La rebelión de los comuneros, también denominada insurrección o levantamiento de los comuneros pero correctamente la revuelta de los comuneros (revuelta significa cambio de leyes no de gobierno), fue un movimiento armado sofocado por la autoridad virreinal, gestado en el Virreinato de la Nueva Granada (actual Colombia) el 16 de marzo de 1781, en el marco de las múltiples protestas que se generaron al avance del reformismo borbón en América durante el gobierno de Carlos III. Tuvo su epicentro en la localidad de El Socorro, perteneciente a lo que hoy es el departamento de Santander (Colombia). La insurrección se desencadenó por la implementación de reformas fiscales y económicas en el nivel virreinato que implicaron una mayor carga fiscal sobre la población, el avance sobre ciertos privilegios y exenciones y la restricción del cultivo de tabaco y aguardiente favoreciendo al fabricado en España, lo que afectó sensiblemente a los productores locales. Medidas que alimentaron un clima generalizado de descontento que cristalizó en la insurrección y se dirigió especialmente contra las autoridades locales que implementaron las reformas.
Para garantizar los cobros se hizo la figura del Visitador Regente, que en principio debía ser un jefe administrativo del virrey, pero que en la práctica iba más allá. Los primeros nominados eran funcionarios muy de la confianza de la Corona (especialmente de sus ministros). La regencia de la Nueva Granada se entregó a Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres. La actitud en búsqueda de ingresos fiscales emprendida por este regente provocó en 1781 la rebelión de los Comuneros.
Aunque ya en 1752 y entre 1764 y 1767 habían estallado motines contra el monopolio del aguardiente fueron las medidas tomadas a fines de la década de 1770 las que provocaron que el nuevo levantamiento tomara una magnitud sin precedentes. En 1779 una fuerza de 1500 indígenas se rebelaron pero resultaron dispersados.
En los últimos meses de 1780 hubo motines contra los guardas de la renta del tabaco en Simacota, Mogotes y Charalá, pero la cabeza del movimiento fue la ciudad del Socorro, en donde el 16 de marzo de 1781 Manuela Beltrán rompió el edicto referente a las nuevas contribuciones a los gritos de “viva el Rey y muera el mal gobierno. No queremos pagar la armada de Barlovento”. Los Comuneros reunidos en El Socorro recibieron el Manifiesto Comunero que llegó de Simacota, escrito por Fray Ciriaco de Archila, dominico que vivía en su convento de Santa Fe de Bogotá.
En sus comienzos los protagonistas visibles eran los pobres, tanto mujeres como hombres. Las revueltas comenzaron luego a ser dirigidas por personas un poco mejor ubicadas social y económicamente (comerciantes, carniceros, pequeños agricultores) y la rebelión tomó forma. La presión logró que algunos hombres de prestigio se comprometieran en ella. También se incorporaron indígenas, liderados por Ambrosio Pisco, un cacique rico. Ellos agregaron al pliego de demandas la devolución de tierras tomadas a las comunidades amerindias.
Como general de los insurrectos fue elegido el terrateniente Juan Francisco Berbeo, regidor local, en asocio de Salvador Plata, Antonio Monsalve, y Francisco Rosillo, quienes constituyeron la junta llamada “El Común” de donde les vino el nombre de “Comuneros”. Se reunieron en el Socorro cerca de 4.000 hombres de la Provincia de Tunja que marcharon, al mando de Juan Agustín Niño y Álvarez, en dirección a Santafé (hoy Bogotá). La pretensiones iniciales buscaban reducir impuestos y dar mayor participación a los criollos.
En el camino se agregaron voluntarios de otras poblaciones hasta completar un cuerpo de 18.000 o 20.000 hombres y en el Puente Real (hoy Puente Nacional), cerca a Vélez, se encontraron con la pequeña tropa enviada desde Santafé a órdenes de José Osorio y del capitán Joaquín de la Barrera, quienes no pudieron interrumpir el avance de los comuneros y, mientras el regente Gutiérrez de Piñeres salía en precipitada marcha hacia Cartagena de Indias para buscar la protección del Virrey Flórez, el gobierno acordó impedir la llegada comunera a Santafé y designó como legatarios negociadores al oidor Vasco y Vargas y al alcalde don Eustaquio Galavís. El arzobispo (y después virrey) Antonio Caballero y Góngora ayudó en las negociaciones con su presencia y sus discursos a la muchedumbre. Juan Francisco Berbeo exigió que los tunjanos lideraran las negociaciones por parte de los insurrectos.
A mediados de mayo de 1781 el arzobispo Caballero y Góngora accedió a la firma del documento (aunque él mismo no rubricó lo pactado con los comuneros, sino que lo hicieron el alcalde Galavís y el oidor Vasco) que fue llamado las Capitulaciones de Zipaquirá. Este nombre se le dio por estar el documento dividido en capítulos y no porque la firma de los insurrectos significara de algún modo una rendición de su parte. Las capitulaciones constaban de 35 puntos, 25 concretaban la supresión y reducción de tributos; 8 se referían a cuestiones administrativas y los 2 restantes, aunque discriminatorios, eran de aspecto político. Entre otros, los puntos más destacados del documento fueron:
Un sector del movimiento representado por los criollos, en su mayoría, aceptó las capitulaciones y regresaron tranquilamente a sus casas. Sin embargo algunos miembros de la revuelta, encabezados por José Antonio Galán, desconfiaron de la celeridad con que fueron aceptadas las condiciones por parte de los negociadores y el arzobispo y prosiguieron la lucha.
