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El 8 de junio de 2015, una serie de protestas comenzaron en Ecuador contra el Gobierno presidido por Rafael Correa. Los manifestantes expresaron su oposición al Gobierno Nacional, criticando su modelo político y económico; a la vez que rechazaron los proyectos de ley que el gobierno del presidente Rafael Correa envió a la Asamblea Nacional, sobre la oficialización de un impuesto a las herencias y a la plusvalía, la aplicación de salvaguardias arancelarias a ciertas importaciones para remediar la caída internacional del precio del petróleo, además de un veto a la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, entre otros reclamos. Las marchas iniciaron en las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca y Puerto Ayora, aumentándose progresivamente otras a lo largo del país durante el resto del año.
El presidente Correa admitió que estas manifestaciones forman parte de una de las crisis más graves del gobierno, comparable únicamente a los incidentes del 30-S.
Tras el veto al proyecto de Ley de Régimen Especial de Galápagos por parte del gobierno central, además de la propuesta de los proyectos de ley sobre las herencias y plusvalía, comenzaron una serie de manifestaciones en Galápagos, Guayaquil, Quito y Cuenca desde el 8 de junio de 2015. En Quito, las primeras protestas se dieron en la Avenida de los Shyris, donde ciudadanos vestidos con camisetas negras lanzaban consignas en contra de estas propuestas del gobierno, frente a simpatizantes de Alianza PAÍS que expresaban estar a favor de las mismas, y de la reelección de Rafael Correa como presidente del Ecuador. En la ciudad de Guayaquil, frente al Hemiciclo de la Rotonda se pronunciaron en contra del gobierno protestantes que marcharon desde allí hacia el Parque Centenario. Cerca del punto de partida, en los bajos de la Gobernación del Guayas, los simpatizantes del gobierno también se hacían presentes. En Cuenca se registraron marchas similares, mientras que en Galápagos, por el veto al proyecto de Ley de Régimen Especial de la provincia, los dirigentes de las centrales de Alianza PAÍS en las islas del archipiélago presentaban su desafiliación al movimiento en la delegación del Consejo Nacional Electoral en la isla de San Cristóbal, en protesta por la ley.
Tras dichas protestas, la dirigencia de Alianza PAÍS y el Gabinete ampliado se reunió en el Palacio de Carondelet, convocados por el vicepresidente Jorge Glas para analizar los pedidos realizados durante las mismas. El presidente Rafael Correa estuvo ausente en dicha reunión por encontrarse en Bruselas, participando de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea. Doris Solíz, secretaria ejecutiva de Alianza PAÍS, expresó que las protestas son un intento de desestabilización del gobierno, y habló de hacer plantones a favor del mismo con los simpatizantes.
Esto sin embargo, no logró calma en la ciudadanía, causando que se añadan las ciudades de Ibarra, Latacunga, Ambato y Quevedo a las manifestaciones. Los simpatizantes del gobierno se identificaron con el color verde, mismo que representa al movimiento Alianza PAIS, y los opositores utilizaban vestimenta y banderas de color negro. Las primeras figuras políticas que apoyaron las protestas fueron representantes de la oposición, como el asambleísta Andrés Páez del movimiento CREO, quien convocó a distintas marchas durante el proceso de las manifestaciones. Por otra parte, el oficialismo no tardó en organizarse para hacer plantones en contra. Ante todo esto, distintas autoridades del país se pronunciaron, como los alcaldes Jaime Nebot y Mauricio Rodas, de Guayaquil y Quito respectivamente, pidiendo el retiro de los proyectos de Ley que fueron presentados ante la Asamblea Nacional de Ecuador.
Las protestas se prolongaron varios días, tomando lugar en la Tribuna de los Shyris en Quito, la cual era ocupada alternadamente por los simpatizantes y opositores al gobierno. Ante dicha situación, la Policía Nacional del Ecuador colocó una bandera tricolor gigante sin el escudo ecuatoriano, que cubría el lugar para evitar que los dos bandos ocupen dicho espacio, y sirvió de barrera para que no hubieran enfrentamientos, aunque a pesar de ello se reportaron incidentes como el que se arrojaran palos y objetos contundentes, según el viceministro del Interior, Diego Fuentes.
Desde los incidentes del cuarto día de protestas, se comenzaron a reportar diversos enfrentamientos, roces y agresiones por parte de los manifestantes y las fuerzas públicas.
Tras la visita del papa Francisco a Ecuador, las protestas en distintas partes del país se reactivaron. En Quito, una vez más, se dieron manifestaciones en la avenida de los Shyris, autoconvocadas por los participantes para expresar su descontento con el régimen, apenas un día después de que Francisco emprendiera su viaje a Bolivia el 8 de julio.
