VII legislatura de España
Esperanza Aguirre (PP) (2000-2002)
La vii legislatura de España comenzó el 5 de abril de 2000 cuando, tras la celebración de las elecciones generales, se constituyeron las Cortes Generales, y terminó el 20 de enero de 2004, con la disolución de las mismas. Le precedió la vi legislatura y le sucedió la viii legislatura.
El Partido Popular obtuvo mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. José María Aznar fue reinvestido presidente del Gobierno y formó su segundo Gobierno.
Las elecciones generales dieron la mayoría absoluta al Partido Popular, por lo que no tuvo que pactar con otros partidos como había hecho en 1996.
El 26 de abril de 2000 se celebró la votación de investidura en el Congreso de los Diputados por la que José María Aznar fue investido presidente del Gobierno.
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En las elecciones catalanas del 16 de noviembre de 2003, el gobierno nacionalista de CiU fue desplazado del poder tras 23 años en la Generalitat. Convergència i Unió volvió a ser la fuerza que más escaños obtenía en el Parlament. Sin embargo, el PSC fue la fuerza más votada. Zapatero predijo una victoria del Partit dels Socialistes de Catalunya de Maragall. Sin embargo, tanto CiU como el PSC perdieron 10 escaños respecto a los resultados de 1999, consiguiendo 46 y 42 escaños respectivamente. En cambio, el PP ganó 3 escaños hasta llegar a los 15. Pero el gran beneficiado fue Esquerra Republicana de Catalunya, que ganó 9 escaños hasta conseguir los 23. Con estos resultados, el PSC consiguió la presidencia de la Generalitat tras formar coalición con ERC y ICV-EUiA, en un gobierno conocido como el «Tripartito».
Se amplió considerablemente el volumen de negocio de los servicios de salud privados:
Hubo grandes éxitos en la lucha contra el terrorismo de Euskadi Ta Askatasuna (ETA) gracias al Pacto Antiterrorista firmado en noviembre de 2000 por el Gobierno y el principal partido de la oposición (PSOE), lo que permitió en 2002 y a través de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos ilegalizar al brazo político de ETA, Batasuna. En 2003 murieron tres personas en atentados, una cifra inusualmente baja. Varios de los terroristas detenidos declararon estar preparando golpes de envergadura, por lo que el gobierno pudo presentar las desarticulaciones posteriores de comandos terroristas como éxitos de la gestión del gobierno.
El número de actos de kale borroka se redujo drásticamente, hecho achacado por la Fiscalía al aumento de la presión policial y a la aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, aprobada en la legislatura anterior, que contemplaba medidas de internamiento y por la cual los padres de los menores respondían económicamente de los daños causados por sus hijos.
Sin embargo, la lucha contra el terrorismo se vio envuelta en varias polémicas: Algunos partidos de la oposición acusaron duramente al PP de utilizar el terrorismo en su beneficio y de fomentar la crispación en el País Vasco. Varios dirigentes del PP y PSOE responsabilizaron al gobierno de la comunidad autónoma del País Vasco de no ejercer adecuadamente las competencias transferidas en materia de seguridad en su territorio.
Por otro lado, el gobierno central español y el autónomo vasco no llegaron a un acuerdo para la ampliación de la plantilla de la Ertzaintza El gobierno central adujo que las fuerzas de seguridad a su mando cumplían correctamente sus funciones y que las que estaban al mando del Gobierno autónomo eran suficientes pero poco coordinadas. El gobierno vasco también protestó porque el gobierno central no permitiera a la Ertzaintza coordinarse como policía integral con la Gendarmería francesa para recibir información directamente de ella.
Ante la imposibilidad de destinar suficientes agentes de policía para proteger a los cargos electos amenazados de las comunidades autómonas del País Vasco y Navarra, fue necesario aumentar la contratación de escoltas privados para garantizar dicha protección, ante la amenaza de ETA y grupos afines.
La legislatura terminó marcada por los atentados del 11 de marzo de 2004 (11-M), en Madrid. La explosión de diez mochilas cargadas con un explosivo aún no determinado en cuatro trenes de cercanías de RENFE en cuatro estaciones diferentes provocó la muerte de 192 personas. Estos atentados supusieron un duro golpe al Gobierno de Aznar y el PP por dos motivos. Por un lado, el mayor atentado de la historia de España, se había cometido en Madrid, cuya seguridad es competencia del Ministerio de Interior. Por otro lado, la atribución de la autoría a Al-Qaeda, después de que España hubiera sido amenazada por apoyar la invasión de Irak, después de los atentados de Casablanca y después de las detenciones de más de 120 terroristas islámicos en España, parecía confirmar las predicciones de consecuencias funestas de la política internacional del gobierno.
