La publicidad oficial en México se refiere a la compra de espacios publicitarios que realizan los distintos niveles de gobierno en medios de comunicación de ese país. Tal actividad está determinada y justificada por el derecho a saber y el derecho de acceso a la información que tienen las y los ciudadanos, las obligaciones de transparencia del gobierno hacia la misma y la necesidad de los gobiernos de informar y de publicitar el uso del presupuesto y las acciones derivadas de la administración pública, entre otras.
En oposición, organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos mexicanas y de otros países han señalado el uso de las compras de espacios como método de coerción, censura sutil y control de los contenidos y las posturas de los medios, en vehículo de propaganda política y de difusión de los funcionarios a nivel personal -especialmente en temporadas electorales- así como la concentración de las compras publicitarias o en pocas empresas de medios de comunicación, especialmente las de comunicación masiva como la televisión.
Durante el siglo XX los diferentes gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional hicieron un uso de control y censura tanto con la publicidad oficial como con recursos jurídicos asociados a la comunicación.
En la gestión de Gustavo Díaz Ordaz parte de la estrategia de terrorismo de estado se asoció a la coerción y a la censura de los principales medios de comunicación con el fin de comunicar tanto el discurso oficial del gobierno hacia el movimiento de 1968 como con la confirmación de las discursivas ordenadas por el poder ejecutivo. En 1969 como represalia a los medios que dieron voz a los protagonistas del movimiento como estudiantes, profesores y expertos, fue promulgado un impuesto el 25% a los ingresos publicitarios de los medios de comunicación. Negociaciones de los empresarios de los medios de comunicación con Díaz Ordaz lograron reducirlo al 12.5% y que el pago de dicho impuesto se hiciera en especie, es decir, con tiempo de transmisión gratuita para el gobierno.
Luis Echeverría Álvarez, por su parte, realizaría distintas maniobras políticas para conservar el control de los medios de comunicación, por ejemplo, el retiro de publicidad oficial a medios críticos o no alineados al gobierno y la influencia en empresas para retirarles a estos contrataciones de anuncios privados. El culmen de dichas intervenciones se vería en la influencia jugada en el gobierno de México en el golpe a Excélsior en 1976.
En los años 80 se hizo del conocimiento público la frase del entonces presidente José López Portillo "No te pago para que me pegues" dicha al periodista Francisco Martínez de la Vega en una comida a periodistas por el Día Mundial de la Libertad de Prensa el 7 de junio de 1982, usada para denostar a los medios que publicaron noticias o materiales adversos a la postura gubernamental y que recibían publicidad oficial.
La publicidad oficial es la contratación directa de espacios publicitarios como el presupuesto de comunicación social del gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales e incluso dependencias específicas que cuentan con ello (direcciones, secretarías y subsecretarías federales, estatales y municipales).
La publicidad oficial en México es el ingreso principal de los medios de comunicación mexicanos y puede llegar a ser la única forma de subsistencia de muchos. Las reducciones presupuestales en publicidad oficial tras la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente del país podría estar relacionada con una ola de despidos en distintos medios mexicanos en 2018 y 2019.
En algunos casos la publicidad oficial se expresa no en forma de anuncios explícitos sino en la gestión del contenido de manera sesgada, existiendo medios de comunicación que reciben publicidad oficial y están enteramente dedicados a la reseña de actos y noticias de los gobernantes en turno sin mediar ningún recurso que así lo indique como las leyendas "inserción pagada" o marcas editoriales que indiquen que la información es pagada por un agente externo. De este modo recae en el medio la responsabilidad de la publicación y no en el contratante y esto se hace con el fin de eludir el cumplimiento del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que indica:
Entre los usos políticos de la publicidad oficial como censura sutil o indirecta se encuentran:
Con el fin de regular el gasto en esta materia, organizaciones y activistas promovieron la Ley General de Comunicación Social, una serie de disposiciones para regular el gasto público en publicidad oficial.
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