La presidencia de Mauricio Macri en la República Argentina comenzó el 10 de diciembre de 2015, diferenciándose el momento del inicio de su mandato, que sucedió a las 0:00 horas, de la asunción del cargo, que sucedió horas después, al momento de prestar juramento ante la Asamblea Legislativa. Existen discrepancias sobre la fecha exacta de finalización de su mandato: según algunas personas finalizó el 10 de diciembre de 2019, al momento del juramento de su sucesor, Alberto Fernández, según otras personas su mandato finalizó el 9 de diciembre de 2019 a las 24:00, al cumplirse cuatro años del inicio del mismo, según lo establecido por la jueza Servini en el fallo del 9 de diciembre de 2015.
La organización política a la que representó fue el partido Propuesta Republicana, que integró la coalición política Cambiemos, a la que también pertenecieron la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica ARI entre otros partidos. El diario español El País informó que fue el primer presidente argentino no perteneciente al partido peronista en completar su mandato en tiempo y forma desde Marcelo Torcuato de Alvear en 1928, sin considerar que con posterioridad el radical Agustín P. Justo (1932-1938) también completó su mandato en tiempo y forma, y que el peronismo recién apareció en 1945. Macri ha relativizado esa afirmación, sosteniendo que su gobierno económicamente terminó cuatro meses antes, el 11 de agosto de 2019, por decisión del mercado, luego de su derrota en las primarias. Fue uno los cuatro presidentes no peronistas en traspasar el mando a un presidente peronista, junto a Edelmiro Julián Farrell, Alejandro Agustín Lanusse y Raúl Alfonsín; fue uno de los dos presidentes no peronistas en recibir el mando de un presidente peronista, junto con Fernando de la Rúa; y fue el único presidente en recibir el mando de un presidente peronista y entregárselo a otro presidente peronista. Fue también el primer presidente argentino que se presentó para ser reelegido y no lo logró.
En marzo del 2015 el PRO se unió a la Unión Cívica Radical y a la Coalición Cívica ARI formando el frente Cambiemos.
Para las elecciones primarias, la fórmula Mauricio Macri-Gabriela Michetti compitió con Ernesto Sanz y Elisa Carrió. Macri ganó la candidatura. La elección presidencial se desarrolló el 25 de octubre. El candidato oficialista Daniel Scioli quedó en primer lugar con el 37.08% de votos a favor y Macri en segundo con el 34.15%, por lo cual ambos debieron competir en una segunda vuelta.
En el primer balotaje de la historia argentina, realizado el 22 de noviembre de 2015, el macrismo triunfó sobre Scioli (quien obtuvo el 48,66 %), obteniendo 12.997.937 votos, que equivalieron al 51,34 % de los votos positivos emitidos. Macri obtuvo 8,6 millones de votos (34,15%) en la primera vuelta y 12,99 millones de votos en la segunda vuelta (51,34%).
Se convirtió en el primer presidente elegido desde 1944 no perteneciente a los partidos tradicionales de la Argentina (la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista), así como el primer presidente procesado penalmente, aunque el juez Sebastián Casanello decretaría su sobreseimiento pocos días después de asumir, manteniendo el procesamiento de sus subordinados.
En los días posteriores a la elección, recibió felicitaciones por parte de sus contrincantes Daniel Scioli, Sergio Massa, y sus pares del mundo. La presidenta saliente Cristina Kirchner le envió su felicitación, y se reunió con Macri dos días después para acordar detalles acerca del traspaso de mando.
Durante esos días afirmó públicamente que exigiría la renuncia de varios funcionarios con mandatos todavía no cumplidos, como la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Banco Central, y el Ministerio Público, todos ellos órganos independientes del Poder Ejecutivo.
El diario Clarín dedicó un artículo para informar sobre la postura de los empresarios frente al gobierno de Macri, concluyendo que "hay consenso en apoyar al nuevo gobierno". El periódico informa que uno de los asistentes al evento «resumió a Clarín la postura frente a Macri: “Apoyo sin condicionamientos”». Entre los entrevistados se encuentra también Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Organización Internacional de Empleadores en representación de las patronales argentinas, diciendo que se trataba de “una actitud de acompañamiento a una economía más de iniciativa privada con una filosofía de libre mercado y de inserción internacional”. El artículo cita textualmente la afirmación un funcionario macrista, al que no identificó.
La presidenta saliente Cristina Fernández de Kirchner aseguró que como oposición será responsabilidad de su partido (el Frente para la Victoria) «aportar gobernabilidad», afirmando «no vamos a hacer lo que nos hicieron a nosotros». Luego del conflicto por el protocolo, afirmó que fue ella quien propuso que el «presidente provisional del Senado tenía que ser alguien de su partido, por la línea sucesoria y que pese a que la bancada del FpV tiene “mayoría absoluta”, iba a votar a quien él propusiera, como una clara señal de gobernabilidad democrática».
Como consecuencia de este acuerdo el 3 de diciembre de 2015 resultó elegido presidente provisional del Senado Federico Pinedo, colocándose en segundo lugar de la línea sucesoria en caso de acefalía presidencial, detrás de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Pocos días después Pinedo debió ejercer el Poder Ejecutivo de la Nación el 10 de diciembre de 2015, debido a que el mandato de Cristina Fernández de Kirchner había finalizado y Macri y Michetti no podían asumir sus cargos debido a que aún no habían jurado ante la asamblea legislativa. En su condición de vicepresidente primero del Senado en ejercicio del Poder Ejecutivo, Pinedo entregó a Macri la banda y bastón presidenciales.
El 10 de diciembre Mauricio Macri juró ante el Congreso:
Macri se apartó del juramento constitucional reemplazando la expresión «desempeñar con patriotismo» el cargo, que establece la Constitución en su art. 93, por la expresión «desempeñar con honestidad» el cargo. La supresión de la palabra «patriotismo» que ordena la Constitución, generó críticas de la oposición.
Pronunció un discurso de 27 minutos, en el que reafirmó algunos de los ejes de su campaña, y saludó a sus competidores de las elecciones presidenciales.
Más tarde se dirigió hacia la Casa Rosada, un trayecto de algo más de 1 km, durante el que recibió el saludo de unos centenares de vecinos. Allí recibió el bastón y la banda presidencial en el Salón Blanco de manos del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, acompañado de la vicepresidenta Gabriela Michetti, el presidente de la cámara de Diputados Emilio Monzó y el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti. Realizó una recepción en el Palacio San Martín de la Cancillería argentina a todos los jefes de estado presentes (Michelle Bachelet, Horacio Cartes, Juan Manuel Santos, Rafael Correa, Evo Morales, Dilma Rouseff, y Juan Carlos I) y representantes de otros países. Tomó juramento a su gabinete en el Museo del Bicentenario, y por la noche presenció una función especial en el Teatro Colón.
La cadena estadounidense CNN señaló en tono elogioso que el primer gabinete de Macri se destaca por el protagonismo de los empresarios en el mismo y la procedencia de sus miembros de universidades privadas argentinas y estadounidenses. El mismo señalamiento hizo el diario Página/12 en diversos artículos, aunque en tono crítico, señalando el "perfil empresarial" del gabinete y sosteniendo que "en apenas veinte días, desembarcaron en ministerios y secretarías ex gerentes de Shell, Techint, General Motors, HSBC, Telecom, Grupo Clarín, LAN, Banco Galicia, Pan American Energy, JP Morgan, Citibank, Telefónica, Coca-Cola, Deutsche Bank, Farmacity y Axion, entre otras empresas".
El gobierno de Mauricio Macri recibió de su antecesor un déficit primario del 6% del PBI y un déficit financiero cercano al 8%. Macri adoptó una estrategia general de reformas basadas en el «gradualismo» y el «consenso» con la oposición y los actores sociales, según sus propias expresiones. Para equilibrar el presupuesto decidió llevar adelante una política de austeridad que implicó principalmente la disminución de los subsidios a los servicios públicos. Según la BBC, el gobierno macrista ha realizado uno de los aumentos de tarifas de servicios públicos más grandes de la historia del país. Una de sus primeras medidas, tomada el 17 de diciembre de 2015, fue la liberalización de las restricciones cambiarias, conocidas popularmente como «cepo cambiario», lo que supuso que el peso experimentara una devaluación cercana al 40 %.
La política para contener la inflación y la cotización del dólar estuvo basada, en una primera etapa, en metas de inflación y luego en una política de control de agregados monetarios. En este proceso se aumentó la tasa de interés de referencia a un valor del 60%, siendo el más alto del mundo. Esta política, sin embargo, falló en controlar la cotización del dólar, superó los $60 a fines de 2019. Tampoco logró controlar la inflación, que promedió el 40% anual durante la gestión de Macri y acumuló un aproximado de 300% hacia finales de 2019. En 2018 la economía nacional de Argentina fue calificada como hiperinflacionaria por el organismo regulador de Estados Unidos, la Security and Exchange Commission (SEC), basándose en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que regulan la presentación de balances de las empresas que cotizan en Bolsa en todo el mundo. En tanto la moneda argentina, el peso, fue la moneda emergemte de peor desempeño entre enero y febrero de 2018.
La actividad económica estuvo en recesión durante tres de los cuatro años del mandato de Macri. El PBI cayó un 2,1% en 2016, creció al 1,6% en 2017 para luego caer nuevamente el 2,5% en 2018 y un 2,2% en 2019.
Esta combinación de recesión y alta inflación provocó un deterioro de los indicadores sociales. Desde un valor cercano al 30% en diciembre de 2015, la pobreza llegó a 35,4% en el primer semestre de 2019 y se estima que puede llegar al 40% al terminar el año. La indigencia a su vez llegó al 7,7% de la población. Según un estudio de la consultora Delfos la clase media, se redujo del 30% al 25% a fines de 2017. La nueva metodología para medir la pobreza implementada por el gobierno de Macri fue objeto de críticas, debido a ciertas inconsistencias con otros indicadores, como el desempleo, el aumento del precio de los alimentos y la desocupación medida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Según el informe de la Universidad Nacional de Avellaneda, la Argentina fue el país latinoamericano en el cual se ha deteriorado más el nivel adquisitivo de los salarios a partir de la asunción de Mauricio Macri como presidente. La caída del valor real de los sueldos fue de un 6,1% en sus primeros dos años y se debe al proceso inflacionario que sufrió la economía y al menor nivel de aumento salarial. El salario mínimo en la Argentina se desplomó 34,8% en los primeros dos años y medio de gobierno de Mauricio Macri; desde los 600 dólares mensuales (2015), a los 400 dólares luego de la devaluación tras liberar el cepo, y continuó descendiendo hasta llegar a los 384 dólares en mayo de 2018.
Para 2017, el segundo año de su gobierno, el país estaba en el tercer puesto entre los países con mayor déficit externo a nivel mundial, con 31.000 millones de dólares. En la comparación del déficit en relación al PBI, Argentina se ubica en la quinta posición entre los países con mayor déficit fiscal, solo detrás de Túnez, Senegal, Egipto y Panamá. Argentina se ubicó además como el quinto país del mundo con mayor déficit de cuenta corriente. Sumado el conjunto de déficit de cuenta corriente y déficit público se tiene que Argentina se encuentra actualmente en la cuarta posición en materia de los peores déficit gemelos a nivel mundial. Debido a los aumentos de tarifas y los saltos del tipo de cambio en una economía altamente dolarizada, Argentina se encuentra entre los países de mayor inflación en todo el mundo.
Entre diciembre de 2015 y el mes mismo de 2019 la deuda externa bruta creció 76%, pasando de u$s157.792 millones a u$s232.952. De este total, u$s200 000 millones correspondían a vencimientos en el corto plazo, entre 2020 y 2023.
El 14 de diciembre de 2015, el gobierno anunció la eliminación de retenciones a las exportaciones de trigo, maíz, sorgo y carne, y una reducción a las retenciones de soja al 30 %, con un costo fiscal de 23 604 millones de pesos.