El día 16 de julio se concentraron en Quito un grupo de manifestantes para protestar contra la Secretaría del Buen Vivir. El asambleísta Andrés Páez junto con otros líderes de oposición convocó a la marcha a través de redes sociales. Agrupaciones sociales independientes fueron parte del llamado, y se descartó que hayan convocado a organizaciones políticas.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) organizó una movilización desde Tundayme, parroquia del cantón El Pangui, en Zamora Chinchipe, con rumbo a la capital. Salieron el 2 de agosto con decenas de personas. La movilización recorrió en 10 días gran parte de la serranía ecuatoriana; y finalmente, cientos de manifestantes llegaron a Quito el 12 de agosto, día en el que estaba previsto realizar un paro nacional.
Varias organizaciones sociales, encabezadas por Unidad Popular, la CONAIE y el FUT, hicieron un llamado a la ciudadanía para apoyar el paro nacional indefinido que estaban planificando para el 13 de agosto. Se registraron manifestaciones violentas en varias ciudades del país y el cierre de algunas carreteras, mas no hubo paralizaciones de trabajadores por las mismas.
Las protestas en contra de las enmiendas constitucionales fueron el siguiente punto de enfoque tras terminarse el plazo de los diálogos nacionales por los proyectos de ley de herencia y plusvalía. Además, siendo que el presidente Rafael Correa no impulsó nuevamente dichos proyectos, motivó a que se realice el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional por las enmiendas.
En septiembre inició una nueva ronda de protestas, esta vez con el fin de pedir que la Asamblea Nacional archive las enmiendas propuestas a la Constitución. El 17 de septiembre se realizaron protestas en Guayas, Pichincha, Tungurahua y Loja. En Guayaquil la marcha se desarrolló a lo largo de la calle Simón Bolívar, liderada por el empresario Álvaro Noboa. A esta se sumaron organizaciones sociales, agrupaciones de jubilados y de profesores que denunciaban que sus derechos se verían afectados si se aceptaran dichas propuestas.
El 26 de noviembre hubo protestas en Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato convocadas por iniciativa popular. Organizaciones sociales y agrupaciones de trabajadores se reunieron en puntos céntricos de dichas ciudades para exigir que no se realicen enmiendas a la constitución ecuatoriana. En Quito los manifestantes protestaban a las afueras del Palacio Legislativo, mientras otros ciudadanos convocados por el partido político Alianza País se reunieron en la plaza Grande de Quito; y en Guayaquil la movilización en aquel día se dio desde el Parque Centenario hasta el edificio de la Caja del Seguro Social.
El 3 de diciembre, día en que se aprobaron las enmiendas en la Asamblea Nacional, se registraron otros movimientos de personas que estaban en contra de que se realice la votación en el pleno, especialmente en Quito donde fueron liderados por asambleístas de oposición y simpatizantes, como Carlos Pérez y el asambleísta del partido CREO, Andrés Páez. Junto a ellos estaban organizaciones indígenas como CONAIE y ECUARUNARI. El saldo de dichas protestas fueron 15 manifestantes detenidos, según la CONAIE.
Ante las primeras protestas, y previniendo la visita del papa Francisco, el gobierno finalmente decidió el 15 de junio de 2015 retirar temporalmente las propuestas de ley, iniciando una cadena de diálogos a nivel nacional desde el 30 de junio, y que sería evaluado el avance de los mismos el 15 de septiembre.
Estos diálogos se dieron en el país, en 367 encuentros que convocaron alrededor de 32 000 personas. Tras dichos diálogos se convino en modificar la base de las propuestas de las leyes de herencias y plusvalía, y los proyectos de las mismas no serían enviadas durante el 2015, sino hasta el 2016, cuando se enviaron mediante decreto ejecutivo a la Asamblea Nacional, y fueron aprobadas por la mayoría legislativa en dicho organismo.
Luego de las protestas por las enmiendas, Rafael Correa realizó declaraciones sobre el proyecto político en torno a las mismas, en específico sobre la que trataba el tema de la reelección indefinida para personas que desempeñen cargos de elección popular en todos sus niveles. Explicó que la propuesta de enmiendas a la Constitución se realizaría de igual manera como se tenía previsto, añadiendo normas transitorias para los textos que se refirieran a la reelección indefinida, para que tal enmienda entre en efecto una vez que finalicen las elecciones de 2017. Esto imposibilitó que él mismo se postule como candidato a la presidencia de Ecuador en las mismas.
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