Atentado de Caracas de 2018
Alrededor de la Avenida Bolívar, Caracas
El Atentado de Caracas de 2018, también llamado por diversos medios atentado contra Nicolás Maduro, denominado por los organismos de seguridad como Operación Yunque-Martillo y llamado por opositores a Maduro como Operación Fénix, tuvieron lugar el sábado 4 de agosto de 2018, durante un acto por la conmemoración de los 81 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), donde se produjeron al menos dos explosiones mientras Nicolás Maduro daba un discurso en la Avenida Bolívar en Caracas.
El discurso de Maduro se estaba transmitiendo por cadena nacional (transmisión obligatoria en todos los medios de radio y televisión) en frente de un desfile militar compuesto por efectivos de la GNB y en compañía de autoridades como la Primera Dama Cilia Flores y el Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López cuando súbitamente se vio interrumpido por lo que se registró como la explosión de un octacoptero que sobrevolaba a distancia de la tarima presidencial, lo que tras unos instantes de aparente desconcierto instó a la seguridad presidencial a escudar al mandatario con chalecos de kevlar, instante capturado por reporteros independientes pero inicialmente censurado de la transmisión oficial, que pasó a cambiar la toma en pantalla de la transmisión a la del desfile oficial, en el cual, tras una aparente segunda explosión (que posteriormente se divulgaría tuvo lugar en un edificio de apartamentos aledaños) se aprecia como los oficiales formados en protocolo rompieron inesperadamente su formación en búsqueda de resguardo ante el pánico desatado mientras el mandatario era evacuado del evento. Los cuerpos de seguridad manejan la situación como un «atentado contra el presidente». Al menos siete cadetes de la GNB fueron heridos, mientras que el mandatario, al igual que su gabinete, salieron ilesos de acuerdo a la primera declaración oficial de lo sucedido.
El ministro para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez, aseveró a los medios de comunicación que la explosión se debió a la detonación de varios "drones" (UAV civil de multirotor) cargados con explosivos C-4.
Más tarde en una rueda de prensa, Rodríguez también aseguró que las explosiones habían sido un intento de asesinato contra el presidente y que este se encontraba ileso al igual que todos los miembros de su gobierno que en ese momento lo acompañaban. Afirmó que al menos siete miembros de la GNB salieron heridos.
Al día siguiente del atentado, Rodríguez declaró a la agencia de noticias Sputnik que hubo tres explosiones: una de un dron frente a la tarima presidencial, otro dron que se levantó y explotó hacia el lado derecho de la tarima, en la esquina de Caracas llamada Curamichate, eso fue lo que generó que un sector de los familiares de los efectivos que estaban en la parada se desplazaran corriendo hacia la izquierda y un tercer dron explotó en las inmediaciones de un edificio al sur de la tarima. A su vez, dijo que, según las investigaciones, el atentado fue planeado desde seis meses antes.
Ese día, el ministro de interior y justicia venezolano, Néstor Reverol, reveló que se utilizaron drones DJI M600 y que cada uno llevaba 1 kg. de explosivo C4. Reverol también dijo que los servicios de inteligencia lograron identificar los lugares desde donde los artefactos fueron desplegados. Uno de los aparatos voló sobre la tarima presidencial con la presumible intención de ser detonado por los atacantes. Sin embargo, las fuerzas de seguridad pudieron desorientar el dron, obligándolo a que estallara en otro lugar (esta fue la primera explosión), cayó en un edificio residencial, donde explotó en la primera planta. El segundo dron detonado fue el único que logró su objetivo al estallar al lado derecho de la tarima presidencial, en la esquina Curamichat.
Al anochecer, el presidente Maduro dio una rueda de prensa. En ella, mencionó que parte de los presuntos autores del ataque habían sido capturados sin especificar cuántos ni quiénes. El mandatario anunció tener sospechas de que los responsables del ataque son personas que viven en Estados Unidos e instó al presidente Donald Trump a abrir una investigación al respecto.
Acusó al gobierno del expresidente colombiano, Juan Manuel Santos de ser el presunto instigador del atentado. Sin embargo, también mencionó que se sospecha que la "ultraderecha" venezolana (apelativo común en el discurso chavista para generalizar a la oposición venezolana) o la de Colombia (o bien ambas en "alianza", según dijo) estén detrás del ataque. La cancillería colombiana negó las acusaciones a las que tachó de "ridículas".
El 5 de agosto, el ministro Reverol declaró la detención de seis "terroristas" presuntamente implicados en el ataque. Precisó que había sido recabada "importante evidencia de interés criminalístico" que incluye grabaciones de vídeo.
El día del incidente la periodista venezolana exiliada en Estados Unidos Patricia Poleo leyó un comunicado en el que informa que un grupo denominado "Soldados de Franelas", supuestamente conformado por militares rebeldes se adjudicó el ataque.
