Jorge Rafael Videla
Jorge Rafael Videla (Mercedes, Buenos Aires; 2 de agosto de 1925-Marcos Paz, Buenos Aires; 17 de mayo de 2013) fue un militar argentino, miembro de la Junta Militar entre 1976 y 1978 y presidente de la Nación Argentina de facto, con la suma de los poderes ejecutivo y legislativo entre 1976 y 1981, en la primera etapa de la última dictadura cívico-militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional.
En el Juicio a las Juntas de 1985, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, fue condenado a "la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua y accesorias legales (art. 12 del Código Penal), accesoria de destitución (art. 538 del Código de Justicia Militar) y pago de las costas", como autor de 469 crímenes de lesa humanidad (66 homicidios, 306 secuestros, 97 torturas y 26 robos). En 1990 recibió el indulto del presidente Carlos Menem, declarado nulo de nulidad absoluta en 2006.
En junio de 1998 fue detenido nuevamente tras la resolución del juez Roberto Marquevich por apropiación de menores durante la última dictadura cívico-militar, sin embargo después de pasar 38 días preso, la Cámara Federal de San Martín, con la firma de los jueces Hugo Rodolfo Fossati y Francisco Juan Lugones, le concedió el beneficio del arresto domiciliario en atención a su edad, durante el gobierno de Carlos Menem. En octubre de 2008, el juez Norberto Oyarbide, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, dispuso su traslado a la cárcel, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos por los que fue condenado. Estuvo encarcelado en la base militar de Campo de Mayo desde octubre de ese año hasta junio de 2012, cuando fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz. El 22 de diciembre de 2010 fue nuevamente condenado a prisión perpetua en cárcel común por el caso de los fusilamientos en la Unidad Penitenciaria 1 de San Martín, conocido como UP1. El 5 de julio de 2012 fue condenado a cincuenta años de prisión por los delitos de sustracción, retención, ocultamiento y hacer incierto el estado civil de 20 menores de 10 años (arts. 138, 139 inciso 2 y 146 del CP). El 17 de mayo de 2013 fue encontrado muerto en su celda de la cárcel de Marcos Paz.
Jorge Rafael Videla nació el 2 de agosto de 1925 en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Fue el tercero de los cinco hijos del coronel Rafael Eugenio Videla Bengolea (1886-1952) y María Olga Redondo Ojea (1897-1987). Fue bautizado en recuerdo de dos hermanos mayores mellizos, fallecidos de sarampión en 1923. Descendiente de una tradicional familia de la provincia de San Luis, con importantes ramificaciones en Mendoza, San Juan y Chile, muchos de sus antepasados tuvieron destacadas actuaciones políticas, como su tatarabuelo Blas Videla, líder del Partido Unitario, y su abuelo Jacinto Videla, gobernador de San Luis entre 1891 y 1893.
El 7 de abril de 1948 contrajo matrimonio con Alicia Raquel Hartridge Lacoste, hija del embajador Samuel Alejandro Hartridge Parkes y María Isabel Lacoste Álvarez, a quien conoció en El Trapiche, una localidad de la Provincia de San Luis. Con ella tuvo siete hijos, dos de los cuales siguieron la carrera militar en el Ejército Argentino y otro, que murió joven, permaneció internado en el establecimiento psiquiátrico Colonia Montes de Oca, información que sus padres mantuvieron en absoluto secreto.
Jorge Rafael Videla ingresó al Colegio Militar de la Nación el 3 de marzo de 1942 y se graduó el 21 de diciembre de 1944 recibiendo el grado de subteniente de Infantería. Fue el 6.º de la promoción 73.ª sobre un total de 196 cadetes.
Cursó en la Escuela Superior de Guerra entre los años 1952 y 1954 y obtuvo el título de oficial de Estado Mayor. Formó parte de la Secretaría de Defensa entre 1958 y 1960, y dirigió la Academia Militar hasta 1962. En 1962 y 1963 adhirió al bando Colorado durante los enfrentamientos armados de Azules y Colorados, siendo uno de los tres oficiales colorados que lograron evitar la baja, durante los juicios que castigaron la sublevación.
