La salud en Venezuela depende de una red de hospitales y clínicas financiadas por el Estado venezolano o por sistemas privados. La infraestructura de salud de Venezuela ha venido deteriorándose drásticamente desde la década de 1980. Los servicios públicos y privados suelen verse sobrepasados en su capacidad.
En la década del 2000, el gobierno venezolano introdujo una red de centros de salud, clínicas populares y ambulatorios como parte de la Misión Barrio Adentro, que incluye Centros Diagnósticos integrales (CDI), Salas de Rehabilitación integral (SRI) y Centros de alta tecnología (CAT).[cita requerida]
Durante el año 2013 el gasto público en Sanidad en Venezuela se redujo de 1,68 % a 1,54 % del PIB y se cerraron numerosas plantas hospitalarias a nivel nacional. Se dejaron de financiar fármacos para síntomas menores, entre otras medidas. Además, existen problemas en la sanidad pública que se empezaron a manifestar a inicios de 2013 con la escasez de medicamentos. Debido a que se han experimentado la escasez de los fármacos, los enfermos o sus parientes han teniendo que recurrir a otras denominaciones o realizar grandes recorridos entre estados para encontrar dichos medicamentos.
El 21 de febrero de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para el Hospital de Niños J. M. de los Ríos, pidiéndo al gobierno salvaguardar la vida y salud de los 27 niños pacientes del área de nefrología luego de una investigación sobre las fallas del hospital, exhortándolo también a adoptar acciones para mejorar las condiciones de salubridad del hospital. Sin embargo, tres meses después de dictar las medidas cautelares, el gobierno no había cumplido con las mismas. El 14 de mayo falleció Carina Vergara, una paciente de 14 años del servicio de nefrología del hospital que formaba parte de la medida cautelar otorgada por la CIDH.
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