La analogía del apartheid israelí compara el trato dado por Israel a los palestinos con el experimentado por los no blancos durante la era de segregación racial en Sudáfrica dentro del contexto del crimen de apartheid.
El término «apartheid israelí» ha sido usado por algunos eruditos, investigadores de las Naciones Unidas, grupos de derechos humanos críticos hacia la política de Israel como Human Rights Watch o B'Tselem, y los partidarios del movimiento "Boicot, Desinversiones y Sanciones" (BDS) contra Israel. Varios políticos israelíes también han usado esta analogía.
Los defensores del término sostienen que existe un «sistema de control» en la Cisjordania ocupada por Israel que comprende el sistema de identificación, los asentamientos israelíes, las carreteras separadas para los ciudadanos israelíes y palestinos alrededor de muchos de estos asentamientos, la barrera entre israelíes y palestinos en Cisjordania, la ley de casamientos excluyente, el uso de palestinos como mano de obra barata, las desigualdades en las infraestructuras, y las diferencias en los derechos legales, de acceso a la tierra y a los recursos entre los palestinos y los residentes israelíes en los territorios ocupados por Israel. Según su punto de vista, dicho sistema se asemeja en muchos aspectos al régimen sudafricano del apartheid, y varios elementos de la ocupación de Israel constituyen formas de colonialismo y de apartheid, contrarias al derecho internacional. Algunos comentaristas extienden la analogía para incluir el tratamiento de los ciudadanos árabes de Israel, describiendo su estatus como ciudadanía de segunda clase.
Los opositores a la analogía con el término apartheid para referirse a Israel argumentan que la comparación es inexacta y tiene la intención de deslegitimar a Israel. Con respecto a la situación dentro de Israel, los críticos de la analogía sostienen que Israel no puede ser llamado un Estado de apartheid, porque a diferencia de Sudáfrica, que consagró sus políticas de segregación racial en la ley, la ley israelí es la misma para los ciudadanos judíos y otros ciudadanos israelíes, sin distinción explícita entre raza, credo o sexo. Además en Sudáfrica los negros no tenían ni la ciudadanía ni derechos civiles, mientras que en Israel todos tienen la misma ciudadanía y gozan de derechos civiles.
Sin embargo, dicha defensa no se aplica en el caso de la Palestina ocupada, dado que los habitantes de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este no tienen ciudadanía israelí. Los defensores de la analogía del apartheid consideran que incluso si la ley israelí no hace distinción explícita entre categorías de ciudadanos, en efecto privilegia a los ciudadanos judíos y discrimina a los ciudadanos no judíos (y en especial a los árabes) del Estado, creando beneficios por el servicio en el ejército israelí, que no es obligatorio para los árabes.
En 1973 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid (ICSPCA). El ICSPCA define el crimen del apartheid como "actos inhumanos cometidos con el propósito de establecer y mantener la dominación por un grupo racial ... sobre otro grupo racial ... y oprimiéndolos sistemáticamente". En 2002, el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional definía el crimen de apartheid como abarcando actos inhumanos como la tortura, el asesinato, la transferencia forzosa, la prisión o la persecución de un grupo identificable de discriminación política, racial, nacional, étnica, cultural, religiosa o de otra índole "cometida en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión sistemática y dominación por un grupo racial sobre cualquier grupo o grupos raciales y cometida con la intención de mantener ese régimen".
Leila Farsakh, profesora asociada de Ciencias Políticas de la Universidad de Massachusetts en Boston, dijo que después de 1977 "el gobierno militar en Cisjordania y la Franja de Gaza expropió y cerró tierras palestinas y permitió la transferencia de colonos israelíes a los territorios ocupados." Señala que los colonos siguen siendo gobernados por las leyes israelíes y que se promulga un sistema militar diferente para "regular los asuntos civiles, económicos y legales de los habitantes palestinos". Añade que "muchos ven estas políticas israelíes de integración territorial y separación social como apartheid, incluso si nunca recibieron tal nombre".
Uno de los principales motivos por los que se establece una relación entre las políticas de Israel con los palestinos y las de la Sudáfrica del apartheid con las poblaciones no blancas es la existencia de dos sistemas legales paralelos basados en el origen étnico de los sujetos. Mientras que a los habitantes israelíes de Cisjordania se les aplica la ley civil israelí, a los habitantes palestinos se les aplica la ley militar (que se basa en un compendio de leyes otomanas, británicas, jordanas e israelíes). La extensión de la ley civil israelí a los colonos israelíes de Cisjordania es ilegal en tanto representa un caso de aplicación extraterritorial de la ley: Israel aplica su propia ley más allá de sus fronteras. Desde el comienzo de la ocupación israelí en 1967, entre 750.000 y 800.000 palestinos han sido procesados y encarcelados por tribunales militares israelíes.
La aplicación de distintos cuerpos jurídicos a distintos grupos étnicos supone que los israelíes gozan de muchos más derechos que los palestinos en un mismo territorio, Cisjordania. Por ejemplo, en lo referente al derecho penal, un menor israelí puede estar detenido un máximo de 48 horas sin ver a su abogado, mientras que un menor palestino puede estarlo 90 días. De igual manera, el periodo máximo de detención sin cargos es de 40 días para los menores israelíes y de 150 días para los palestinos. El periodo máximo entre la presentación de cargos y el final del juicio es de 6 meses para los menores israelíes y de un año para los palestinos. Los menores de edad israelíes no pueden ser interrogados por la noche, mientras que los palestinos sí. Los menores israelíes tienen derecho a la presencia de sus padres en el interrogatorio, mientras que los menores palestinos carecen de este derecho. Mientras que los menores israelíes pueden consultar a un abogado antes del interrogatorio, los menores palestinos tienen limitado este derecho. Los adolescentes israelíes entre 12 y 13 años pueden ser detenidos un máximo de 12 horas antes de ser llevados ante un juez; este plazo se amplía a 24 horas para los palestinos de la misma edad. En cuanto a los menores de edad entre 14 y 17 años, este plazo es de 24 horas para los israelíes, en contraste con las 48-96 horas en el caso de los palestinos. La casa de un colono israelí en Cisjordania solo puede ser investigada por el ejército o la policía si se cuenta con una orden judicial, mientras que la búsqueda de una casa palestina no requiere de dicha orden y cualquier oficial israelí puede entrar en dicha casa en cualquier momento. Un colono israelí solo puede ser cacheado por la policía o el ejército mediante una orden judicial o durante una búsqueda en su casa o un arresto, mientras que un palestino puede ser cacheado siempre que el soldado o policía piense que es sospechoso de llevar algo ilegal.
