La Ley 22.924 de Pacificación Nacional más conocida como Ley de autoamnistía, fue una legislación argentina promulgada el 22 de septiembre de 1983. Recibió ese nombre porque por medio de la misma, los dirigentes de la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, ante la posibilidad de ser enjuiciados por el gobierno democrático que lo sucediera, procuraron dictar una amnistía sobre sí mismos. Fue derogada durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
El artículo n.º 1 de la ley declaraba lo siguiente:
El artículo n.º 5 de la ley declaraba lo siguiente:
El artículo n.º 12 de la ley declaraba lo siguiente:
El candidato presidencial del Partido Justicialista en las elecciones de octubre de 1983, Ítalo Argentino Lúder se pronunció por la validez de la ley en tanto el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín denunció durante su campaña la existencia de un pacto sindical-militar y se comprometió a dejarla sin efecto. Al poco tiempo de asumir como presidente, Raúl Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley para derogar dicha ley, lo cual se aprobó con la ley n.º 23.040 una semana después. Dicha derogación fue la primera ley aprobada por el Congreso Argentino tras la restitución de la democracia en 1983. Luego de la derogación de la Ley de Pacificación Nacional el Ministerio de Defensa de Raúl Alfonsín comunicó oficialmente al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el decreto de procesamiento de los integrantes de las tres primeras juntas militares.
La derogación de esta ley permitió llevar a cabo el Juicio a las Juntas que dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión.
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