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Política de Francia



Francia es una república semipresidencial, que cuenta con un presidente (jefe de estado) y un primer ministro (jefe de gobierno). El presidente es elegido por votación popular, mientras que el primer ministro es escogido y nombrado por el presidente de la República. Como en todo sistema parlamentario, puede ser el líder del partido o coalición con más escaños o una personalidad destacada afín a ellos, pero no siempre es un miembro del parlamento (en este caso la Asamblea Nacional). En todo caso el presidente suele nombrar a un primer ministro que está en sintonía con la mayoría parlamentaria, a fin de asegurarse el apoyo de la asamblea. Las elecciones presidenciales y legislativas ocurren cada cinco años, mientras que las elecciones departamentales, regionales y municipales ocurren cada seis años.

La Constitución francesa de 1958, de 4 de octubre, es el texto fundador de la V República, el sistema político vigente desde su entrada vigor. Fue adoptada por referéndum el 28 de septiembre de 1958 y es el decimoquinto texto fundamental (o el vigesimosegundo si se cuentan los textos que no se aplicaron) de Francia desde la Revolución francesa.

La Constitución es la norma suprema del sistema jurídico francés y organiza las autoridades públicas, define su papel y sus relaciones. Se modificó en diecinueve ocasiones desde su publicación, bien por el Parlamento reunido en Congreso o directamente por el pueblo a través de referéndum: las normas relativas a la revisión de la Constitución están previstas por la propia Constitución.

Está estructurada en un Preámbulo y dieciséis títulos que recogen ciento tres artículos, dos de los cuales son disposiciones transitorias. El Preámbulo hace referencia directa y explícitamente a otros tres textos fundamentales: la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789, el Preámbulo de la Constitución francesa de 1946, de 27 de octubre (la Constitución de la IV República), y la Carta del medio ambiente de 2004. Estas normas se entienden incluidas en el bloque de constitucionalidad, por lo que los jueces las aplican directamente y el legislador debe respetarlas, bajo el control del juez constitucional.

El presidente de la República Francesa (en francés, Président de la République française) es el jefe de Estado de Francia, gran maestre de la Legión de Honor y copríncipe de Andorra. Según el sistema semipresidencial francés, ejerce las más altas funciones del poder ejecutivo de la República. Reside en el Palacio del Elíseo.

Cuatro de las cinco repúblicas de Francia han tenido presidentes como jefes de Estado, y han hecho de la Presidencia de Francia la más antigua de Europa activa en la actualidad. En la Constitución de cada una de las cinco repúblicas los poderes presidenciales han ido variando. El actual Presidente de Francia es, desde el 14 de mayo de 2017, Emmanuel Macron.

El Gobierno de la República Francesa ejerce el poder ejecutivo en Francia.

Todos los miembros del Gobierno son nombrados por el presidente de la República a propuesta del primer ministro.[2]​ Los miembros del Gobierno son colocados mediante un protocolo preciso, que viene establecido en el decreto presidencial que establece el organigrama del Consejo de Ministros.:[3]

El parlamento francés (Parlement français) o Parlamento de Francia es el cuerpo que representa el poder legislativo (parlamento) del Estado francés.

En Francia, el parlamento ejerce gran parte del poder legislativo y puede en parte controlar la actividad gubernamental, según la Constitución del 4 de octubre de 1958. El actual sistema parlamentario en Francia es bicameral y el parlamento está compuesto por el Senado francés (Sénat), "Cámara alta" (chambre haute), que tiene 348 cargos electos, y por la Asamblea Nacional de Francia (Assemblée nationale française), la "Cámara baja" (chambre basse), que tiene 577 diputados. Las dos cámaras tienen sus sedes en diferentes palacios: el Palacio del Luxemburgo (palais du Luxembourg) para el Senado y el Palacio Bourbon (palais Bourbon) para la Asamblea Nacional.