La rebaja de las retenciones, sumada a la devaluación, produjo fuertes incrementos de precio en productos de primera necesidad, entre ellos el aceite que aumentó un 51%, la harina 110%, el pollo 9 % y los fideos 78% entre otros, y un aumento del 50% en el precio de la carne en dos semanas.
En 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, se inició un pico inflacionario, que llevó a que se categorizara a la Argentina como un país con hiperinflación por consultoras internacionales, entre ellas Ernst & Young Global Ltd., incluyó a la Argentina entre las economías hiperinflacionarias a partir de 2018, aplicando el International Accounting Standard 29 (IAS 29), de la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).
Durante la campaña electoral Macri dijo que si ganaba las elecciones aspiraba a tener un "dólar único" en diciembre y unificar las dos cotizaciones de facto debido a los controles cambiarios (conocidos como «cepo»), la oficial estaba en $9,8, mientras que la paralela alcanzaba los $14,50. Mauricio Macri había manifestado que la "devaluación no es la solución" a los problemas económicos de la Argentina, mencionando que "la solución es bajar la inflación, se devalúa la moneda producto del proceso inflacionario que tiene que este gobierno".
El 16 de diciembre el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay anunció el fin de las limitaciones para la compra de moneda extranjera. Al día siguiente se produjo una fuerte devaluación del peso, que modificó su cotización de 9,84 a 13,95 unidades por dólar, lo que representó una depreciación del 42%. Aunque durante los días siguientes se experimentó una apreciación del peso que llevó su cotización a 13,30 por unidad,en total moneda cayó 26% tras registrar en la mañana su menor nivel desde 2002 volvió a subir a 14,70 a comienzos de febrero de 2016, con una tendencia al alza.
Simultáneamente el ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay afirmó que a nivel internacional se recibieron positivamente las nuevas medidas en particular la liberación del mercado de cambios.
Tras la remoción aumentaron en un 200% sus compras de dólares en el primer trimestre de 2016 y el déficit cambiario creció 45% y la fuga de divisas alcanzó los u$s 9.000 millones en los primeros 9 meses.
Estas medidas provocaron que el peso experimente una devaluación cercana al 40%, la mayor registrada desde 2002, cuando se puso fin a la convertibilidad. Entre diciembre de 2015 y julio de 2017, el peso sufrió una devaluación cercana al 82%. El peso fue la moneda de peor desempeño en el mundo en 2017. En mayo de 2018 se produce una corrida cambiaria que llevó la cotización a 24,00 por dólar. A fines de agosto de 2018, el peso cotizaba cercano a los 40,00 por dólar, habiendo experimentado una devaluación del 304 % desde la asunción de Mauricio Macri. En cuanto a caída de reservas, en el último trimestre Argentina fue el país del mundo de mayor deterioro del mundo, con una merma del 8,3%. En mayo de 2018, el peso cotizaba a 24,00 por dólar, habiendo experimentado una depreciación de 144 % con respecto a la moneda estadounidense desde el inicio de la gestión de Macri. Hacia agosto de 2018 el peso se devaluó nuevamente superando los 30 pesos por dólar, mientras que en los países vecinos como Brasil y Uruguay el peso se tomaba a 40 por dólar. Acumulando una depreciación anual del 75 % y una depreciación de más del 200 % respecto al dólar desde diciembre de 2015. A fines de agosto de 2018, el peso cotizaba cercano a los 40 unidades por dólar, habiéndose depreciado 304 % desde la asunción de Mauricio Macri y acumulando un 125 % entre los doce meses anteriores.
El 2 de septiembre, el gobierno estableció un cepo cambiario con un límite de compra de 10.000 dólares por mes. En las semanas siguientes, y a pesar de la intervención oficial del Banco Central, el peso continuó devaluándose y tocó, el viernes 25 de octubre, un mínimo de 65 unidades por dólar.El 12 septiembre de 2019 impuso una nueva restricción en el mercado de cambios por la cual las personas físicas . A finales de octubre aumentaron las restricciones permitiendo únicamente la compra de 200 dólares mensuales con cuenta bancaria o 100 dólares en caso de utilizar efectivo.
La devaluación de diciembre de 2015 unificó a los sindicatos, que exigieron al gobierno un bono de fin de año para compensar la caída del salario real. Uno de los líderes sindicales, Hugo Moyano, si bien responsabilizó de la devaluación al gobierno saliente, advirtió que, ya que el gobierno había sido muy generoso con muchos sectores de la sociedad, esperaba que tomase la decisión de pedirles a las empresas que pagaran ese bono, que consideró "mínimo". Ante los reclamos sindicales, el Ministerio de Trabajo comunicó que "el bono no está agenda", mientras que el Ministro de Agricultura Ricardo Buryaile replicó que, en lugar de eso, se iba a subir el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.
El 21 de diciembre el secretario general de la CGT Antonio Caló expresó críticas por el aumento de la inflación desde "la salida del cepo" y declaró que el movimiento obrero estaba esperando ser recibido por el presidente Macri, ya que "con la salida del cepo y los aumentos de precios, los trabajadores somos los que más lo sufrimos." Tras considerar que todos los rubros habían aumentado ya un 30 o 40 por ciento, se mostró abierto al diálogo para fijar de acuerdo con el gobierno una cifra.
La Fundación Mediterránea, por su parte, presentó un informe en el que sostenía que la devaluación, la quita de retenciones a las exportaciones y el ajuste de tarifas afectarían los precios, haciendo que la inflación "se acelere en el corto plazo".
En respuesta al pedido de bonos por los sindicalistas la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, expuso que, desde su asunción el 10 de diciembre, la prioridad de su gobierno era conservar el empleo y garantizar sueldos y aguinaldos "que no estaban garantizados," agregando que la provincia no estaba en condiciones de afrontar un bono de fin de año.
El 21 de diciembre Macri anunció una ayuda extraordinaria de fin de año de $400 para las personas que cobran la AUH y la jubilación mínima. Macri explicó que el bono se debía al aumento de la inflación, a la que llamó "deslizamientos de precios", paralelamente anunció que no daría el bono de fin de año en el Estado Nacional, que reclamaban los sindicatos debido al aumento de precios, y que "lo que haga el sector privado dependerá de cada empresa y cada condición".
El sábado anterior a su asunción declaró que los trabajadores deberían pagar el impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo de diciembre, a diferencia de lo que venía sucediendo en los últimos años y que a partir del 1 de enero solo se eximiría a los trabajadores con salarios inferiores a $ 30.000. Los sindicatos criticaron inmediatamente la decisión y Macri debió rectificarse anunciando a través de Facebook que los salarios menores a $ 30.000 no pagaría el impuesto. La rectificación tampoco satisfizo a los sindicatos, ya que la quita anunciada por Macri era menor que la que había establecido Cristina Fernández de Kirchner en 2014, alcanzando a los trabajadores que ganaran menos de $ 35.000, beneficiando a unos 750.000 asalariados. Según los cálculos sindicales, teniendo en cuenta los incrementos salariales del 2015, el anuncio de Macri beneficiará a unos 450.000 trabajadores.
En marzo de 2016 se anunció el aumento de las tarifas del agua. En julio de 2016 fueron anunciados recortes en el subsidio estatal de agua potable y saneamiento, energía eléctrica e hidrocarburos (gas combustible y petróleo). Se produjo un fuerte aumento en los precios de los combustibles, naftas y GNC, convirtiendo a la Argentina en el segundo país con las naftas más caras de Latinoamérica después de Uruguay.
El 5 de abril de 2016 se produjeron cacerolazos en Argentina, manifestantes exigieron la renuncia de Mauricio Macri tras la gran cantidad de despidos, los abruptos aumentos, ajustes, tarifazos y la vinculación e imputación por el caso Panamá Papers. Hubo cacerolazos en el centro de Mar del Plata, en la plaza frente a la Catedral, también una masiva movilización denominada #7A en repudio al ajuste y la corrupción de Macri.También hubo protestas en otras plazas del interior del país y en Rosario.Convocados espontáneamente al grito de "procesado", miles de manifestantes se concentraron en Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires.
Las manifestaciones públicas en protesta por el aumento de tarifas se repitieron varias veces a lo largo de su mandato.esde diversas organizaciones vecinales y políticas argentinas llamaron a una primera protesta en contra de la medida gubernamental para el 14 de julio de 2016 en distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires. Los manifestantes que realizaron un cacerolazo, se concentraron en el Obelisco de Buenos Aires y sus alrededores, exigiendo, entre otros petitorios, la restauración de los precios tarifarios y la renuncia del primer ministro de energía argentino, Juan José Aranguren. El 14 de julio se produjo una protesta por los aumentos en la tarifa del gas, que en ocasiones había superado el 1000%, y en algunos casos llegaban al 2000%, a los que una resolución limitó a un máximo interanual del 400% (cinco veces más). Contribuyeron al malestar de la población las distintas expresiones vertidas por miembros del gabinete de ministros y el propio presidente de la Nación, haciéndose hincapié en las críticas a la gestión del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, del que se pidió la renuncia a su cargo.
Las manifestaciones públicas en protesta por el aumento de tarifas se repitieron varias veces a lo largo de su mandato.
Desde diciembre de 2015 hasta abril de 2016 se mantuvieron negociaciones con los Fondos buitre tenedores de deuda argentina que no habían ingresado al canje de 2010. Luego de derogación por parte del Congreso de las leyes de Pago Soberano y Ley Cerrojo mediante una emisión de deuda por 15 000 millones de dólares.
Dicho pago se encuentra siendo investigado por la justicia argentina por graves irregularidades detectadas en el pago, entre ellas: No se elaboraron informes por parte de áreas técnicas de organismos estatales que sustenten los montos demandados, hubo acuerdo firmados a mano alzada, no se individualizaron los títulos incorporados, y en la mayoría de los casos se acordó pagar más de lo acordado en las sentencias. Al analizar los desembolsos, los peritos también aseguraron que no hay documental que avale qué títulos se abonaron. A 2016 la causa es llevada adelante por el Fiscal Federal Federico Delgado sobre las irregularidades en el pago que ordenó el gobierno de Mauricio Macri.
Paralelamente se abrió una causa contra Mauricio Macri por la negociación con los llamados "fondos buitres", donde se lo investiga por una presunta "delictiva negociación". Según el diario británico Financial Times, Argentina emitió para pagarles la mayor suma de deuda para cualquier nación en desarrollo desde 1996, siendo el país que más se endeudó en el mundo desde 1996. Días después a consecuencia de esta política nacieron los llamados fondos de "tercera generación", una nueva tanda de demandantes con bonos que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010; y tampoco aceptaron la propuesta del gobierno Mauricio Macri. Tras meses de investigaciones, el fiscal del caso declaró: el endeudamiento por u$s 16.500 millones que encaró la administración de Cambiemos para luego cancelar en efectivo u$s 12.500 millones a los bonistas en default fue el broche de oro de una gigantesca estafa al Estado nacional.
El 30 de diciembre de 2015 el ministro de Economía Prat Gay anunció que había declarado la emergencia estadística, razón por la cual el gobierno «no publicará datos de la inflación hasta nuevo aviso» y que se estaba analizando la posibilidad de elaborar un índice alternativo. Como consecuencia de esas críticas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) había empezado a trabajar con especialistas del Fondo Monetario Internacional para mejorar la calidad de sus estadísticas, aunque en el primer plazo se dijo que hubo «avances», no se corrigieron las «imprecisiones» por lo que el organismo decidió postergar el plazo, estableciendo el 15 de julio de 2016 como fecha máxima para implementar las observaciones realizadas y lograr el suministro de datos «precisos».
