La región de León, región leonesa o reino de León es una región histórica española, definida como tal en la división territorial de España en 1833. Dicha división territorial agrupaba las provincias de León, Salamanca y Zamora; como el resto de regiones definidas entonces, carecía de cualquier tipo de competencias ni órganos comunes a las provincias que agrupaba, teniendo un carácter clasificatorio, sin pretensiones de operatividad administrativa.
Durante la época de la República se concedió a la región la posibilidad de elegir un juez propio en el tribunal de garantías constitucionales, y se abrió la puerta a dotar a la región, en una fecha no determinada, de su primer Estatuto de Autonomía propio. El estallido de la Guerra Civil y la posterior dictadura frenaron cualquier intento autonomista serio en la región.
En 1978, en el proceso de descentralización iniciado por el Gobierno tras la muerte del dictador Francisco Franco, las tres provincias fueron integradas en un "ente preautonómico" junto con las otras 8 provincias de Castilla la Vieja. Después de que los sucesivos gobiernos centrales (de UCD y del PSOE) negasen a la región la posibilidad de celebrar un referéndum en la región, en el marco constitucional, para constituirse en autonomía propia, en 1983 se consolidó esa división, formándose una Comunidad Autónoma de Castilla y León de nueve provincias (las tres leonesas y seis de las ocho provincias paleocastellanas).
En la actualidad, solo las fuerzas políticas del leonesismo (entre las que destacan UPL y PREPAL) reclaman activamente la autonomía para estas tres provincias; aunque en el pasado han existido apoyos al movimiento autonomista por parte de fuerzas políticas provincialistas en Zamora y Salamanca, como Zamora Unida o UPSa, así como por parte de partidos nacionales en la provincia de León tales como el PP y el PSOE, y en último término Podemos.
En las Cortes de Castilla y León las fuerzas políticas leonesistas tienen actualmente (elecciones de 2019) un procurador por UPL de los 30 que se eligen por la Región Leonesa, y han llegado a tener hasta tres. Además, hay otros 51 procuradores que se eligen por las antiguas provincias de Castilla la Vieja.
Sus orígenes se encuentran en el antiguo Reino de León, surgido a comienzos del siglo X en el noroeste de la península ibérica como sucesor del primitivo Reino de Asturias. Tras la anexión del Reino de León y la Corona de Castilla (escisión del Reino de León), su estatuto jurídico fue asimilado al castellano, con muchas particularidades del leonés (Cortes de 1188). Durante cierto tiempo los reinos singulares y las ciudades conservaron sus derechos particulares (entre los cuales se hallaban los Fueros de León, el Fuero Viejo de Castilla o los diferentes fueros municipales de Castilla, Extremadura y Andalucía, los concejos de León (el fuero de Oteruelo otorgado en 1417), mientras se iba articulando un derecho territorial común en torno a las Partidas (h. 1265), el Ordenamiento de Alcalá (1348) que todavía mantiene al Pisuerga como raya tradicional entre la Región de León y la de Castilla,[cita requerida] y las Leyes de Toro (1505).
El primer intento moderno de crear una estructura territorial homogénea tiene lugar en 1810, mediante un decreto dictado por el rey José Bonaparte dividiendo el territorio español en 38 prefecturas y 74 subprefecturas. Las prefecturas de Esla (con capital en Astorga), Tormes (con capital en Salamanca) y Águeda (con capital en Ciudad Rodrigo) abarcarán un territorio similar al que posteriormente tendrían las provincias de León, Zamora y Salamanca (si bien la prefectura de Águeda comprendía el norte de la actual provincia de Cáceres). El propósito de la administración josefina era acabar con los particularismos, a los que se achacaba el origen de la resistencia a la nueva administración. Esta división territorial sólo se llevó a cabo en las zonas bajo control de las tropas francesas.
En 1811 las Cortes de Cádiz intentaron crear un nuevo régimen liberal, en el que todas las provincias tuvieran las mismas obligaciones. La constitución de 1812 no reconocía la personalidad política de los antiguos territorios históricos, que aparecen únicamente listados en su primer capítulo con el propósito de definir cual era el territorio español. El modelo territorial se dejaba para una ley posterior, que nunca llegaría a promulgarse. En 1813 la administración interina española encargó la redacción de una nueva división provincial a Felipe Bauzá, director del Depósito Hidrográfico. La propuesta de Bauzá determinaba varios tipos de provincias: las de primer orden, que eran las de mayor importancia y población; las de segundo orden, diecisiete más las tres provincias vascongadas; finalmente, las gobernaciones en las que se dividían las provincias de primer orden. La propuesta fue simplificada a la hora de ser presentada a las cortes, quedando reducida a 37 provincias principales y siete provincias subalternas, usando criterios históricos. En lo relativo a los territorios que formarían posteriormente las provincias adscritas a la región leonesa, se creó una provincia con capital en León, con una provincia subalterna con capital en Astorga, y una provincia con capital en Salamanca. Pero nada de esto se aprobó, y el regreso de Fernando VII supuso la vuelta al Antiguo Régimen, con ciertas modificaciones. En 1817 España estaba dividida en 29 intendencias y 13 consulados.