Antes de 1962, el Parlamento era el único representante de la soberanía popular. Desde esa fecha, también lo es el Jefe del Estado, designado durante las elecciones presidenciales en sufragio universal.

Todopoderoso durante la III República y la IV República, ha visto su poder racionalizarse durante la V República. Las evoluciones actuales de las instituciones tienden a volver a darle nuevas prerrogativas.

El Senado (Sénat) constituye la cámara alta del Parlamento francés. Ostenta el poder legislativo junto con la Asamblea Nacional. Es, en virtud del artículo 24 de la Constitución de la V República, la cámara de representación de las entidades territoriales y de los franceses en el extranjero. Es conocido también coloquialmente como Alta Asamblea.

El Consejo Económico y Social de Francia (CES, en francés Conseil économique et social) es un organismo de estado, según la Constitución de 1958 (arts. 69, 70 y 71), consultivo en materias económicas, sociales y culturales. Puede emitir su opinión a pedido de los poderes públicos o por su propia iniciativa. Puede intervenir también durante el proceso legislativos, en los proyectos de ley presentados ante la Asamblea Nacional.

Está compuesto por 231 miembros designados por un período de 5 años. Su composición es:

La Corte de Casación (en francés: Cour de cassation) es el más alto tribunal del poder judicial de Francia. Su equivalente en el orden administrativo es el Consejo de Estado. Es un tribunal permanente, que se reúne en el Palacio de Justicia de París y consta de seis salas.

Es el órgano competente para el conocimiento de los recursos de casación y la posible anulación de las decisiones judiciales que se hayan dictado en contravención de la ley. Por el contrario, si desestima el recurso, confirma que la decisión del tribunal de apelación sea definitiva y su sentencia firme.

La Corte no es competente para conocer de las demandas contra los administradores o los organismos públicos, que son competencia de los tribunales administrativos, en los que el Consejo de Estado actúa como tribunal supremo de apelación; ni de los casos relativos a cuestiones constitucionales, que son competencia del Consejo Constitucional; ni de los casos relativos a litigios sobre cuál de estos tribunales es competente, que son conocidos por el Tribunal de Controversias Jurisdiccionales. En conjunto, estos cuatro tribunales constituyen el nivel más alto del sistema judicial francés.

El Tribunal fue creado en 1790 con el nombre de Tribunal de Casación durante la Revolución francesa y su propósito original era actuar como un tribunal de error con jurisdicción revisora sobre los tribunales inferiores de prerrogativas provinciales (parlamentos).[4]

El Consejo de Estado (en francés, Conseil d'Êtat) es una institución pública francesa creada por Napoleón Bonaparte en 1799, con la aprobación de la Constitución del Año VIII, como sustituto de instituciones análogas que existieron durante el Antiguo Régimen. Desde 1875 tiene su sede en el Palais-Royal de París. El Consejo es el órgano consultivo del Gobierno, y funciona además como última instancia de la jurisdicción administrativa.

Como órgano consultivo, Consejo de Estado debe ser consultado por el gobierno antes de tomar determinadas decisiones, principalmente la adopción de proyectos de ley. En su función jurisdiccional, es la última instancia judicial en determinados ámbitos (básicamente, para la resolución de recursos dirigidos contra las decisiones de una autoridad pública). Su vicepresidente, que es de hecho la primera autoridad del Consejo, es también el primer funcionario del Estado: así, presenta al presidente de la República sus respetos en nombre del conjunto de cuerpos constituidos, de la función pública, de la magistratura, de las empresas públicas, etc.

El Consejo de Estado tiene su sede en el Palacio Real (Palais-Royal) de París.

El Consejo Constitucional (en francés: Conseil constitutionnel) fue instituido por la Constitución de la Quinta República de 4 de octubre de 1958. Por ser una institución reciente, no puede relacionarse con ningún precedente institucional.