Las declaraciones de emergencia dispuestas por el gobierno de Macri en varias áreas, fue cuestionada por periodistas como Tomas Lukin y el diario Página/12 y dirigentes del Frente para la Victoria, sosteniendo que la misma permite incumplir los procedimientos constitucionales y legales establecidos e institucionalizar la corrupción.La asociación de trabajadores del INDEC denunció los intentos por parte de Todesca de modificar las metodologías de medición de los distintos índices que publica el Instituto, con el objetivo de ocultar la realidad económica que se vive en el país: "esta dirección quiere dejar de medir la informalidad laboral, que en la Argentina alcanza a la mitad de la población", dijo el dirigente. También se denunció que las autoridades tienen la intención de descentralizar a la Ciudad de Buenos Aires de la Encuesta Nacional de Hogares, para que sea la propia administración porteña la que mida sus índices de consumos, abriendo la puerta a manejos arbitrarios de las estadísticas.
Paralelamente fue designado Jorge Todesca quien se hallaba imputado penalmente por el fiscal en lo penal EmIngresos por decil (deciles 1 y10), Argentina 2005-2016.pngilio Guerberoff junto a su consultora Finsoport por supuesta falsedad en la elaboración de índices de inflación privados. En 2016 el interventor decretó un "apagón estadístico", por lo que no se publicaron los índices de inflación durante 8 meses y se decidió seleccionar los IPC de San Luis y de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) a modo de referencia. Meses después para el cálculo de febrero del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), el Indec eligió el índice de San Luis que dio 2,7% cuando venía usando el de la Ciudad de Buenos Aires, que dio 4% para usar el índice más bajo de inflación y pagar menos intereses.Al mismo tiempo en 2017 los números oficiales del Indec mostraban una inflación sensiblemente menor que consultoras privadas y provinciales, mientras el IPC porteño calculaba una inflación 46% más alta que la del Indec en enero de 2017. siendo criticados los números de pobreza difundidos en 2016. En 2017 se implementaron cambios sustanciales a la metodología de la EPH (Encuesta permanente de hogares) por lo que diversos especialistas señalaron que se habían realizado numerosos hallazgos acerca de inconsistencias en la EPH y en la metodología de medición de la pobreza que inauguró el Indec en 2016. Un año antes diversos especialistas advirtieron que el Gobierno nacional de Mauricio Macri alteró la medición de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Total (CBT). En tanto el gobernador cordobés Juan Schiaretti calificó de "burla" los índices del organismo nacional. En tanto también el gobernador de San Juan criticó los índices de 2017 ya que el organismo había notificado que San Juan tenía el 43,6 por ciento de pobres y tres meses después informó que la pobreza en San Juan bajó al 26,4 por ciento, 17 puntos en tres meses.
En tanto, un informe del Observatorio de Desarrollo Social bajo la metodología de medición CONEVAL determinó que en el período 2015-2016 aumentó la inseguridad de 14,7% (2015) a 15,2% (2016). A la vez, se observó un crecimiento de la población bajo niveles de hacinamiento del 11,2% (2015) a 13,4% (2016), de déficit de servicio sanitario del 9,3% (2015) al 10,3% (2016) y de falta de acceso al sistema de seguridad social de 25,2% (2015) al 26,8% (2016). Ninguna de estas dimensiones e indicadores son evaluados en los datos del Indec a la hora de medir la pobreza.
El 9 de noviembre de 2016 el Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la primera misión de supervisión de la economía Argentina desde 2006, bajo las facultades denominadas "consulta del Artículo IV", del Convenio Constitutivo del FMI.
Al concluir la misma el FMI remitió al gobierno argentino cinco recomendaciones:
El 16 de noviembre de 2017 el presidente Macri, los gobernadores de 22 de las 23 provincias y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acordaron un Consenso Fiscal, en el que se comprometieron a tomar importantes medidas de gobierno y a gestionar ante el Congreso de la Nación leyes de reformas laborales, previsionales e impositivas. El Pacto incluía reorientar el 20 % del Impuesto a las Ganancias destinado a financiar la seguridad social para financiar a las provincias, la. entrega a la provincia de Buenos Aires de $ 65 000 millones de pesos —equivalentes a unos 4000 millones de dólares,y el compromiso por parte de las provincias para que los impuestos inmobiliarios suban hasta alcanzar el valor de mercado de los inmuebles. La única provincia que no firmó el Consenso fue la provincia de San Luis.
El acuerdo firmado en 2017 tuvo un cumplimiento parcial por parte del Estado y las provincias, con pocos Estados provinciales que respetaron los topes de Ingresos Brutos y algunas que no aceptaron eliminar los tributos diferenciales por territorio.
El proyecto de ley conocida como «reforma previsional» permitiría, según el gobierno, reducir el gasto público al menos 79 000 millones de pesos —equivalentes a unos 4600 millones de dólares—.
En agosto de 2018 un decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri rompió el Pacto Fiscal, entre ellos incumpliendo el inciso H del mismo, a ello se le sumo la decisión de eliminar el Fondo Sojero que contemplaba la transferencia a provincias y municipios del 30 por ciento de lo recaudado por retenciones a las exportaciones agropecuarias.En 2018 varias provincias denunciaron al Estado nacional por reducir unilateralmente la cooparticipacíon escudandpse en el pacto fiscal, en octubre de 2019 un falló de la Corte Suprema obligó al Gobierno a compensar a las provincias por la baja de cooparticipación IVA y los cambios en Ganancias que afectaron a las arcas provinciales. La causa había comenzado con un amparo de 15 provincias contra el decreto que hizo Macri tras las PASO. Obligando a la Nación a pagar unos 5.660 millones, solo por el IVA.
Luego de las elecciones de 2017 y como resultado de las recomendaciones del FMI y del Consenso Fiscal con los gobernadores del 16 de noviembre de 2017, Macri envió al Senado tres proyectos: de reforma previsional, de responsabilidad fiscal y de consenso fiscal.
El paquete se completó con un proyecto de reforma tributaria iniciado en la Cámara de Diputados, promueve la rebaja de impuestos distorsivos, grava la renta financiera y modifica gravámenes internos. La reforma incluye tanto aumento y creación de impuestos nuevos como la disminución de impuestos preexistentes, por ejemplo:
El corazón del paquete era el cambio de la fórmula con la que se venían actualizando los beneficios de la seguridad social (jubilaciones, pensiones, AUH, etc.), adoptando la recomendación del FMI de actualizar los beneficios por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el fin de generar un ahorro previsional, estimado entre 80.000 y 100.000 millones de pesos (equivalentes a 4600 y 5500 millones de dólares). El proyecto incluía también la supresión de los regímenes especiales de jubilación, como el de los docentes. Entre otras normas, el paquete incluyó también la eliminación del porcentaje del Impuesto a las Ganancias destinado a la seguridad social (ANSES), para ser destinado a las provincias, un aporte de $65.000 millones (equivalentes a unos 4000 millones de dólares) a la provincia de Buenos Aires y el compromiso de no aumentar el gasto público. Un año después de la reforma tributaria la carga tributaria subió 1% del PBI respecto del 2018, Finalmente a mediados de junio de 2019 pese a las promesas de campaña de bajar impuestos la presión impositiva creció a niveles récord, la suba de la tasa de estadísticas a las importaciones, la reimplantación de las retenciones y los Impuestos Internos, superaron a la baja de Ingresos Brutos se caracterizó por un aumento en el presión impositiva. En 2018 Argentina se ubicó como el país con mayor presión tributaria del mundo, mientras que en 2018 Argentina se ubicó como el segundo país con una mayor “tasa total de impuestos y contribuciones” que deben pagar las empresas a nivel mundial. En 2019 Argentina llegó a la carga impositiva más alta en los últimos 60 años, según estimaciones privadas durante la administración de Cambiemos.
En el Senado el proyecto fue modificado estableciendo una fórmula mixta, combinando el índice de precios al consumidor, con el índice de los salarios del sector formal (índice RIPTE). El 30 de noviembre el Senado aprobó los tres proyectos por amplia mayoría: la reforma previsional fue aprobada por 43 votos a favor y 23 en contra, el proyecto de ley de Consenso Fiscal tuvo 52 votos a favor y 15 en contra, y el proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal fue aprobado por 53 votos a favor y 14 en contra. Los proyectos fueron aprobados con el voto de los senadores oficialistas de Cambiemos y un sector considerable del bloque peronista, liderado por Miguel Ángel Pichetto, quien declaró que votar la ley había sido una "ingrata tarea". Entre los senadores que lideraron la votación en contra se destacaron Adolfo Rodríguez Saa -peronista de la Alianza Compromiso Federal- y Marilin Sacnun -peronista kirchnerista-.
Un sector importante del sindicalismo y de los movimientos sociales organizó una marcha de protesta al Congreso de la Nación para oponerse al proyecto de reforma previsional, con la consigna "No es reforma, es ajuste".
El 14 de diciembre se produjo un grave conflicto y una crisis política, calificada como "día de furia" por algunos medios, cuando la Cámara de Diputados convocó a sus miembros a tratar el proyecto aprobado en el Senado. Dentro del recinto la sesión se cayó por pedido de Elisa Carrió, cuando la oposición acusó al oficialismo de reunir el cuórum con personas que no estaban habilitadas como diputadas, en medio de un escándalo en el que se produjeron intentos de agresión física, con acusaciones y denuncias penales cruzadas entre funcionarios. Fuera del recinto, en las calles, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich envió gran cantidad de agentes de la Gendarmería Nacional y la Policía Federal para montar un operativo de vallado de varias manzanas, con el fin de impedir que manifestantes opositores se acercaran al Congreso Nacional. Pese a ello se produjeron violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, en los que resultaron heridos varios diputados, periodistas y ciudadanos, y fueron detenidas varias decenas de personas. El despliegue y la acción represiva dispuesta por la ministra Bullrich, fue criticada por las diversas expresiones de la oposición, organizaciones de derechos humanos y algunas figuras destacadas de Cambiemos, como la diputada Carrió y Ricardo Alfonsín. Luego de las críticas, en el más alto nivel se tomó la decisión de desplazar a la ministra Bullrich del mando del operativo de seguridad en el Congreso, para atribuírselo al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta.
Inmediatamente después de fracasada la sesión de la Cámara de Diputados, el presidente Macri se reunió con su gabinete para analizar la situación y ordenó redactar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para aprobar la reforma previsional. El DNU fue firmado por todos los ministros y varios medios de comunicación anunciaron la inminencia de su sanción por parte del presidente. En esa situación la Confederación General del Trabajo emitió una declaración en la que anunció que si el presidente Macri firmaba el DNU, declararía de inmediato una huelga general. Poco después la diputada oficialista Elisa Carrió hizo público un mensaje por Twitter en el que criticaba la intención del gobierno de sancionar el DNU, sosteniendo que se trataría de una grave violación a la Constitución Nacional. Luego de esos dos hechos los medios anunciaron que Macri había decidido no dictar el DNU.
El lunes 18 de diciembre los diputados fueron convocados nuevamente para tratar la reforma previsional y tributaria. El presidente Macri convocó simultáneamente a la Casa Rosada a los gobernadores de provincia, con el fin ratificar el apoyo al proyecto derivado de Consenso Fiscal y presionar a los diputados. Al igual que en la frustrada reunión anterior, fue vallada una área de varias manzanas para evitar que los manifestantes pudieran acercarse al Congreso Nacional. Por su parte la Confederación General del Trabajo declaró una huelga general de 24 horas que se inició a las doce del mediodía. Una gran multitud, estimada en 500.000 personas ocupó la plaza de los Dos Congresos y la Avenida de Mayo para protestar contra la ley. Luego del mediodía se desató una batalla campal entre algunos manifestantes y la policía, con decenas de heridos y detenidos, y críticas cruzadas por la responsabilidad de la violencia; el oficialismo sostuvo que se trató de un intento de golpe de estado. Por la noche, ya retirados los manifestantes, se inició un cacerolazo en el que participaron decenas de miles de vecinos, que comenzaron a salir de sus casas para reunirse espontáneamente y hacer sonar sus cacerolas en señal de protesta en diversos barrios de Buenos Aires y otras ciudades del país. Finalmente, en la madrugada del día 19 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó la reforma previsional, por 128 votos a favor y 116 en contra; veinte diputados opositores votaron a favor del proyecto.