También el código circulatorio es distinto para israelíes y palestinos, discriminando a estos últimos tanto en el tipo y extensión de las regulaciones como en la severidad de las penas. La libertad de expresión es "virtualmente inexistente" en el caso de los palestinos. La ley militar israelí define las manifestaciones (e incluso las vigilias) de palestinos en Cisjordania como "asambleas ilegales" y las fuerzas israelíes las disuelven violentamente casi en su totalidad, mientras que su actitud con respecto a las manifestaciones de israelíes en ese mismo territorio les reconoce un amplio derecho de expresión y protesta. En cuanto a las leyes urbanísticas, el desarrollo de los asentamientos israelíes está financiado por el Estado y los colonos israelíes son parte activa de los planes de desarrollo. Por el contrario, la construcción está prácticamente prohibida para cualquier comunidad palestina ubicada en la misma zona -la denominada Área C- que los asentamientos israelíes. Los palestinos no tienen influencia alguna en los planes de desarrollo que afectan a sus comunidades. La normativa que regula la demolición de viviendas construidas sin permiso es muchísimo más estricta para los palestinos que para los israelíes.
La libertad de movimiento en Cisjordania también depende en gran medida del origen étnico-nacional de sus habitantes. Los colonos israelíes que viven en Cisjordania tienen una casi completa libertad de movimiento por toda esta región, mientras que sus vecinos palestinos están sujeta a una estricta restricción de esta libertad de movimiento, aplicada a través de puestos de control, cortes de carreteras, sellados de ciudades, prohibiciones de movimiento y del muro de separación. Además, la libertad de movimiento entre Cisjordania y la Franja de Gaza es prácticamente nula, mientras que los palestinos de ambas regiones tienen prohibido acceder a Jerusalén Este, algo que está permitido para sus vecinos israelíes.
Amnistía Internacional ha informado de que en Cisjordania, los colonos y soldados israelíes que cometen abusos contra los palestinos, incluidos homicidios ilegítimos, gozan de "impunidad" y rara vez son procesados. Sin embargo, los palestinos detenidos por las fuerzas de seguridad israelíes pueden ser encarcelados por períodos prolongados de tiempo, y los informes de sus torturas y otros malos tratos no son investigados de manera creíble. Por ejemplo, el ejército israelí practica una política de mano dura con aquellos palestinos que arrojan piedras a las fuerzas israelíes o a los colonos, a quienes a menudo responden con fuego real que causa numerosas muertes. En cambio, esta política no se aplica hacia los colonos que arrojan piedras a palestinos o al propio ejército israelí. En julio de 2019, el ministro de Transportes de Israel, Belazel Smotrich, defendió esta diferenciación legal argumentando que "no hay comparación entre un hermano y un enemigo. (...) Yo trato a mis hermanos de una manera diferente, incluso si son duros criminales".
Leila Farsakh, profesora asociada de Ciencias Políticas de la Universidad de Massachusetts en Boston, afirma que después de 1977, "el gobierno militar en Cisjordania y la Franja de Gaza expropió y cerró tierras palestinas y permitió la transferencia de los colonos israelíes a los territorios ocupados: continuaron gobernados por las leyes israelíes y el gobierno promulgó diferentes leyes y decretos militares para regular los asuntos civiles, económicos y jurídicos de los habitantes palestinos, que ahogaron la economía palestina y aumentaron su dependencia y la integración en Israel". Farsakh califica estas prácticas de apartheid, aunque en ocasiones no se le de este nombre.
Henry Siegman, exdirector del Congreso Judío Americano, ha declarado que la red de asentamientos en Cisjordania ha creado un "proyecto colonial irreversible" encaminado a excluir la posibilidad de un Estado palestino viable. Según Siegman, Israel ha cambiado el título de "la única democracia en Oriente Medio" por el del único régimen de apartheid en el mundo occidental. Siegman sostiene que la negación tanto de la autodeterminación como de la ciudadanía israelí a los palestinos equivale a una "doble deslegitimación", que cuando se basa en la etnicidad equivale al racismo. Siegman continúa afirmando que reservar la democracia a los ciudadanos privilegiados y mantener a los demás "detrás de los puestos de control y cercas de alambre de púas" es lo opuesto a la democracia.
John Dugard ha comparado la confiscación de tierras palestinas y la destrucción de hogares palestinos a políticas similares de la era del apartheid en Sudáfrica.
Los palestinos que viven en Cisjordania no tienen ciudadanía israelí ni derechos de voto en Israel, pero están sujetos a restricciones de movimiento por parte del gobierno israelí. Israel ha creado caminos y puestos de control en Cisjordania con el propósito declarado de evitar el libre movimiento de terroristas suicidas y militantes insurgentes en la zona. La ONG israelí de derechos humanos B'Tselem ha indicado que tales políticas han aislado a algunas comunidades palestinas e indican que el régimen vial israelí "basado en el principio de separación por discriminación, tiene similitudes con el régimen racista de apartheid que existía en Sudáfrica hasta 1994". La Corte Internacional de Justicia declaró que los derechos fundamentales de la población palestina de los territorios ocupados están garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que Israel no puede negarlos por razones de seguridad. Michael Oren argumenta que nada de esto se asemeja al apartheid, ya que "la gran mayoría de los colonos y palestinos optan por vivir separados por diferencias culturales y históricas, no por la segregación, aunque miles de ellos trabajan juntos. Las carreteras fueron separadas debido a los ataques terroristas, no para segregar a los palestinos, sino para salvar vidas judías, y los caminos israelíes son usadas tanto por judíos israelíes como por árabes".
El sistema de permisos y cierres de pasos de control fue introducido en 1990. Leila Farsakh sostiene que este sistema impone a los palestinos condiciones similares a las que enfrentaban los negros bajo las leyes de aprobación: "En respuesta a la intifada de al-Aqsa, Israel modificó el sistema de permisos y fragmentó a la WBGS (Cisjordania y Franja de Gaza) territorialmente." En abril de 2002, Israel declaró que los territorios palestinos ocupados serían divididos en ocho áreas principales, fuera de las cuales los palestinos no podrían vivir sin permiso.
John Dugard ha dicho que estas leyes "se asemejan, pero en la severidad van mucho más allá, al sistema de pases del apartheid".
La ONG israelí B'Tselem escribió en 2004: "Los palestinos tienen prohibido o restringido el acceso a 724 km de carreteras de Cisjordania, un sistema con claras similitudes con el antiguo régimen de apartheid de Sudáfrica".