Según Jean-Michel Dijan, «la política cultural es una invención francesa», nacida «de una preocupación constante de los poderes monárquicos, imperiales o republicanos de acaparar, en nombre de una mística nacional, la protección del patrimonio artístico y por extensión de incentivar lo que le deviendra».[5]

La política cultural francesa se distingue en efecto por su larga historia, la fuerte presencia del Estado, y la continuidad de las instuticiones a lo largo de los siglos. «Ni la voluntad política, ni los medios financieros, ni la estructura administrativa», subraya Jacques Rigaud, alcanzan tal nivel en ningún otro país.[6]​ Y si este «voluntarismo cultural a la francesa» es visto desde un punto de vista a veces escéptico por los observadores extranjeros, debido a la riesgos de emergencia de una cultura estatalista y conformista, del centralismo de la toma de decisiones, y de la supervivencia de prácticas casi monárquicas, no resulta en menos envidia por los vecinos.[6]

Las primeras decisiones se toman en paralelo al advenimiento del Estado y su afirmación frente al poder religioso. Las acciones actuales y la administración de la que emanan, resultan en una sucesión de rupturas políticas e institucionales, mezcladas continuamente con el apoyo de los dirigentes a través de los siglos, y en gran medida moldeadas por algunos hombres y mujeres.

Después de que Charles de Gaulle implantara la constitución de la Quinta República en 1958, Francia ha sido gobernada por sucesivos presidentes de derecha hasta 1981. Durante la década de 1960, los partidos de izquierda tuvieron resultados más bien pobres en las elecciones a nivel nacional. Los sucesivos gobiernos aplicaron generalmente el programa gaullista, basado en la independencia nacional y la modernización económica de una manera intervencionista. La política social de De Gaulle era fundamentalmente conservadora.

En mayo de 1968, una serie de huelgas de trabajadores y revueltas estudiantiles sacudieron Francia (Mayo Francés). Pero la agitación no dio lugar a un cambio inmediato de gobierno, sino que ofreció a De Gaulle la posibilidad de ser reelegido triunfalmente en las elecciones de junio del mismo año. La herencia del gaullismo siguió gobernando Francia hasta la llegada de la izquierda a la presidencia.

En 1981, el socialista Francois Mitterrand, fue elegido presidente con un programa de reformas radicales. Después de asegurar una mayoría en el parlamento en las elecciones de ese año, su gobierno dirigió un programa de reformas económicas y sociales muy potente.

Sin embargo, en 1983, la elevada inflación y la crisis económica condujeron a una reversión de la política económica, comprometiéndose el gobierno de izquierda después de las reformas de la política fiscal y de control de gastos, así como la privatización de los principales bancos franceses.

Aunque la mayoría de las nacionalizaciones fueron canceladas en 1984, o por los gobiernos posteriores, las reformas sociales se mantuvieron. Desde entonces, el gobierno alternó entre una coalición de izquierda (compuesta por el Partido Socialista y el Partido Comunista Francés y otros grupos), y una coalición de derecha (compuesta por la Unión para la Democracia Francesa y el Agrupación por la República de Jacques Chirac, posteriormente sustituido por la Unión por un Movimiento Popular).

Los años 1980 y 1990 también vieron el surgimiento del Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, un partido crítico con la inmigración, particularmente con la inmigración procedente de países del norte de África como Argelia, explicándola como causante del aumento del desempleo y la delincuencia. Desde la década de 1980, el desempleo sigue siendo elevado con alrededor del 10% de los trabajadores en paro, independientemente de las políticas para combatirla. Los problemas en los suburbios (un eufemismo que describe a los desfavorecidas zonas residenciales suburbanas, a menudo con una elevada proporción de población inmigrante) siguen siendo una preocupación. La presencia de Jean-Marie Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2002 fue un acontecimiento peculiar por la utilización populista del problema inmigratorio. La mayoría de partidos pidieron el voto para Jacques Chirac, con el fin de evitar la victoria de la extrema derecha. Desde 2017 el presidente de la República es Emmanuel Macron.



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