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Pascual Oscar Guerrieri



Pascual Oscar Guerrieri (Capital Federal, 30 de diciembre de 1934) es un militar argentino.

Cursó el Colegio Militar de la Nación, donde egresó como oficial del Ejército Argentino en 1956.[2]

Ingresó a trabajar en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) por medio del jefe de esa dependencia durante el Gobierno de Carlos Menem, como lo reconoció el mismo jefe, Juan Bautista Yofre.[3]

En la causa denominada Batallón 601 que se investigan los secuestros, las torturas y las desapariciones de un grupo de militantes Montoneros, al regresar al país, en 1979 y 1980.

En 2002, el juez federal Claudio Bonadío reactivó estas investigaciones. Además ordenó detener a cuarenta militares y declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida (el fallo fue apelado hasta la última instancia).

En la investigación se determinó la actuación de los órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas en estos delitos, en especial el rol del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino.

La causa se rigió por el Código de Procedimientos viejo (de carácter escrito).

La causa también involucró a personas ya fallecidas. Ellos son:

Las víctimas que se incluyen en la causa son Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Ángel Carbajal, Lía Mariana Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Noemí Tolchinsky. Los cinco primeros continúan desaparecidos.

Los testigos que declararon en la causa fueron Claudia Allegrini, Edgardo Binstock, Eduardo Gargano, Víctor Bruno Graciano, Alfredo Jorge Hurrel, Elvira Rquel Santillán de Dillon, Víctor Melchor Basterra, María Cristina Zucker, Jorge Alberto Puig Domenech, Raimundo Oscar Monsalvo, Lidia Scilaero, Nora Borda, Eduardo Ismael Triay, Ana María Moreyra, Nora Inés Hilb, Juan Carlos Dante Gullo, Tte. Coronel (R) Roberto Raúl Urrere, Tte. Coronel (R) Miguel Ángel Salvo, Lic. Hugo César Fontanella, Jorge Omar Lewinger, Lic. Héctor José Máscalo, Luis Miguel Bonasso, Silvia Tolchinsky, Jair Krische, Mayor (R) Giunta, Miguel Ángel Cabrera Carranza y Edith Aixa María Bona Esteves.

En la audiencia realizada en la misma sala donde se llevó a cabo el Juicio a las Juntas en 1985, el juez señaló en los fundamentos del fallo que los acusados conformaron una asociación ilícita, que contribuyó a poner en peligro la vigencia de la Constitución, y en su sentencia consideró que el Batallón 601 fue un engranaje de relevancia para el accionar de la dictadura y la concreción de crímenes de lesa humanidad. Todos los acusados fueron hallados culpables de los delitos de privación ilegal de la libertad, apremios ilegales y reducción a la servidumbre y condenados a penas de prisión:

La sentencia representó la primera condena a militares desde la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. Al mismo tiempo, Cristino Nicolaides es el militar de mayor rango juzgado y condenado desde que se reabrieron las causas por crímenes de lesa humanidad.

En 2017 se dictó prisión perpetua y cárcel común a Guerrieri a todos los implicados en la causa Guerrieri III.[4]



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