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Programa de Modernización de la Administración Pública



El Programa de Modernización de la Administración Pública (PROMAP)[1]​ fue un programa desarrollado en la administración de Ernesto Zedillo dentro del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000[2]​ de los Estados Unidos Mexicanos y fue puesto en marcha el 6 de mayo de 1996. Tenía como fin impulsar una administración pública accesible, moderna y eficiente de acuerdo a las tendencias globales de la Nueva Gerencia Pública a nivel federal. Con esto se pretendía desarrollar una burocracia orientada al servicio, cercana a la ciudadanía, que fomentara la dignidad y profesionalización de la función pública, y a la vez la dotara de medios e instrumentos que destacaran su capacidad productiva y creativa.

La concepción, desarrollo e implementación del PROMAP se vieron influenciadas por el periodo de transición que México vivía y por las transformaciones del panorama mundial.

El 1 de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo asumió la presidencia de México y apenas unos días después el país entró en una severa crisis económica que provocó la devaluación del peso y la necesidad de un rescate financiero proveniente de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional principalmente. Como resultado, el valor del peso pasó de 3.4 pesos por dólar a 7.7 al finalizar el año. Durante 1995 el PIB se contrajo 6%, la tasa de inflación ascendió a más de 50% y el salario mínimo real cayó en 12%. Aunque la recuperación fue rápida —en buena medida por los altos precios del petróleo—, el gobierno mexicano se había endeudado en más de 20 mil millones de dólares. Unos años después la deuda crecería con el Fobaproa, acción por la cual los pasivos bancarios se asumieron como deuda pública y comprometió aún más la hacienda pública.[3]

En lo que respecta al panorama internacional, durante la década de los años noventa México vivió un proceso de apertura comercial bajo los nuevos cánones mundiales. El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este acuerdo supuso una serie de cambios y exigencias no solo económicas sino también políticas y organizativas al interior del país. En un esfuerzo similar por posicionar al país dentro de las corrientes impulsadas por los países occidentales, México ingresó a la OCDE El 18 de mayo de 1994. La organización estaba conformada por países de Europa del Este y América del Norte, y la mayoría de ellos habían implementado, a lo largo de la década de los años ochenta, una serie de reformas de la Nueva Gerencia Pública (NGP).

La NGP surge como respuesta al modelo del Estado de bienestar que había prevalecido desde el periodo de entreguerras y se había consolidado tras la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con la NGP, el Estado se había vuelto un aparato pesado, opaco e ineficiente, y para ello se necesitaba de reformas estructurales que delinearan un nuevo Estado. Este nuevo modelo retomaba principios del mercado y las organizaciones privadas para el sector público. Algunas de sus principales directrices son: saneamiento fiscal, privatización de empresas paraestatales, modernización administrativa, vigilancia y monitoreo de recursos, contratos internos, apertura en la provisión de servicios a empresas privadas, transparencia y rendición de cuentas, descentralización, políticas orientadas a resultados y la inclusión de nuevas tecnologías.

Estos principios fueron impulsados en países como México por medio del Consenso de Washington, en el cual los organismos financieros internacionales y los países avanzados promovieron la apertura económica y la adopción de políticas neoliberales en la organización estatal.

Previo a la creación del PROMAP, se habían realizado cambios en la organización administrativa de acuerdo a las necesidades del contexto histórico del país. Dentro del Programa se reconocen varios antecedentes, entre ellos destacan los siguientes:[4]

Para la elaboración del programa hubo también antecedentes políticos y administrativos. Kate Jenkins, una de las principales asesoras de Margaret Thatcher para la elaboración de las reformas administrativas en el Reino Unido, colaboró con el gobierno mexicano en sus propias propuestas de reforma. Asimismo, se realizaron consultas populares para conocer los intereses y preocupaciones de la ciudadanía sobre las áreas y funciones gubernamentales que requerían cambios, así como las propuestas que se tenían. Esto sirvió como punto de partida para los principales ejes del PROMAP.[5]

El 28 de diciembre de 1994, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF) se reorganizó como la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM). También se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para dotarla de nuevas atribuciones, tales como: control y evaluación gubernamental, dictado de las bases para realizar auditorías en los órganos del nivel federal, manejo de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, control y registro de los inmuebles de la federación, coordinación de la modernización de la administración pública federal, entre otras. Una vez elaborado el PROMAP, esta sería una de las secretarías —junto con la SHCP— encargada de implementar el programa.[5][6]​ En el 2003 la SECODAM sufriría una nueva transformación y sería renombrada como la Secretaría de la Función Pública.

Fueron las fallas y vacíos que dejaron las reformas anteriores las que llevaron a plantear de manera más seria la creación del PROMAP. Entre las principales motivaciones se encuentran:[1]

En cuanto a los objetivos del PROMAP, encontraremos los siguientes:

Para poner en marcha el PROMAP, fueron diseñados distintos subprogramas con la finalidad de abarcar, de manera más completa, todas las áreas de oportunidad previamente señaladas y cumplir con los objetivos planteados desde el Plan Nacional de Desarrollo y del programa como tal. Dichos subprogramas fueron:[7]

Tenía por objetivo lograr la participación más activa de la sociedad en la definición, ejecución y evaluación de las acciones institucionales para contribuir a que recibiera una atención eficiente, eficaz, oportuna y satisfactoria por parte de las instituciones públicas. Para lograrlo, se pusieron en marcha distintas líneas de acción, como fomentar la participación ciudadana en las acciones preventivas y de retroalimentación para la gestión pública a través del desarrollo de una contraloría social, la extensión de sistemas de atención directa a la población (líneas de quejas y denuncias, apertura de mecanismos electrónicos y medios de comunicación para la captación de opiniones, comentarios y propuestas de los ciudadanos) y, finalmente, la revisión y simplificación de trámites, desde su marco normativo, frente a las autoridades federales, estatales y municipales del Estado Mexicano.