Altos dirigentes del Partido Popular, la administración y los medios de comunicación afines intentaron en repetidas ocasiones presentar la autoría de ETA como la única teoría válida sobre los atentados, a lo largo del día, descalificando a los que planteaban otras hipótesis. Durante esos días, José María Aznar y su partido acusaron a medios de comunicación privados, como la cadena SER, de mentir y manipular mientras que los principales partidos de la oposición afirmaron que fueron los medios públicos en poder de Aznar y sus afines los que lo hicieron. Asimismo, el propio Aznar se puso en contacto con los principales directores de la prensa nacional para señalar que era ETA la autora de la masacre.
Hoy día se sigue criticando que el PP escogiese defender la tesis de la autoría etarra incluso cuando esta ya no se sostenía. Muchos aducen que fue eso lo que crispó a la gente aquellos días y motivó una movilización general contra el PP que culminó el día 14 en las urnas.
En esta legislatura existieron varias confrontaciones entre el Gobierno Central y los nacionalismos periféricos de Cataluña y País Vasco. El 24 de octubre de 2003, el Gobierno Vasco, reunido en un Consejo extraordinario, aprobó el proyecto de ley de reforma del Estatuto de autonomía para la creación de un nuevo estatuto de "libre asociación con el Estado español", conocido vulgarmente como el "Plan Ibarretxe". El 13 de noviembre de 2003, el Gobierno Nacional interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el "Plan Ibarretxe".
En Cataluña, las elecciones autonómicas celebradas en noviembre del 2003, y tras 23 años en el poder de Jordi Pujol, la coalición gobernante, es decir CiU, a pesar de sacar más escaños, fue derrotada por la coalición (PSC-ERC-ICV). El PP, al igual que en las elecciones autonómicas del País Vasco, no obtuvo buenos resultados en Cataluña.
En 2001, uno de los desacuerdos más profundos entre el gobierno y la oposición llegó a causa de la propuesta de reforma de la ley de educación. El PP introdujo la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades(LOU) para modificar la política universitaria y posteriormente la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE), que afectaba a la educación primaria y a la secundaria. Las características más relevantes de estas nuevas leyes eran:
El PSOE se opuso a ambas leyes, pero el PP usó su mayoría absoluta en las Cortes Generales para aprobar dichas reformas, con los votos a favor de PP y Coalición Canaria. Estudiantes, profesores, rectores y políticos se manifestaron en contra de estas reformas en diversas provincias de España, especialmente en la Comunidad de Madrid (350.000 personas según los organizadores y 50.000 según la estimación del Ministerio de Educación) La ley no llegó a entrar en funcionamiento al producirse un cambio de gobierno en 2004.
Se comienzan a conocer el grave problema de años posteriores, es decir, la muerte de mujeres por la violencia de género, que siempre había existido pero que ahora se denuncia, lo que marca también otro de los cambios sociales importantes. Por ello, se promulgó la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros.
El PHN ha sido una gran causa de enfrentamientos regionales. Su objetivo principal, según lo decretado por el PP, era transferir el agua del Ebro a las zonas más secas del sureste peninsular, sobre todo a la Región de Murcia y a la Comunidad Valenciana. El proyecto recibió el apoyo de los agricultores de estas zonas secas, y fue respaldado por algunos gobiernos autonómicos socialistas, incluyendo los de Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha.
La oposición al proyecto fue encabezada por el Partido Socialista, los grupos ecologistas, los gobiernos autonómicos de Aragón y Cataluña (en este último caso por el impacto que podría tener sobre el Delta del Ebro) y los ciudadanos que vivían en las zonas próximas a la cuenca del Ebro. Los gobiernos de Aragón y Cataluña así como diversas plataformas ecologistas como Ecologistas en Acción tacharon al proyecto de pretender camuflar otros factores políticos y económicos, como la especulación a gran escala en el levante. Ya que este desvió del agua era principalmente para las urbanizaciones con campo de golf creadas por la especulación inmobiliaria apoyada por este gobierno en Valencia y Murcia
Las principales críticas que recibió el proyecto consistían en que dañaría el medio ambiente y privaría a los agricultores de Aragón y Cataluña del agua necesaria. Por el contrario, el gobierno del PP afirmaba que no había riesgo de un daño medioambiental serio y que cada año el Ebro vertía al mar 14 veces más de agua que la que se necesitaba para preservar el ecosistema. El 10 de marzo del 2002 se organizaron diversas manifestaciones, las más multitudinarias fueron las de Barcelona y Zaragoza. Aunque el proyecto se aprobó como decreto ley bajo el gobierno de Aznar, fue cancelado una vez el PSOE llegó al gobierno.