En octubre de 2005, las Fuerzas de Defensa de Israel prohibieron a los palestinos conducir por la carretera 60 como parte de un plan para una red de carreteras separadas para los palestinos e israelíes en Cisjordania. Esta carretera había sido sellada después de la muerte de tres colonos tiroteados cerca de Belén. En 2005, los coches palestinos no podrían circular por esta carretera, aunque sí el transporte público palestino. B'Tselem lo describe como un primer paso hacia el "apartheid total" de carreteras. En 2011, el General de División Nitzan Alon abolió los sistemas de transporte separados en Cisjordania, permitiendo a los palestinos viajar junto a los israelíes. Los colonos han protestado contra esta medida, pues sostienen que la presencia de palestinos podría ser un problema de seguridad. Algunas mujeres mencionaron el acoso sexual como un problema ("¿Qué padre permitiría a su hija viajar en un autobús lleno de árabes?", reflexionó un entrevistado). Más tarde se reveló que solo una queja de acoso sexual fue presentada a la policía y que parte de las "pruebas" fueron fabricadas por miembros de la ONG de derechas Ad Khan.
Esta orden del ejército israelí se vio fue supuestamente suprimida por el ministro de Defensa Moshe Ya'alon, quien, en respuesta a la presión de los grupos de colonos, emitió una directiva, operativa a partir de diciembre de 2014, que negaba el paso de los palestinos a los autobuses israelíes que circulan por Cisjordania. En cambio, los pasajeros palestinos se verían restringidos a una ruta lejos de los asentamientos y a través del check point de Eyal, cerca de Qalqilya. La medida afecta a los palestinos que viajan a Ariel en la Carretera Trans-Samaria. Se adujo que la decisión se había adoptado por razones de seguridad aunque, según lo que algunos funcionarios militares declararon a Haaretz, el uso palestino de dicho transporte no plantea ninguna amenaza a la seguridad. La ministra de Justicia Tzipi Livni pidió al fiscal israelí Yehuda Weinstein que examinara la legalidad de la prohibición y Weinstein inmediatamente exigió que Ya'alon explicara su decisión. Fuentes de seguridad israelíes citaron que la decisión no tenía nada que ver con los autobuses públicos y dijeron que el objetivo era supervisar la entrada y la salida del territorio israelí, disminuyendo así la posibilidad de ataques terroristas dentro de Israel. Los críticos de la izquierda describieron esta política, que haría muy difícil el uso de autobuses israelíes para los palestinos, como equivalente al apartheid, además de algo que haría a Israel un estado paria.
Más críticas a políticas israelíes similares han surgido de, entre otros, Haggai Alon, un alto asesor de Defensa. En una entrevista con Haaretz, Haggai Alon, asesor del entonces ministro de Defensa israelí Amir Peretz, afirmó que el ejército estaba "llevando a cabo una política de apartheid" y estaba "vaciando Hebrón de árabes, estableciendo obstáculos sin que nadie sepa dónde y cuántos, judaizando el valle del Jordán y cooperando abierta y descaradamente con los colonos".
De acuerdo con los planes establecidos por las Fuerzas de Defensa de Israel para implementar el fallo del Tribunal Superior de Justicia, el uso palestino de la carretera 443 es limitado. En marzo de 2013, la compañía israelí de autobuses Afikim anunció que a partir del 4 de marzo de 2013 operaría sus líneas de autobuses de forma separada para judíos y árabes en los territorios ocupados.
Mustafa Barghouti, legislador y excandidato a la presidencia palestina, dijo que "apartheid" era la única palabra para describir la creación de carreteras separadas por Israel para los palestinos, su discriminación en la asignación de agua, la construcción de asentamientos en curso y las diferencias en los ingresos per cápita entre israelíes (judíos y no judíos) y palestinos. También afirmó que el proceso de paz patrocinado por Estados Unidos dio tiempo a Israel para "continuar construyendo asentamientos, para continuar teniendo los puntos de control y restricciones, para continuar creando este sistema de apartheid".
La Asociación para los Derechos Civiles en Israel concluyó en 2008 que una red de carreteras segregadas en Cisjordania, la expansión de los asentamientos judíos, la restricción del crecimiento de las ciudades palestinas y la concesión discriminatoria de servicios, presupuestos y acceso a los recursos naturales violan "el principio de igualdad y en muchos aspectos recuerdan al régimen del Apartheid en Sudáfrica ". El grupo revirtió su anterior reticencia a usar la comparación con Sudáfrica porque "las cosas están empeorando en lugar de mejorar", según la portavoz Melanie Takefman.
En 2003, un año después de la Operación Escudo Defensivo, el gobierno israelí anunció un proyecto de "cercas y otros obstáculos físicos" para impedir que los palestinos cruzaran a Israel. Numerosas personalidades, entre ellas Mohammad Sarwar, John Pilger, Mustafa Barghouti, han descrito la barrera resultante de Cisjordania como un "muro del apartheid".
Los partidarios de la barrera de Cisjordania consideran que es la principal responsable de reducir los incidentes de terrorismo en un 90% entre 2002 y 2005. Sin embargo, el descenso de este tipo de incidentes se produjo de una manera similar en ambos lados de la barrera: de los 185 civiles israelíes asesinados en Israel y los 87 muertos en Palestina en 2002 se pasó a una cifra de 104 y 25 en 2003 respectivamente, 53 y 15 en 2004 y 25 y 17 en 2005. La Corte Suprema de Israel dictaminó que la barrera es defensiva y aceptó la posición del gobierno de que la ruta se basa en consideraciones de seguridad.
La Corte Internacional de Justicia decidió en 2004 en una opinión consultiva que el muro es ilegal donde se extiende más allá de la Línea Verde y se adentra en Cisjordania. Israel discrepó con el fallo, pero su tribunal supremo ordenó posteriormente que se moviera la barrera en secciones donde se consideraba que las penurias causadas a los palestinos eran más importantes que las cuestiones de seguridad que motivaban su construcción.
El Banco Mundial reveló en 2009 que los asentamientos israelíes en Cisjordania (que representan el 15% de la población de Cisjordania) tienen acceso a más del 80% de sus recursos de agua dulce, a pesar de que los Acuerdos de Oslo requieren una administración "conjunta" de dichos recursos. Esto ha creado, según el Banco Mundial, "una verdadera escasez de agua" para los palestinos.
En enero de 2012, la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento francés publicó un informe que describía las políticas de agua de Israel en Cisjordania como "un arma que servía al nuevo apartheid". El informe señala que los 450.000 colonos israelíes utilizan más agua que los 2.3 millones de palestinos, "en contravención del derecho internacional", que los palestinos no pueden usar los acuíferos subterráneos y que Israel está destruyendo deliberadamente pozos, embalses y plantas de purificación de agua. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Yigal Palmor, dijo que el informe estaba "cargado con el lenguaje de la propaganda viciosa, muy alejada de cualquier crítica profesional con la que se pueda argumentar inteligentemente".
En Israel los árabes musulmanes y cristianos votan y están representados en el parlamento, al igual que los drusos. Según Majalli Wahabi, druso israelí y presidente de Israel durante un breve periodo de tiempo en 2007:
Los árabes están en las universidades, son funcionarios gubernamentales, pertenecen a los seleccionados deportivos, trabajan en los hospitales y en las universidades.
Adam y Moodley escribieron que los palestinos israelíes están "restringidos al estatus de ciudadano de segunda clase cuando otro grupo étnico monopoliza el poder estatal" debido a las prohibiciones legales sobre el acceso a la tierra, así como a la asignación desigual de cargos públicos y gasto per cápita en educación entre "ciudadanos dominantes y minoritarios".
El juez sudafricano Richard Goldstone, escribiendo en el New York Times en octubre de 2011, dijo que si bien existe un grado de separación entre judíos israelíes y árabes, "en Israel, no hay nada que se aproxime a la definición de apartheid en el Estatuto De Roma de 1998 ". En cuanto a Cisjordania, Goldstone escribió que la situación "es más compleja, pero tampoco hay intención de mantener" un régimen institucionalizado de opresión sistemática y dominación por un grupo racial ".
Ian Buruma ha argumentado que, aunque hay discriminación social contra los árabes en Israel y "el ideal de un Estado racista judío", la analogía es "intelectualmente perezosa, moralmente cuestionable e incluso mendaz". Buruma argumentó que los árabes representan el 20% de la población israelí y que "gozan de pleno derecho de los ciudadanos", agregando que no hay apartheid en el territorio nacional del Estado de Israel.
Ha habido una extensión constante de los derechos árabes israelíes para arrendar o comprar tierras anteriormente restringidas a solicitantes judíos, como las que son propiedad del Fondo Nacional Judío o de la Agencia Judía. Estos grupos, establecidos por los judíos durante el período otomano para ayudar en la construcción de una comunidad judía viable en la Palestina otomana, compraron tierras, entre ellas desiertos áridos y pantanos, que podrían ser reclamados, arrendados y cultivados por judíos. Después del establecimiento del Estado de Israel, la Autoridad de Tierras de Israel supervisó la administración de estas propiedades. El 8 de marzo de 2000, la Corte Suprema de Israel dictaminó que los árabes israelíes tenían igual derecho a comprar arrendamientos a largo plazo de esas tierras, incluso dentro de comunidades y aldeas previamente exclusivamente judías. El tribunal dictaminó que el gobierno no puede asignar tierras basadas en la religión o la etnia y no puede impedir que los ciudadanos árabes vivan donde quieran: "El principio de igualdad prohíbe al Estado distinguir entre sus ciudadanos sobre la base de la religión o la nacionalidad" El juez Aharon Barak escribió. "El principio también se aplica a la asignación de tierras estatales ... El carácter judío del Estado no permite a Israel discriminar entre sus ciudadanos".
Comentando este fallo, el filósofo británico Bernard Harrison ha escrito en un capítulo de un libro que trata de la acusación del "apartheid israelí": "No hay duda de que aún queda mucho por hacer pero no es un "estado de apartheid". No es meramente difícil, sino imposible, imaginar a la Corte Suprema sudafricana, bajo la dirección de Hendrik Verwoerd, por ejemplo, pronunciando una decisión análoga, porque habiendo hecho esto habría golpeado en la raíz todo el sistema de apartheid, que no era sino un sistema para separar las razas separando las áreas que se les permitía ocupar".
Yossi Paritzky, un exministro israelí, ha aludido al apartheid israelí en sus críticas a un proyecto de ley que prohibió a los ciudadanos no judíos de Israel comprar tierras de propiedad privada del Fondo Nacional Judío (JNF en sus siglas inglesas). El JNF ha insistido durante mucho tiempo en que sus tierras se vendan solo a los judíos, debido a que la tierra fue comprada con dinero de donantes judíos con el propósito de establecer judíos en Israel. Noam Chomsky, profesor de lingüística y activista político estadounidense, ha declarado: "si miras las leyes de la tierra y decodificas todo, lo que significa es que alrededor del noventa por ciento de la tierra dentro de Israel está reservada a lo que se denomina "pueblo de raza, religión y origen judío" (...) Eso está en el contrato entre el Estado de Israel y el Fondo Nacional Judío, que es una organización no israelí que, sin embargo, por varios arreglos burocráticos administra la tierra. (...) Todo esto está suficientemente encubierto para que nadie pueda decir: "Mira, aquí hay una ley del apartheid".
En 2006, Chris McGreal de The Guardian declaró que como resultado del control del gobierno sobre la mayor parte de la tierra en Israel, la gran mayoría de la tierra en Israel no está disponible para los no judíos.
En 2007, en respuesta a una petición de 2004 presentada por Adalah, el Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel, el Procurador General Menachem Mazuz dictaminó que la política era discriminatoria, puesto que se ha dictaminado que el Fondo Nacional Judío debe vender tierras a no judíos, y que esto se compensará con otras tierras para que la cantidad total de tierras judías en Israel permanezca sin cambios.
En los primeros años de la década de 2000, el Knesset aprobó una legislación que permitía que los comités de admisión funcionaran en comunidades más pequeñas en Galilea y el Néguev, mientras que explícitamente prohíbe la discriminación basada en religión, sexo, origen étnico, discapacidad, condición personal, edad, paternidad, orientación sexual, país de origen, opiniones políticas o afiliación política.
Los críticos, sin embargo, dicen que la ley otorga a los comités de admisión privados una amplia latitud sobre las tierras públicas, y creen que empeorará la discriminación contra la minoría árabe. Numerosas ciudades vetan la compra de viviendas por parte de ciudadanos israelíes de origen palestino bajo la excusa de "preservar el carácter judío" de la ciudad en cuestión. En Afula, el alcalde de la ciudad participó en una manifestación contra la venta de una casa a una familia de origen palestino. Dicho alcalde había prometido en la campaña electoral que mantendría Afula como una "ciudad judía pura".
Los sistemas educativos separados y desiguales eran una parte central del apartheid en Sudáfrica, como parte de una estrategia deliberada diseñada para limitar a los niños negros a una vida de trabajo manual. Existen algunas disparidades entre judíos y árabes en el sistema educativo de Israel, aunque no son tan significativas y la intención no tan maligna. La Ley de Derechos de los Alumnos de Israel de 2000 prohíbe a los educadores establecer diferentes derechos, obligaciones y normas disciplinarias para estudiantes de diferentes religiones. Las instituciones educativas no pueden discriminar a las minorías religiosas en las decisiones de admisión o expulsión, o cuando desarrollan planes de estudios o asignan a los estudiantes a las clases. A diferencia del apartheid de Sudáfrica, en Israel, la educación es gratuita y obligatoria para todos los ciudadanos, desde la escuela primaria hasta el final de la escuela secundaria, y el acceso a la universidad se basa en la matrícula uniforme para todos los ciudadanos.
Israel tiene escuelas de lengua hebrea y árabe, mientras que algunas escuelas son bilingües. La mayoría de los árabes estudian en árabe, mientras que un pequeño número de padres árabes eligen inscribir a sus hijos en las escuelas hebreas. Las ocho universidades de Israel usan el hebreo.
En 1992, un informe gubernamental concluyó que se asignaba casi el doble de dinero a cada niño judío que a cada alumno árabe. Del mismo modo, un informe de 2004 de Human Rights Watch identificó disparidades significativas en el gasto en educación y declaró que la discriminación contra los niños árabes afecta a todos los aspectos del sistema educativo. La tasa de aprobación de los exámenes para los alumnos árabes era aproximadamente un tercio inferior a la de sus compatriotas judíos.
En 2007, el Ministerio de Educación de Israel anunció un plan para aumentar la financiación para las escuelas en las comunidades árabes. De acuerdo con un funcionario del ministerio, "Al final del proceso, mucho dinero se dirigirá a las escuelas con estudiantes de familias con bajos niveles de educación y de ingresos, principalmente en el sector árabe". El Ministerio de Educación preparó un plan quinquenal para cerrar las brechas y aumentar el número de estudiantes elegibles para la matriculación en la escuela secundaria. Sin embargo, dos años después, la diputada de origen palestino Haneen Zoabi denunciaba que la inversión estatal en escuelas árabe-israelíes era una octava parte de la inversión en escuelas judías, cuando la población árabe-israelí supone cerca de una cuarta parte de la población de Israel.
Diez años después, en marzo de 2019, el diario israelí Haaretz publicaba que las disparidades entre los distintos sistemas educativos perduran a día de hoy. La financiación de las escuelas con alumnos judíos es un 30% superior a la de las escuelas con alumnos de origen palestino. Las escuelas árabe-israelíes tienen un 11,3 alumnos por profesor, mientras que la media en las escuelas judías era de 8,9. Por su parte, en el caso de los institutos de educación secundaria, el número de alumnos se dobla en los centros con alumnos de origen palestino: los institutos judíos cuentan con un profesor por cada 5,2 alumnos, mientras que los árabe israelíes tienen un profesor por cada 10,4 alumnos. Esta disparidad también se manifiesta en el número de horas lectivas, que es de 76,1 por semana en el caso de las escuelas judías y 70,8 en las árabe israelíes. La comunidad judía ultraortodoxa se encuentra también desfavorecida en cuanto al número de profesores por alumno, aunque en este caso la mayoría de sus escuelas son privadas y su asignación de profesores no depende del Estado.
La Knesset aprobó la Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel en 2003 como una medida de emergencia después de que Israel hubiera sufrido su peor racha de atentados suicidas y después de que varios palestinos a quienes se les concedió residencia permanente por motivos de reunificación familiar participaron en ataques terroristas en Israel. La ley hace que los habitantes de Irán, Afganistán, Líbano, Libia, Sudán, Siria, Irak, Pakistán, Yemen y las áreas gobernadas por la Autoridad Nacional Palestina no sean elegibles para la concesión automática de la ciudadanía israelí y permisos de residencia. Esto también se aplica a cualquier ciudadano israelí, ya sea árabe o judío, pero en la práctica, la ley afecta principalmente los palestinos que viven en las ciudades limítrofes con Cisjordania. La ley estaba destinada a ser temporal, pero desde entonces se ha extendido anualmente.
La ley fue confirmada en mayo de 2006 por el Tribunal Supremo de Israel en una votación de seis a cinco. El presidente del tribunal, Aharon Barak, se adhirió a la opinión minoritaria y declaró: "Esta violación de los derechos está dirigida contra los ciudadanos árabes de Israe. Por lo tanto, la ley es una violación del derecho a la igualdad de los ciudadanos árabes en Israel".
Heribert Adam y Kogila Moodley citan la ley del matrimonio como un ejemplo de cómo los árabes israelíes "se parecen en muchos sentidos a los sudafricanos negros e indios". Ambos autores escriben: "Tanto los palestinos israelíes como los sudafricanos negros e indios están restringidos al estatus de ciudadano de segunda clase cuando otro grupo étnico monopoliza el poder estatal, trata a las minorías como intrínsecamente sospechosas y legalmente prohíbe su acceso a la tierra o los trata diferentemente en relación a una educación per cápita entre ciudadanos dominantes y minoritarios".
En junio de 2008, después de que la ley se prorrogase otro año más, Amos Schocken, editor del diario israelí Haaretz, escribió en un artículo de opinión que la ley discrimina severamente al comparar los derechos de los jóvenes judíos israelíes y los jóvenes árabes israelíes cuando se casan entre sí y escribió que su existencia en los códigos legales convierte a Israel en un estado de apartheid.
Chris McGreal, el ex corresponsal de The Guardian en Israel, comparó la Ley de Registro de Población de Israel de 1965, que obliga a todos los residentes de Israel a registrar su nacionalidad, a la Ley de Registro de Población de la era del apartheid de Sudáfrica, que clasificó a los sudafricanos según las definiciones raciales para determinar quién podría vivir en qué tierra. Según McGreal, las tarjetas de identificación israelíes, que determinan dónde se permite que la gente viva, afectan el acceso a algunos programas de bienestar del gobierno y tienen impacto en cómo la gente es probable que sea tratada por funcionarios y policías.
Diversas personalidades, entre ellas el presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel D'Escoto Brockmann, la periodista Naomi Klein y el parlamentario británico Gerald Kaufman, han sugerido sanciones contra Israel conforme al modelo sudafricano para mejorar la situación. Clare Short, ministra de Ayuda Internacional en el gobierno de Tony Blair, afirmó en referencia a posibles sanciones contra Israel: "El boicot funcionó para Sudáfrica, es hora de hacerlo de nuevo".
