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Sobornos



El cohecho o también conocido como soborno, coima o mordida, en el ámbito del derecho, es un delito que consiste en sobornar a una autoridad o funcionario público mediante el ofrecimiento de una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo.[1]

En el derecho romano la palabra cohecho propiamente dicha no existe, es locución española (cofecho) basada en elementos latinos. Engloba como asociados algunos términos como prevaricación, corrupción, venalidad, colusión, concusión y otros conceptos.[2]

El cohecho es simple si el funcionario público acepta una remuneración para cumplir con un acto debido por su función o calificado si recibe una dádiva para obstaculizar el cumplimiento de un acto o no llevarlo a cabo, ya sea dicho acto constitutivo o no de delito.

Por ejemplo, un automovilista puede sobornar a un oficial de la policía para no extenderle un parte por exceso de velocidad, un ciudadano que realiza trámites puede sobornar a un empleado público por un servicio más rápido, una compañía constructora puede sobornar a un funcionario para conceder un contrato, etc.

La persona que ofrece la dádiva o que acepta el pedido de ella comete el delito de cohecho pasivo.

En este delito se considera que el bien tutelado es la administración pública.

La corrupción política es un fenómeno universal que se presenta con mayor frecuencia en los países en desarrollo. Se ha definido como el abuso de cargos públicos con el propósito de obtener ganancias privadas ilegítimas. Adopta muchas formas, como el fraude electoral, el soborno, la malversación de fondos, entre otras. La naturaleza sigilosa de la corrupción la vuelve difícil de combatir, ya que suele existir muy poca información sobre la identidad de los corruptos. Además, en muchos países, las instituciones que monitorean la corrupción son ellas mismas corruptas, y los medios de comunicación son ineficaces en denunciar dichos actos.

Escasas evaluaciones se han realizado en los países en desarrollo, recibiendo especial atención dos tipos de intervención anticorrupción: la divulgación pública de información sobre corrupción y las campañas de movilización electoral contra el fraude electoral. Ambas han tenido más éxito en controlar la corrupción cuando hay votos en juego. Por su parte, se debe tomar en cuenta la dinámica del poder local y las percepciones de la población, las cuales influyen en cuan activamente los ciudadanos participen en tales iniciativas. Asimismo, es clave el apoyo gubernamental a las intervenciones, ya que de esto puede depender el éxito de los programas.[3]

En un lenguaje menos técnico se suele utilizar la palabra soborno con un sentido más amplio ya que además del cohecho abarca la acción de pedir u ofrecer dádivas entre particulares para obtener que el sobornado realice un acto u omisión ilegítimo. Un ejemplo es el del empleado de una empresa privada que acepte la dádiva de un tercero para inclinar en su favor una decisión de su empleador como puede ser la concreción de un contrato.

Las legislaciones pueden o no considerar esta conducta como delito penal, y si lo hacen el bien protegido sería el derecho de propiedad. Desde el punto de vista laboral la aceptación o exigencia de un soborno constituye una falta laboral grave.

Se ha aprobado el 13 de noviembre de 2009 una modificación en el Código penal de España que tipifica como delito el cohecho entre particulares.[4]

Entre las varias leyes asimiladas, por considerarse en los ámbitos de lo falso y lo público, estaban:

Intrigas:[5]

Contemplaban la concusión:

Leyes Julia de peculado, concusión y cohecho promulgadas por César:



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