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Manuel González de Aguilar



Manuel González de Aguilar Torres de Navarra y Montoya (Andalucía, siglo XVIII; principios del siglo XIX) brigadier del ejército español, capitán general de la Provincia de Venezuela entre 1782 y 1786, gobernador de la Real Audiencia de Santo Domingo, entre 1786-88, caballero del hábito de Santiago, Gobernador Superintendente del Reyno de Filipinas por muerte de Rafael María de Aguilar y Ponce de León el 7 de agosto de 1806.[1]

Casó con María Manuela Magdalena de París de Zabala y Bravo del Rivero, bautizada el Lima el 9 de febrero de 1781, hija del matrimonio formado por Pedro Nolasco de Zabala y Pardo de Figueroa, IX Señor de la Casa de Zabala, VI Marqués de San Lorenzo de Valleumbroso, último poseedor por juro de heredad del oficio de Contador Mayor del Tribunal de la Santa Cruzada del Reino del Perú y María Ana Pardo de Figueroa y de Esquivel, IV Marquesa de San Lorenzo de Valleumbroso.[2]​ Brigadier de los Reales Ejércitos. Teniente General y Capitán General de Manila e Islas de Filipinas.

Anteriormente Gobernador de Nueva Andalucía, designado por el rey el 11 de marzo de 1782, gobierna la Capitanía General de Venezuela poco más de tres años, desde el 24 de diciembre de ese mismo hasta el 14 de febrero de 1786. De su gestión destaca un hecho cultural singular: en 1784 donó, con recursos de su propio bolsillo, un teatro a la ciudad de Caracas. Tras terminar su periodo fue nombrado Gobernador y Presidente de la Real Audiencia de Santo Domingo.

El 4 de marzo de 1810 llegó y tomó posesión de la Capitanía General de las Filipinas tras un periodo de interinidad desempeñado por Mariano Fernández de Folgueras.

Ocupó el cargo hasta el 4 de septiembre de 1813.

En 1811, su primer año de gobierno, volvieron a sublevarse los de Ilocos del Norte bajo el pretexto de fundar una religión. La rebelión fue sofocada.

El 17 de abril de 1813 proclama en Manila la Constitución Española de 1812.

El 19 de junio de 1813, acuerda imprimir un prontuario dirigido a los individuos que se van a elegir para formar la Diputación Provincial de las Islas Filipinas. Seis ejemplares fueron remitidos al Consejo de Regencia, para su noticie e inteligencia de las Cortes.[3]​ Por la lejanía de las islas desconocía como el 4 de mayo, Fernando VII había derogado la Constitución y detenido el 10 de mayo a los miembros de la Regencia.




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