El ex Relator Especial de las Naciones Unidas, el profesor sudafricano de derecho internacional John Dugard, describió la situación en Cisjordania como "un régimen de apartheid (...) peor que el que existía en Sudáfrica". En 2007, antes de un informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Dugard escribió: "Las leyes y prácticas de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) ciertamente se asemejan a aspectos del apartheid". Refiriéndose a las acciones de Israel en la Cisjordania ocupada, escribió: "¿Se puede negar seriamente que el propósito [...] sea establecer y mantener la dominación de un grupo racial (judíos) sobre otro grupo racial (palestinos) y oprimirlos sistemáticamente? Israel niega que esta sea su intención o propósito, pero tal intención o propósito puede deducirse de las acciones descritas en este informe ". Dugard declaró que "los elementos de la ocupación israelí constituyen formas de colonialismo y de apartheid que son contrarias al derecho internacional" y sugirió que "las consecuencias legales de una ocupación prolongada con rasgos de colonialismo y apartheid" sean presentadas a la Corte Internacional de Justicia. "Las similitudes entre la situación de los palestinos de Jerusalén Este y los negros sudafricanos son muy grandes en lo que toca a sus derechos de residencia", comentó Dugard en un artículo de The Guardian. "En Sudáfrica teníamos la vieja Ley de Agrupación por Áreas. Jerusalén Este tiene una clasificación territorial que ocasiona el mismo tipo de consecuencias que la clasificación racial en Sudáfrica en lo relativo a con quién te puedes casar, dónde puedes vivir, dónde puedes ir a la escuela o al hospital".
Según un informe de 2008 del diario israelí Haaretz, el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Miguel de Escoto Brockmann, "comparó las políticas de Israel hacia los palestinos con el tratamiento de Sudáfrica contra los negros bajo el apartheid". Brockmann enfatizó que era importante que las Naciones Unidas utilicen este término muy cargado de significado, ya que fue la propia institución la que había aprobado la Convención Internacional contra el crimen del apartheid".
En octubre de 2010, el profesor estadounidense de derecho internacional Richard A. Falk informó a la Tercera Comisión de la Asamblea General "Es la opinión del actual Relator Especial que la naturaleza de la ocupación a partir de 2010 justifica las alegaciones anteriores de colonialismo y apartheid en evidencia y en la ley, en mayor medida de lo que era el caso hace tres años. La consolidación de las características colonialistas y de apartheid de la ocupación israelí ha sido un proceso acumulativo: cuanto más prolongado, más difícil es de superar y más grave es la reducción de los derechos fundamentales de los palestinos".
En marzo de 2017, un informe de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental, una agencia de la ONU presidida por la subsecretaria general de la ONU Rima Khalaf, concluyó que "Israel ha establecido un régimen de apartheid que domina al pueblo palestino en su totalidad". La propia Rima Khalaf explicó que este informe "concluye clara y francamente que Israel es un estado racista que estableció un régimen de apartheid que persigue al pueblo palestino". Khalaf decidió dimitir de su cargo cuando la ONU le presionó para que retirase este informe, algo que se negó a hacer.
Ante la anunciada anexión de la zona C de Cisjordania por parte de Israel, un grupo de expertos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó un informe a mediados de 2020 en el que se explicaba que "lo que quedaría de Cisjordania sería un bastustán palestino, islas de territorios desconectados, completamente rodeados por Israel y sin ninguna contigüidad territorial con el mundo exterior. Israel ha prometido recientemente que mantendrá un control permanente de la seguridad entre el Mediterráneo y el río Jordán. Por lo tanto, la mañana después de la anexión se vería la cristalización de una realidad ya injusta: dos pueblos viviendo en el mismo espacio, gobernados por el mismo Estado, pero con derechos profundamente desiguales. Esta es una visión de un apartheid del siglo XXI".
Ya en 1961, el primer ministro sudafricano Hendrik Verwoerd, considerado por muchos como el "arquitecto del gran apartheid" y del sistema de bantustanes, estableció una clara analogía entre el apartheid sudafricano y el Estado de Israel: "Los judíos tomaron Israel de los árabes después de que los árabes hubiesen vivido allí mil años. Israel, como Sudáfrica, es un estado del apartheid". Por su parte, el propio Nelson Mandela equiparó la lucha contra el apartheid de los sudafricanos con la de los palestinos en un discurso en Pretoria en 1997: "Sabemos demasiado bien que nuestra libertad no será completa sin la libertad de los palestinos".
El 24 de noviembre de 2009, el gobierno sudafricano respondió a los planes israelíes de expandir el asentamiento de Gilo en Jerusalén Oriental, condenándolo duramente y declarando: "Condenamos el hecho de la expansión de los asentamientos israelíes en Jerusalén Este junto con la campaña de Israel para desalojar y desplazar a los residentes originales palestinos de la ciudad". El gobierno sudafricano trazó un paralelo entre las acciones de Israel en Jerusalén y las expulsiones forzadas de personas efectuadas como parte del régimen del apartheid sudafricano.
En 2002, el arzobispo anglicano y ganador del Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu escribió una serie de artículos en los principales periódicos del mundo comparando la ocupación israelí de Cisjordania con el apartheid de Sudáfrica y llamando a la comunidad internacional a despojar de apoyo a Israel hasta que los territorios dejen de estar ocupados. "Me recordó mucho lo que nos pasó a los negros en Sudáfrica. He visto la humillación de los palestinos en los puestos de control y bloqueos de carreteras, sufriendo como nosotros cuando jóvenes policías blancos nos impedían movernos. Muchos sudafricanos están empezando a reconocer los paralelismos con lo que nos encontramos." En una carta abierta de abril de 2010 a la Universidad de Berkeley, Tutu escribió: "He estado en los Territorios Palestinos Ocupados, y he presenciado las carreteras y las edificaciones racialmente segregadas que me recordaron tanto a las condiciones que experimentamos en Sudáfrica bajo el sistema racista del Apartheid. He sido testigo de la humillación de hombres, mujeres y niños palestinos a quienes hacen esperar horas en los puestos de control militares israelíes cuando tratan de hacer los viajes más básicos para visitar a sus parientes o asistir a la escuela o la universidad, y esta humillación nos resulta familiar a mí y a los muchos negros sudafricanos que fueron acorralados e insultados regularmente por las fuerzas de seguridad del gobierno del Apartheid". En 2011, Tutu escribió un artículo para el Tampa Bay Times argumentando que el apartheid israelí es ahora tan malo que sólo un boicot internacional puede obligar a Israel a cambiar sus políticas. En 2014, Tutu se quejó de la "humillación sistémica" del pueblo palestino por parte de las "fuerzas de seguridad israelíes".