Diversas asociaciones de periodistas repudiaron la violencia ejercida contra al menos 23 periodistas, 13 de los cuales fueron heridos por las fuerzas de seguridad (el caso más grave fue el del fotógrafo Juan Pablo Barrientos de Revista Cítrica baleado con más de 20 impactos de bala de goma) y 10 por grupos de manifestantes (el caso más grave fue el del comentarista Julio Bazán del grupo Clarín al que le arrojaron brasas candentes). La Academia Nacional de Periodismo consideró que la violencia contra los periodistas constituía una "involución intolerable".
A comienzos de 2018 el gobierno argentino no logró obtener nuevos préstamos internacionales para pagar los intereses crecientes de la nueva deuda externa contraída. Ante la inminencia del default se produjo una corrida cambiaria que causaría que el peso argentino perdiera la mitad de su valor en dólares, con un dólar que pasó de valer $18,40 en diciembre de 2017 a $40 en septiembre de 2018.El 8 de mayo de 2018, en un mensaje emitido desde la Casa Rosada, el presidente Mauricio Macri anunció el inicio de conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para solicitar una «línea de apoyo financiero», consistente en un posible préstamo de unos 30 mil millones de dólares estadounidenses. Esto ocurrió tras varias jornadas de corrida cambiaria que llevaron a una escalada de la cotización del dólar estadounidense (que se acercó a los 24 pesos, alcanzando su máximo histórico desde la salida de la convertibilidad) y que provocó una devaluación de la moneda argentina, el derrumbe del valor del peso argentino, el aumento del riesgo país al segundo más alto del mundo y de las tasas de interés, ubicándose como las más altas del mundo. Además llevaría a una depreciación del peso argentino de 17,66 por dólar a 40. Para noviembre de ese año, el país tenía la segunda inflación más alta del mundo y una de las mayores caídas del PIB, lo que llevó a la decisión de recurrir al rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En esas condiciones Macri desplazó al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y recurrió al Fondo Monetario Internacional que, con fuerte apoyo del presidente de Estados Unidos Donald Trump, le otorgó inicialmente un préstamo de 50.000 millones de dólares, el más grande de la historia del organismo, equivalente a un 11% del PBI de la Argentina en 2018.
El FMI liberó una primera partida del crédito, pero el dinero fue utilizado por el nuevo presidente del Banco Central, Luis "Toto" Caputo, para vender los dólares del FMI en el mercado de cambios sin subastar los mismos, algo que había sido prohibido por el FMI al conceder el préstamo, debido a la falta de transparencia de dichas operaciones. La consecuencia fue un nuevo despido del presidente del Banco Central, a solo tres meses de su designación; al año siguiente el propio Caputo reveló que fue el Fondo Monetario quien dispuso su despido como presidente del Banco Central. El gobierno firmó entonces un nuevo acuerdo con el FMI, donde se aumentó el préstamo a 57.100 millones de dólares. Ese monto se completó también con un crédito del 5.650 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El FMI aceptó que la totalidad del dinero fuera entregada en los dos años restantes del mandato de Macri y que la cancelación del préstamo corresponda al gobierno siguiente.
El eje central de las condicionalidades del FMI es reducir a cero en 2019, el déficit fiscal primario sin contar el pago de los intereses de la deuda externa, para la que sí se permite tener déficit fiscal. El ministro de Economía Nicolás Dujovne explicó en estos términos las metas inflacionarias del préstamo stand by con el FMI:
En 2019 las metas inflacionarias no se habían cumplido por mucho. Al finalizar junio de 2019, la inflación del primer semestre (22,4%) ya había superado el 17% comprometido para todo el año. Asimismo, la inflación interanual escaló hasta 55,8%, más del doble de lo comprometido con el FMI. En julio de 2019, el FMI aceptó cambiar las metas originales y desembolsar las sumas restantes, preocupado por la posibilidad de que el déficit cero perjudique las posibilidades electorales del presidente Macri en las elecciones presidenciales de octubre de 2019.
En julio de se desató una nueva corrida cambiaria que provocó, a fines de ese mismo mes, una fuerte caída de los bonos y acciones argentinas, el aumento del riesgo país en 700 puntos, y el aumento del valor del dólar, que llegó a superar los 40 pesos. La corrida provocó que las variables financieras, monetarias y bursátiles se derrumbase. A esto se le sumó una mayor pérdida de reservas, caída de las acciones, y el derrumbe de los bonos. Sacrificándose más de 9.000 millones de dólares en reservas sobre un total de 53.000 millones. Además el gobierno subió la tasa de interés al 60% la más alta del mundo.El 1 de septiembre, como efecto de la crisis cambiaria argentina, la agencia calificadora Standard & Poor's bajó la calificación de deuda argentina. Desde a principios de 2018 se sumaron 4,8 millones de pobres. La pobreza pasó del 24 al 36 por ciento. Los datos de Indec quedaron bajo sospecha desde que la exdirectora de la Encuesta Permanente de Hogares Cynthia Pok renunció en 2017 denunciando presiones para dibujar el índice de pobreza. Al mismo tiempo llevó al desplome de los salarios argentinos medidos en dólares.
El 12 de agosto de 2019, luego de las elecciones primarias se desencadena una corrida cambiaria y bursátil (esta última la segunda más grave de la historia de la humanidad, con una caída del 48%), que devaluó el peso en un 40% en pocas horas (de $42 a $66 el dólar), que luego el Banco Central logró atenuar un poco, cerrando el día con una devaluación del 25% ($57) y un riesgo país que duplicó su valor para alcanzar 1700 puntos básicos. Al día siguiente continuó la corrida cambiaria y bursátil, con una nueva devaluación del peso de un 9%.
Para entonces los datos de la macroeconomía habían quedado completamente desfasados de las metas acordadas con el FMI. El acuerdo establecía que al final de 2019, la deuda pública debía ser equivalente al 64,5% del PBI, la inflación anual debía descender al 17%, el crecimiento del PBI debía llegar al 1,5% y el desempleo debería estabilizarse en 8,6%. Ninguna de esas metas se cumplieron. Hacia mitad de año la inflación había alcanzado el 22,4% semestral (cinco puntos más de lo que debía sumar en todo el año), el FMI cambió abruptamente su estimación y estimó que el PBI se reduciría un 1,3%, y el desempleo siguió creciendo y alcanzó los dos dígitos por primera vez en una década con un 10,1%, La crisis de agostó empeoró seriamente esos indicadores que ya eran muy negativos.
La abrupta suba del valor del dólar desencadenó a su vez una nuevo salto inflacionario, con subas de precios de dos dígitos en un solo día, principalmente en los alimentos, amenazando provocar una crisis alimentaria generalizada.
El miércoles 15 de agosto el presidente Macri anunció una serie de medidas con el fin de atenuar el efecto de la crisis. Las medidas incluyeron un congelamiento del precio de los combustibles, un aumento inmediato del salario de los empleados del Estado nacional, la eliminación del IVA en los alimentos que se cobraba al consumidor, la convocatoria urgente a las cúpulas empresariales y sindicales para acordar un nuevo monto para el salario mínimo, vital y móvil y un aumento del mínimo a partir del cual se debe pagar el impuesto a las ganancias.
A partir de la corrida cambiaria y bursátil iniciada el 12 agosto, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne estuvo ausente de todas las reuniones del gabinete y en los anuncios económicos del gobierno. La ausencia de Dujovne generó diversas versiones. El diario Clarín informó que "todos conocían que Nicolás Dujovne había renunciado por escrito el martes (13 de agosto)" y afirmó que al ministro " ya se le conocían antecedentes de pánico ante situaciones de estrés". Finalmente, el martes 20 de agosto juró como nuevo ministro de Hacienda Hernán Lacunza, quien hasta ese momento se había desempeñado como ministro de Economía de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
Poco después de iniciada la crisis Macri y el principal candidato opositor, Alberto Fernández, conversaron telefónicamente por primera vez. Ambos declararon a la prensa que estaban satisfechos con el encuentro y los acuerdos básicos alcanzados con el objetivo de preservar la institucionalidad, respetar la voluntad democrática de la población y tranquilizar a los mercados, iniciando un proceso de reuniones entre el oficialismo y la oposición para dar estabilidad a la economía durante el proceso electoral.
Simultáneamente se dio a conocer que la casi totalidad de la deuda externa en dólares tomada por el presidente Macri ha sido utilizada para fugar capitales y pagar intereses: entre diciembre de 2015 y marzo de 2019, el país se endeudó en 107.525 millones de dólares, de los cuales 106.779 millones volvieron a salir en el mismo período. Hacia agosto de 2019, la deuda pública como porcentaje del PBI superó el 100%, duplicando el tamaño que tenía en diciembre de 2015, con el agravante de que el 80% de la misma fue contraída en dólares, convirtiendo a la Argentina en el país que más aumentó su deuda externa en 2019.
El 28 de agosto de 2019 el gobierno dispuso unilateralmente postergar el pago de cuatro letras de corto plazo del Tesoro Nacional (Lecap, Lecer, Letes y Lelinks), así como proponerles una postergación voluntaria del plazo de pago a los acreedores de títulos de deuda, tanto bajo legislación argentina como bajo legislación extranjera. Para el caso de la deuda bajo legislación argentina, el presidente Macri sancionó un Decreto de Necesidad y Urgencia estableciendo que si el 75% de los acreedores aceptaran la postergación del vencimiento, la misma sería obligatoria para el 25% restante. El gobierno utilizó una palabra que no existe, "reperfilamiento", para denominar la medida, pero diversas entidades y especialista caracterizaron la medida como un "default selectivo".
El 30 de diciembre de 2015 el ministro de Economía Prat Gay anunció que había declarado la emergencia estadística, días después el Instituto Nacional de Estadística y Censos fue intervenido por Jorge Todesca quien decretó un "apagón estadístico", por lo que no se publicaron los índices de inflación durante 8 meses y se decidió seleccionar los IPC de San Luis y de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) a modo de referencia, para sanear los datos alterados durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
En junio de 2016, el Indec volvió a medir la inflación.
Eliminar la inflación fue una de las principales promesas de campaña de Macri. Durante la misma declaró que «Eliminar la inflación será la cosa más simple que tenga que hacer si soy presidente» (febrero de 2015), y que «la primera meta será llevarla a un dígito en un par de años» (diciembre 2015).
Al asumir la presidencia, la inflación era de aproximadamente el 25 % anual. Un año después, la inflación de 2016 se ubicó en torno al 40 %. Al cumplirse el segundo año, la inflación de 2017 midió 24,8 %, virtualmente el mismo porcentaje que cuando inició su gobierno. Pero en 2018 la inflación volvió a saltar al 47,6%, siendo la más alta desde el año 1991, debido a entre otras cosas, al salto del dólar desde los 18 pesos a principio de año a superar los 40 en agosto.
Durante el gobierno de Macri el precio de los alimentos creció más que el promedio y más aún que el aumento de salarios. El fenómeno fue asociado a la quita de retenciones a las exportaciones de materias primas alimenticias (soja, cereales, carnes), causando de ese modo que los precios internos de los alimentos se aliñen con los precios internacionales, fenómeno conocido como "dolarización".En 2018 Argentina fue catalogada como economía hiperinflacionaria aplicando el International Accounting Standard 29 (IAS 29), de la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).
