La Masacre de La Cantuta tuvo lugar en Lima (Perú) el 18 de julio de 1992 durante la presidencia de Alberto Fujimori. Un profesor universitario y nueve estudiantes de la limeña Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (conocida como La Cantuta debido al nombre de la zona donde se encuentra) fueron secuestrados y desaparecidos por el destacamento paramilitar Grupo Colina, perteneciente al Ejército Peruano.
La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle fue fundada como un centro de preparación de docentes en 1822, logrando el estatuto de universidad en 1965. Fue cerrada por el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada en 1977 debido a las actividades políticas de los radicales de izquierda y reabierto en 1980.
Debido a los problemas económicos ocasionados por la intervención del gobierno militar en la economía y al maoísmo que captaba a numerosos estudiantes y educadores, La Cantuta se ganó la reputación de ser un centro de adoctrinamiento para ejecutar acciones radicales desde la década de 1950. Fue justamente una serie de protestas estudiantiles en el campus; incluyendo el bloqueo de la línea ferroviaria que une Lima con el interior del país – lo que llevó a la suspensión de sus actividades en 1977.
Con el retorno a la democracia en 1980, el presidente Fernando Belaúnde Terry reabrió la universidad. Los elementos radicales multiplicaron sus actividades de reclutamiento y adoctrinamiento en las universidades y se inició el ataque a la población por parte de los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA, que tuvieron una fuerte presencia en dicho campus. A inicios de la década de 1990, después de la fuga de la cárcel de una gran cantidad de terroristas del MRTA, se observó la fragmentación de grupos de izquierda en el campus ante las amenazas de los integrantes de Sendero Luminoso para alcanzar una influencia por medio del terror al estilo maoísta-leninista. En 1991, estudiantes senderistas de la universidad asesinaron a Rosa Pretell, encargada y supervisora de las residencias universitarias, y luego del crimen, tomaron por la fuerza las residencias, alojando a sus militantes y desalojando a los estudiantes que ahí vivían por razones económicas. Luego asesinaron al profesor de Historia Franklin Távara, que estaba postulando a la alcaldía de Chaclacayo. Este largo historial delictivo de la banda senderista no pudo ser controlada debido a la falta de una legislación adecuada y un servicio de inteligencia fragmentado. El 13 de febrero de 1987, durante el estado de emergencia y en medio del toque de queda impuesto en Lima, alrededor de cuatro mil policías ingresaron en horas de la madrugada a las residencias universitarias de tres universidades estatales de Lima: San Marcos, UNI y La Cantuta. En la madrugada del 20 de abril de 1989, fuerzas conjuntas de la Policía Nacional del Perú y el Ejército del Perú arrestaron a más de 500 estudiantes bajo cargos de subversión luego de ingresar a la Universidad La Cantuta y a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
En la madrugada del 18 de julio de 1992, dos días después de la explosión del coche bomba en la céntrica calle miraflorina de Tarata, miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) así como de la Dirección de Inteligencia del Ejército, recibieron la orden de intervenir la residencia universitaria de la Universidad Enrique Guzmán y Valle. El Grupo Colina ingresó al campus y seleccionó a los sospechosos de acuerdo a la información de agentes infiltrados como alumnos.
Las víctimas fueron nueve estudiantes y un profesor de la Universidad:
En abril de 1993, un grupo de oficiales militares peruanos liberaron anónimamente un documento detallando los eventos en La Cantuta. Su documento señalaba que el escuadrón de la muerte Colina había secuestrado, torturado y asesinado a las víctimas enterrándolas en una fosa común. Posteriormente, tal como se señaló durante una investigación iniciada por el Congreso, miembros de las Fuerzas Armadas exhumaron, incineraron, y volvieron a enterrar los cuerpos en otra ubicación. Los "informantes" militares nombraron a los miembros del Grupo Colina que participaron en la masacre, identificando al jefe de las operaciones – Mayor Santiago Martín Rivas – y señalaron que el grupo operaba bajo órdenes directas de Vladimiro Montesinos, la cabeza del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y asesor del presidente Alberto Fujimori, quien también tenía conocimiento de estos acontecimientos.
El 6 de mayo, el General de División Rodolfo Robles Espinoza, tercer oficial de mayor rango del ejército, denunció públicamente varias violaciones a los derechos humanos cometidas por el SIN y las Fuerzas Armadas, incluyendo la matanza de La Cantuta. Posteriormente fue dado de baja del ejército y fue víctima de amenazas de muerte. Finalmente huyó del país logrando el asilo político en Argentina.
En junio de 1993, Justo Arizapana Vicente, un reciclador que se encontraba por la zona durante la masacre, y su amigo Guillermo Catacora, entregaron un plano al congresista Roger Cáceres Velásquez y al periodista de Radio Comas Juan Jara Berrospi. Cáceres compartió luego el plano con la revista Sí que lo publicó en julio de ese año. Una investigación en el sitio indicado en el plano por la Fiscalía reveló cuatro fosas clandestinas. Los análisis forenses realizados a los restos, y en otro grupo de huesos encontrados en otro sitio, resultaron pertenecientes a Muñoz Sánchez y a varios de los estudiantes, y que al menos algunos de ellos mostraban signos de tortura y de haber sido ejecutados mediante un disparo en la nuca.
Las autoridades militares iniciaron una investigación de las matanzas en mayo de 1993. Adicionalmente, en diciembre de ese año, un fiscal levantó cargos contra varios miembros del ejército. Un conflicto de jurisdicción se motivó entre los fueros militar y civil. La controversia se ventiló ante la Corte Suprema, que, el 3 de febrero de 1994, decidió que no era capaz de determinar qué fuero debía aplicarse. Consecuentemente, la noche del 7 de febrero, el Congreso aprobó una ley según la cual la Corte Suprema podía decidir ese tipo de materias mediante la existencia de mayoría simple, en vez del voto unánime que se exigía. En un voto de tres a dos, la Sala Penal de la Corte Suprema decidió que el caso debía ventilarse bajo la jurisdicción militar.
El 21 de febrero de 1994, el Consejo Supremo de Justicia Militar sentenció a diez de los autores a sentencias de prisión entre 1 y 20 años.
La Ley de Amnistía fue abrogada al final del gobierno de Fujimori en el 2000 y, el 21 de marzo de 2001, la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón, presentó cargos contra Fujimori acusándolo de ser uno de los "coautores" de esta masacre y de la Masacre de Barrios Altos de 1991. Presentó evidencias de que Fujimori, actuando en conjunto con Vladimiro Montesinos, ejerció control sobre el Grupo Colina. Los cargos alegaban que el grupo no hubiera cometido crímenes de esa magnitud sin las órdenes expresas de Fujimori o sin su consentimiento, y que la formación y el funcionamiento del mismo fue parte de una política integral contrasubversiva que implicó sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos.
Durante el juicio al expresidente Alberto Fujimori, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia determinó que ninguno de los estudiantes, ni el profesor del caso La Cantuta, tenían vínculos con algún grupo subversivo. El expresidente Alberto Fujimori recibió el 7 de abril de 2009 una pena de 25 años de prisión efectiva, por considerarse estos asesinatos selectivos como delitos de lesa humanidad. El día 2 de enero de 2010, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó la sentencia de 25 años de prisión a Alberto Fujimori por los casos La Cantuta y Barrios Altos, y el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer.
El 24 de diciembre de 2017 el presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó el indulto al expresidente. Sin embargo, este indulto sería anulado 10 meses después por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema al considerar que carecía de efectos jurídicos. Alberto Fujimori volvería a prisión poco después.
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