Croacia solicitó el ingreso a la Unión Europea (UE) en 2003, y tras recibir su solicitud recomendación positiva por parte de la Comisión Europea, el Consejo Europeo reunido en Bruselas acordó el 18 de junio de 2004 concederle el estatus de país candidato. El inicio de las negociaciones para su adhesión dieron comienzo, tras una demora de varios meses, en octubre de 2005, poniéndose en marcha al mismo tiempo el proceso de investigación sobre el grado de aproximación al acervo comunitario del país candidato. Se esperaba que Croacia se adhiriera en torno al año 2010, pero las dudas surgidas en torno a la ampliación y futuro de la UE tras el rechazo de Irlanda al Tratado de Lisboa en referéndum afectaron al calendario previsto para la adhesión croata. Una vez producida la ratificación final del Tratado de Lisboa, las negociaciones con Croacia entraron en su fase final quedando oficialmente concluidas el 30 de junio de 2011 lo que permitió a su vez la firma del tratado de adhesión en Bruselas el 9 de diciembre de 2011 que fue sometido a ratificación mediante referéndum el 22 de enero de 2012. La adhesión de Croacia a la UE como miembro pleno se produjo el 1 de julio de 2013.
Después de Eslovenia, Croacia es la que mejor se ha recuperado de la disolución de Yugoslavia y es la segunda ex-república yugoslava en ser miembro de la UE. Tiene una economía de mercado estable y se encuentra por delante de estados miembros de la UE como Polonia, Bulgaria y Rumanía en lo que se refiere al PIB per cápita.
La adhesión de Croacia ha exigido la consolidación institucional del país, una reforma electoral, incremento de los fondos para la Corte Constitucional y el Defensor del Pueblo, así como mejoras en la regulación de los derechos de las minorías y el retorno e integración de refugiados. Todos estos avances y mejoras permitieron el cierre de la Misión de Croacia de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa a finales de 2007.
Croacia ha tenido que extraditar a varios de sus ciudadanos al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), un tema polémico por afectar a temas de política nacional en el interior del país.
Las relaciones de Croacia con el tribunal habían sido continuamente nombradas por los oficiales de la UE como uno de los capítulos que requerían más mejoras por parte de las autoridades croatas. La ratificación del Acuerdo de Estabilización y Asociación de la UE con Croacia sufrió paralización durante un tiempo a causa de este motivo.
El Consejo Europeo, tras su cumbre el 20 de diciembre de 2004, estableció el 17 de marzo del año siguiente como la fecha para comenzar las negociaciones de adhesión, siempre que Croacia continuara cooperando completamente con el TPIY. El 16 de marzo de 2005, el día antes de que se iniciaran las reuniones, la UE pospuso el comienzo de las negociaciones porque la fiscal del TPIY Carla del Ponte evaluó como insuficientes los esfuerzos croatas para capturar al general fugitivo Ante Gotovina (acusado por el TPIY de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad, pero en libertad hasta 2001). El 7 de diciembre de 2005, Ante Gotovina fue finalmente arrestado por la policía española en Tenerife, con la ayuda de los gobiernos español y croata, y posteriormente llevado a La Haya para ser juzgado por crímenes de guerra. La principal fiscal del TPIY, Carla Del Ponte, certificó después la cooperación completa de Croacia con el TPIY, con lo que el obstáculo quedó solventado y las negociaciones pudieron comenzar.
Croacia también debió afrontar antes de ver materializada su adhesión a la Unión Europea las disputas sobre la delimitación de la frontera marítima y terrestre con Eslovenia en el golfo de Piran que se remontaban al momento de la disolución del Territorio Libre de Trieste y la incorporación de uno de sus sectores a Yugoslavia tras la finalización de la II Guerra Mundial. La controversia fronteriza sería finalmente resuelta en forma de acuerdo arbitral que ambas repúblicas aceptaron en 2009.
La prohibición de la libre adquisición de bienes inmuebles por parte de ciudadanos extranjeros presente en el ordenamiento jurídico croata supuso también un obstáculo en las negociaciones al ser dicha prohibición incompatible con el principio de libre circulación de bienes y capitales en la Unión Europea. El levantamiento de la prohibición era un tema sensible en Croacia por afectar a la propia configuración territorial del país, al haberse introducido dicha medida al acabar la II Guerra Mundial, cuando la península de Istria (zona del país con especial vinculación cultural e histórica con Italia y hogar de una importante minoría de población italiana) fue incorporada a Croacia dentro de la República Federal Socialista de Yugoslavia tras haber formado parte durante algunos años del Reino de Italia. Al producirse el inicio de las negociaciones de adhesión, numerosos políticos italianos expresaron su descontento en lo referente a la incapacidad de los italianos de poder adquirir terrenos en Croacia, considerándolo como un trato discriminatorio y solicitando su modificación. Introducido este elemento Croacia modificó su legislación en materia de la regulación del acceso por parte de extranjeros a bienes raíces en territorio croata, siendo que desde 2006 los ciudadanos italianos pueden comprar terrenos en Croacia y los ciudadanos croatas pueden comprar terrenos en Italia. El arreglo de la controversia sobre la propiedad inmobiliaria de ciudadanos extranjeros en el caso croata tomó como ejemplo las experiencias en la solución de controversias similares en otros países en su momentos candidatos a la adhesión y hoy miembros plenos como Eslovenia, Eslovaquia, Polonia y especialmente Malta; países todos ellos en los que por cuestiones históricas o socioeconómica mantenían restricciones que limitaban en un grado u otro el acceso de los ciudadanos extranjeros a la propiedad de la tierra.
Cierre de los capítulos de Libertad de Movimiento para Trabajadores, Ley de Compañías, Estadísticas, Redes de Trabajo Trans-Europeas, Unión de Consumidores.
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