En 1968 siendo coronel se desempeñó como 2.º comandante y jefe de Estado Mayor de la V Brigada de Infantería de Tucumán.
Entre el 4 de agosto y el 7 de septiembre de 1970 y durante la dictadura Revolución Argentina, Videla fue gobernador militar de la provincia de Tucumán.
En 1971 obtuvo el ascenso general de brigada y el dictador Alejandro Agustín Lanusse lo nombró director del Colegio Militar de la Nación. A fines de 1973, el comandante general del Ejército Leandro Anaya lo designó en el cargo de jefe del Estado Mayor General del Ejército.
Entre el 4 de julio y el 27 de agosto de 1975 fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Dejó el cargo para asumir como comandante general del Ejército. La llegada de Videla a la titularidad de la fuerza fue dada a conocer por Antonio Cafiero:
El 24 de marzo de 1976 encabezó, junto a Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, el golpe de Estado que derrocó a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón, disgregó a los partidos políticos, persiguió a los opositores y cerró las sesiones del Congreso Nacional, dando comienzo al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Durante su administración, una disputa fronteriza con Chile estuvo a punto de provocar un conflicto armado. La dictadura canceló la Operación Soberanía por motivo de intervención oportuna del papa Juan Pablo II.
El 29 de marzo asumió la Presidencia de la Nación, que ocuparía hasta ser reemplazado por Roberto Eduardo Viola en 1981, al cumplir el período presidencial de cinco años establecido por la Junta Militar. Este fue el período más largo que un militar ocupara el cargo de presidente de facto en Argentina. Pese al cambio de junta tras el pase a retiro de Massera y Agosti, Videla, a pesar de también pasar a retiro, fue ratificado como presidente en 1978. Junto a Viola, Videla fue partidario de la «línea blanda»; proclive a una pronta apertura democrática y a un llamado a elecciones.
José Alfredo Martínez de Hoz condujo la economía durante toda la presidencia de Videla. En 1978 su plan monetarista de tipo neoliberal pero con algunos aspectos desarrollistas (vinculados a los sectores más concentrados) dio indicios de agotamiento: la inflación anual llegó al 160 %, y el PBI descendió durante ese año cerca de un 3,2 %. En 1979 la tasa de inflación llegó a 139,7 %, con una economía estancada. Además, se generó una fuga del 25 % de los depósitos bancarios, los cuatro bancos más importantes del sistema fueron liquidados. Durante su gestión la deuda externa creció de 7000 millones de dólares a más de 40 000 millones de dólares, es decir, que en siete años se multiplicó casi seis veces.Durante 1980 las exportaciones cayeron un 20 % respecto del año anterior, las importaciones subieron un 30 %. En ese contexto se produjo el «crack bancario» de 1980, que puso fin a la etapa de la denominada «plata dulce». La quiebra del Banco de Intercambio Regional junto con el cierre de otras 37 entidades financieras, que a su vez repercutió en sectores industriales, originando una fuerte corrida bancaria y fuga de divisas.La deuda de diferentes empresas como Alpargatas S.A., Grupo Macri, Banco de Galicia, FATE -ASTRA, Bunge y Born S.A., Grafa S.A., Molinos Río de la Plata, Loma Negra S.A, Ingenio Ledesma, Pérez Companc S.A., ACINDAR S.A., Bridas - Papel Prensa, fue transferida al Estado.