Otros prominentes activistas contra el apartheid de Sudáfrica han utilizado comparaciones del apartheid para criticar la ocupación de Cisjordania y, en particular, la construcción de la barrera de separación. Entre ellos se encuentran Farid Esack, un escritor que actualmente es profesor visitante de William Henry Bloomberg en Harvard Divinity School, el político judío Ronnie Kasrils, la esposa de Nelson Mandela, Winnie Madikizela-Mandela, Denis Goldberg, y Arun Gandhi. En concreto, Ronnie Kasrils, que fue uno de los líderes del Congreso Nacional Africano durante su lucha contra el apartheid, escribió en abril de 2019 un artículo de opinión en The Guardian titulado "Yo luché contra el apartheid sudafricano. Veo las mismas políticas brutales en Israel". En dicho artículo realizaba analogías en aspectos concretos como el silenciamiento de los críticos con las políticas discriminatorias; las declaraciones de Benjamin Netanyahu afirmando que "Israel no es un estado de todos sus ciudadanos, es el estado nación del pueblo judío, y solo de este"; y las acciones de los grupos que promovían un boicot contra la Sudáfrica del apartheid y las del movimiento BDS. Años antes, este mismo activista anti-apartheid había explicado que "el apartheid fue una extensión del proyecto colonial para desposeer a la gente de sus tierras. Eso es exactamente lo que pasó en Israel y los territorios ocupados; el uso de la fuerza y de la ley para tomar la tierra. Eso es lo que Israel y el apartheid tienen en común". Otro luchador judío contra el apartheid, Arthur Goldreich, habla de la "bantustanización que vemos a través de la política de ocupación y separación", del "abominable" racismo de la sociedad israelí y de la "brutalidad e inhumanidad de lo que se impone a la gente de los territorios palestinos ocupados". Por otra parte, la activista anti-apartheid Lisa Ohayon escribió un artículo similar en Haaretz en el que recalcaba la similitud en la represión de los críticos, la prohibición de entrada al país de los defensores de un boicot y el ataque a las ONGs críticas con el régimen. Otro luchador contra el apartheid y colaborador de Nelson Mandela, Benjamin Pogrund, afirmó en junio de 2020 que si Israel se anexionase el área C de Cisjordania sin dar la ciudadanía a sus habitantes palestinos, tal y como Benjamín Netanyahu ha prometido que hará, "seremos el apartheid. Punto final. No hay duda sobre ello".
En 2008 una delegación de veteranos del Congreso Nacional Africano visitó Israel y los Territorios Ocupados y dijo que en algunos aspectos era peor que el apartheid. La abogada de derechos humanos Fatima Hassan, miembro de la delegación, citó los caminos separados, los diferentes registros de automóviles, la indignidad de tener que obtener un permiso y las largas colas en los puntos de control como peores de lo que habían experimentado durante el apartheid.
En 2009, el Consejo de Investigación en Ciencias Humanas (HSRC en sus siglas inglesas) de Sudáfrica publicó un estudio jurídico que concluía que "el Estado de Israel ejerce el control en los Territorios Palestinos Ocupados con el fin de mantener un sistema de dominación de los judíos sobre los palestinos y que este sistema constituye una violación de la prohibición del apartheid".
En 23 de enero de 2017, el portavoz sudafricano en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Clinton Swemmer, declaró en la ONU que Israel es el único régimen de apartheid existente en el mundo.
Cuando se construyó el primer tramo del muro de separación israelí en Cisjordania, el exfiscal general del Estado de Israel, Michael Ben-Yair, aludió a él como el "muro del apartheid".
En 2008, durante una serie de conversaciones de paz con el presidente palestino Mahmoud Abbas, el primer ministro israelí Ehud Olmert defendió dichos contactos declarando que "si no hacemos algo, perderemos la posibilidad de que existan dos Estados" y "seremos un estado del apartheid".
El presidente de Israel, Reuven Rivlin, criticó con dureza una ley aprobada por el parlamento israelí que permite la expropiación de terrenos de propiedad privada palestina para la construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania. En unas declaraciones realizadas en 2017, denunció que esta ley hará que Israel "parezca un estado del apartheid", aunque dejó claro que en su opinión no lo es.
El líder del partido israelí Meretz, Nitzan Horowitz, realizó una rueda de prensa en junio de 2020 en la que sostuvo los mapas propuestos por el plan de paz de Donald Trump y afirmó "Este es un mapa del apartheid. Me recuerda a Sudáfrica". El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha declarado su intención de anexionarse el área C de Cisjordania de acuerdo con la propuesta de paz de Trump, si bien ha dejado claro que los habitantes palestinos de la zona no obtendrán la ciudadanía israelí. "La soberanía sin ciudadanía es apartheid", declaró Horowitz, que también comparó los 43 pequeños enclaves palestinos diseñados por el plan de paz de Trump con los bantustantes de la Sudáfrica del apartheid.
A comienzos de 2019, un informe remitido al Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea por parte de los embajadores en Jerusalén Este y Ramala de sus 28 países miembro detallaba la "sistemática discriminación legal" que sufren los palestinos en la Cisjordania ocupada. Describieron el sistema legal israelí en esta región palestina como "un régimen dual", puesto que a los palestinos se les aplica la ley marcial (que a su vez supone una mezcla de normas otomanas, británicas, jordanas e israelíes), mientras que a los israelíes se les aplica la legislación civil israelí. Señalan que los palestinos se ven "privados de sus derechos civiles básicos", se enfrentan a "numerosas restricciones a su libertad de movimientos" y destacan que los palestinos juzgados por tribunales militares israelíes tienen un índice de condenas del 99,74%, mientras que solo el 8% de los ataques de colonos judíos contra palestinos acaban en procesamientos. Este informe apunta que los palestinos también están discriminados en sus libertades de expresión y reunión, en sus derechos urbanísticos de construcción (solo se conceden el 1,5% de las solicitudes de obras presentadas por palestinos) o el derecho de visita a los presos, entre otros factores.
El exembajador francés en Estados Unidos, Gérard Araud, declaró ante la prensa en abril de 2019 que Israel se enfrenta en Cisjordania a "la dolorosa decisión sobre los palestinos"; dejarlos "completamente apátridas o hacerlos ciudadanos de Israel". A esto añadió que "ellos (los líderes israelíes) no los harán ciudadanos de Israel. Así que tendrán que hacerlo oficial, esto es, sabemos la situación, que es un apartheid. Habrá un Estado apartheid oficial. De hecho, ya lo son". Por su parte, el exministro de Asuntos Exteriores alemán Sigmar Gabriel comentó que la situación que él mismo había observado en Hebrón le "recordaba al apartheid". El candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos Bernie Sanders publicó un vídeo en el que se le alaba por luchar contra las "condiciones tipo apartheid" en Palestina.
