El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), anteriormente conocido como Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX) y Dirección de Identificación y Extranjería (DIEX) hasta 1999, es un organismo dependiente del Estado Venezolano y adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, encargado de la identificación y registro de los ciudadanos en Venezuela, así como de la emisión del pasaporte venezolano y las solicitudes formadas por ciudadanos extranjeros.
Los antecedentes históricos del Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería se remontan a la primera mitad del siglo XX, cuando surge la necesidad del control de la identidad y registro de las migraciones con claros criterios policíacos, debido a los movimientos migratorios originados por la Segunda Guerra Mundial hacia América.
En el año 1924 el Dr. Guillermo Pablo Soublette, destacado profesional del Derecho, trae por primera vez la idea, al Ministerio de Relaciones Interiores, de la creación de una Oficina de Identificación Científica de los venezolanos con el propósito de otorgar un "carnet de identidad", empleado en el sistema inglés e ideado por Edgard Henry.
En julio de 1938, se promulga la Ley del Servicio Nacional de Seguridad, que incluía las disposiciones relativas a la identificación personal, con los fines de carácter civil, policial, judicial, electoral y de control de extranjeros. El Gabinete Central de Identificación que comenzó a funcionar el 12 de febrero de 1938, se anotó su primer triunfo el 2 de enero de 1939, al identificar los expertos dactiloscopistas, a la autora de un robo ocurrido en la "Casa Lemmo Hermanos" en Caracas; caso en el que intervino el funcionario Enrique Lozada, Jefe de Laboratorio Fotográfico de la DIEX.
El 31 de diciembre de 1941 en la Oficina Central de Identificación se expide la primera cédula de identidad para extranjeros (N.º 0001) al ciudadano Friedrich Wachter Fischer, de nacionalidad alemana. La cedulación de extranjeros se inició primero que la de venezolanos porque durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno nacional tenía la necesidad de establecer el control y la identificación de los ciudadanos extranjeros residenciados en el país y los movimientos migratorios
A partir del 3 de noviembre de 1942 se inicia la cedulación de los venezolanos, con la expedición de la Cédula de Identidad N.º 001, otorgada al Presidente de la República Gral. Isaías Medina Angarita. El 2 de julio de 1946, se publicó el Decreto Ley N.º 367, por el que se asigna la Dirección de Identificación como dependencia del Ministerio de Relaciones Interiores; el 28 de septiembre del mismo año, con el Decreto N.º 409 se reglamenta el Servicio Nacional de Identificación.
El 26 de agosto de 1971, es promulgada la Ley Orgánica de Identificación en la Gaceta Oficial No. 29594, quedando derogado el Decreto Ley N.º 409 de fecha 28 de septiembre de 1946, y sus disposiciones relativas a la identificación de las personas naturales, a la vez que se incorpora la figura de la fiscalización por parte del Consejo Supremo Electoral, con funciones que cumplirá este organismo a través de la Fiscalía General de Cedulación que será nombrada por el Presidente del Consejo Supremo Electoral.
El 15 de septiembre de 1972, se inicia la cedulación a color para venezolanos y extranjeros, lo que significó un gran avance para el servicio, esto ofrecía mayor seguridad a la Cédula de Identidad como único documento de identificación personal y validez jurídica en nuestro territorio.
El 14 de agosto de 1992, mediante Decreto N.º 2.487, publicado en la Gaceta Oficial N.º 35.027, se establece la división administrativa de las áreas de Identificación y la de Extranjería, al ser elevada la Dirección de Extranjería a Dirección General Sectorial de Extranjería (DEX); mientras Identificación quedó como: Oficina Nacional de Identificación (ONI).
No obstante, entre los años 2000 y 2003, el organismo desempeña, nuevamente, funciones como: Dirección de Identificación y Extranjería; siendo hasta el 2004 cuando se fusionan ambas Direcciones, para prestar servicios como: Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX).
El 9 de junio de 2009, con la publicación en la Gaceta Oficial N.º 39.196 del Decreto N.º 6.733, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX) pasa a denominarse: Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), como servicio desconcentrado sin personalidad jurídica y con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera.
En la actualidad se sustenta en una Sede Central, 83 oficinas territoriales y 42 oficinas de Migración, y se orienta en tres líneas de trabajo: Identificación, Control de Extranjeros y Migración, las cuales a su vez se desglosan en una serie de 53 servicios. Esta institución constituye un elemento clave en la sociedad venezolana, pues regula la identificación ciudadana en el país.