Durante el Trienio Liberal, en enero de 1822 se aprueba, con carácter provisional, una división provincial de España en 52 provincias, sin ninguna adscripción regional o histórica. En 1822 se restablecieron los intendentes provinciales como delegados de Hacienda. Pero la caída del gobierno liberal y la restauración del absolutismo dio al traste con el proyecto. En 1823 se restablecen las provincias del Antiguo Régimen por lo que el plan de 1822 nunca llegó a entrar en vigor.
Mediante un decreto en noviembre de 1833, su secretario de estado de Fomento, Javier de Burgos, creó un Estado centralizado dividido en 49 provincias. Las provincias recibieron el nombre de sus capitales (excepto cuatro de ellas, que conservaron sus antiguas denominaciones: Navarra, con capital en Pamplona, Álava con Vitoria, Guipúzcoa con San Sebastián y Vizcaya con Bilbao). El proyecto es prácticamente el mismo que el de 1822, pero sin las provincias de Calatayud, Vierzo y Játiva; además, otras provincias cambian de nombre al cambiar de capital.
Artículo 1. El territorio español en la Península e Islas adyacentes queda desde ahora dividido en cuarenta y nueve provincias que tomarán el nombre de sus capitales respectivas excepto las de Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que conservan sus actuales denominaciones.
Las provincias se adscribían de forma nominal a regiones históricas, las cuales carecían de competencias y de órganos comunes para las provincias que agrupaban, teniendo un carácter meramente clasificatorio, sin pretensiones de operatividad administrativa. A la región de León se adscribían las provincias de León, Salamanca y Zamora. Esta reforma llevada a cabo en 1833 se ha mantenido prácticamente sin cambios hasta la actualidad. Sin embargo, se adjudicaron a las provincias de Valladolid y Palencia algunos territorios que pertenecían al viejo reino de León, de modo que, dada la falta de entidad jurídica de las viejas regiones, todavía hacia los años de 1950 se estudiaba en ciertas partes de España que las provincias de Valladolid y Palencia pertenecían a León.[cita requerida]
No obstante, las provincias de Valladolid y Palencia aparecerán en algunos mapas posteriores al decreto formando parte de la región denominada Reino de León, como se encontraba en el Mapa general de España, dividido en sus actuales provincias de Tomás López, 1802, quien incluía además el Principado de Asturias en la región leonesa. Así en la Geografía general de España: comparada con la primitiva, antigua y moderna de Juan Bautista Carrasco (1861) el viejo Reino de León, con toda la tierra «conquistada por los reyes de Oviedo», comprendía las «Nuevas provincias creadas en 1833» de León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora, en tanto el Reino de Castilla, «comarca que hoy se distingue por Castilla la Vieja, libre de los Árabes en el siglo IX», incluía las nuevas provincias de Ávila, Burgos, Logroño, Santander, Segovia y Soria.
La división territorial de 1833, aunque clasificaba las provincias en regiones, no creaba ningún órgano regional. Durante el siglo XIX hubo varias propuestas de regionalización que, sin embargo, nunca fueron aprobadas. El ministro de Gobernación con Narváez, Patricio de la Escosura, llevó a cabo el primero, mediante un decreto promulgado el 29 de septiembre de 1847, que dividía la península en once gobiernos generales junto con Baleares y Canarias. Uno de los gobiernos generales era el de Castilla la Vieja, que comprendía las provincias de Ávila, León, Oviedo, Palencia, Salamanca, Zamora y Valladolid, con capital en Valladolid. Sin embargo, el decreto no llegó nunca a entrar en vigor.
Un nuevo intento tuvo lugar durante el gobierno de Posada Herrera. El ministro de Gobernación, Segismundo Moret, presentó un proyecto de ley de 6 de enero de 1884, en el que se creaban quince regiones. Mientras que la región de Asturias integraba las provincias de León y Oviedo, la de Valladolid comprendía las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora.
El Tribunal de Garantías Constitucionales fue un órgano constitucional español, antecedente del actual Tribunal Constitucional. Según la correspondiente ley orgánica (14 de junio de 1933), entre los vocales electivos que componían el tribunal, existían 14 representantes regionales. Cada región autónoma tenía derecho a nombrar un vocal que la representase, que debía ser elegido por su asamblea legislativa. Para que el resto del país tuviese representación en el Tribunal de Garantías Constitucionales (entonces Cataluña era la única región autónoma) se disponía lo siguiente:
Andalucía (provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla y las actuales ciudades autónomas de Ceuta y Melilla).