Sus medidas económicas, basadas en la apertura de los mercados y la liberalización de la legislación laboral vigente, contribuyeron al desmantelamiento de los sindicatos y la polarización de las diferencias clasistas. Debido a la eliminación de las barreras arancelarias, la caída de la producción industrial y el saldo negativo de la situación exterior de Argentina durante el Proceso, el valor nominal de la deuda externa se multiplicó. Todo esto en beneficio de los grandes grupos económicos multinacionales y locales, que vieron acrecentadas sus ganancias enormemente gracias a dicho endeudamiento, que en lugar de ser destinado por el gobierno a inversiones productivas, fue destinado a la especulación financiera, promoviendo una moneda sobrevaluada (mediante un mecanismo conocido como «la tablita») que permitió al capital más concentrado del país hacer grandes negociados en la «timba financiera», en detrimento de la industria, cosa que por otro lado llevó a un crecimiento de la brecha entre ricos y pobres. Esta deuda es acrecentada todavía más en 1982, cuando Julio González del Solar, como presidente del Banco Central, decide licuar (estatizando) la deuda de dichos grandes grupos perjudicando al Estado y a la sociedad. Además, se estatizó la empresa CIAE. La pobreza, que desde los años 1940 se ubicó siempre debajo del 10 %, y que era del 5,8 % en 1974, subió al 37,4 % en 1980, cifras inéditas para el país. Además, el plan económico se caracterizó por altas tasas de inflación durante toda la dictadura. Así mismo, se incrementó la brecha en la distribución del ingreso, el coeficiente de gini paso de 0.365 en 1975 a 0.423 en 1982, observándose un marcado deterioro.
Documentos guardados en la Audiencia Nacional de España hallados en 2015 describe la existencia de una la red que manejaba los fondos robados a víctimas del terrorismo de Estado. El régimen de Videla montó varias empresas en este país y registró cuentas en distintos bancos de Europa, donde guardó grandes cantidades de dinero. Uno de los casos investigados fue el de Conrado Gómez, abogado de Mendoza; desaparecido, sus bienes fueron robados por un comando militar y blanqueados a través de empresas y cuentas bancarias en el exterior.
El plan de Martínez de Hoz consistía en una reducción arancelaria que llegó a su máximo nivel en 1978, para darle competitividad a la economía y promover sus «ventajas naturales». Grandes empresas industriales cerraron sus plantas: General Motors, Peugeot, Citroën, Chrysler, Siam, Decca (Deutz-La Cantábrica), la planta de vehículos utilitarios de Fabricaciones Militares, Aceros Ohler, Tamet, Cura, Olivetti, y miles de medianas y pequeñas empresas industriales. Para 1980 la producción industrial había reducido un 10 % su aporte al PBI, y en algunas ramas como la textil, la caída superó el 15 %.
En ese contexto se produjo el «crack bancario» de 1980, que puso fin a la etapa de la denominada «plata dulce». La quiebra del Banco de Intercambio Regional junto con el cierre de otras 37 entidades financieras, que a su vez repercutió en sectores industriales, originando una fuerte corrida bancaria y fuga de divisas.La deuda de diferentes empresas como Alpargatas S.A., Grupo Macri, Banco de Galicia, FATE -ASTRA, Bunge y Born S.A., Grafa S.A., Molinos Río de la Plata, Loma Negra S.A, Ingenio Ledesma, Pérez Companc S.A.,, ACINDAR S.A., Bridas - Papel Prensa., fue transferida al Estado.
El 6 de septiembre de 1979 llegó a la Argentina una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que durante dos semanas entrevistó a personalidades de la política y la cultura y a miembros del gobierno; paralelamente, recibieron denuncias de familiares de detenidos desaparecidos por violaciones a los derechos humanos, para lo cual hicieron largas filas esperando frente al lugar donde actuaba la entidad. Patricia Derian, secretaria de Derechos Humanos del gobierno de Jimmy Carter, fue una gran impulsora de la comisión. Mientras la Comisión se entrevista con familiares de desaparecidos, algunos medios de comunicación publicaron cartas y editoriales reafirmando que Argentina era un país en paz.
Presionada por la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Junta Militar se apresuró por dar a conocer un nuevo régimen legal sobre los desaparecidos.
Además de otras muchas consideraciones, el informe de la CIDH afirmó «que por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la Argentina se cometieron durante el período 1975-1979 numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos» que afectaron
Videla en 1977 había declarado que:
Después que partiera la Comisión, el 14 de diciembre de 1979, el periodista José Ignacio López, entonces cronista del diario Clarín, le preguntó a Videla en una conferencia de prensa si el gobierno tenía alguna medida a estudio acerca de las denuncias que se habían realizado sobre desaparecidos y respondió:
Durante el gobierno militar, el conflicto limítrofe entre Argentina y Chile acerca de la soberanía sobre tres islas en el Canal de Beagle estaba pendiente de resolución y sometido al Laudo Arbitral de 1977 que ambas partes habían acordado obedecer.