Entre octubre de 2015 y julio de 2019 la canasta alimentaria medida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aumentó 222% (de $5.189,62 a $16.722,38), mientras que, en el mismo período, el salario mínimo aumentó 123% (pasó de $5.588 a $12.500). Lo mismo sucedió con las jubilaciones mínimas, que aumentaron en ese lapso 117% (pasaron de $4.299 a $9.309). Debido al aumento galopante del precio de los alimentos, en julio de 2019, el salario mínimo hubiera necesitado aumentar un 100% en términos reales para recuperar el poder adquisitivo alimentario que tenía en 2015, mientras las jubilaciones mínimas hubieran tenido que aumentar un 58% en términos reales (descontando la inflación).
"Pobreza cero" fue uno de los principales lemas de campaña de Mauricio Macri en 2015. Poco después Macri pidió que su presidencia fuera evaluada según la evolución del índice de pobreza.
A poco de iniciado su gobierno, el Instituto de Estadísticas (Indec) elaboró una nueva forma de medición de la pobreza y la indigencia. El gobierno de Macri subió aún más la línea a partir de la cual debía considerarse pobre o indigente a una persona.
La nueva metodología para medir la pobreza implementada por el gobierno de Macri fue objeto de críticas, debido a ciertas inconsistencias con otros indicadores, como el desempleo, el aumento del precio de los alimentos y la desocupación medida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En marzo de 2017 renunció la directora de la Encuesta Permanente de Hogares, Cynthia Pok, debido a las presiones que sufría para falsear el índice de pobreza. Estudios llevados adelante por universidades independientes, como el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Católica Argentina, revelaron aumentos de la pobreza mayores que los publicados por el gobierno. Esta última, publicó a mediados de 2019 un estudio que mostraba que —a fines del año 2018— un 51,7% de la población menor de 18 años eran pobres y que un 10,9% eran indigentes, que un 29,3% de los menores estuvieron subalimentados y un 13% pasó hambre. En todos los casos se trataba de las cifras más altas desde que la UCA comenzó a publicar esas mediciones en 2010. Según el índice de la UCA, durante el gobierno de Macri (hasta fines de 2018) la pobreza aumentó un 15% y la indigencia un 27% (de 3,3% a 4,2%).
Más allá de las dudas sobre la precisión de los datos del gobierno, el propio presidente Macri y sus principales funcionarios reconocieron que la pobreza aumentó durante su gobierno.
Tras dos años y medio de gestión un estudio del Monitor de Clima Social (MCS) relevado periódicamente por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), un centro interuniversitario que integran la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET); la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de Hurlingham reveló que la mitad de los habitantes de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires disminuyeron las raciones de comida en el último año, la mitad de los ciudadanos tienen alguien de su hogar que perdió el trabajo en los doce meses. En febrero de 2018, un 37 por ciento de los hogares disminuyeron las porciones de comida por razones económicas. Ese porcentaje subió en éste Monitor, el de junio, al 48 por ciento del mismo año y el 40 por ciento pasó momentos de hambre por razones económicas durante el último año.
En septiembre de 2018 la relatora especial sobre alimentación de las Naciones Unidas, Hilal Elver, escribió un duro informe sobre la situación del país advirtiendo que cuatro millones de argentinos enfrentan una seria inseguridad alimentaria y padecen hambre.
Una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Macri fue acordar con los «fondos buitre». El diario Buenos Aires Herald dio a conocer que los fondos buitres Elliott Management y Aurelius Capital Management habían solicitado diversas medidas al juez Thomas P. Griesa con el fin de impedir que el gobierno argentino pudiera recibir fondos de diversos bancos internacionales para fortalecer sus reservas. En abril de 2016 se llegó a un acuerdo y se les pagó a los acreedores con una quita del 27%. Así el juez Thomas Griesa levantó las cautelares que frenaban pagos a los tenedores de bonos argentinos en el exterior y Argentina salió del default.
El presidente Macri impulsó una política de endeudamiento externo.Según el blog chequeado.co, la deuda pública recibida por el gobierno de Macri en diciembre de 2015 era de 240 665 millones de dólares. El 31 de diciembre de 2016 la misma llegó a 275 446 millones de dólares. Durante el año 2016, más del 12 % de la deuda mundial emitida lo fue por el Estado argentino, y desde enero a septiembre de 2017, el 20 % de los bonos emitidos por estados soberanos en el mundo correspondió a emisiones argentinas.
A fines de 2017, un informe de la agencia Bloomberg colocó a la Argentina en primer lugar en una lista de países emergentes en cuanto a emisión de deuda. El déficit fiscal fue cubierto con colocaciones de deuda cuantiosas, alcanzando los 42 000 millones de dólares entre 2016 y 2017. En la lista supera, incluso a China, la cual ocupa el segundo lugar. Como porcentaje del PBI la deuda alcanzaba a fines del 2017 casi el 57%.
De acuerdo a un informe del Indec, a fin de marzo de 2018 la deuda externa del país ascendía a 253 741 millones de dólares, lo que significa un aumento de 86 329 millones más —casi un 52 % más— que los 167 412 que el país debía al momento de asumir Macri la presidencia.
En agosto de 2019 la deuda externa ascendía a 309 mil millones.
Expertos internacionales han considerado que el alto endeudamiento impulsado por el gobierno de Macri podría ser su «talón de Aquiles», debido a que las inversiones no son del todo directas y son consideradas «inversiones golondrina», con una alta tendencia a volver a salir del país en cualquier momento de incertidumbre o crisis internacional y «podría volverse a los escenarios del pasado».
Como parte de la política energética implementada por el gobierno de Macri, en junio de 2016 y previo a los festejos por el Bicentenario de la Independencia de Argentina, fueron anunciadas medidas dirigidas a recortar el presupuesto destinado al subsidio estatal de los servicios públicos energéticos: agua potable y saneamiento, energía eléctrica e hidrocarburos (gas combustible y petróleo). La decisión fue justificada con el fin de evitar que el país entre en una crisis energética generalizada en todos los recursos. No obstante, los subsidios solo fueron recortados en un tercio de su monto total.
El presidente Macri salió en defensa de la medida en una actividad pública de Bahía Blanca, argumentando que contribuirá a la independencia energética del país, reduciendo las importaciones de gas natural, gas licuado del petróleo y electricidad, además pidió a los argentinos «ser austeros» con el consumo de los diversos tipos de energía.
Los aumentos de tarifas resultaron muy altos en varios de los servicios públicos. Especialmente notorio fue el aumento de la tarifa de gas, que causó que algunos usuarios recibieran facturas por este servicio varias veces superiores al monto pagado el año anterior; en algunos casos, este aumento superó el 2000%.
Una sala de la Cámara Federal de La Plata dictó una sentencia que anuló el incremento de las tarifas de gas, y adicionalmente obliga a las empresas a «retrotraer» los valores cobrados anteriormente al anuncio presidencial, así como también a devolver directamente a los usuarios todo el dinero que se haya cobrado eventualmente de más. Asimismo, un juez de la localidad de Lomas de Zamora, dispuso una medida cautelar ante un recurso presentado por un usuario local del servicio de agua potable, siendo la primera medida judicial en el país de esta naturaleza en contra del tarifazo.
El 18 de agosto, la Corte Suprema de Justicia anuló el aumento en las tarifas de gas —aunque solamente para usuarios residenciales, que representan el 24% del consumo— y estableció que el Gobierno está obligado por ley a llamar a audiencias públicas antes de cualquier incremento de las tarifas de transporte y distribución, y para modificar el precio pagado en boca de pozo. También ordenó mantener las tarifas sociales que se habían establecido, y que el gobierno había anunciado que se iban a revertir en caso de que no se aprobara el tarifazo.
Hacia 2017 el país llegó a la más baja producción de crudo desde el año 1990, lo que representó la menor producción en 27 años. Según algunos medios el cambio de orientación con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia fue el retorno a la dependencia del crudo importado para el abastecimiento interno. Desde los años 1980, la actividad petrolera no llegaba a niveles tan bajos de extracción en la nación. Mientras que la producción nacional cayó, la importación de crudo aumentó un 326 % en los primeros cinco meses del año 2017 respecto a igual período de 2015. En tanto la petrolera estatal YPF reportó pérdidas en su balance por primera vez en 20 años, dando un saldo negativo en 2016 de 28 379 millones de pesos en su resultado neto. La acción de YPF pasó de generar una ganancia de $ 11,68 en 2015 a una pérdida de $ 72,13 en 2016, lo que representó una suba en el perjuicio de 717%. En 2017 se registró la peor caída de consumo residencial de gas en 25 años, debido a los tarifazos en el servicio aplicados por el gobierno de Cambiemos. Ese año además los hogares consumieron menos gas que ningún otro año desde 1993, cuando comenzó la serie estadística.
En septiembre de 2018 se anunció la suspensión de la construcción del Gasoducto del Noreste, que hubiera permitido conectar a la red de gas a las provincias de Formosa, Chaco y Misiones y al norte de la de Santa Fe, que aún dependen de las garrafas para acceder al combustible domiciliario.
El porcentaje de la población desempleada al momento de asumir Macri es objeto de discusión: la tasa oficial del INDEC para el cuarto trimestre de 2015 fue de 5,9%, pero la misma no fue homologada por el gobierno de Macri debido a la criticada actuación de este organismo.
Entre enero y febrero de 2016 se habrían producido 110 000 despidos, según la medición de la consultora Tendencias Económicas, 107 000 de acuerdo a la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), 68 563 despidos colectivos «y amenazas de despidos» según el Observatorio de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) La Unión de Aseguradores de Riesgos del Trabajo (ART) afirmó que disminuyeron casi 90 000 trabajadores asegurados, pasando de 9 869 790 empleados formales en diciembre del año anterior a 9 780 163 en marzo de 2016. El 16 de mayo, el CEPA informó que se habían producido 154 786 despidos hasta el 30 de abril.
De acuerdo con un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 se habrían producido en el país un total de 141 542 despidos, de los cuales 80 446 despidos en el sector privado —71,9 % en el sector construcción, 23,4 % en la industria y 4,7 por ciento% en el sector servicios— y 61 096 en el sector público, totalizando alrededor de 30 000 despidos en la administración pública nacional, provincial y municipal. Dentro de este último, el gobierno nacional sería responsable del 47,8 %, incluyendo un 8,5 % correspondiente a entes descentralizados.
La Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) realizó una huelga y jornada de protesta el 24 de febrero de 2016, en rechazo de los "despidos de trabajadores, el ajuste, la criminalización de la protesta social" y en reclamo de la realización de "paritarias libres", reuniendo 50 000 manifestantes en Plaza de Mayo.
En los meses de julio y agosto se produjeron casi 29 000 despidos más, con lo cual los despidos totales desde el mes de diciembre se elevaron a más de 208 000, de los cuales un tercio son empleados del sector público. En el mes de agosto, la AFIP reconoció la pérdida neta de 97 219 empleos formales registrados durante los primeros cinco meses del año 2016. El titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos, informó que en el segundo trimestre del año 2016 la desocupación llegó al 9,3%, lo que significa que 1 165 000 personas estaban desempleadas.
En el primer trimestre de 2017 la tasa de desempleo creció al 9,2%, el nivel más alto en los últimos diez años. El desempleo tocó un piso de 7,2% en el cuarto trimestre de 2017 para luego subir a 9,1% en el primer trimestre de 2018.
En el primer trimestre de 2019 la desocupación subió al 10,1%, alcanzando los dos dígitos, el peor porcentaje desde 2006, cuando el país salía de la crisis de 2001, durante la cual el desempleo llegó a 26%.
Del total de más de 100 000 despidos que se sucedieron en los primeros tres meses del gobierno de Mauricio Macri, 54 000 tuvieron lugar en el sector de la construcción, debiéndose principalmente a los atrasos en los pagos de certificados en la obra pública, aunque según algunas fuentes los atrasos habían comenzado antes de la asunción de Macri.
