El Poder Judicial Federal de los Estados Unidos es una de las tres ramas del gobierno federal de los Estados Unidos organizadas bajo la Constitución y las leyes federales.
El artículo III de la Constitución confiere el poder judicial a todas las cortes y requiere el establecimiento de una Corte Suprema y permite al Congreso crear otras cortes federales y definir su jurisdicción. Los jueces federales del artículo III son nombrados por el presidente por y con el consejo y consentimiento del Senado, la constitución exige la permanencia de los jueces por buen comportamiento y prohíbe la disminución de sus remuneraciones.
El sistema judicial federal está compuesto por tres niveles de cortes:
Además de estas Cortes federales, descritas como Cortes del artículo III, hay otros órganos adjudicadores descritas como Cortes del artículo I o del artículo IV en referencia al artículo de la Constitución del que se deriva la autoridad de la Corte.
Hay varias cortes del artículo I con jurisdicción de apelación sobre un tema específico, incluido la Corte de Apelaciones para Reclamaciones de Veteranos y la Corte de Apelaciones de las Fuerzas Armadas, así como las cortes del artículo I con jurisdicción de apelación sobre áreas geográficas específicas como la Corte de Apelaciones del Distrito Columbia. Las cortes del artículo I con jurisdicción original sobre un tema específico incluyen las Cortes de bancarrota (para cada corte de distrito), las Cortes de inmigración, la Corte de Reclamaciones Federales y la Corte Fiscal.
Las cortes del artículo IV incluyen la Corte Superior de Samoa Americana y las cortes territoriales, como la Corte de Distrito de las Islas Marianas del Norte, la Corte de Distrito de Guam y la Corte de Distrito de las Islas Vírgenes.
Los jueces federales, como los jueces de la Corte Suprema, son nombrados por el presidente y, por y con el consejo y consentimiento del Senado, los nombra para servir mientras cumplan un "comportamiento ejemplar" hasta que renuncien, sean acusados y condenados o mueran. A menudo son abogados, profesores de derecho, jueces de tribunales federales inferiores o tribunales estatales, todos los cuales son muy conocidos. Una vez que estos jueces son nombrados, su salario no puede ser reducido. Los jueces federales solo pueden ser removidos de sus cargos cuando la Cámara de Representantes de los Estados Unidos presenta una acusación (Impeachment) y posteriormente el Senado organiza un juicio (Trial of Impeachment), el cual necesita una mayoría de dos tercios para la remoción del cargo. En la historia de los Estados Unidos, solo unos pocos jueces han sido acusados y los destituidos han cometido una falta grave. Estas protecciones permiten a los jueces federales ejercer un juicio independiente sin interferencia o influencia de los poderes políticos.
En abril de 2013, alrededor del 10 por ciento de los escaños federales estaban vacantes, con 85 de 856 puestos vacantes y 4 vacantes en la prestigiosa Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia. La alta tasa de vacantes se ha atribuido a la política, en particular a los senadores que filtran el Senado de posibles candidatos. En muchos casos no hay nominado para el puesto; sin embargo, el Senado tiene una tradición de cortesía senatorial en la que los nominados solo son considerados si los senadores locales lo aprueban. En mayo de 2013, el Servicio de Investigación del Congreso publicó un documento que analizaba las vacantes y el proceso de nombramiento.
Según el artículo I de la Constitución federal, el Congreso también tiene el poder de establecer otras cortes, que generalmente son bastante especializados, dentro del poder ejecutivo para ayudar al presidente en la ejecución de sus poderes. Los jueces que los atienden normalmente cumplen períodos de duración fija, al igual que los jueces magistrados que ayudan a los jueces del artículo III. Los jueces en las cortes del artículo I adscritos a las agencias del poder ejecutivo se conocen como jueces de derecho administrativo (ALJ) y generalmente se consideran parte del poder ejecutivo a pesar de que ejercen poderes cuasi-judiciales. Con excepciones limitadas, no pueden emitir sentencias finales en casos relacionados con la vida, la libertad y los derechos de propiedad privada, pero pueden hacer que las decisiones preliminares estén sujetas a revisión por un juez del artículo III.
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