En 1977 se dictó una sentencia que entregó las tres islas a Chile. La Junta Militar declaró la sentencia «insanablemente nula», colocando a ambos países al borde de la guerra. El 22 de diciembre de 1978 Videla dio partida a la Operación Soberanía, destinada a ocupar las islas militarmente. Sólo la intervención papal en el último minuto hizo desistir a la junta militar de comenzar la guerra. El papa Juan Pablo II inició una mediación, pero su propuesta fue rechazada por Videla, Viola, Galtieri y Bignone. Las tensiones continuaron hasta el retorno de la democracia a Argentina, tras la Guerra de las Malvinas.
El conflicto no se resolvería hasta la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1984, que resolvería la soberanía chilena sobre las islas.
La dictadura enfrentó un desafío mayor al tratar de recomponer su imagen pública en el exterior. Diversos grupos de opositores exiliados y algunos gobiernos denunciaron reiteradamente la situación de los derechos humanos en Argentina. El gobierno contratacó con el eslogan Los argentinos somos derechos y humanos y atribuyó las críticas a una «campaña antiargentina». Para la misma se valió del control casi absoluto que tenía sobre los medios de comunicación masivos —la revista Para tí, por ejemplo, repartió entre sus lectores postales destinadas a ser enviadas al extranjero, bajo el lema «Argentina toda la verdad»—, además de una significativa inversión de dinero público que se utilizó para sufragar material publicitario como, las calcomanías con el lema «Los argentinos somos derechos y humanos», destinadas a que sus poseedores las exhibieran, por ejemplo, en las ventanillas de sus vehículos, y que costaron en 1979 algo más de 16 000 dólares, que fueron embolsados por la empresa Libson S.A. En su libro, El exilio. Argentinos en Francia durante la dictadura, Marina Franco investigó el rol de la prensa masiva y en particular los diarios La Nación, La Prensa y las revistas de la Editorial Atlántida (Gente, Para Ti) que apoyaron al régimen de Videla y que difundían la idea de que los cuestionamientos por violaciones a los derechos humanos constituían una campaña antiargentina. Para Ti, publicó una serie de fotos postales del país que las lectoras debían enviar a un listado de personas e instituciones que eran los ‘agentes’ de la campaña antiargentina". El gobierno pagó 16 117 dólares por 250 000 calcomanías en 1979 con el lema «Los argentinos somos derechos y humanos». El eslogan había sido ideado a pedido de la dictadura por la empresa Burson Marsteller, ya contratada en 1978 para mejorar la imagen de Videla.
Ya el 19 de mayo de 1976 Videla protagonizó un almuerzo con un grupo de intelectuales argentinos, entre los que se contaban Ernesto Sabato, Jorge Luis Borges, Horacio Esteban Ratti (presidente de la Sociedad Argentina de Escritores) y el padre Leonardo Castellani. Este último le expresó su preocupación por otro escritor desaparecido, Haroldo Conti. Borges y Sabato exteriorizaron elogios al gobierno militar luego de esa comida.
El campeonato mundial de fútbol de 1978 fue transformado por el gobierno militar en un hecho político, intentando demostrar que en el país existía libertad. El entusiasmo de la sociedad ante el desempeño deportivo del seleccionado nacional fue utilizado por Videla para intentar demostrar que el pueblo apoyaba a la dictadura. De hecho, la multitud enfervorizada congregada en el estadio de River Plate, aclamó al dictador cuando entregó la copa al equipo argentino. El Ente Autárquico, comandado primero por el general Omar Actis. Tras su asesinato en turbias circunstancias el 19 de agosto de 1976, en un hecho en cuya autoría se sospechaba que podría estar implicada la Armada Argentina, Lacoste lo reemplazó en la ejecutiva, si no en el liderazgo formal, puesto a cargo del general Antonio Merlo. Los preparativos se habían iniciado apenas después del golpe del 7". El EAM 78 contrató los servicios de la empresa de seguridad Juncadella y los de la empresa norteamericana Burson-Marsteller y Asociados, especializada en el mejoramiento de la imagen de gobiernos.El 21 de junio de 1978 estalló una bomba en la casa del secretario de Hacienda de Juan Alemann, que días atrás había cargado duramente contra Carlos Lacoste y los despilfarros en la organización mundialista. El Mundial le salió a la Argentina unos 517 millones de dólares, 400 más que los pagados por España en la siguiente edición de 1982 y fue considerado como un "monumento a la corrupción".
