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Acto político



Una manifestación, protesta o marcha es la exhibición pública de la opinión de un grupo activista (económica, política o social), mediante una congregación en las calles, a menudo en un lugar o una fecha simbólicos y asociados con esa opinión. El propósito de una manifestación es mostrar que una parte significativa de la población está a favor o en contra de una determinada política, persona, ley, etc.[1]​ El éxito de una manifestación suele ser considerado mayor cuanta más gente participa. En algunas manifestaciones se producen disturbios y violencia contra objetos (como los coches), establecimientos, peatones o la policía, o incluso contra los mismos manifestantes. Generalmente, otros mecanismos de protesta como las huelgas (especialmente las huelgas generales) van acompañados de manifestaciones.

Hay varias formas de contar el número de personas que asisten una manifestación:

En un estudio sobre la relación entre la calidad de las instituciones y las protestas se encontraron los siguientes resultados. Que en los países con instituciones que funcionan bien hay más tendencia a participar a través de foros institucionalizados, mientras que en los países con instituciones menos eficaces se utilizan mecanismos de participación directa tales como las protestas callejeras. Las personas más ideologizadas participan con más frecuencia en las protestas en los países con instituciones fuertes, mientras que en los países con instituciones débiles esto no tiene significancia debido al descontento generalizado. Respecto a los partidos políticos y las relaciones con las manifestaciones, ocurre lo siguiente: en los países con buenas instituciones, los personas que creen que los partidos los representan bien tienen más tendencia a participar en un partido que aquellos que piensan que un partido no los representan bien; mientras que en países con malas instituciones, las personas que creen que los partidos los representan bien tienden a participar en manifestaciones. En consecuencia, los partidos pueden elegir entre las vías institucionalizadas o canales más directos. Además, las manifestaciones se intensifican si los jefes políticos creen que es la mejor forma de afectar las decisiones.[5]

Por otro lado, varios teóricos consideran que para generar manifestaciones se tiene que dar una combinación de dos factores: insatisfacción con el sistema político y la alienación. Es por eso, que la mayoría de las manifestaciones se dan dentro de minorías, personas de un nivel socioeconómico más bajo o grupos oprimidos. No obstante, otros teóricos como Albert Bandura y Richard Walters, consideran que independientemente de la frustración, la creencia de que estas conductas son efectivas refuerza el ímpetu de la población por repetirlas constantemente, sobre todo, si las personas que realizan dichos movimientos pueden generar un sentimiento de identidad y pertenencia. Por ejemplo, si la manifestación está conformada por estudiantes de una universidad, es muy probable que se le unan muchos otros estudiantes de distintas universidades y que estos repitan las mismas acciones que surgieron en un grupo similar al de ellos. [6]

En España, el derecho de reunión está reconocido en la Constitución Española de 1978.

En Paraguay , el derecho de la libertad de reunión y de manifestación está reconocido en la Constitución Nacional de 1992, la primera considerada realmente democrática.

En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra, en su artículo 9º, que no podrá coartarse el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la república podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país.

Además de ser considerado un derecho, se puede clasificar la participación política en un umbral que comienza por la convencional y se extiende hasta la no convencional. Por ejemplo, la firma de peticiones y la asistencia a manifestaciones legales se encuentran dentro de los límites de la política democrática, es decir, de lado izquierdo en el umbral. Huelgas, boicots y actividades ilegales van siendo clasificadas cada vez más de lado derecho hasta llegar a los actos violentos. Dicho esto, podemos entender a las manifestaciones como una expresión legal de la política convencional consecuencia de la democracia. [6]




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