La Ley Televisa, es el nombre no oficial con el que se conoce una serie de modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) y Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) de México, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006. La controvertida ley fue aprobada en marzo de 2006, por el pleno de la Cámara de Diputados prácticamente por unanimidad, en un lapso de 7 minutos y sin lectura previa, algo insólito en la historia de México. La ley fue confirmada por el Senado, "sin cambiarle una coma", durante el último año de la presidencia de Vicente Fox y poco antes de las elecciones generales de 2006. Vicente Fox pudo haber vetado la ley por los señalamientos hechos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contra la ley, pero decidió publicarla, haciendo que entrara en vigor a partir del 11 de abril del mismo año. Para ello Fox pretextó la democracia que imperó en las cámaras en su aprobación.
En opinión de sus detractores, la ley consagra la desregulación del espectro digital en favor del duopolio mediático mexicano formado por Grupo Televisa y TV Azteca.
Entre otros puntos de este par de leyes, pueden señalarse los que siguen:
Hay que añadir que la promulgación escandalosamente veloz de esta ley (ley que más tarde, según consideró la Suprema Corte de Justicia, contenía artículos inconstitucionales), se dio en un contexto de lo que (a juicio de los oponentes de la ley) son ya desmesurados "favores" del Estado, de 2004 en adelante, a las dos grandes empresas que concentran 95% de la televisión mexicana Estos "favores" incluyen el haberse concedido el uso, libre de todo cargo, de canales destinados a permitir el "apagón analógico" y la Television Digital Terrestre, entregando así a empresas privadas un bien público como son dichas porciones del espectro digital de frecuencias. Esta ley ha sido considerada por diversos críticos, como la muestra del avasallamiento dramático del poder Legislativo y la Presidencia por ciertos intereses privados.
Sin embargo, poco más tarde 47 Senadores que fueron miembros de la LIX Legislatura promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad, argumentado que la llamada "Ley Televisa" inhibe la competencia y fomenta el poder del duopolio televisivo mencionado anteriormente.
En el marco de la acción de inconstitucionalidad, los senadores Pablo Gómez Álvarez (PRD), Santiago Creel Miranda (PAN), entre otros políticos declararon haber aprobado la ley "bajo presión" y en el contexto de las elecciones generales de México en el 2006.
Javier Orozco, abogado de la Secretaría de Gobernación (RTC) y más tarde Diputado Federal por el Partido Verde Ecologista de México, fue uno de los principales impulsores de la Ley Televisa (LFRTV). Durante la presentación de la Ley Televisa (LFRTV) fue presidente de la Comisión de Radio y Televisión en la LIX Legislatura Federal. Desde esa comisión, aunque presentada por el PRI, salió la Ley Federal de Radio y Televisión (llamada Ley Televisa). De la misma manera, el vicepresidente ejecutivo de Televisa, Bernardo Gómez Martínez fue
Otro de los principales promotores de la ley fue el abogado y senador Diego Fernández de Cevallos, que en para entonces se había destacado por llevar litigios de empresas e individuos frente al Gobierno Mexicano. Fernández de Cevallos llegó a atacar muy duramente al Senador de su partido Javier Corral Jurado quien se opuso a la ley, contra la opinión mayoritaria en su partido. Corral Jurado declaró que seguiría esforzándose «por una reforma integral, democrática, para los medios electrónicos».
En la cámara de diputados, la ley contó con el apoyo de los tres partidos principales: PAN, PRI y PRD y fue aprobada casi por unanimidad. En el Senado, y después de una marea de críticas de periodistas no afiliados a Televisa o Tv Azteca, algunos senadores tanto del PAN, como Javier Corral Jurado, y varios senadores de PRI y PRD se opusieron a la ley. La bancada del PRD en su totalidad votó contra la ley con Raymundo Cárdenas, Senador por Zacatecas como una de las principales voces en contra.
Ante la reiterada pregunta sobre si la ley constituía un avance, el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ingeniero Jorge Arredondo Martínez, señaló:
47 Senadores de la LIX Legislatura, encabezados por Javier Corral Jurado, Dulce María Sauri Riancho, Manuel Bartlett Díaz, Raymundo Cárdenas entre otros, interpusieron en 4 de mayo de 2006 una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las Leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, con el fin de que fueran declaradas anticonstitucionales, total o parcialmente aduciendo que eran violatorias de los artículos 1, 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proyecto que quedó en manos de Sergio Salvador Aguirre Anguiano, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La minoría calificada de senadores fue representada, pro bono, por el despacho Zambrano & Madrazo Abogados, estando a cargo del caso un equipo conformado por el Lic. José Luis Zambrano Porras, el Dr. Alejandro Madrazo Lajous y la Lic. Mariana Benítez Tiburcio.
Tras varios meses, comenzó la discusión de la Ley, primero con compareciencias de los interesados ya exsenadores, de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión y técnicos de la UNAM y el IPN, para fundamentar partes de los dictámenes y obtener información técnica de las discusiones.
La Suprema Corte declaró inconstitucional 6 artículos, 16 párrafos y partes de los textos de la ley, además de que se acreditaron omisiones legislativas. Entre lo eliminado de la Ley se tiene el proceso de Subasta de las concesiones, el refrendo automático de las mismas, la objeción del Senado de los miembros de la Cofetel, el periodo de 20 años de la concesión, además de los artículos que permitían la obtención de servicios extras digitales por el mismo espectro, además que se hizo hincapié que la Ley omitía mandatos de igualdad en los medios reglamentado en el artículo 2 de la Constitución.
Ante esto, el Ministro Presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia mencionó que la SCJN no hace política pero que incide en ella de manera imparcial, además que con ello anuncia una etapa de sentencia de importancia nacional con respecto al IFE, el Conflicto en Oaxaca y la violación de los Derechos Humanos de Lydia Cacho.
Televisa aceptó públicamente la sentencia, pero disintió de ella en términos del refrendo automático, coincidendo también la CIRT. Además partidos políticos se han comprometido a modificar la Ley para resarcir los errores de las mismas, así como incluir a las comunidades en dichas leyes.
Entre los académicos que más han seguido el tema de la Ley Televisa ha sido la periodista Denise Dresser, Carmen Aristegui, Miguel Ángel Granados Chapa, Javier Esteinou Madrid y medios como Reforma, La Jornada, El Universal, Once tv, Canal 22 y la Revista Proceso. Actualmente se está debatiendo una nueva Ley Televisa, a la que por supuesto, el senador Javier Corral le ha hecho oposición.
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