En 1980, el dirigente de la organización Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Adolfo Pérez Esquivel recibió el Premio Nobel de la Paz, exponiendo aún más al mundo las violaciones a los derechos humanos en Argentina.
El Ente Autárquico Mundial 78 fue una entidad creada en 1976 por decreto de Jorge Rafael Videla el fin de organizar la Copa Mundial de Fútbol de 1978. La organización del campeonato un costo diez veces mayor previsto al inicio. El primer presidente del comité fue fusilado, según se sospecha, por su sucesor.La gestión del mundial 78 estuvo rodeada de secreto, en parte gracias al decreto 1261/77, que permitía que el EAM '78 pudiera atenerse a la reserva en su gestión. De los 517 millones de dólares estadounidenses de la época que el Mundial costó —más del cuádruple del costo declarado por España para la organización de la edición de 1982— se ignora la administración, pues nunca se dispuso de un balance contable del mismo. La organización del campeonato un costo diez veces mayor previsto al inicio. Las internas de los militares incidieron en esto.El 21 de junio de 1978 estalló una bomba en la casa del secretario de Hacienda de Juan Alemann, que días atrás había cargado duramente contra Carlos Alberto Lacoste y los despilfarros en la organización mundialista. El Mundial le salió a la Argentina unos 517 millones de dólares, 400 más que los pagados por España en la siguiente edición de 1982 y fue considerado como un "monumento a la corrupción".Se denunció que eran frecuentes la falta de transparencia en el manejo de fondos.El organizador designado por Videla para organizar dicho mundial sería, ya en democracia procesado por administración fraudulenta como funcionario público.
Durante la presidencia de Jorge Rafael Videla se prohibieron y quemaron libros, se persiguió y desapareció a los intelectuales opositores.
El 29 de abril de 1976 en Córdoba, una pila de libros ardió en el Regimiento de Infantería Aerotransportado de La Calera.
Ardieron, entre muchas obras, las novelas de Gabriel García Márquez, los poemas de Pablo Neruda y las investigaciones de Osvaldo Bayer. Desde el Ministerio de Educación y Cultura se gestó la «Operación Claridad»: plan de caza de opositores en toda el área cultural. Además de las desapariciones de artistas, intelectuales, docentes y alumnos, el plan produjo despidos masivos e inhabilitaciones para enseñar. La censura del libro El cubismo por la supuesta apología de Cuba; la prohibición de libros de matemáticas moderna por hacer referencia a la teoría de los conjuntos; la prohibición del libro El nacimiento, los niños y el amor de A. Rosenstiehl por la forma en que se explicaba a los niños como llegaban los bebés al mundo.
En un baldío de la localidad de Sarandí la dictadura realizó su mayor quema de publicaciones con un millón y medio de libros y fascículos del Centro Editor de América Latina, el sello que fundó Boris Spivacow, quien además tuvo un juicio por publicación y venta de material subversivo del que fue sobreseído.Bajo la conducción del general Harguindeguy, fue la Dirección General de Publicaciones dependiente del Ministerio del Interior la agencia especializada en el control cultural. Centralizó a nivel nacional el control sobre las actividades culturales. Además del comportamiento de los medios de comunicación, también se vigilaba la programación radial, televisiva y cinematográfica; y comisiones de seguimiento de los textos escolares
El gobierno de la Junta Militar dispuso una serie de procedimientos para neutralizar el «germen subversivo» que intentaba crear defensas en la sociedad. Estas fueron algunas de las acciones emprendidas:
En 1977, se distribuyó en las escuelas un material gráfico dirigido a los padres con hijos en edad escolar, titulado: «Cómo reconocer la infiltración marxista en las escuelas»:
En el mismo año, el decreto 3155 prohibió la distribución, venta y circulación de los relatos infantiles Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann, y El nacimiento, los niños y el amor, de Agnes Rosenstichl —ambos de Ediciones Librerías Fausto—, por tratarse de «cuentos destinados al público infantil con una finalidad de adoctrinamiento, que resulta preparatoria para la tarea de captación ideológica del accionar subversivo».