El Director General, Gustavo Vizcaíno, es quien coordina las acciones entre este Ente y el estado venezolano para cumplir las demandas de la población.
El SAIME se encarga de la identificación y registro de los ciudadanos en Venezuela, la emisión del pasaporte venezolano, las solicitudes formadas por ciudadanos extranjeros, entre otros documentos y servicios adicionales.
De esta institución se pueden desglosar sus servicios en tres principales categorías:
Entre los servicios de identificación que debe realizar esta institución, destacan:
Entre los servicios de migración que debe realizar esta institución, destacan:
Entre los servicios de extranjería que debe realizar esta institución, destacan:
Un servicio no categorizado pero relevante, es la entrega del Carnet de movilidad fronteriza.
En marzo de 2017 se reportó que el SAIME carecía de suficientes materiales para responder a la demanda de solicitudes de pasaportes. Como resultado solo se lograron emitir aproximadamente 300 000 pasaportes de las 1.8 a 3 millones de solicitudes de pasaportes que fueron realizadas por ciudadanos venezolanos durante el año 2017. Ese mismo año el SAIME lanzó una plataforma en línea para solicitudes que garantiza una entrega en 72 horas con tarifas dobles, esta plataforma se ha caído numerosas veces desde su lanzamiento.
En diversas ocasiones muchos ciudadanos venezolanos han denunciado que al momento de realizar trámites ante el SAIME han experimentados algún tipo extorsión, intento de extorsión, conducta negligente o ineficiencia por parte de algunos funcionarios del organismo, este tipo de incidencias se presenta con frecuencia en trámites que involucran la adquisición de un pasaporte o una prórroga.
En adición, una variedad de ciudadanos ha manifestado que sus diligencias tramitadas ante el SAIME han experimentado retrasos significativos y en algunos casos particulares, una discontinuidad absoluta por parte de la institución. La mayoría de estos ciudadanos afectados no han recibido una justificación de motivos que explique la demora o discontinuidad absoluta de sus trámites por parte del SAIME. Se especula que las principales causas de estos incidentes podrían estar relacionados con un posible déficit en su infraestructura y/o la insuficiencia de recursos que afecta al organismo. Este tipo de inconvenientes ha obligado a los ciudadanos a utilizar canales irregulares (ofrecidos por algunos funcionarios) o gestores completamente ajenos a la institución que les permitan (sin garantías) agilizar sus trámites de manera definitiva.
En 2019 la ONG Transparencia Venezuela consignó ante el SAIME, un oficio contentivo de más de 100 denuncias de venezolanos que no han logrado obtener su pasaporte en los lapsos correspondientes establecidos en los reglamentos internos del SAIME. Esta ONG denunció que la demora en la entrega de pasaportes por parte del SAIME también está violentando la libertad y el derecho al libre tránsito de los venezolanos, consagrado en el artículo 50 de la Constitución Nacional: Toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias del país, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más limitaciones que las establecida por la ley. El escrito de Transparencia Venezuela recoge múltiples denuncias sobre el presunto cobro de grandes sumas de dinero por parte de funcionarios adscritos a ese organismo a cambio de la entrega inmediata del documento de identidad. Así mismo, señala varios casos en los que la demora en el otorgamiento del pasaporte ha ocasionado pérdidas de oportunidades laborales, de estudio y el agravamiento de condiciones de salud.
Actualmente el organismo cuenta con diversos canales de comunicación oficiales que pueden ser empleados por los ciudadanos para realizar denuncias o sugerencias a la institución.
Debido a la crisis económica de Venezuela, el SAIME ha realizado ajustes frecuentes en los precios de los diversos documentos que expide. El precio del pasaporte y la prórroga son los ajustes más llamativos para los venezolanos, ya que se pueden evidenciar exorbitantes incrementos en los precios de estos documentos. Desde 2018 el costo del pasaporte y la prórroga quedaron anclados al valor del Petro (una criptomoneda emitida por el estado venezolano) actualmente el costo de un pasaporte nuevo es de 3,35 PTR (aprox. USD 200) y el costo de una prórroga es de 1,67 PTR (aprox. USD 100) Estos costos convierten al pasaporte venezolano en uno de los pasaportes más costosos a nivel mundial.
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