La quema de locales de opositores de 1953 ocurrió el 15 de abril de ese año, en respuesta al atentado de la Plaza de Mayo del 15 de abril de 1953, atentado acaecido durante un acto peronista y llevado a cabo horas antes por un grupo antiperonista, ocasionando entre 5 y 7 muertos y más de 90 heridos.
Grupos de manifestantes atacaron y provocaron incendios en las sedes de los partidos radical, demócrata y socialista así como en el Jockey Club de Buenos Aires quedando totalmente destruidos estos dos últimos edificios y con daños muy importantes los otros dos.
Los bomberos se limitaron a evitar que el fuego se propagara a las vecindades y los efectivos policiales presentes en los lugares atacados se abstuvieron de intervenir, salvo por la detención y posterior liberación de las personas que buscaban apagar el fuego por sus propios medios. En la confitería «Petit Café» y el diario La Nación los manifestantes fueron rechazados.
En los hechos no se registraron muertos ni heridos.
El 15 de abril de 1953 un grupo de opositores antiperonistas realizó un ataque terrorista en la Plaza de Mayo que causó la muerte de entre 5 y 7 personas, y que a su vez desencadenó que grupos de manifestantes peronistas se lanzaran esa noche a incendiar locales de opositores.
El atentado se realizó en un acto sindical organizado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en la Plaza de Mayo en apoyo a la política del gobierno peronista para combatir la inflación y el desabastecimiento.
Dos bombas explotaron durante el discurso del presidente Juan Domingo Perón, desde los balcones de la Casa Rosada. Al promediar la exposición, detonó la primera bomba de 50 cartuchos de gelignita, ubicada dentro de un hotel sobre una de las calles laterales de la plaza.
Al detonar la primera bomba, Perón interrumpió su discurso y después de un instante dijo: "¡Compañeros! Estos, los mismos que hacen circular rumores todos los días, parece que se han sentido más rumorosos, queriéndonos colocar una bomba. En ese momento explotó la segunda bomba, construida con 100 cartuchos de gelignita, en la estación Plaza de Mayo de la línea A de subterráneos, matando a varios manifestantes, hiriendo a decenas de personas y provocando el pánico entre la multitud que se encontraba en el lugar.
Al oír la explosión el Presidente volvió a interrumpir el discurso para decir:
La multitud entonces aclamó a Perón y empezó a repetir la palabra "leña", término que siguiendo el argot argentino estaba referido al reclamo de castigo a los terroristas.
El Presidente Perón tomó la expresión que repetían los manifestantes y dijo:
Luego Perón se extendió largamente sobre la inflación y el desabastecimiento, propuso establecer el control de precios y convocó a los trabajadores a cuidar los precios y controlar las medidas especulativas. También se refirió a la corrupción de los funcionarios, sosteniendo que sería inflexible y que irían a la cárcel. Cerca del final de su discurso volvió a referirse al atentado diciendo:
En el cierre del discurso, el Presidente pidió a los trabajadores que "regresen a sus casas" y sostuvo que la manera responder a los ataques era "produciendo":
Luego del discurso los manifestantes se retiraron y las autoridades comenzaron a tomar conocimiento de la magnitud del atentado. Las víctimas mortales fueron Santa Festigiata de D`Amico de 84 años, Mario Pérez, León David Roumeaux, Osvaldo Mouché y Salvador Manes.
En los días siguientes, la policía detuvo a varios activistas antiperonistas que confesaron ser miembros del grupo terrorista causante del atentado. Entre ellos se encontraban el radical Roque Carranza (años después sería Ministro de Defensa del presidente Raúl Alfonsín), el demócrata progresista Carlos González Dogliotti, Miguel de la Serna y Rafael Douek, que fueron condenados por la justicia y amnistiados por el presidente Perón en 1955. Los condenados han sostenido que las confesiones fueron realizadas bajo tortura, pero con posterioridad, González Dogliotti reconoció haber puesto las bombas, aunque aclarando que las mismas sólo eran bombas de estruendo y que los muertos y heridos fueron consecuencia de la estampida de la multitud a causa del terror provocado por la explosión. Por su parte, Carranza negó luego haber colocado las bombas, aunque reconoció haber conocido el lugar donde las mismas se armaban, en tanto que los testimonios de sus conocidos son coincidentes en sostener que "la actividad de Carranza durante los nueve años de gobierno peronista fue un incesante trajinar por los laboratorios caseros, donde se fabricaban explosivos". Por su parte, Félix Luna ha identificado a los terroristas como "miembros del ala unionista" de la Unión Cívica Radical.