El decreto 538, de mayo de 1978, estableció para profesores y maestros la lectura y comentario obligatorio del folleto Conozcamos a nuestros enemigos, cuyo contenido resumió el diario La Prensa en ese mismo mes:
En octubre de 1978, una resolución del Ministerio del Interior prohibió las obras «La educación como práctica de la libertad» (Editorial Siglo XXI) y «Las iglesias, la educación y el proceso de liberación humana en la historia» (Editorial La Aurora), del pedagogo brasileño Paulo Freire, ya que, según las autoridades, «sirven como medio para la penetración ideológica marxista en los ámbitos educativos. Por otra parte, su metodología para interpretar la realidad, el hombre y la historia es manifiestamente tendenciosa. Las fuentes de pensamiento del autor, como los modelos y ejemplos que expone, son de clara inspiración marxista y toda su doctrina pedagógica atenta contra los valores fundamentales de nuestra sociedad occidental y cristiana».
También en octubre de 1978 se prohibió la distribución de la novela La tía Julia y el escribidor, del escritor peruano Mario Vargas Llosa, argumentando que «revela distorsiones e intencionalidad, así como reiteradas ofensas a la familia, la religión, las instituciones armadas y los principios morales y éticos que sustentan la estructura espiritual e institucional de las sociedades hispanoamericanas y, dentro de estas, a nuestra Nación, contribuyendo a mantener y expandir las causas que determinaron la implantación del estado de sitio».
En julio de 1980, por decreto 2038, se prohibió la utilización en el ámbito escolar de la obra Universitas, Gran Enciclopedia del Saber, de Editorial Salvat, editada en Barcelona, por «incurrir en falseamiento de la verdad histórica (…) analizando uno de los períodos más importantes de la historia moderna, como es el proceso de industrialización, bajo la metodología inspirada en el materialismo dialéctico».
En el mismo decreto se prohibía el Diccionario Salvat:
En septiembre de 1980, un comunicado ministerial prohibió el uso en las escuelas de los textos de Antoine de Saint-Exupéry, autor, entre otros, de El Principito.
Incluso se llegó a prohibir un libro de ingeniería titulado Cuba electrolítica por asociar, erróneamente, su título con el país caribeño. También se llegó al extremo de prohibir la enseñanza de algunos temas de matemática moderna y de teoría de conjuntos por considerarlos «subversivos».
Editores, periodistas, escritores, poetas, cantantes, fueron prohibidos:
Otros «desaparecieron» (fueron secuestrados, torturados y asesinados):
Diferentes obras públicas construidas durante su régimen quedarían empañadas por sobreprecios en las mismas Uno de los casos en los que fue posible conocer con detalle los pagos y coimas fue el gasoducto Loma de la Lata, entre Neuquén y Buenos Aires, construido por los tres grandes grupos económicos del país: Techint, SADE (de Pérez Companc) y Macrì, reunidos en el Consorcio Neuba.Uno de los principales holdings beneficiados durante su dictadura fue el Grupo Roggio favorecido en la construcción de la nueva sede de Argentina Televisora Color y el estadio Chateaux Carreras, en la previa del Mundial 78. Todas las obras de ese evento fueron denunciadas por grandes sobreprecios y estafas. Pero además, durante esos años hicieron negocios con las obras de la Central Térmica y el aeropuerto de Tucumán, los Tribunales, el aeropuerto y la Central de Policía de CórdobaOtro de los Holdings que tuvieron un rápido crecimiento durante su régimen fue el Grupo Macri que tuvieron un rol y un crecimiento destacado durante el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional", en 1976 al comenzar el régimen tenían siete empresas; al terminar la dictadura la cantidad había aumentado a 47. entre ellas relevantes son Sevel Argentina (automotriz), Sideco Americana (construcciones), Socma Corp (financiera), Manliba (recolección de residuos), Itron (electrónica), Solvencia de Seguros (aseguradora), Prourban (inmobiliaria), Iecsa (instalaciones mecánicas), Perfomar (perforación petrolera) Durante su régimen se otorgaron millonarios beneficios económicos obtenidos por pocas empresas. En el caso de la cementera Loma Negra, Videla autorizó a través de un decreto de 1977 la instalación de una nueva planta en la provincia de Catamarca y beneficios impositivos como la desgravación por diez años del impuesto a las ganancias y del impuesto sobre el capital de las empresas, además de la exención de derechos de importación. Acindar también recibió cuantiosos recursos estatales a través de los regímenes de promoción industrial; contratos preferenciales en obras públicas lo que permitió adquirir otras empresas y fundar múltiples subsidiarias. También participó de la estatización de deuda privada y transfirió al Estado obligaciones por 652 millones de dólares.
