La Junta Nacional de Gobierno, presidida por David Samanez Ocampo y Sobrino, gobernó al Perú de 11 de marzo a 8 de diciembre de 1931. Su principal labor fue convocar a elecciones generales para Presidente de la República y Congreso Constituyente, las que se realizaron el 11 de octubre de 1931 y dieron por ganador a Luis Sánchez Cerro.
Tras la caída del Oncenio o segundo gobierno de Augusto B. Leguía (1930), el Perú se sumió en un período de anarquía política. En el transcurso de siete meses se sucedieron cinco presidentes. El que comenzó la serie fue el comandante Luis Sánchez Cerro, quien tras pronunciarse en Arequipa se puso al frente de una Junta Militar que rigió al país de 27 de agosto de 1930 a 1 de marzo de 1931. Al volverse la opinión pública en contra suya, Sánchez Cerro se vio obligado a renunciar. Interinamente asumió el poder el jefe de la iglesia católica peruana, monseñor Mariano Holguín, en calidad de presidente de una Junta de Notables. Esta inmediatamente dio pase a una Junta Transitoria presidida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Leoncio Elías, que solo duró en el poder unos días, siendo suplantado por el teniente coronel Gustavo Jiménez. Sin embargo, estas Juntas no gozaron del apoyo popular.
En Arequipa, donde se había iniciado la insurrección contra el régimen de Sánchez Cerro, se proclamó el 24 de febrero de 1931 a David Samanez Ocampo como presidente de la Junta Civil del Sur. Gustavo Jiménez, en su calidad de presidente de la Junta instalada en Lima, se contactó con los rebeldes arequipeños para tratar la formación de una Junta Nacional de Gobierno, de carácter transitorio, que debía estar conformada por representantes del norte, centro, sur y oriente de la República, cuya misión sería convocar a elecciones generales para Presidente de la República y Congreso Constituyente.
David Sámanez Ocampo (1866-1947), empresario agrícola natural de Apurímac, era una conocida figura política: había sido montonero en las postrimerías del siglo XIX y autor de una fallida revolución contra el primer gobierno de Leguía (1909). Luego fue elegido senador por Apurímac. Durante el Oncenio se convirtió en uno de los principales opositores al reeleccionismo de Leguía, por lo que fue apresado y confinado en la isla San Lorenzo, para luego ser desterrado, en 1923. Tras la caída de Leguía volvió al Perú y participó nuevamente de lleno en la política.
Samanez viajó a Lima para ocupar la presidencia de la Junta Nacional de Gobierno conformada con representantes de todas las regiones del Perú. La juramentación respectiva se realizó el 11 de marzo de 1931. Pese a su alta dignidad, Samanez nunca quiso usar la banda bicolor, aduciendo que solo era presidente de una Junta de Gobierno, mas no presidente constitucional.
Conformaban la Junta los siguientes ministros de Estado:
En abril, Vinelli pidió licencia por enfermedad y en junio, Larco renunció. La Junta se recompuso así: Gálvez pasó a Relaciones Exteriores; Emilio Gómez de la Torre fue nombrado para Hacienda; y Guillermo Garrido Lecca, para Justicia e Instrucción.
El 23 de marzo de 1931 estalló un motín en el cuartel de Santa Catalina (Lima), protagonizado por un grupo de soldados descontentos, encabezados por el sargento 2.º Víctor Huapaya. Los amotinados tomaron prisioneros a los oficiales de la guardia y salieron a las calles con tanques y ametralladoras. Recorrieron Lima sin tener un plan determinado e intentaron asediar el Palacio de Gobierno, pero fueron rechazados por las fuerzas del orden, por lo que regresaron a su cuartel, donde se atrincheraron. El mismo ministro de Guerra Gustavo Jiménez se apersonó al cuartel. Los rebeldes pusieron una serie de condiciones para rendirse, entre las que figuraban el fusilamiento del expresidente Leguía, que se hallaba entonces preso, así como mejoras en el rancho y en los servicios cuartelarios. Jiménez rechazó dichas propuestas y ordenó que se reanudara el ataque al cuartel, con el apoyo de una ofensiva aérea. El motín fue finalmente sofocado, dejando como saldo unas 40 bajas, entre muertos y heridos.
Durante el periodo de la Junta hubo también serios conflictos laborales. En mayo de 1931 la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), que estaba bajo el control de los comunistas, decretó una huelga general, que repercutió en diversas zonas del país, especialmente en Arequipa. El 25 de agosto se inició en Lima una huelga de telefonistas, en demanda de mejoras salariales. Otros conflictos y desórdenes estallaron en Cañete, Chiclayo, Chancay y otros lugares.
