La Reforma Procesal Penal es la denominación del mayor cambio estructural de la Justicia Penal de la República de Chile.
Iniciada por la Ministra de Justicia del Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Soledad Alvear Valenzuela. Esta reforma reemplazó el viejo sistema inquisitivo y escrito que operaba en Chile desde principios del siglo XX, por un sistema acusatorio y oral, cuyos protagonistas son los Fiscales del Ministerio Público y los Defensores, que deben litigar (acusando y defendiendo al imputado respectivamente) en procedimientos orales, ante los Juzgados de Garantía o Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, según sea el caso.
Las bases del nuevo sistema (denominado adversarial) son la controversia entre las partes involucradas, la elección de las audiencias como la metodología más eficiente para la toma de decisiones, y la inmediación, esto es que el juicio se desarrolla ante el juez, quien decide de inmediato de acuerdo con lo que vio, eliminándose los expedientes escritos. Otra de las características de este sistema es la existencia de criterios de oportunidad y salidas alternativas que otorgan al ministerio público la posibilidad de regular su carga de trabajo y proveen de mejores respuestas al sistema penal frente al conflicto.
Este cambio fue implementado gradualmente en todas las regiones de Chile, iniciándose en la Región de Coquimbo y la Región de la Araucanía, el 16 de octubre de 2000, para terminar en la Región Metropolitana de Santiago el día 16 de junio de 2005, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos Escobar.
El primer juicio oral en Chile se llevó a cabo ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, el 21 de marzo de 2001. El auto de apertura remitido desde el juzgado de garantía de Coquimbo contenía la acusación formulada por el ministerio público en contra del imputado por un delito de robo con intimidación. La defensa, en dicha ocasión, postuló la calificación jurídica de los hechos a título de amenaza no condicional. El fiscal del caso fue Rodrigo De la Barra Cousiño, siendo acompañado en el juicio oral por el fiscal Sergio Vásquez Díaz. Los abogados defensores fueron Diego Falcone Salas e Inés Rojas Varas, de la Defensoría Penal Pública de Coquimbo. Los jueces fueron Jaime Meza Sáez, presidente, Enrique Durán Branchi, redactor, y Jorge Fernández Stevenson, integrante.
El juicio comenzó a las 09.00 horas en punto. Tanto la fiscalía como la defensa realizaron sus alegaciones y produjeron prueba. La audiencia se prolongó hasta avanzada la tarde, con un largo receso para la deliberación. La decisión adoptada fue de condenar al acusado, pero por el delito de amenaza no condicional, acogiendo la posición de la defensa. En la audiencia de lectura (actualmente llamada de comunicación) de la sentencia definitiva se precisó la pena: 301 días de presidio. No se interpuso recurso a su respecto. Con esta experiencia pionera se demostró la efectividad del diseño legal, que supuso un cambio radical tanto en los principios rectores como en la forma de litigar en materia penal. Con el tiempo, el mismo sistema, con las adecuaciones del caso, sería también adoptado en materia laboral y de familia.
Los principios que inspiran la Reforma Procesal Penal, están contemplados en el Código Procesal Penal. En el Libro Primero de este ("Disposiciones generales"), su Título I ("Principios básicos") se aboca a tal materia. Podemos destacar:
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