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Servicio Nacional del Consumidor



El Servicio Nacional del Consumidor, más conocido por la sigla Sernac, es un servicio público chileno, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que es responsable de cautelar y promover los derechos del consumidor, establecidos en la Ley 19.496, sus leyes y reglamentos complementarios,[2]​ además de educar a los mismos sobre sus derechos y deberes.[3]

Su primario antecesor, el Comisariato General de Subsistencia y Precios, fue creado mediante el Decreto ley N° 520 del 30 de agosto de 1932, durante el gobierno de Carlos Dávila.[4]​ El organismo fue creado para enfrentar los efectos de la crisis de 1929, ayudando a subsanar la casi inexistencia de legislación económica que existía hasta la fecha. El Comisariato tenía amplias atribuciones, como tomar medidas que evitasen el acaparamiento, resolver reclamos, fijar normas de calidad, importar bienes que se encontrasen en cantidades insuficientes dentro del país, fijar bandas de precios en bienes de primera necesidad e incluso establecer el precio de estos, cuando lo estimase conveniente.[5]​ Durante el gobierno de Gabriel González Videla sus funciones se redujeron a fiscalizar y controlar las prácticas abusivas.[4]

En 1953, mediante del Decreto con fuerza de ley N°173, el Comisariato fue reemplazado por la Superintendencia de Abastecimiento y Precios (SAP), la que fue sustituida a su vez en 1960 por la Dirección de Industria y Comercio (Dirinco), a través del Decreto con fuerza de ley N°242.[6]​ Esta última era dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y estaba centrado en la fiscalización, pudiendo emitir juicios y dictámenes técnicos.[6]

Durante la dictadura militar se reestructuró la economía hacia un esquema de libre mercado, limitando la acción del Estado sobre este,[7]​ plasmado en el principio de subsidiariedad consagrado en la Constitución de 1980.[cita requerida] En esta línea, la Dirinco perdió en 1982 su calidad fiscalizadora, convirtiéndose en un ente destinado a la orientación y educación de los consumidores.[7]

En 1990 se creó el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), simplemente reemplazando con el nuevo nombre todas las menciones a la Dirección de Industria y Comercio, a través de la Ley N.º 18959,[8]​ sin un cambio real en la legislación.[9]

Finalmente, gracias a la promulgación en 1997 de la Ley N.º 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, se establecieron los derechos y deberes de los consumidores, y se estableció la atribución de Sernac para mediar en los conflictos de consumo.[7]

SERNAC, antes del 13 de marzo de 2019, podía actuar en defensa del consumidor de las siguientes maneras: realizando gestión de reclamos ante los proveedores, denunciando un hecho de interés público ante la justicia y realizando estudios e investigaciones. Sin embargo el servicio no tenía atribuciones para fiscalizar, multar o sancionar a los infractores. Esto había llevado a cuestionar su utilidad, toda vez que en muchos casos, simplemente los proveedores no tenían obligación de cumplir los acuerdos, y se llegó a la conclusión de que se debía proponer una reforma que la institucionalidad que otorgue más facultades al servicio.

El 13 de septiembre de 2018, después de una dilatada tramitación en el Congreso la cual empezó el año 2014, sumado a que el Tribunal Constitucional pronunció la inconstitucionalidad de algunas facultades sancionatorias que fueron eliminadas del texto aprobado por las Cámaras, agregando finalmente un impasse con la Contraloría General de la República por la formalidad del decreto promulgatorio, el cual fue representado por dicho Órgano Superior de Control y finalmente repuesto por el gobierno; se publicó en el Diario Oficial la Ley n.º 21.081, que establece nuevas funciones al Servicio, tales como:

Esta ley tendrá carencia de 6 meses para su entrada en vigencia, lo cual se cumple el 14 de marzo de 2019, y progresivamente se ampliarán las facultades a grupos de regiones de acuerdo al siguiente detalle:



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