Aragón (provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza).
Asturias (provincia de Oviedo).
Baleares .
Canarias (provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife).
Castilla la Nueva (provincias de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo).
Castilla la Vieja (provincias de Ávila, Burgos, Logroño, Palencia, Santander, Segovia, Soria y Valladolid).
Extremadura (provincias de Badajoz y Cáceres).
Galicia (provincias de Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra).
León (provincias de León, Salamanca y Zamora).
Murcia (provincias de Albacete y Murcia).
Navarra (provincia de su nombre).
Valencia (provincias de Alicante, Castellón y Valencia).
La dictadura franquista mantuvo sin alteraciones la división provincial de Javier de Burgos, con sus diputaciones provinciales y los gobernadores civiles al frente de cada una de ellas, como delegado permanente del gobierno y primera autoridad de la provincia según el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones locales, aprobado por Decreto de 17 de mayo de 1952, y el posterior de 10 de octubre de 1958 por el que se regulaban sus atribuciones. Las regiones, como en el decreto de 1833, carecían de personalidad jurídica y de funciones políticas o administrativas, por lo que en algunos mapas y libros de texto podían encontrarse adscritas por razones históricas a la región leonesa las provincias de Palencia y Valladolid. Así en la popular Enciclopedia Álvarez, obra del pedagogo zamorano Antonio Álvarez, de uso común en las escuelas entre 1954 y 1965, se decía que España se encuentra dividida en 15 regiones que «por ser muy antiguas se llaman históricas», subdivididas a su vez en cincuenta provincias y entre ellas la de León, formada por cinco provincias: León, Zamora, Salamanca, Valladolid y Palencia. Por las mismas fechas, el Atlas Universal y de España de la editorial Edelvives presentaba sin embargo la región de León reducida a las tres provincias de la división territorial de Javier de Burgos.
La aprobación por referéndum de la Constitución española de 1978 plantea el marco para la descentralización territorial del Estado, planteada a través de comunidades autónomas.
Durante el proceso preautonómico, surgieron numerosos grupos leonesistas que reivindicaron la creación de una comunidad autónoma que comprendiera León, Zamora y Salamanca: en Zamora Ciudadanos Zamoranos (CC.ZZ.), en Salamanca el Grupo Regionalista Salmantino (GRES), y en León el Concejo Abierto Leonés (CAL), Jóvenes Nacionalistas Leoneses (JNL), la Asamblea Independiente Leonesa (AIL), el Grupo Autonómico Leonés (GAL) o la Asamblea Regionalista Leonesa.
Además, durante esos años y el resto de la década de 1980, se empiezan a organizar los primeros partidos políticos propiamente leonesistas, como el Bloque Autonomista del País Leones, el Partido Nacionalista Leonés (P.N.L), el Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL), con su organización juvenil Juventudes Leonesistas (JJ.LL.), el Bloque Agrario (BA), o la Unión Leonesista (UNLE).
Se aprueba el régimen pre-autonómico de Castilla y León formado inicialmente por las provincias que se habían adscrito a León en la reforma de 1833 (Salamanca, Zamora y León) y las adscritas a Castilla La Vieja (Santander, Logroño, Palencia, Valladolid, Segovia, Soria, Ávila y Burgos). Posteriormente, Santander y Logroño se descolgarían, formando comunidades uniprovinciales. En acuerdo adoptado el 31 de julio de 1981, la Diputación Provincial de Segovia decide ejercitar la iniciativa para que Segovia pudiera constituirse en comunidad autónoma uniprovincial, pero en los municipios de la provincia la situación estaba igualada entre los partidarios de la autonomía uniprovincial o con el resto de Castilla y León. Finalmente, la provincia de Segovia se incorporó a la nueva comunidad autónoma mediante la Ley Orgánica 5/1983 por «motivos de interés nacional». A esto se suma la resolución del Tribunal Constitucional en la Sentencia 89/1984 de 28 de septiembre, donde se anulaba la revocación de la Diputación de León (13 de enero de 1983) de su primigenio acuerdo sobre el órgano preautonómico de Castilla y León.
Coincidiendo con aquella sentencia, se produjeron en León diferentes manifestaciones, que según algunas fuentes congregaron a un número cercano a los 90.000 asistentes.
Tras esta unión, los grupos leonesistas que reivindican su postura autonómica no desaparecen, sino que coexisten con los partidos estatales.[cita requerida]
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