El exjefe de policía municipal y activista de la oposición, Salvatore Lucchese, dijo que ayudó a organizar una operación para lanzar drones armados sobre una parada militar. En una entrevista a Reuters, Lucchese, dijo que orquestó el ataque con militantes antigobierno y la “resistencia”. La “resistencia” a la que hace referencia Lucchese es una difusa amalgama de activistas callejeros, dirigentes estudiantiles y exoficiales militares, conocida principalmente por organizar protestas en las que los manifestantes se enfrentaron con la policía y los soldados. Posteriormente el ex preso político, indicó que no se adjudicaba las acciones de la resistencia. Señaló que solo es un “soldado de la lucha libertaria” por la democracia de Venezuela. “Quiero aclarar públicamente que no estoy adjudicándome ninguna acción de la resistencia venezolana, simplemente soy un soldado más de la lucha libertaria que ha emprendido la resistencia para la libertad de Venezuela, no escondo mi lucha soy responsable de lo que digo con lo que hago”, escribió en su Twitter.
El día 7 de agosto en una cadena obligatoria de radio y televisión el presidente venezolano presentó presuntas pruebas donde aseguró además que los implicados que catalogó como “terroristas” revelaron que los diputados Julio Borges y Juan Requesens participaron en la planificación del hecho, así mismo informó que solicitaría orden de extradición a los prófugos en Colombia y Estados Unidos. Así mismo señaló que los dos grupos que participaron en el atentado fueron entrenados entre abril y junio en una finca en la población de Chinácota, en el norte de Santander (Colombia).
Al día siguiente Tarek William Saab, Fiscal General, informó que 19 personas estaban vinculadas de forma directa con el presunto atentado contra el presidente Nicolás Maduro, Y pidió al Tribunal Supremo de Justicia que emitiera una sentencia para dar por el enjuiciamiento de los diputados implicados, la cual se efectuó (Requesens siendo ya previamente aprehendido por efectivos del SEBIN; Borges con orden de captura y sin derecho constitucional al antejuicio de mérito) y se remitió a la Asamblea Nacional Constituyente quien la aprobó.
El 9 de agosto el presentador peruano Jaime Bayly quien días antes reveló que había participado en una reunión con los perpetradores y tenía conocimiento de lo que iba a suceder, señaló que los hechos ocurridos en la avenida Bolívar fueron planificados por militares que no querían tener contacto con políticos del país y resaltó que Julio Borges ni Juan Requesens estaban involucrados en el suceso. “Borges nunca fue parte del plan. Requesens nunca fue parte del plan. Era un plan de militares, y esos militares conspiradores, rebeldes, patriotas, héroes para mí, no querían tener ningún contacto con políticos venezolanos. Desconfían profundamente de los políticos venezolanos”, dijo Bayly durante su programa.
Ese mismo día el Canciller de Venezuela Jorge Arreaza anunció que fue solicitada, "por los canales pertinentes", la extradición de los supuestos implicados en el atentado. Por otro lado el Ministro Reverol informó en su cuenta en Twitter que miembros de los partidos Vente Venezuela y Primero Justicia estaban vinculados con el suceso, expresando: “Las investigaciones señalan la vinculación de Juan Requesens, ya detenido, y de Julio Borges, del partido Primero Justicia. La mayoría de los implicados forman parte del grupo de resistencia Vente Venezuela”.
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, pidió a la comunidad internacional desconocer la orden de captura contra el diputado opositor Julio Borges, emitida por el máximo tribunal al vincularlo con el atentado contra el presidente Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional declaró que la medida contra Borges, quien se encuentra en el exilio, "es de naturaleza política y no debe ser reconocida por ningún tribunal extranjero", según un acuerdo aprobado el 9 de agosto.
Al día siguiente el ministro de Información Jorge Rodríguez en cadena nacional aseguró que uno de los drones que explotaron fue detonado desde Estados Unidos, expuso presuntas pruebas que mostraron el vuelo del drone en territorio colombiano y un mapa donde estaba la ruta trazada que siguió el aparato hasta llegar a la tarima presidencial, por otra parte, Rodríguez informó que solicitaron código rojo ante la Interpol para capturar a Julio Borges, a quien calificó de "asesino", también mostró un video del diputado a la Asamblea Nacional Juan Requesens en el que aseguraba que había colaborado con el ingreso de los autores del supuesto atentado. “Desde hace varias semanas fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia. Se trata de Juan Monasterios, me contacté con él a través de la mensajería. Yo estaba en San Cristóbal”, explica al principio del video. Agregó que le escribió al funcionario de Migración Colombia, Mauricio Jiménez, para que lo ayudara a pasar a Monasterios. Sin embargo, en su declaración no da detalles con respecto a un ataque al presidente de la República. “Le escribí a Mauricio Jiménez, supervisor de migración, y le hice la solicitud y el inmediatamente se puso en contacto con Juan Monasterios para hacer el pase de San Antonio a Cúcuta”, dijo. La oposición denunció que Requesens fue drogado y torturado para obtener las declaraciones. Una fuente del partido Primero Justicia aseguró que el parlamentario fue drogado para obligarlo a declarar y cuando los funcionarios se dieron cuenta de que Requesens aún estaba consciente, continuaron drogándolo hasta que el diputado no pudo controlar sus esfínteres. La fuente señaló que a Requesens lo amenazaron con asesinar a sus padres y con violar a su hermana. En el video se observa al diputado en ropa interior manchada con excrementos mientras que un hombre le pide que se de la vuelta. Ese mismo día fue trasladado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia desde El Helicoide hasta el Palacio de Justicia, sin embargo su audiencia fue diferida para el 13 de agosto.