En el Cuzco, desde la época de la Junta de Sánchez Cerro se hallaba en actividad revolucionaria el coronel Aurelio García Godos. Ello provocó la movilización de fuerzas desde Lima, que sofocaron rápidamente cualquier intento de levantamiento de las masas. Pero no se trataba de un hecho aislado. Ocurrieron al menos otras cinco insurrecciones en Cuzco y Puno, todas encabezadas por oficiales del ejército, que pedían, entre otras cosas, la libertad de los presos políticos y el establecimiento de un gobierno descentralista en el país. Entre esos oficiales estaban Agustín Cabrera y Arístides Pachas en el Cuzco; y Mario Abarca, en Puno.
Por ley N.º 7145 del 13 de mayo de 1931, la Junta decretó una amnistía, cortando los juicios contra militares y civiles por delitos políticos cometidos a partir del 22 de agosto de 1930.
Sánchez Cerro, que después de su renuncia al poder había viajado a Europa, decidió volver para postular a la presidencia de la República. La Junta quiso impedirle su retorno. Pero Sánchez Cerro persistió en su propósito y desde Panamá, exigió a la Junta, en vía de ultimátum, que le autorizara su regreso al Perú. La Junta tuvo que ceder finalmente y el 3 de julio de 1931 Sánchez Cerro desembarcó en el Callao, en medio del alborozo de sus seguidores.
La Junta tenía como finalidad primordial la convocatoria a elecciones generales, que fueron programadas para octubre de 1931, pero a la par debía tratar de solucionar la grave crisis en la que se hallaba sumido el país.
La labor de la Junta Nacional se concentró en dos aspectos importantes:
Samanez supo responder el clamor de la ciudadanía que exigía la realización de unas elecciones auténticas y limpias. El 13 de marzo de 1931 fue nombrada una comisión especial destinada a preparar el anteproyecto del Estatuto Electoral. Entre los miembros de dicha comisión se contaron jóvenes personalidades como César Antonio Ugarte, Alberto Arca Parró, José Antonio Encinas, Luis E. Valcárcel, Jorge Basadre, Carlos Telaya y Luis Alberto Sánchez. Esta comisión funcionó en la Biblioteca de la Universidad de San Marcos, y tras culminar su labor presentó al gobierno su anteproyecto, el mismo que fue oficializado, con algunas pequeñas enmiendas, por decreto ley N.º 7177 de 26 de mayo de 1931.
Las novedades de la nueva ley electoral fueron las siguientes:
Convocadas las elecciones para el 11 de octubre de 1931, se presentaron a ellas Luis Sánchez Cerro por el partido Unión Revolucionaria, Víctor Raúl Haya de la Torre por el Partido Aprista Peruano, Arturo Osores Cabrera por la Coalición Nacional y José María de la Jara y Ureta por el Partido Unión Nacional.
La lucha electoral se circunscribió entre Sánchez Cerro y Haya de la Torre. Sánchez Cerro era el caudillo militar que había derribado a Leguía en 1930, con todo el prestigio que ello significaba. Contaba con el apoyo de ambos extremos de la sociedad: la oligarquía y las clases más empobrecidas. Haya de la Torre era recordado como el líder estudiantil de los años 1920, que había sido desterrado por Leguía. Contaba con 36 años, apenas uno por encima del límite legal para postular a la presidencia. En el corto tiempo que duró la campaña electoral, tuvo que hacer un formidable esfuerzo para proyectar su imagen en todo el país, y dar a conocer sus ideas. La ideología del APRA, partido que por primera vez irrumpió en la vida política peruana, era entonces antiimperialista y antioligárquica. Contaba con el apoyo de las clases medias y la avanzada del proletariado: los trabajadores industriales y agro-industriales.
La campaña electoral, polarizada entre los dos candidatos principales, no estuvo exenta de violencia.
Realizados los escrutinios, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó presidente electo a Sánchez Cerro, que obtuvo la mayoría de votos: 152 062. Haya de la Torre obtuvo 106 007; La Jara y Ureta, 21 921, y Osores, 19 653.
Los apristas rechazaron el resultado electoral, alegando fraude (lo que nunca pudieron demostrar) y comenzaron a realizar protestas en diversas ciudades del país. Pero Samanez Ocampo se mantuvo firme en hacer respetar la voluntad popular.
El 8 de diciembre de 1931, Samanez entregó el poder a Sánchez Cerro, en la ceremonia de inauguración del nuevo gobierno realizada en el pleno del recién instalado Congreso Constituyente.
Terminada su misión política, Samanez se retiró de la actividad política de forma definitiva, retomando su labor de empresario agrícola. Falleció en 1947.
En total fueron ocho ministros los que tuvo la Junta Nacional (seis civiles: Larco, Gálvez, Vinelli, Gómez de la Torre, Garrido Lecca y Tamayo; y dos militares: Díaz y Jiménez).
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