En noviembre de 2015, el empleo industrial totalizaba 1 256 400, bajando en abril de 2017 a 1 202 200 empleados, unos 54 000 empleados menos. De acuerdo al gobernador de la provincia de Santa Fe, las razones de los despidos en la industria fueron la caída de la demanda, la incertidumbre sobre el rumbo de la economía, el aumento de las tarifas energéticas y el de las importaciones.
Otra área donde se produjeron despidos fueron los medios de comunicación afines al gobierno kirchnerista —como aquellos propiedad de Lázaro Báez, Cristóbal López o Sergio Szpolski— que recibían pauta publicitaria estatal, la cual fue modificada por el nuevo gobierno. Al disminuir los ingresos por ese concepto, redujeron gastos, incluyendo los gastos en personal.
Según el ministro de Hacienda, los despidos del sector privado eran parte de la herencia dejada por el gobierno anterior. En su discurso de inauguración del período legislativo de 2016, el presidente Macri sostuvo que durante el gobierno anterior "aumentó el empleo público pero sin mejorar los servicios que presta el Estado" y que "se camufló el desempleo con empleo público". A fines de marzo, en una entrevista, afirmó que durante los "últimos 12 o 13 años" se habrían generado "un millón y medio de empleados públicos más".
Según los registros de la AFIP, durante el gobierno de Macri, entre junio de 2016 y junio de 2019, hubo 19.415 empresas menos. El cierre de empresas se hizo más acelerado desde junio de 2018, luego de la segunda devaluación del peso realizada durante el gobierno de Cambiemos. Los sectores que registraron mayor cantidad de empresas cerradas fueron el sector comercio (5405), transporte (5290), industria (4074) y agro o "campo" (3568). Dentro de la industria, la mayor cantidad de empresas cerradas se produjo en los rubros indumentaria, calzado, metalmecánica y alimentos. Aunque "el campo" fue uno de los sectores más beneficiados por el gobierno, cerraron establecimientos agrícolas de las economías regionales (no pampeanas), al mismo tiempo que gran cantidad de productores pampeanos pequeños y medianos debieron vender sus tierras a los más grandes, debido a la posibilidad de estos de contar con mayor respaldo financiero para enfrentar las altas tasas de interés establecidas por el Banco Central.
No solo cerraron pequeñas y medianas empresas, sino varias empresas grandes que llevaban décadas en Argentina. Entre ellas cerró la empresa alimenticia La Campagnola, que había sido fundada 70 años antes en la provincia de Mendoza, debido a "los altos costos, el incremento de las importaciones y la caída generalizada del consumo"; la fábrica de motocicletas Zanella; la fábrica de automóviles Honda; la empresa textil Alpargatas, una de las más grandes y antiguas del país; la fábrica de termotanques Reem en Catamarca, con más de 60 años en el mercado; Cerámica San Lorenzo, fundada en 1950; entre otras.
Diversas áreas del Poder Ejecutivo anunciaron la rescisión masiva de contratos laborales de empleados públicos, que se replicó en la Cámara de Senadores de la Nación y la Provincia de Buenos Aires. En los argumentos para producir los despidos se mencionaron falta de asistencia al trabajo y la militancia kirchnerista de los trabajadores despedidos.
A principios de enero de 2016, los sindicatos estatales estimaron en 15 000 los despidos en todo el país, cuestionaron la decisión y declararon que iban a resistir la medida. Se produjeron despidos en varias dependencias estatales, como el Correo Argentino, ACUMAR, la Fábrica Militar de Río Tercero, entre otros. Otras fuentes hablaban de 6000 empleados menos para esa fecha.
El Ministro de Modernización afirmó a fines de febrero que se estaban revisando «24, 25 mil contratos» para realizar más despidos. Los despidos en la administración pública nacional continuaron en los últimos días de febrero y principios de marzo, incluyendo el desmantelamiento de programas de estado tales como Conectar Igualdad, cuyos empleados fueron despedidos en su totalidad, cientos de empleados en la construcción de la central nuclear Atucha III, y otras áreas.
En el mes de abril, el mismo ministro reconoció que 10 921 trabajadores del Estado nacional fueron despedidos en los últimos tres meses, de los que afirmó que habrían sido empleados que no trabajaban, o que habrían pasado pocas horas en las dependencias respectivas. Los despidos fueron numerosos en áreas tales como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), del Espacio Memoria y Derechos Humanos y otras áreas del Ministerio de Justicia, en dependencias de control de la Secretaría de Comercio y de la Unidad de Investigación Financiera, lo que ha sido denunciado como un intento de desmantelar programas de control de delitos económicos y —según Estela de Carlotto— de defensa de los derechos humanos. En los últimos días de febrero y principios de marzo se produjeron nuevos despidos, incluyendo el presunto desmantelamiento de programas de estado tales como Conectar Igualdad, cuyos empleados habrían sido despedidos en su totalidad —aunque el gobierno desmintió que la intención fuera desmantelar el proyecto—, cientos de empleados en la construcción de la central nuclear Atucha III, y de la Biblioteca Nacional, entre otras áreas.
Desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri hasta agosto de 2018, casi 25 000 personas habían quedado sin empleo en el sector estatal. Fueron especialmente resonantes los casos del INTI, Agroindustria, Télam, SENASA y Hospital Posadas.
En paralelo de los despidos de empleados estatales, diversas fuentes indican que el gobierno macrista generó un crecimiento "sin precedentes desde el retorno de la democracia", de funcionarios políticos con rangos de ministros, secretarios y subsecretarios. De acuerdo al Boletín Oficial, las secretarías de Estado pasaron de 71 el 10 de diciembre de 2015 a 88 al 31 de marzo. Se ha calculado que el crecimiento es de alrededor del 23% en designaciones políticas permiten proyectar la generación de, por lo menos, 80 nuevas direcciones nacionales y 240 nuevos cargos de directores simples y coordinadores.
En el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) se crearon 351 cargos nuevos hasta agosto de 2016, con sueldos que en trece casos ascendieron a los $ 161 000, con un promedio de más de $ 78 000 —más de once salarios mínimos— lo que genera un aumento del gasto en salarios de personal jerárquico de más de 27 millones de pesos. En el mismo período, el PAMI hizo fuertes recortes en el programa de medicamentos, se atrasó en los pagos con las farmacias y dejó de abastecer ciertos insumos, como las prótesis de cadera, a los hospitales y clínicas.
Generó controversias la designación de más una docena de casos de parientes de funcionarios del actual gobierno que accedieron a cargos públicos sin concurso. A fin de enero de 2018, Mauricio Macri firmó un decreto por el cual quedaba prohibida la contratación de familiares de funcionarios de alta jerarquía. El alcance del decreto fue limitado.
También ha sido criticada la designación sin concurso de decenas de militantes del PRO y de la agrupación "La Generación", que logró copar el Ministerio de Modernización y sus militantes ganan sueldos de hasta 80 mil pesos por mes. Varios militantes de las juventudes del PRO han sido colocados anteriormente en puestos estratégicos en la ciudad y a partir de 2016 en la Nación pese a no tener experiencia previa.
Fueron objeto de duras críticas las contrataciones de servicios de empresas privadas, en reemplazo de trabajadores desvinculados.
En el mes de mayo de 2016, el gobierno firmó un acuerdo con la empresa McDonald's para crear cinco mil nuevos puestos de trabajo para jóvenes de 18 a 23 años bajo el Plan Primer Empleo; la medida ha sido duramente criticada, ya que establecía un sueldo de $4500 por mes —muy inferior al salario mínimo, que a esa fecha era de $6060— de los cuales $1000 serán aportados por el Estado nacional, a cambio de 30 horas de trabajo semanales, y sin garantía alguna de estabilidad laboral, lo que los convierte en empleos precarios. Adicionalmente, no hay garantía de que esos 5000 puestos sean adicionales a los que ya existen, en lugar de reemplazar a los empleados actuales —con sueldos mayores— por nuevos empleados con sueldos inferiores.
Cuatro meses después la justicia argentina anuló el acuerdo por violar la Constitución y los tratados internacionales, poniendo en riesgo los "derechos de jóvenes en situación de vulnerabilidad".
Durante su campaña electoral, el entonces Jefe de Gobierno porteño prometió que, durante su gobierno, los trabajadores no pagarían el impuesto a las ganancias. No obstante, ese impuesto no fue derogado durante los primeros nueve meses de gobierno, y el 15 de septiembre de 2016, el ministro Prat-Gay anunció que el presupuesto para el año 2017 no incluye la eliminación de ese impuesto, aunque anunció un aumento del mínimo no imponible del 15% —muy inferior tanto a la inflación ya acumulada como a los aumentos de sueldo pactados para el año 2016— y una modificación de la escala de tributación, de la que no dio detalles. El diputado del Frente Renovador, Facundo Moyano, reveló que por esa razón, en el año 2016 "va a haber tributando más trabajadores que en cualquier periodo del kichnerismo".
En marzo de 2017, pagaron el impuesto a las ganancias 1 765 975 trabajadores en relación de dependencia, que resultan ser 588 871 trabajadores más que al final del gobierno de Cristina Kirchner, es decir un aumento del 33% en 16 meses. Según números oficiales publicados en abril de 2018, el número de trabajadores que pagaron el impuesto a las ganancias en diciembre anterior fue de 2 207 577, es decir un 78% más que al principio del gobierno de Macri. Es el segundo número más alto de contribuyentes de ese impuesto en la historia argentina, solo ligeramente superado por el máximo histórico del año 2013.
En enero de 2018 se viralizó por las redes sociales un audio en el que el ministro de Trabajo Jorge Triaca despedía a una mujer, por medio de maltratos e insultos. El hecho generó un escándalo debido a que se descubrió que la mujer era Sandra Heredia, una empleada doméstica de su hermano, que no había sido registraba legalmente. El escándalo se extendió cuando salió a la luz que el ministro Triaca también había nombrado a Sandra Heredia como "delegada interventora" del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), sin siquiera contar con ninguna experiencia sindical.
A raíz del escándalo el ministro Triaca fue denunciado penalmente por desviar fondos del sindicato marítimo, a la vez que la Oficina Anticorrupción del propio gobierno inició una investigación de los hechos.
El "escándalo Sandra" sacó a la luz también que gran cantidad de familiares de Triaca habían sido contratados por el gobierno, en un grave caso de nepotismo. Diversos sectores de la prensa, los partidos de oposición y el sindicalismo reclamaron la renuncia de Triaca.
Finalmente Triaca presentó su renuncia, pero el presidente Macri no la aceptó, dándole un "respaldo total"; Algunas semanas más tarde, Macri sancionó un decreto para reducir el nepotismo, prohibiendo que en el Estado nacional se contraten sin concurso a personas que sean hermanos, hijos, padres o parejas de los funcionarios del gobierno nacional. No obstante, solamente doce funcionarios fueron alcanzados por el publicitado decreto. Unas semanas después estalló otro escándalo vinculado a Triaca, cuando su hermana Lorena Triaca, fue imputada penalmente por un caso de corrupción política, cuando se desempeñaba en la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio internacional, y dispuso la contratación de una empresa de la que ella era socia.
Según una encuesta realizada por Managment & Fit, el escándalo Triaca constituyó un factor importante de la caída de la imagen de Macri a partir de diciembre de 2017.
En septiembre de 2016 anunció la reactivación del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Días después se presentó una denuncia que hicieron los fiscales ante el posible delito en la modificación de las condiciones de la adjudicación de la obra, que beneficiaría a la empresa Iecsa de Angelo Calcaterra, primo del presidente.