El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol informó sobre la incautación de bienes inmuebles. Entre las propiedades incautadas se encuentran:
De igual modo, se confiscaron apartamentos y un conjunto de empresas.
Nicolás Maduro ha denunciado en diferentes ocasiones la preparación de un atentado en su contra. Varios testigos afirman que no se logró ver ningún dron durante el atentado.
La oposición venezolana también se mostró escéptica de las versiones oficiales:
Varios medios lograron recopilar versiones sobre el atentado. Un diario español, por ejemplo, citó a un militar que se encontraba a pocos metros de Maduro que dijo no haber visto drones, aunque sí haber escuchado “una explosión ‘como de mortero’ y a cierta altura”, sin embargo otros afirman que lograron ver al presunto dron sobrevolando el área del acto. Inicialmente se reportó que tres bomberos que se hicieron presentes aseguraron que el ruido fue provocado por la explosión de un tanque de gas en un apartamento cercano, si bien no se han suministrado los nombres de los tres bomberos, ni fotografías de la supuesta explosión de gas, y Telemundo mostró un video que muestra el segundo dron chocando contra el edificio. Un agente de policía afirmó que los drones podrían haber sido lanzados desde el apartamento, pues el edificio se habría incendiado después de que un dron se precipitase contra el mismo.
Escépticos consideran que el atentado es una operación de falsa bandera diseñada por el gobierno de Maduro para justificar mayor represión a la oposición venezolana.
El presentador peruano Jaime Bayly reveló en el programa de televisión que tiene en Estados Unidos, que ya sabía del atentado y que apoyó esta iniciativa. “Me enteré del plan durante la semana. Mis fuentes, que generalmente son confiables, me llamaron, me conminaron a una reunión. Yo no quería ir porque soy perezoso, pero fui y los escuché. Me dijeron: ‘El sábado vamos a matar a Maduro con drones, hemos probado los drones en Caracas, funcionan’. Y yo les dije: ‘Hágale, vamos para adelante’”, dijo Bayly en su programa.
El 9 de agosto aseguró que Julio Borges y Juan Requesens, diputados a la Asamblea Nacional, no estuvieron relacionados con el presunto atentado. “Les voy mi verdad, que no es la verdad absoluta, pero que es la verdad que me han contado las fuentes confiables que tengo en Washington. Fuentes que conocían el atentado y que no se oponían a él”, comentó.
Dos de los presuntos implicados en el “atentado” en contra del presidente Nicolás Maduro fueron acusados en diciembre de 2017 por Óscar Pérez, fallecido inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, de estar infiltrados dentro de su grupo de "resistencia".
“Infiltrados del régimen dentro de las filas de la resistencia, Rayder Russo, alias Salomón / Teniente Pico y Osman Delgado Tabosky, alías Jeremías, hacen videos para beneficio propio, fueron descubiertos y ahora venden información al gobierno”, escribió Pérez en su Twitter.
En el atentado se señaló a Russo como el planificador logístico, captador y capacitador de los autores materiales del “ataque” y a Delgado Tabosky como encargado del financiamiento del presunto magnicidio.
El presunto grupo denominado “Equilibrio Nacional Venezuela” -donde pertenecía el fallecido ex inspector del CICPC Óscar Pérez, un funcionario sublevado que lideró el ataque al Tribunal Supremo de Justicia en 2017 y pereció en un polémico operativo nombrado Operación Gedeón a principios de 2018- señaló que el atentado contra el presidente Nicolás Maduro “es una farsa” preparada por cuerpos de inteligencia. “Nosotros, funcionarios activos de diferentes cuerpos policiales y militares, hermanos de lucha de Óscar Pérez, le aseguramos que el supuesto atentado en contra del dictador Nicolás Maduro es una farsa orquestada por el G2 cubano”, dijo en un video. “Esta no es una operación nuestra, no se confundan (…) El régimen hará uso de sus tarifados en medios de comunicación y en las redes sociales para desprestigiar nuestro mensaje, como lo hicieron con nuestro hermano Óscar Pérez en su momento”, resaltó.
El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, condenó el atentado. El gobernador del estado Guárico, José Vasquez, acompañado del alto mando militar y el equipo político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la entidad, expresó su rechazo ante el atentado en contra del presidente Nicolás Maduro. El gobierno estatal de Portuguesa repudió y condenó el atentado contra Maduro. Mediante un comunicado el partido de gobierno rechazó el intento de magnicidio.
La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) condenó el atentado con explosivos del cual salió ileso Maduro, al tiempo que pidió que haya una investigación "con absoluta seriedad" que esclarezca los hechos ocurridos. La oposición venezolana se mostró escéptica de las versiones oficiales, emitiendo un comunicado: