La ley de Fomento de la Competencia en la Cadena de Valor Alimenticia, mejor conocida como ley de góndolas, es una legislación argentina que tiene el propósito de potenciar la competencia. Establece que una misma marca no podrá superar el 30% del espacio disponible en la góndola que comparte con productos de similares características para así frenar conductas monopólicas y favorecer la competencia y la participación de pymes.
La ley tuvo media sanción en la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 con 182 votos afirmativos y 17 abstenciones. El 29 de enero, el presidente Alberto Fernández la incluyó en el temario de sesiones extraordinarias y el Senado la aprobó con 56 votos a favor y 4 abstenciones.
Suele citarse como una influencia sobre el proyecto elaborado en Argentina a la ley de góndolas de Ecuador. En 2016 Alfonso Prat-Gay, para ese entonces Ministro de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri, reconoció la ley ecuatoriana y transmitió su interés por imitarla en Argentina, para así aumentar la competitividad de las pymes.
El 23 de abril de 2019 comenzaron a tratarse los anteproyectos de ley en la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados. Existían cinco propuestas diferentes para la ley propuestas por diferentes políticos y actores de la sociedad civil:
El 21 de mayo se realizó un plenario de comisiones donde el Frente Renovador junto al FPV-PJ logró dictamen favorable para su anteproyecto.
Durante el debate en el recinto la diputada Carrió expresó:
El miércoles 20 de noviembre fue debatido en la sesión de la Cámara de Diputados, en la cual obtuvo su aprobación con 182 votos a favor, 17 abstenciones (en su mayoría pertenecientes a Cambiemos) y ningún voto en negativo.
En enero de 2020 el Poder Ejecutivo decidió que el proyecto fuera tratado durante las sesiones extraordinarias del congreso. Fue enviado originalmente a tres comisiones del Senado: Legislación General; Industria y Comercio; y Derechos y Garantías pero finalmente se acordó que solo interviniera la primera de ellas. El 18 de febrero de 2020 obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Legislación General.
El 28 de febrero, último día de las sesiones extraordinarias, comenzó a tratarse el proyecto de ley.
Martín Lousteau (Juntos por el Cambio) anunció su abstención indicando que:
Su compañero de bancada, Luis Naidenoff, también se mostró a favor de utilizar los mecanismos que proveen las leyes vigentes:
El proyecto fue aprobado sin modificaciones, con 56 votos afirmativos y 4 abstenciones.
El texto de la norma busca lograr una distribución "equitativa" de las góndolas de los supermercados con facturación mayor a 170 millones de pesos o que cuenten con más de 325 empleados. De esta forma, se logra excluir a los almacenes y supermercados que no alcancen tal piso de facturación.
Los puntos principales son los siguientes:
Existen controversias en torno a sus posibles efectos. Hay quienes la defienden por su intención de regular la competencia e impulsar a las pequeñas empresas, mientras que otros critican su influencia sobre una equívoca distribución de la demanda.
El límite del 30% por grupo empresario es considerado poco factible en algunos sectores, como el de la cerveza, en el que empresas como AB InBev y CCU dominan el 98% del mercado.
Mientras la ley era tratada en Diputados el empresario Martín Cabrales, integrante de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) declaró:
En oposición, Ariel Aguilar, empresario y vicepresidente de la Confederación Empresaria Argentina (CGERA), en una nota brindada a CNN Radio, se mostró a favor de la iniciativa por la obligación a supermercados de diversificar la oferta de sus productos con el fin de evitar oligopolios o abusos de “posición dominante”:
El dueño de la cadena Maxiconsumo, Víctor Fera, declaró:
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