Más recientemente, el diputado peronista Carlos Kunkel ha implicado también en los hechos al abogado y periodista Mariano Grondona, quien habría reconocido su participación directa públicamente, en su programa de televisión Hora Clave.
Al finalizar el acto una columna de manifestantes tomó por la Avenida de Mayo y luego por Rivadavia deteniéndose alrededor de las 19 horas frente a la Casa del Pueblo, la sede del Partido Socialista y del órgano partidario La Vanguardia, ubicada en la cuadra del 2100. De pronto algunos manifestantes se dirigieron al edificio, que estaba cerrado, con intención de penetrar en el mismo. Ramón Muñiz, virtual secretario general del partido, que estaba en el interior con un centenar de delegados solicitó ayuda por teléfono a la seccional de policía pero el comisario le respondió que no tenía gente para enviar, por lo cual todos escaparon por los fondos mientras estallaba la puerta y entraban los agresores que, según algunos testigos, habían utilizado un camión municipal como ariete. Subieron a la biblioteca ubicada en el primer piso y comenzaron a arrojar los libros a la calle y luego encendieron fuego a las instalaciones. Afirma Félix Luna:
José Tristán Ginzo, caricaturista político cuyos muñecos simbolizaron toda una época durante la cual el periódico socialista La Vanguardia se erigió en el máximo vocero del antiperonismo, que estaba fuera del edificio hizo este relato:
Con las llamas se perdió la primera (y única) colección de periódicos obreros que existía en el país; los archivos de la redacción, los muebles, la sala de máquinas y todas las pertenencias del Partido Socialista. Curiosamente, sólo se rescató el fichero de afiliados.
Los manifestantes volvieron al centro y se dirigieron a la Casa Radical ubicada en Tucumán al 1600. Forzaron la cortina metálica, juntaron elementos en el vestíbulo de entrada y le prendieron fuego pero aunque el edificio sufrió grandes daños y quedó desmantelado, no se incendió. Luego repitieron el procedimiento en la sede del Partido Demócrata que se encontraba a la vuelta, en la cual el incendio de libros y elementos tampoco se propagó al edificio. Ninguno de los locales agredidos fue protegido por la policía o los bomberos.
Alrededor de medianoche una columna de manifestantes atacó la entrada del Jockey Club de Buenos Aires que da por la calle Tucumán y expulsaron a los pocos socios que allí se encontraban. Todo lo incendiable -cuadros, alfombras, muebles, papeles- ardió y con ellos también el edificio que ya estaba totalmente destruido al amanecer cuando los bomberos decidieron comenzar a actuar. Manuel Anasagasti, expresidente del Jockey Club, contó que entre los bienes robados antes del incendio había partidas de vino con sello y número de catálogo del club. Tiempo después una de esas partidas fue rematada por el Banco Municipal y se aprovechó a recuperarla mediante su compra. Cuando se pusieron en venta los bienes de Perón luego de su caída también volvieron a comprar en remate otra de esas partidas que los incendiarios habían obsequiado a Perón como trofeo de guerra.
Hubo intentos similares en el "Petit Café" de Santa Fe y Callao que pasaba por ser un reducto opositor y en el diario La Nación pero en los dos casos la policía rechazó a los atacantes.
Luego del atentado el gobierno implantó el estado de sitio y en los días siguientes se multiplicaron las acciones para descubrir y detener a los terroristas que cometieron el atentado. La policía detuvo a varios dirigentes políticos opositores y a decenas de activistas a quienes se puso a disposición del Poder Ejecutivo sin obligación de iniciarles proceso alguno, como indica la norma constitucional del estado de sitio, entre ellos Ricardo Balbín, Arturo Frondizi, Federico Pinedo, Alfredo Palacios, y Nicolás Repetto. Aparecieron crónicas de los incendios en los diarios opositores La Nación y The Standard, sin mencionar el atentado terrorista[cita requerida]. Por su parte la prensa oficialista sostuvo que los manifestantes peronistas habían reaccionado luego de haber sido tiroteados desde la Casa del Pueblo (socialista) y la Casa Radical.
El historiador Félix Luna ha sostenido que se trata de «el primer caso de terrorismo de Estado en el país».en tanto otros historiadores, han afirmado que los primeros actos de terrorismo de Estado fueron cometidos por el gobierno radical presidido por Hipólito Yrigoyen o de las posteriores dictaduras militares antiperonistas.
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