Como resultado de las tensiones entre las tres Fuerzas Armadas argentinas por el reparto del poder y las fracasadas políticas económicas de Martínez de Hoz, Videla fue apartado de su cargo. Lo reemplazó en la presidencia el comandante en jefe del Ejército Roberto Eduardo Viola.
Dos años después de restablecerse el régimen democrático en Argentina en 1983, fue juzgado y declarado culpable por el asesinato y la desaparición de miles de ciudadanos durante su gestión presidencial. Fue sentenciado a reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua y destitución del grado militar en 1985. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal lo halló penalmente responsable de numerosos homicidios calificados, 504 privaciones ilegales de la libertad calificada, aplicaciones de tormentos, robos agravados, falsedades ideológicas de documento público, usurpaciones, reducciones a servidumbre, extorsión, secuestros extorsivos, supresión de documentos, sustracciones de menores, y tormentos seguidos de muerte. El fallo fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1986.
Videla cumplió sólo cinco años de prisión efectiva. En 1990, el entonces presidente Carlos Saúl Menem hizo uso de la facultad presidencial de indulto para dictar su excarcelación, junto con la de otros miembros de juntas militares y jefes de la policía de la Provincia de Buenos Aires y del dirigente montonero Mario Eduardo Firmenich, por los decretos 2741/90 y 2742/90. Menem argumentó la necesidad de «superar los conflictos pasados» para justificar la segunda tanda de indultos a jefes militares y guerrilleros.
En 1998 regresó a prisión, aunque brevemente, tras que un juez dictaminara que las causas por sustracción de menores durante el terrorismo de Estado constituían un crimen de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptible. Pasó treinta y ocho días en la cárcel de Caseros hasta que se le concedió el derecho al arresto domiciliario en atención a su edad. La causa se encuentra actualmente siendo juzgada.
Su extradición a Alemania es solicitada desde 2003 por el tribunal territorial de Núremberg, por su responsabilidad en el homicidio de la ciudadana alemana Elisabeth Kaesemann, asesinada en Argentina en mayo de 1977. En 2005 el sumario fue sobreseído por no hallarse constancia de un posible delito.
El 10 de octubre de 2008 perdió el beneficio de la detención domiciliaria en su piso del barrio porteño de Belgrano, y fue trasladado a la cárcel que funciona en Campo de Mayo, la principal base militar del país. El juez encargado del caso argumentó para tomar esta decisión que la gravedad de los hechos que se le atribuyen a Videla resultan un escollo insalvable para el otorgamiento de tal beneficio.
La fiscalía de Núremberg reabrió la causa contra Videla en diciembre de 2009 tras la aparición en Argentina del cadáver del ciudadano alemán Thomas Stawowiok.
En uno de los últimos juicios relativos a torturas y asesinatos llevado en cabo en 2010 en la Provincia de Córdoba Videla, volvió a negar que el tribunal pudiera juzgarlo, afirmando que «este tribunal, a mi juicio, carece de competencia y jurisdicción para juzgarme por los hechos protagonizados por el ejército mientras yo fui su comandante en el marco de la guerra interna librada contra el terrorismo subversivo». También reivindicó su dictadura y se reconoció responsable por todos los crímenes cometidos diciendo que asumía «en plenitud mis responsabilidades castrenses en todo lo actuado por el Ejército Argentino en esa guerra interna a la que he hecho referencia. Y esa responsabilidad la asumo con total “prescindencia” de quienes fueron mis subordinados y se limitaron a cumplir mis órdenes».
