Laura Alonso defendió a Macri argumentando que Constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo.
En 2016 la Sala II de la Cámara Federal ordenó que se determine si la Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de Alonso, elige en qué causas interviene y cuáles deja pasar motivada a partir de intereses políticos o económicos. La justicia abrió una causa para determinar si Alonso hace "persecución selectiva" desde la Oficina Anticorrupción. Meses después se presentó otra denuncia contra la oficina y su titular por un supuesto direccionamiento de las denuncias que radicó en la Justicia federal, contra opositores al gobierno de Mauricio Macri. Según la denuncia del dirigente Juan Grabois: "Alonso actúa con parcialidad manifiesta. Es una funcionaria militante que no está luchando contra la corrupción sino persiguiendo adversarios políticos. Ese mismo año fiscal Franco Picardi abrió una investigación penal donde pidió todas las causas donde actuó la Oficina Anticorrupción por direccionar causas contra políticos opositores y encubrir supuestas maniobras de funcionarios del gobierno de Cambiemos.
A mediados de 2016 fue denunciada por cajonear un expediente contra el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, por irregularidades en la compra de gas a Chile.
Durante el primer año de Alonso al mando de la Oficina más de 22.000 funcionarios públicos por distintos motivos no presentaron sus formularios de declaraciones juradas en 2016. Al año siguiente la Oficina Anticorrupción les dio más tiempo a los funcionarios para presentar sus declaraciones juradas. En 2017 se conoció que la titular de la oficina, Laura Alonso incrementó en un solo año su patrimonio en 160% mientras estaba al frente del organismo y se encuentra tercera en el ranking de funcionarios del Gobierno con mayor crecimiento patrimonial.
En febrero de 2017 un grupo de diputados denunció penalmente a la titular de la Oficina Anticorrupción por al acuerdo firmado entre el Gobierno y el Correo Argentino, donde le condonaría al Grupo Macri una deuda con el Estado de alrededor de 70 mil millones de pesos. Ese mismo mes la Oficina Anticorrupción defendió el uso del helicóptero presidencial por parte de la Primera Dama Juliana Awada para viajes personales a Uruguay. La revelación se dio a conocer cuando el diario uruguayo El País reveló que Mauricio Macri envió el helicóptero oficial para buscar a su esposa Juliana Awada y su hija Antonia que volvían de vacaciones en Punta del Este.
En 2018 fue denunciada penalmente por una supuesta “negociación de impunidad”con la empresa brasileña Odebrecht, denunciada por pago de coimas en el Lava Jato. Hubo encuentros a puertas cerradas con los ejecutivos de la filial argentina de Odebrecht, que fueron considerados intentos de obtener anticipadamente la información confidencial que aquellos pudieran aportar y de ese modo, controlar los daños que puedan producir sobre el círculo íntimo del Presidente.
En 2019 la Oficina bajo la gestión de la exdiputada del PRO Laura Alonso fue condenada a entregar en un plazo de 15 días toda la información y documentación que desde hace un año le oculta a la Auditoría General de la Nación (AGN), que intenta analizar su desempeño al igual que hace con el resto de los organismos públicos, calificando al organismo de Oficina del ocultamiento.
La Oficina Anticorrupción elaboró una serie de proyectos de ley y de decretos destinados a promover la ética pública y la transparencia. Algunos de ellos son:
En diciembre de 2019 el Gobierno de Alberto Fernández nombró al fiscal Félix Crous como titular de la OA.
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