En cuanto a los servicios regionales de ferrocarril, en el caso del Tren del Valle se recortaron servicios y disminuyeron las frecuencias. En Entre Ríos los ramales fueron paralizados cancelándose los servicios locales de Paraná, la capital provincial, que fueron suspendidos en enero de 2016; el tren Paraná – Concepción del Uruguay, suspendido en febrero de ese año, y el servicio Basavilbaso – Villaguay, que dejó de circular en abril de 2016. El Tren de las Sierras, que circula entre Córdoba y Cosquín, dejó de salir desde la estación Alta Córdoba. El ramal Puente Alsina-Aldo Bonzi del Ferrocarril Belgrano Sur fue cerrado el 4 de agosto de 2017, reemplazándose por un servicio reducido entre las estaciones Aldo Bonzi y km.12. En mayo de 2017 el servicio metropolitano de trenes de Resistencia, Chaco, también fue suspendido para forzar una provincialización del servicio y se descartó la renovación de vías del ramal C3 del Ferrocarril Belgrano. También se canceló la fabricación de vagones nacionales de carga. El titular de la sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) fue elogiado por las medidas adoptadas, entre ellas el recorte en los trenes regionales, el cierre de ramales en el Chaco y Entre Ríos, los servicios suspendidos en La Pampa, Mar del Plata, Chascomús, la decisión de paralizar la expansión del Tren del Valle y el abandono del Plan Operativo Quinquenal heredado de la gestión anterior.
En marzo de 2016, el ministro de transportes Guillermo Dietrich, anunció el aumento del transporte público en la ciudad de Buenos Aires, lo que afectaría en el corto plazo un alza del 100 por ciento de los precios de los boletos de colectivos, el Subte y el ferrocarril que conecta con el resto de la provincia.
Durante la campaña presidencial de 2015, Macri declara que durante su gobierno se sostendrían las políticas en ciencia y técnica impulsadas durante la década anterior y se duplicaría la inversión en el área. En noviembre de 2015, tras la victoria de Macri en el balotaje, se anunció que Lino Barañao iba a continuar al frente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva, siendo el único ministro del gobierno saliente en conservar su cargo. Sin embargo, en los años subsiguientes se produjeron fuertes recortes en el presupuesto y en la cantidad de nuevos ingresos al CONICET. Entre 2015 y 2018 la caída del presupuesto de la función ciencia y técnica en términos reales fue del 25 %. Según las estimaciones disponibles para 2019 la caída final sería del 38 %.
El 3 de septiembre de 2018, el presidente Mauricio Macri anunció que el ministerio sería degradado al rango de secretaría, pasando a depender del Ministerio de Educación (renombrado Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología), a cargo de Alejandro Finocchiaro. Los cambios se dieron en una modificación del gabinete nacional que redujo de 22 a 10 la cantidad de ministerios y que se hizo efectiva el 5 de septiembre de 2018. Los recortes presupuestarios y la degradación del Ministerio produjeron diversas protestas de la comunidad científica nacional y una carta de repudio de la comunidad científica internacional, firmada por once Premios Nobel y 1200 investigadores.
El 26 de enero de 2016 se transfiere la CONAE del Ministerio de Planificación al MinCyT a través del decreto 242/2016 el Poder Ejecutivo. Ese mismo año se dispuso la suspensión de la construcción del satélite geoestacionario ARSAT-3.
Las propuestas de Cambiemos para el sector científico durante la campaña electoral 2015 fueron:
Durante su mandato Lino Baraño continuó al frente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva
En diciembre de 2016 se desató un conflicto entre los investigadores de Conicet y las autoridad debido al recorte de los ingresos a la carrera de investigador científico. Ingresaron 385 investigadores contra los 943 que habían ingresado en la convocatoria del año anterior. Esto motivo manifestaciones que incluyeron la toma del Ministerio. Finalmente se solucionó el 24 de diciembre con un compromiso de las autoridades de insertar a los investigadores, que habían sido recomendados por las comisiones evaluadores pero no habían entrado por cuestiones presupuestarias, en otras instituciones de ciencia del país.
Entre 2015 -último año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner- y 2018 la caída del presupuesto de la función ciencia y técnica en términos reales fue del 25%. Según las estimaciones disponibles para 2019 la caída final sería del 38%. En la siguiente tabla se muestra la inversión estatal en ciencia y tecnología:
El 7 de mayo de 2019, una científica del CONICET llamada Marina Simian participó del programa televisivo ¿Quién quiere ser millonario?, —a fin de conseguir fondos para poder avanzar en la investigación de una cura para el cáncer—, en el cual ganó $500.000.El motivo por el cual la científica había participado del programa, fue debido a los ajustes realizados por el gobierno de Mauricio Macri que perjudicó también al CONICET.
Tras este hecho, se generó una fuerte polémica en las redes sociales y Macri fue criticado por las bajas inversiones en el CONICET. La misma Marina Simian firmó una carta en la que 150 personalidades de la cultura, la academia y la ciencia respaldaron la candidatura de Mauricio Macri para una reelección.
Durante el debate presidencial 2019 el presidente Macri que el presupuesto para ciencia y técnica había aumentado durante su gestión algo que fue desmentido a los pocos días por el directorio de CONICET.
En diciembre de 2015 la empresa ARSAT, que hasta ese momento se encontraba en la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, pasó a depender del Ministerio de Comunicaciones. El nuevo ministro, Oscar Aguad, designó a su yerno, Rodrigo de Loredo, como director de ARSAT reemplazando a Matías Bianchi. Loredo convocó a Henoch Aguiar quien se había desempeñado como secretario de Comunicaciones durante la presidencia de Fernando de la Rúa y a Roberto Pérez, ingeniero especializado en electrónica.
En marzo de 2016 las nuevas autoridades anunciaron la decisión de interrumpir la construcción del ARSAT-3 debido a problemas de financiamiento, a pesar de que la ley prevé que la financiación de dicho satélite provenga de la venta de los servicios de ARSAT-1 y ARSAT-2. En 2017 ARSAT firmó un contrato de asociación con la empresa estadounidense Hughes, para crear una nueva empresa Newco, con el fin de fabricar y operar el satélite ARSAT-3. Este contrato fue criticado por no ser remitido al Congreso como lo establece la ley y por sostener condiciones desventajosas para la empresa estatal argentina.
En julio de 2017 pasó a la órbita del Ministerio de Modernización. Ese mismo mes se conoció una carta de la subsecretaría de planeamiento del ministerio de comunicaciones escrita en marzo de ese año, donde da cuenta de la posibilidad de perder la posición orbital 81° debido a la demora del gobierno en la decisión comenzar a construir un nuevo satélite para dicha posición. El país para poder continuar con el usufructo de dicha posición orbital tendría que colocar un nuevo satélite antes de septiembre de 2019. En la nota se dieron cuentas de alternativas para realizar esto: la construcción de un satélite de menor capacidad (gap filer), alquilar un satélite, la subasta de la posición orbital o compartir la plataforma satelital de un tercero.
Al asumir el gobierno de Macri se crea el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y designa como titular a Sergio Bergman. Previamente había integrado la comisión de Ecología de la Legislatura Porteña y presentado proyectos dentro de la temática en el Congreso de la Nación.
En lo referente al cuidado de la biodiversidad en 2016 se aprobaron la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción 2016-2020 que establecía las principales líneas de trabajo en el tema y el Plan de Acción Extinción Cero que apuntaba a proteger las especies en estado crítico.
En julio de 2016 se creó el Gabinete Nacional de Cambio Climático que agrupa a ministerios y secretarías involucrados en la temática climática. Ese mismo año Argentina ratificó el Acuerdo de París.
En diciembre de 2016, tras los recortes presupuestarios para la prevención de incendios, Bergman declaró que lo más útil que podían hacer ese verano para evitar incendios era "rezar". En 2017, Macri transfiere el Plan de Manejo del Fuego al Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. La diputada Soria pidió la interpelación de Bergman por su gestión en este asunto. Además se produjeron durante su gestión fuertes inundaciones en el interior bonaerense y la provincia de La Pampa viéndose 8 millones de hectáreas afectadas y más de 14 millones de cabezas de ganado.
En lo que respecta a la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo se anunció la construcción del Sistema Riachuelo, una obra de 12 km de largo que transportará los efluentes cloacales del área metropolitana. Al final del gobierno de Macri la obra, financiada por el Banco Mundial, tenía sus túneles terminados en un 70% y la planta de tratamiento en un 20%. En 2017, la Acumar autorizó a verter al Riachuelo siete sustancias contaminantes prohibidas desde hace años entre ellas elementos tóxicos, como aldrin, clordano y dieldrín.
En marzo de 2018, el ministerio conducido por Bergman presenta una investigación sobre proyectos sustentables para la que fue contratado el belga Gunter Pauli. El libro lleva el nombre de "Plan Aː la transformación de la economía argentina" y propone una serie de actividades comoː reforestación, fabricación de papel sin bosques, aprovechamiento de fibras de camélidos silvestres, explotación de proteínas de larvas y cultivo de hongos comestibles, entre otros.
El 3 de septiembre de 2018, el ministerio es degradado al rango de secretaría. Los cambios se dieron en una modificación del gabinete nacional que redujo de 22 a 10 la cantidad de ministerios y que se hizo efectiva el 5 de septiembre de 2018.
En 2018 se crearon seis nuevas áreas protegidas en el país: parque nacional Traslasierra en la provincia de Córdoba, el parque nacional Aconquija en Tucumán, el parque nacional Ciervo de los Pantanos en la provincia de Buenos Aires, el parque nacional Iberá en Corrientes y las áreas marinas protegidas Yaganes y Banco Burwood II.
Mediante el decreto 368/2019 se transfirió la potestad para “otorgar la concesión de espacios exclusivos dentro de áreas naturales protegidas para la realización de proyectos de inversión y explotación de servicios turísticos" de la APN a la Secretaría de Ambiente.
Asimismo, la Administración luego de haberse mudado varias veces de sede, a más de 25 años de que el histórico Palacio Haedo comenzara a quedar chico y bajo un fuerte proceso de deterioro, y luego de que la administración de Mauricio Macri alquilara un edificio perteneciente a la firma de Nicky Caputo sobre la Av. Pellegrini por 130 mil dólares mensuales.
La primera medida de importancia tomada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue la declaración de la "emergencia nacional en seguridad", tomada el 17 de diciembre de 2015. El 25 de diciembre la ministra Bullrich se opuso al fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, que establece que cuando se detiene a un ciudadano, los fiscales deben informar dicha detención a un juez de garantías dentro de las 24 horas y en el mismo plazo, el juez debe resolver sobre la detención.
El 17 de febrero de 2016, la ministra de seguridad anunció la aprobación de un "protocolo antipiquetes", por el cual se planeó terminar con los piquetes como forma de protesta. Por el mismo, se instruyó a las fuerzas de seguridad a negociar con los manifestantes y otorgarles un plazo de solamente cinco minutos para liberar el tránsito en la vía pública. Si pasado ese lapso no se hubiera producido el levantamiento del piquete, se procedería al uso de la fuerza. Adicionalmente, se dispuso que las fuerzas de seguridad podían limitar el accionar del periodismo que informase sobre los hechos, supuestamente como medida de seguridad de los periodistas. Las limitaciones al accionar de la prensa, que limitaría el derecho de la ciudadanía a estar informada, como la falta de limitaciones al accionar policial —al cual no se le prohíbe el uso de armas de fuego ni se le obliga a usar uniforme identificatorio— recibieron numerosas críticas por parte de distintas organizaciones sociales, sindicales y profesionales, así como la censura de parte de Amnistía Internacional, que interpretó que el mismo habilita a reprimir «a quienes ejercieran su derecho de reunión pacífica y el sistema de justicia los enjuiciaría por la vía penal.»
El protocolo solo se aplicaría en forma efectiva en las rutas federales y en los accesos al aeropuerto internacional de Ezeiza. Su aplicación en otros ámbitos estará sujeta a los criterios de los gobernantes de los distritos respectivos. Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, prefieren no aplicarlo. Por su parte, Amnistía Internacional informó que «se siguió denunciando el uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en las protestas públicas».