El 31 de agosto de 2010 la Corte Suprema de Justicia confirmando las sentencias de tribunales inferiores, dictó que el indulto que recibió del entonces presidente Menem no fue constitucional y la condena que anuló debía ser cumplida efectivamente.
El 22 de diciembre de 2010 el Tribunal Oral Federal 1 sentenció con prisión perpetua a los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, en el marco del juicio que se desarrolló en la ciudad de Córdoba por delitos de lesa humanidad e irá a una cárcel común.
En sus últimas palabras antes de la sentencia, el represor Jorge Rafael Videla volvió a reivindicar el terrorismo de Estado y justificó los crímenes de lesa humanidad que se le imputan: dijo que libró «no una guerra sucia, sino una guerra justa que aún no ha terminado». También repitió lo que venía afirmando desde que comenzó el juicio el 2 de julio: que «los enemigos derrotados de ayer cumplieron su propósito y hoy gobiernan el país e intentan un régimen marxista a la manera de Gramsci», refiriéndose implícitamente a los Gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner.
El 5 de julio de 2012, se lo sentenció a cincuenta años de prisión luego de que el tribunal que lo juzgó lo encontrara culpable por el delito de secuestro y sustracción de identidad a menores de edad durante su gobierno de facto.
También fue investigado por la justicia española: documentos de la Audiencia Nacional de España hallados en 2015 describen la existencia de una red que manejaba los fondos robados a víctimas del terrorismo de Estado. Videla montó varias empresas en ese país y registró cuentas en distintos bancos de Europa, donde guardó grandes cantidades de dinero que fueron robados a desaparecidos, que al igual que en otros tantos casos, habría sido blanqueado a través de empresas y cuentas bancarias en el exterior.
En 2012 Jorge Videla se encontraba preso por crímenes de lesa humanidad, ocurridos durante la dictadura, en la base militar de Campo de Mayo. Desde allí, concedió una entrevista en febrero a la revista española Cambio 16, donde reivindicó la dictadura y sostuvo que el peor momento para los militares «llegó con los Kirchner», que por «un espíritu de absoluta revancha», impulsó la reapertura de juicios por delitos de lesa humanidad. Sus dichos provocaron el repudio de todo el arco político argentino y de las organizaciones de derechos humanos. En junio de ese mismo año fue trasladado a una cárcel común, el penal de Marcos Paz.
Según el parte médico del Penal de Marcos Paz, Jorge Rafael Videla falleció a las 6:25 de la mañana del 17 de mayo de 2013, a la edad de 87 años por un paro cardiorrespiratorio, caracterizado en el parte médico como muerte natural. El exdictador argentino fue encontrado sentado en un inodoro del penal sin pulso ni respiración, muerto donde cumplía con el castigo de cadena perpetua.
Hasta el día de su muerte, Videla justificó el terrorismo de Estado que impuso en Argentina durante su dictadura y nunca se arrepintió públicamente de sus crímenes.
Su fallecimiento provocó una importante cobertura periodística en los medios de comunicación de casi todo el mundo. Su entierro provocó fuertes repudios en su pueblo natal, Mercedes, ya que tras anunciar que sería enterrado allí, tanto los propios vecinos de Mercedes como además también muchos activistas por los derechos humanos colgaron carteles en el acceso al cementerio con los nombres de los veintidós desaparecidos que tuvo esa ciudad durante el régimen militar que presidió. Videla ya era persona no grata en Mercedes: en 1998, el Concejo Deliberante por unanimidad votó esa declaración juzgándole indeseable. Finalmente fue sepultado en secreto en un cementerio de Pilar. Un portavoz del Estado Mayor General del Ejército declaró que no recibiría ningún honor militar en sus funerales por haber sido destituido del Ejército Argentino.
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