En una reunión posterior de las autoridades de Santa Fe se acordó la nulidad de las Capitulaciones, y el Virrey desde Cartagena ordenó la captura de Galán y la de los demás comuneros que aún proseguían con el movimiento. En febrero de 1782 Galán fue apresado y ejecutado junto a Lorenzo Alcantuz y a otros comuneros.
El movimiento comunero fracasó pero dejó en claro a los criollos la desconfianza que debían tener frente a las autoridades españolas. Las Capitulaciones de Zipaquirá no fueron más que un instrumento de las autoridades coloniales para ganar tiempo mientras se reforzaba la capital con tropas enviadas desde Cartagena. Sin embargo el movimiento demostró la debilidad del gobierno español y sacó a la luz las profundas contradicciones en las que se encontraba la sociedad granadina de finales del siglo XVIII.
La comisión de negociadores parlamentó con los jefes de los sublevados en El Mortiño (cerca de Zipaquirá, Cundinamarca), quienes presentaron un pliego de 35 demandas. La comisión decidió acceder a todas las demandas y se firmaron unas capitulaciones que fueron aprobadas por la Audiencia. En ellas se rebajaban ciertos impuestos, se suprimían otros, se atenuaban sus recaudos y se convenía en dar preferencia a los americanos sobre los españoles para algunos cargos en los que éstos eran mal vistos. También se acordó perdonarles toda falta a los comuneros.
La negociación finalizó con un juramento ante los Evangelios y una misa solemne presidida por el Arzobispo Caballero y Góngora, quien procedió a convencer a los insurrectos de marchar a sus hogares.
En las Capitulaciones de Zipaquirá, que Berbeo y los Comuneros negociaron con la comisión oficial, encontramos presentes la defensa de las tradiciones jurídicas de los pueblos, el reclamo por la supresión y por la rebaja de los impuestos, la libertad de cultivo y de libre comercio del tabaco, la mejora de los caminos y de los puentes, el acceso de los americanos a los altos puestos administrativos, la devolución de los resguardos y de las salinas a los indígenas, así como otras reivindicaciones semejantes.
El virrey Manuel Antonio Flórez, quien se encontraba en Cartagena de Indias, desconoció las capitulaciones con el argumento de que habían sido firmadas bajo amenaza, y envió el regimiento fijo desde esa ciudad para implantar la autoridad en Santa fe. Todo volvió a su antiguo estado. Un grupo de comuneros al mando de José Antonio Galán decidió levantarse de nuevo. En represalia, él y sus compañeros Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz, y Manuel Ortiz, recibieron castigos ejemplares.
Galán fue ejecutado en enero de 1782 junto con los otros tres jefes comuneros; se les quitaron los pies, las manos y la cabeza y éstas fueron expuestas en jaulas en las plazas públicas de la capital virreinal y de los pueblos más activos de la rebelión. Sus descendientes fueron declarados infames, todos sus bienes fueron, confiscados y sus hogares destruidos y regados con sal. El cacique Ambrosio Pisco fue encarcelado en Cartagena y pese a que luego fue indultado, nunca pudo volver al interior del país. Otros dirigentes fueron sentenciados a sufrir 200 latigazos, vergüenza pública y prisión en África. Muchos campesinos sin tierra fueron enviados a Panamá, donde padecerían por cuenta de las inclemencias del malsano clima tropical. Las pocas penas impuestas a los participantes más ricos fueron mucho menos horrendas; algunos simplemente fueron encarcelados en Cartagena y después fueron indultados. Mucha gente se dispersó a las zonas periféricas por temor a las represalias...
En junio de 1781 fue muerto por un levantamiento en Pasto motivado por la imposición del "Estanco", don José Ignacio Paredo, teniente gobernador de Popayán. Igualmente se sublevaron Neiva, Guarne, Tumaco, Hato de Lemos, Casanare y Mérida con los Comuneros de Los Andes como reflejo del movimiento en Socorro.
La revuelta también se extendió a la región de Antioquia con los comuneros de Guarne, con los de Sopetrán y Sacaojal, quienes pedían también el libre cultivo del tabaco. Los de Guarne solicitaban igualmente que se reconociera el derecho de mazamorreo (lavar el oro en las arenas de los ríos), como también que en el valle de San Nicolás de Rionegro no gobernaran los forasteros en el ramo de la justicia. Es de notar la casi simultánea emergencia de movimientos con reivindicaciones semejantes en casi toda la Sudamérica española, incluyendo el movimiento de Túpac Amaru II, sofocada en marzo de 1783 autoridades españolas.[cita requerida]
Fuera del aspecto económico, que tuvo como fin la lucha contra los impuestos, la revuelta abarcó aspectos sociales y políticos, ya que una de las estipulaciones contenidas en la capitulación era la preferencia de los americanos para la provisión de ciertos empleos, lo que implicaba ya una cierta alteración importante en el régimen colonial. Por otra parte, también se aspiró a rehabilitar la raza indígena, y Galán proclamó la libertad de los esclavos en las minas cerca de Mariquita. Este último fue uno de los cargos por los cuales se condenó a muerte a los sublevados.
Pese a sus reivindicaciones coyunturales y a su declaración en pro de la autoridad real y carácter popular el movimiento comunero ha sido visto por varios autores como un anticipo de la Independencia americana, en la medida en que aquel fue una expresión de furia contra los funcionarios españoles y también una aspiración a tener gobiernos con participación criolla. Si bien los comuneros nunca pretendieron la independencia, (pues su inspiración mayor como fue la Revolución francesa no había ocurrido aún) sino su oposición a las reformas del gobierno español, este movimiento sirvió de base a los criollos para años más tarde intentar levantar al pueblo y llevarlo a apoyar en gran parte el bando de la independencia definitiva, o bando patriota, en objetivo de romper todo vínculo con la monarquía.
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