El exembajador israelí en Sudáfrica Alon Liel comparó la ocupación israelí de palestina y el régimen del apartheid en Sudáfrica en términos de sufrimiento para la población nativa: "Si tomamos la magnitud de la injusticia inflingida a los palestinos por el Estado de Israel, hay una base de comparación con el apartheid. Si tomamos la magnitud del sufrimiento, estamos en la misma liga. Por supuesto, el apartheid tenía una filosofía muy diferente de lo que nosotros hacemos, la mayoría de lo cual deriva de consideraciones de seguridad. Pero desde el punto de vista del resultado, estamos en la misma liga".
Un grupo de 400 académicos de Estudios Judíos e Israelíes firmó una carta en la que se oponían a la pretendida anexión israelí de parte de Cisjordania porque "crea formalmente (de iure) condiciones de apartheid en Israel y Palestina".
La ONG israelí B'Tselem, una de las más importantes del país en el ámbito de los derechos humanos, ha publicado en 2021 un informe en el que denuncia que "Israel no es una democracia que tenga una ocupación temporal añadida, es un régimen desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, y debemos mirar la imagen completa y verlo tal y como es: apartheid". Según B'Tselem, Israel ha creado un sistema sobre todo el territorio que controla en el que los judíos tienen plenos derechos, mientras que los palestinos están sometidos a cuatro niveles distintos de discriminación dependiendo de su lugar de nacimiento. En el nivel más bajo de esta escala se encuentran los habitantes de la Franja de Gaza, de la cual Israel es todavía la potencia ocupante según el derecho internacional. En un nivel por encima se encuentran los habitantes de la región palestina de Cisjordania, que viven "en docenas de enclaves aislados, bajo un rígido régimen militar y sin derechos políticos". En la segunda capa de esta escala de discriminación se encuentran los habitantes palestinos de Jerusalén Este que, a diferencia de sus vecinos judíos, no tienen la nacionalidad israelí y no pueden votar en las elecciones israelíes. Por último, en la parte más alta de esta escala están los ciudadanos israelíes de origen palestino, que tienen la ciudadanía israelí pero se encuentran discriminados en términos de propiedad de la tierra, leyes de inmigración y derechos políticos, entre otros. Otra ONG israelí en favor de los derechos humanos, Yesh Din, publicó un informe legal en el verano de 2020 en el que se argumentaba que Israel comete el crimen de apartheid en Cisjordania.
En abril de 2021, la ONG estadounidense Human Rights Watch, acusó a Israel de estar practicando políticas de apartheid y persecución de los palestinos tipificadas como crímenes contra la humanidad. En un informe titulado "Se ha traspasado el umbral", denuncia que Israel ha establecido un régimen de "dominación de un grupo racial o nacional sobre otro, opresión sistemática y actos inhumanos" en los territorios palestinos de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este. Además, anunció que trasladaría dicho informe a la oficina del Tribunal Penal Internacional, que se encuentra en proceso de investigar posibles crímenes de guerra cometidos por Israel y por diversos grupos palestinos desde 2014. Entre otras cosas, el informe de Human Rights Watch denunciaba que Israel aplica a los palestinos bajo su dominio "un draconiano régimen militar mientras los colonos de los asentamientos israelíes gozan de plenos derechos conforme a la legislación civil" israelí, y de "negarles a millones de personas, por el solo hecho de ser palestinos y no judíos, sus derechos humanos sin que exista una justificación legítima de seguridad". Human Rights Watch denuncia como actos inhumanos contra los palestinos, calificables dentro del delito de segregación racial, las severas restricciones a la libertad de movimiento de los palestinos, la confiscación de sus tierras, la demolición de sus viviendas, la expansión de los asentamientos israelíes o la construcción de infraestructuras segregadas solo para colonos judíos. Por otro lado, también critica la discriminación de la población palestina con ciudadanía israelí dentro del propio Estado de Israel. Además, esta ONG reclama para los responsables de esta política de apartheid la imposición de sanciones tales como la prohibición de viajar o la congelación de las cuentas bancarias en el extranjero, así como que la comunidad internacional reconsidere su relación con Israel y la venta de armamento a este país, condicionándola a la situación de los derechos humanos.
La cuestión de si Israel es o no un régimen de apartheid, y de si este término se debe aplicar al propio Estado de Israel, a los territorios palestinos ocupados o a ambos espacios, se ha convertido en un tema recurrente en la prensa a nivel mundial. Un estudio de la revista israelí +972 reveló que la palabra "apartheid" relacionada con Israel ha aparecido seis veces en la portada de The New York Times desde 2009, y que cuatro de estas noticias habían sido publicadas en diciembre de 2017. Por ejemplo, Avi Shlaim, historiador israelí y profesor emérito de Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford, afirma en este periódico que "Netanyahu pasará a la historia como el primer ministro que convirtió oficialmente a Israel en un Estado del apartheid y que enterró sin ceremonias el sueño liberal sionista". El veterano periodista israelí Akiva Eldar ha afirmado que "en la tierra entre el río Jordán y el Mar Mediterráneo se está estableciendo gradualmente un Estado para dos pueblos: ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase. Bajo la supervisión de Netanyahu, el término "estado de apartheid" ha pasado de ser una etiqueta a tener contenido".
Numerosas piezas de opinión y editoriales han aparecido en periódicos y revistas de todo el mundo usando el término "apartheid" para calificar las políticas de Israel en diversos espacios. El corresponsal de El País en Jerusalén, Juan Carlos Sanz, utiliza esta palabra para calificar las políticas discriminatorias denunciadas por un informe de los embajadores y cónsules de los países de la Unión Europea en Palestina, algo que se repite también en un editorial de este diario. Leila Farsakh escribió un artículo en Le Monde Diplomatique estudiando la analogía del apartheid sudáfricano y el tratamiento de los palestinos por parte de Israel. De igual manera, dos detallados artículos de Chris McGreal analizaron en The Guardian las similitudes y las diferencias entre ambos regímenes por un lado y la estrecha relación de Israel con la Sudáfrica del apartheid por el otro. El diario israelí Haaretz ha usado la palabra "apartheid" en varios editoriales para calificar políticas israelíes como la separación de carreteras en carriles para israelíes y carriles para palestinos o la Ley Básica del Estado Nación aprobada en 2018, entre otros.
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