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Política ambiental



La política ambiental se refiere a las acciones que el gobierno toma para cuidar o proteger el medio ambiente,[1]​ como resultado de la interacción de los intereses políticos económicos y sociales, para conservar las bases naturales de la vida humana y conseguir un desarrollo sostenible. Desde los años 70, con la conciencia ambiental creciente, se ha convertido en un sector político autónomo cada vez más importante tanto a nivel regional, nacional o internacional. En los gobiernos de muchos países hay un ministerio encargado de temas ambientales y se han creado partidos verdes. La definición de una política ambiental a nivel de empresa es un requisito de los sistemas de gestión medioambiental certificados como ISO 14001 o EMAS.

Aunque no existe un acuerdo general sobre los principios de la política ambiental, hay algunas bases generalmente aceptadas.

La política ambiental está estrechamente interrelacionado con otros sectores políticos, cuyos decisiones y programas influyen directamente en sus resultados y requiere un alto nivel de coordinación. Particularmente la política de infraestructuras, la política económica, la política agrícola y la ordenación del territorio se entrecruzan con la política ambiental y la coherencia es una meta ambiciosa. Por eso, requiere un alto nivel de trabajo interdisciplinario y el poder de convencer e imponerse a otros intereses políticos, lo cual muchas veces es difícil, dependiendo de la posición de los departamentos medioambientales dentro de la jerarquía del gobierno.

La política estatal piensa en periodos de elección y el personal cambia según los resultados de estas. Los problemas del medio ambiente son a largo plazo y las decisiones y programas necesitan tiempo para mostrar resultados. No es un campo político que permite acciones populares con resultados rápidos que se pueden utilizar para ganar votos, este es un problema grave en el mundo

Hay problemas ambientales a escala local o regional, pero también a escala global que requieren soluciones internacionales. La coordinación de los diferentes niveles y la búsqueda de soluciones internacionalmente aceptables y aplicables tanto a los países industrializados como a los en vía de desarrollo es un problema añadido.

La información ambiental es la información del ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable, puede tener que ver, por ejemplo, con el estado del ambiente, actividades u obras que pueden ponerlo en peligro, políticas o programas ambientales, etc.

Los ciudadanos tienen derecho a la información ambiental y la ley garantiza el libre acceso a la información ambiental, todo habitante puede tener la información que necesite siempre que tengan la información y no sea reservada y puede acceder a la información ambiental que tenga el Estado nacional, provincial, municipal y la CABA y las empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. El acceso a la información es libre y gratuito para todas las personas, solo se pagan los gastos relacionados con la entrega de la información. No es necesario acreditar razones ni un interés determinado y se debe presentar una solicitud con la información que se quiere conocer y la identificación de quien la pide.[2]

Entre 1995 y 2004 se registraron nueve de los diez años más calurosos de la historia. Aproximadamente 600 millones de personas sufren actualmente de desnutrición debido al colapso de los sistemas agrícolas como consecuencia del aumento de las temperaturas, una mayor exposición a la sequía y una pluviosidad errática. Por eso, abordar este problema resulta clave para reducir la pobreza. La estabilización dependerá del éxito de diversas medidas de mitigación, las cuales tienen un costo estimado de 400 millardos de dólares por año para los países en desarrollo.

Aunque evaluar los instrumentos de mitigación es problemático, esto permite medir factores como la efectividad medioambiental o la eficiencia de costos. Por ejemplo, la implementación de reglamentos y de ciertos impuestos e incentivos financieros ha logrado reducir las emisiones globales de CO2. En contraste, la aplicación de permisos negociables y acuerdos voluntarios no lo han conseguido. Existen también otros instrumentos cuyo impacto aún no ha sido evaluado, como las campañas de información, o el apoyo financiero a investigación y desarrollo. Más allá de esto, es importante realizar un análisis costo-beneficio de cada instrumento para poder evaluarlos en detalle.[3]



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