En noviembre de 2002, el buque petrolero Prestige sufrió un accidente en aguas internacionales cerca de Galicia, causando una marea negra que dañó gravemente el litoral gallego, además de otras zonas de la costa cantábrica e incluso del sur de Francia. El director de la Marina Mercante, José Luis López Sors, decidió a las dos horas de conocer el percance, llevarlo lo más lejos de la costa posible hasta que se hundiera, información confirmada por la difusión de las grabaciones de conversaciones telefónicas de varios organismos del Ministerio de Fomento dirigido entonces por Francisco Álvarez Cascos. Finalmente el Prestige se hundió después de ser remolcado lejos de la costa, creando una marea negra que contaminó toda la costa gallega y parte de las costas asturiana, cántabra, vasca y que incluso llegó a muchos puntos de la costa francesa. Mariano Rajoy, al que Aznar encomendó hacerse personalmente cargo del problema, afirmó que los informes técnicos aseguraban que el fuel contenido en el barco ya hundido se solidificaría como consecuencia, según sus informes, de la presión y las bajas temperaturas. hecho que sabían que no era cierto provocando así el mayor daño causado a la costa gallega de la historia.
El PSOE, con Zapatero a la cabeza, criticó duramente lo que consideraba una actitud descuidada del gobierno durante el accidente, sobre todo por la decisión de remolcar el petrolero lejos de la costa. Zapatero opinaba que se debió haber permitido a la nave amarrar en algún puerto, minimizado de este modo la catástrofe. La gestión del accidente y el llamado Plan Galicia, fueron argumentos muy usados, entre otros, durante la campaña electoral de las Elecciones generales de 2004. El pleno del Parlamento Europeo aprobó el 21 de abril de 2004 un informe sobre seguridad marítima, que criticaba al Gobierno español por no haber trasladado el Prestige a "un lugar de refugio". El PP se opuso a la comisión de investigación.
El 8 de enero de 2009 el informe de la Abogacía del Estado defiende la decisión, por parte del Gobierno de José María Aznar, de alejar el buque de la costa gallega como la más acertada, así como su respuesta inmediata que permitió a pescadores y mariscadores gallegos minimizar los costes de la marea negra (esto no es cierto ya que la inactividad del este gobierno fue suplida por la iniciativa de los pescadores, marisqueros y ciudadanos anónimo que bajo el lema "NUNCA MAIS" se dedicaron a retirar del agua y las playas todo el "chapapote" que podían sin ayuda estatal de ningún tipo, llegando en algunas ocasiones a enfermar por la inhalación de los gases de los hidrocarburos), siendo la recuperación ambiental casi un hecho.
El 26 de mayo de 2003 un avión Yakovlev Yak-42 que transportaba soldados españoles que volvían a España desde Afganistán se estrelló cerca del aeropuerto de Trebisonda, en Turquía. Fue el accidente en tiempos de paz más grave, en cuanto a número de víctimas, de la historia de las fuerzas armadas españolas. Zapatero culpó a Aznar y al entonces ministro de defensa Federico Trillo de negligencia por descuidar la seguridad del avión y, en general, la seguridad con la que viajaban los militares españoles en sus misiones internacionales. El PP impidió la creación de una comisión parlamentaria que investigase el accidente. No fue hasta después de las elecciones de marzo de 2004, con la victoria del PSOE cuando, a instancias del nuevo ministro de defensa José Bono, se supo, con pruebas de comparación de ADN, que ninguna de las identificaciones de los cadáveres realizadas por el equipo español destinado a la catástrofe era correcta. Solo las realizadas en Turquía por los forenses turcos lo eran. El general Vicente Carlos Navarro asumió ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, «íntegramente y de forma personal», su responsabilidad en lo ocurrido con las identificaciones de los cadáveres de los militares del Yak-42, exculpando a Trillo y a sus subordinados. Finalmente el 19 de mayo de 2009, el general fue condenado por la Audiencia Nacional a tres años de cárcel, y 1,5 los comandantes médicos Ramírez y Saéz, por falsedad documental.
El 11 de julio de 2002, al día siguiente de la remodelación del gobierno de Aznar y en medio de los festejos por la boda del Rey de Marruecos, Mohammed VI, el gobierno del reino alauita envió a seis gendarmes a ocupar la Isla Perejil, un islote de 1500 m² situada al norte de Marruecos, cuya soberanía es reclamada por España y el país norteafricano. El gobierno español trató de recuperar el statu quo anterior por la vía diplomática y ante su imposibilidad envía a un cuerpo de élite para capturar a los gendarmes y colocar la bandera española, lo que fue interpretado como una "agresión flagrante" por parte de Marruecos. La OTAN y la Unión Europea se posicionaron a favor de España y Estados Unidos actuó como mediador. El 20 de julio tras las conversaciones entre ambos países bajo la mediación de Colin Powell, los legionarios españoles se retiran, dejando a Perejil con el status quo anterior a la ocupación marroquí.