Ministerio de Justicia de Brasil

El Ministerio de Justicia y Ciudadanía (en portugués, Ministério da Justiça e Cidadania, sigla MJC) es el máximo órgano del Gobierno federal brasileño para los asuntos relacionados con la Justicia y la nacionalidad. Es, por tanto, un órgano del Poder Ejecutivo Federal y no posee vinculación con el Poder Judicial, que controla la marcha de jueces y juzgados. Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial son autónomos e independientes en Brasil, según la Constitución de 1988.

El Ministerio de Justicia y Ciudadanía, respetando el principio de la independencia de los Poderes, no puede interferir en el Poder Judicial, por lo que no tiene cualificación para:

El actual ministro de Justicia es Sergio Moro, el exjuez del Caso Lava Jato, que fue nombrado para el cargo el 1 de enero de 2019, en el gobierno de Jair Bolsonaro.^[2]​

Brasil posee Ministerio de Justicia propio desde el Decreto de 3 de julio de 1822, dictado por el Príncipe Regente D. Pedro de Braganza. En esa fecha se creó la llamada Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça. La Ley n. 23, de 30 de octubre de 1891, cambió la denominación por la de Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Por el Decreto-Ley n. 200, de 25 de febrero de 1967, pasó a denominarse simplemente Ministério da Justiça.

De acuerdo con el Decreto n.º 6.061, de 15 de marzo de 2007, el Ministerio de Justicia posee las siguientes competencias.^[3]​ Los asuntos atribuidos al Ministerio de Justicia son los siguientes:

I - defensa del orden jurídico, de los derechos políticos y de las garantías constitucionales;

II - política judicial;

III - derechos de los indios y de las minorías;

IV - seguridad pública, Policía Federal, seguridad viaria Federal y Ferroviaria Federal y del Distrito Federal;

V - defensa de la orden económica nacional y de los derechos del consumidor;

VI - planificación, coordinación y administración de la política penitenciaria nacional;

VII - nacionalidad, inmigración y extranjeros;

VIII - Audiencia general de los indios y del consumidor;

IX - Audiencia de las policías federales;

X - asistencia jurídica, judicial y extrajudicial, integral y gratuita, de los necesitados, así como otros considerados en la ley;

XI - defensa de los bienes y de los propios de la Unión y de las entidades integrantes de la administración pública federal indirecta;

XII - coordinación, supervisión e integración de las acciones del Gobierno y del Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas (prevención, represión del tráfico ilícito y de la producción no autorizada de drogas, así como aquellas relacionadas con el tratamiento, la recuperación y la reinserción social de usuarios y dependientes).

XIII - coordinación e implementación de los trabajos de consolidación de los actos normativos en el ámbito del Poder Ejecutivo;

XIV - prevención y represión del lavado de dinero y cooperación jurídica internacional;

XV - política nacional de archivos; y

XVI - asistencia al Presidente de la República en materias no afectas a otro Ministerio.

Integran la estructura del Ministerio de la Justicia, como órganos específicos:

Como órganos colegiados:

Se vinculan, aún, al Ministerio de la Justicia, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) y la Fundación Nacional del Indio (FUNAI).

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