Su objetivo era fortalecer el Pacto Federal a través de la descentralización de funciones y la desconcentración de facultades para promover el desarrollo regional y la descentralización económica, mejorar los servicios públicos, abatir los costos y acercar las decisiones al lugar donde se requieran, todo ello para servir mejor a la población y dar mayor flexibilidad a las instituciones públicas. Esto mejoraría el servicio bajo la lógica de que entre más lejos del punto de contacto con el cliente/ciudadano esté el poder de tomar decisiones, más difícil será el brindar un buen servicio.

Su objetivo era fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas mediante el desarrollo de esquemas modernos de medición y evaluación del desempeño, así como lograr que la población confiara en el uso honesto, eficiente y eficaz de los recursos públicos para prevenir y sancionar actos de corrupción de manera oportuna y adecuada. Esto a partir de la creación de indicadores de desempeño, el fortalecimiento de los órganos internos de control de cada institución y el desarrollo de un Sistema Integral de Información.

El principal objetivo de este subprograma era contar con un servicio profesional de carrera que garantizara la adecuada selección, desarrollo profesional y retiro digno de los servidores públicos, todo esto a través de la creación o, en algunos casos, fortalecimiento de los sistemas de selección y la actualización de los conocimientos y habilidades desde cada una de las dependencias. Asimismo, impulsar en el servidor público una cultura que favoreciera los valores éticos de honestidad, eficiencia y dignidad para impulsar la responsabilidad y eficiencia de la burocracia. Esto podría ser alcanzado a través del establecimiento de mejores perspectivas de desarrollo y el fortalecimiento de valores cívicos y éticos en el servicio público.

El PROMAP se diferenciaba de otros modelos clásicos de administración, en cuanto a la metodología de implementación, debido a que esta iniciaba con una planeación estratégica que sería llevada a cabo por medio de un cuerpo administrativo propio de la SECODAM llamada Unidad de Desarrollo Administrativo (UDA).

La metodología propuesta por la UDA contenía 8 etapas:[8]

1. Bases de coordinación

Consistía en un documento donde la SECODAM y la SHCP se comprometían con las dependencias de la Administración Pública Federal en materia de modernización administrativa

2. Talleres estándares

Etapa en la cual, uno de lo objetivos del PROMAP comenzaba a consolidarse, pues el servidor público debía aprender a traducir sus funciones en servicios, y a identificar con claridad al cliente -o clientes- del servicio para poder asegurar que su actividad tenga un beneficio para el mismo. En caso de que no existiera beneficio, entonces debía desaparecer.

3. Difusión pública de los estándares

En esta etapa, el cliente obtiene herramientas para saber qué esperar del servicio que el servido público -ahora comprometido con cumplir con los nuevos estándares- realice.

4. Estándares definidos por el cliente

Se pone en marcha la difusión de herramientas que permiten captar la voz del cliente para retroalimentar los estándares de calidad previamente establecidos, así como conocer las expectativas y necesidades de los clientes.

5. Planeación estratégica y acciones de mejora

En este nivel de implementación, los niveles directivos tendrían que desarrollar la identificación de áreas de oportunidad detectadas en una etapa previa, con la retroalimentación de los clientes, y poder crear nuevas acciones de mejora.

6. Programa estratégico

El fruto del desarrollo de nuevas estrategias que atendieran de mejor manera al cliente se consolida en esta etapa, donde se crea un documento que contiene los proyectos correspondientes a las estrategias de modernización de la dependencia.

7. Medición

Una vez implementados los nuevos compromisos y acciones, se definirían las herramientas para evaluar interna y externamente el avance logrado. En lo interno, a través de indicadores de desempeño; en lo externo, a través de indicadores de opinión del cliente. Es importante destacar que el desarrollo interno se pretendía evaluar a partir de 16 acciones:

8. Mejora continua Para finalizar con el proceso de modernización de la Administración Pública, la retroalimentación en una segunda etapa sería fundamental. Esto permitiría, nuevamente, utilizar la voz del cliente como un instrumento de retroalimentación a la planeación estratégica. Estas serían las principales etapas para la implementación del PROMAP. Como podemos ver, la presencia de la capacitación, la entrega y construcción de herramientas necesarias a los servidores públicos, y el nuevo rol del cliente se encuentran constantes a lo largo de todo el proceso de construcción y desarrollo de la nueva Administración Pública.

Uno de los mayores avances se dio en simplificar trámites y normas sobre distintos procedimientos gubernamentales. Para ello:

El PROMAP, pese a contener elementos de la Nueva Gerencia Pública, no logró incluir efectivamente las partes claves de este movimiento para lograr la eficiencia esperada. La prioridad del gobierno por el “nuevo federalismo”, la falta de voluntad política por modernizar a la administración pública, y los conflictos entre la SHCP y la SECODAM por poner en marcha el programa fueron factores decisivos en el alcance y éxito de la implementación del PROMAP. La oposición de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y el conflicto entre las dos secretarías encargadas de la modernización administrativa, serían el mismo problema que enfrentaría más tarde Ley del Servicio Profesional de Carrera, impulsada por la administración de Vicente Fox.[12]



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