A finales de octubre de 2017, con la firma de Patricia Bullrich, se publicó en el Boletín Oficial el"Protocolo General para la detención de personas LGBT. La Federación Argentina LGBT manifestó su preocupación y malestar por lo que interpretan es un protocolo discriminatorio que viola el reconocimiento a la diversidad y los derechos individuales consagrados. En un comunicado, SUTEBA expresó su solidaridad y acompañamiento en el rechazo manifestado por las organizaciones que defienden los derechos del colectivo LGBT.
Diversas organizaciones y personalidades han observado un incremento de las movilizaciones populares —tales como marchas, paros, ollas populares y cortes de calles y rutas— a lo largo del primer año y medio del mandato de Macri, y creen que la respuesta del gobierno ha sido únicamente la represión y la criminalización de la protesta social. Un estudio confirma que en el primer trimestre de 2017 se registraron un 133% más de casos de conflictos con represión, en comparación con igual trimestre de 2016. Desde la llegada de Cambiemos al poder en diciembre de 2015 hasta marzo de 2017, se registraron 83 conflictos con represión en todo el país, incluyendo tanto hechos generados por fuerzas de seguridad provinciales como nacionales. Diversas opiniones, como la del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, han considerado que la causa del aumento de la conflictividad social sería la propia política económica del gobierno de Macri, y que «este modelo no cierra sin represión».
Los primeros hechos de represión por fuerzas nacionales —que dependen del Ejecutivo Nacional— comenzaron pocos días después de la asunción de Macri a la presidencia: el día 22 de diciembre, la Gendarmería Nacional reprimió con violencia una manifestación de empleados de una industria avícola que había cortado la Autopista Ricchieri, acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, tras ordenar a los manifestantes abandonar el corte en un plazo de cinco minutos. La represión incluyó el uso de palos, balas de goma y camiones hidrantes, dejando entre diez y doce trabajadores heridos, de acuerdo al testimonio de los manifestantes.
El día 12 de agosto, durante una visita del presidente a la ciudad de Mar del Plata, un grupo de manifestantes que se dirigían al lugar donde hablaría Macri para quejarse por los aumentos de tarifas fue interceptado por la policía a cuatro cuadras del palco, y posteriormente reprimidos con gases y balas de goma. Si bien el gobierno y algunos medios aseguraron que el auto de Macri fue alcanzado por una piedra, el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires negó que el auto hubiera sido apedreado, y afirmó que el presidente fue agredido "verbalmente solamente para manifestar un descontento".
También en agosto de 2016, un grupo de jubilados que pedían un aumento de sus haberes cortaron el Puente Pueyrredón y fueron reprimidos por la Policía Federal —con apoyo de la Prefectura Naval— por medio de empujones y patadas, y con camiones hidrantes; hubo varios heridos. Una semana más tarde, miembros de organizaciones de desocupados que cortaban la Autopista Buenos Aires-La Plata fueron reprimidos por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de Gendarmería Nacional con un camión hidrante y arrojando balas de goma. Los manifestantes, que cortaron la autopista durante cuatro horas, habían anunciado que el corte se levantaría a las 3 de la tarde, pero las fuerzas de seguridad avanzaron sobre ellos diez minutos antes de esa hora. Hubo algunos heridos.
También se produjeron actos de represión con gases, camiones hidrantes y/o palos durante el paro nacional del 6 de abril de 2017 y durante el intento de los docentes en huelga de instalarse en la Plaza de los Dos Congresos, el 9 de abril.
A fines de 2017, el Centro de Estudios de Economía Política (CEPA) publicó un relevamiento que informa que, entre enero de 2016 y noviembre de 2017 se registraron en el país 111 hechos de represión a manifestaciones por conflictos socio-laborales. En el curso de los mismos —llevados adelante tanto por fuerzas de seguridad nacionales como provinciales— fueron detenidos 354 personas y resultaron heridos 328 manifestantes.
En diciembre de 2017 se produjeron dos represiones en el centro de la Capital Federal en menos de 24 horas: al anochecer del 12 de ese mes hubo una fuerte represión con heridos y numerosos detenidos contra manifestantes que reclamaban contra la Organización Mundial de Comercio, cuya reunión cumbre tenía lugar en esa ciudad. A la tarde del día siguiente, una gran manifestación frente al Congreso Nacional contra un proyecto de ley que modificaría el cálculo de las jubilaciones en perjuicio de los jubilados fue también violentamente repelida por la Gendarmería, con al menos un camión hidrante y balas de goma, y tres diputados nacionales agredidos.
El 8 de diciembre de 2017, un turista estadounidense fue asaltado y gravemente herido por dos jóvenes en el barrio de La Boca, tras lo cual éstos fueron perseguidos por el policía de la provincia de Buenos Aires Luis Chocobar, que mató a uno de ellos. Chocobar sostuvo que le disparó al delincuente cuando este intentó atacarlo con un cuchillo, pero un video del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aportado a la investigación judicial, mostró que Chocobar mató al delincuente disparándole por la espalda mientras huía y había caído al piso a causa de un disparo en la pierna. El juez de la causa consideró entonces que existían fuertes sospechas de que Chocobar había cometido un homicidio agravado y decretó el procesamiento del policía a fin de que el caso fuera sometido a juicio.
Al día siguiente de su procesamiento, el 1 de febrero de 2018, el presidente Macri invitó a Chocobar a la Casa Rosada para expresarle públicamente su "orgullo" por la "valentía" con que había actuado, al haber dado "muerte a uno de los ladrones" y hacerle saber que el presidente había decidido darle todo su apoyo. Macri cuestionó también la decisión del juez de la causa de procesar a Chocobar y dijo que confiaba en que la Cámara Penal revocaría la decisión del juez de primera instancia, liberándolo de todo cargo.
Dos semanas después, la Cámara Penal confirmó el procesamiento de Chocobar, modificando la calificación legal de la acusación por la de "homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber". Para concluir que Chocobar debía ser sometido a juicio, el tribunal consideró que el policía actuó "inicialmente ajustando su comportamiento a la normativa que regula la función policial, pero concluyó en un acto excesivo que merece ser juzgado en una etapa posterior".
Al conocer el nuevo fallo judicial, ese mismo día el presidente Macri convocó a una conferencia de prensa donde expresó su disconformidad con el fallo judicial, aclarando que no lo hacía como presidente, sino como ciudadano.
La conducta de Macri fue cuestionada por diversas organizaciones de derechos humanos y partidos de la oposición por impulsar una política de "gatillo fácil", y le valió varias denuncias por apología del delito e instigación al homicidio. El 19 de febrero, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional dio a conocer una declaración calificando de "inadmisible" la conducta del presidente Macri a favor del policía acusado, considerando que se trataba de una injerencia indebida en el Poder Judicial, incompatible con el Estado de Derecho.
El ministro de Defensa Julio Martínez anunció que se buscaría financiamiento externo para la recuperación material de las fuerzas, sin utilizar fondos del estado. Pese a los anuncios se eliminó el contrato para la producción de la segunda serie de seis Radares Primarios Argentinos 3D de Largo Alcance, suscrito entre la cartera de Defensa, Fabricaciones Militares e INVAP, por 1000 millones de pesos, que servirían para ampliar la cobertura y la vigilancia del espacio aéreo desde el centro hacia el sur del país. Al mismo tiempo trasladó radares desde la zona fronteriza con Bolivia, adyacente a Salta, dejando la frontera sin control ni vigilancia electrónica ya que el radar que se había instalado para detectar narcovuelos se trasladó a Mendoza para una Cumbre del Mercosur. Paralelamente se dio un repliegue de 1800 efectivos del Operativo Escudo Norte, de protección de las fronteras, y en el marco de recortes presupuestarios, se retiró del Operativo Fronteras el sistema de radares de vigilancia terrestre de la frontera norte.
En febrero de 2017 se lanzó un plan conjunto de los ministerios de Defensa y de Seguridad, en el cual se agregarían más radares al Escudo norte y se ejecutó un plan de monitoreo en la frontera norte por radar las 24 horas. La desinversión en los astilleros Tandanor se da de baja también el financiamiento para la segunda serie de radares de largo alcance (RPA3DDLA, de 400 kilómetros), la suspensión de la reparación del ARA Santa Cruz, uno de los tres submarinos que posee la Argentina, junto con la paralización de las tareas de mantenimiento, la cancelación de las inversiones en las plantas de pólvora, el repliegue de los radares Doppler, desprogramación de vehículos de combate, entre otros recortes.
En marzo de 2017 mediante una resolución —154-E/2017—, el ministro de Defensa Julio Martínez habilitó a las FF AA a realizar «informes socio ambientales». Esto habilitaría al «espionaje sobre actores sociales» internos, una actividad que está prohibida por las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia.
El presupuesto para el desarrollo del Plan Antártico se redujo un 18 por ciento entre 2016 y 2018, mientras que la inflación acumulada en dos años fue del 116 por ciento. Esto implicó una. drástica reducción en términos reales del presupuesto asignado al desarrollo de la actividad científica, diplomática y logística antártica. Estimado en dólares, el presupuesto para el Plan Antártico entre enero de 2016 y diciembre de 2018 se redujo un 73 por ciento.
En enero de 2016 el Gobierno de Macri renovó a los jefes de las Fuerzas Armadas. En el Ejército Argentino asumió el general de brigada Diego Suñer, reemplazando al teniente general Ricardo Cundom. En la Armada Argentina tomó el mando el vicealmirante Marcelo Srur, sustituyendo al almirante Gastón Erice. En la Fuerza Aérea Argentina asumió el brigadier Enrique Amrein, reemplazando al brigadier general Mario Callejo. En el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas asumió el general de brigada Bari del Valle Sosa, reemplazando al teniente general Luis María Carena. El ministro de Defensa Julio Martínez dijo que las Fuerzas Armadas: «estarán siempre al servicio del Estado y de la democracia y al de un gobierno o proyecto político» en alusión a los gobiernos anteriores al de Macri.
En enero de 2019 el ministro de Defensa Oscar Aguad autorizó gastos para la realización de 30 ejercicios militares internacionales.
En marzo de 2019 el Estado Mayor Conjunto y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Francia acordaron un plan de cooperación en actividades de protección civil y actividades antárticas.
El presidente Mauricio Macri lanzó el Operativo Integración Norte en 2018. El operativo tiene por objetivo incrementar la presencia del Estado argentino en la frontera norte del país. El operativo implica para las Fuerzas Armadas tres tipos de acciones:
El operativo se desarrolla en el marco de las leyes 23 554 de Defensa Nacional y 24 059 de Seguridad Interior y decretos del Poder Ejecutivo Nacional.
En 2019 el Ejército, iniciando un proceso de reconversión y dirigido por la flamante Directiva Política de Defensa Nacional, creó la Dirección de Educación Operacional. Dicha reconversión se constituye por tres etapas: ordenamiento, optimización y transformación. En este tema, en abril de 2019 se anunció que las agrupaciones de Ingenieros 601 y Comunicaciones 601 pasaron a depender del Comando de Alistamiento y Adiestramiento del Ejército. También se hizo el cambio de Dirección a Comando de Aviación de Ejército. De esta forma, más de 1600 efectivos pasaron a la órbita de la Fuerza Operativa del Ejército.
En 2017 el gobierno de Macri inició subastas públicas de diferentes terrenos propiedad del Ejército Argentino para recaudar dinero.
En diciembre de 2016 el Ejército Argentino adquirió dos aviones Cessna 208 Grand Caravan EX.
Escribe un comentario o lo que quieras sobre Presidencia de Mauricio Macri (directo, no tienes que registrarte)
Comentarios
(de más nuevos a más antiguos)
,_Argentina_2005-2016.png){kind=link}