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La Operación Gedeón (en referencia a los capítulos 6 a 12 del Libro de los Jueces de la Biblia) es el nombre código oficial de un operativo militar-policial, apodada por grupos políticos opositores y algunos medios de comunicación como masacre de El Junquito, que tuvo lugar el 15 de enero de 2018 en la Parroquia El Junquito del Distrito Capital de Venezuela, impulsado por Nicolás Maduro, que resultó en la desarticulación del grupo rebelde liderado por el policía e inspector sublevado del CICPC Óscar Pérez, en el marco del recrudecimiento de la crisis institucional, económica, política y social de Venezuela. El gobierno venezolano catalogó al grupo como una «célula terrorista» por tener en sus filas a diversos militantes que participaron en el ataque al Tribunal Supremo de Justicia en el 2017 y posteriormente en la sustracción de armas en el asalto al Fuerte de Paramacay.
En la madrugada del mencionado día, funcionarios del CONAS, SEBIN, DGCIM, GNB, FAES, PNB y Policaracas tomaron por asalto dicho sector en búsqueda del líder del grupo subversivo, Oscar Pérez, funcionario sublevado del CICPC, quien meses antes había tenido participación en acciones comandos contra instituciones del gobierno.
En el operativo resultaron muertas diez personas: siete miembros del grupo opositor, dos oficiales del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y un líder de los llamados colectivos. Como resultado diversos movimientos y organizaciones nacionales e internacionales favorables o no a la oposición política del país catalogaron la acción de «masacre» y/o «ejecución extrajudicial» por la muerte de los líderes opositores. Por otra parte, varios adeptos al chavismo y el mismo presidente Maduro felicitaron a las comisiones encargadas en el operativo e instaron todo el reconocimiento.
El 27 de junio de 2017, luego de tres meses de protestas antigubernamentales en las que habían sido asesinadas 93 personas para la fecha, el presidente Maduro declaró que si su gobierno caía, él y sus seguidores utilizarían la fuerza para restablecer el gobierno bolivariano. Aquella tarde, se mostró un vídeo mostrando a hombres con rifles de asalto flanqueando a Oscar Pérez, un inspector policial del CICPC, la agencia de investigación criminal de Venezuela, declarando que «somos nacionalistas, patriotas, e institutionalistas. «Esta lucha no es con el resto de las fuerzas estatales, es contra la tiranía de este gobierno».
Horas después de la liberación del vídeo, Pérez fue avistado pilotando un helicóptero de la CICPC sobre el Tribunal Supremo con una pancarta «desconociendo cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos». Mientras el helicóptero se acercaba al Tribunal Supremo, fueron oídos tiroteos en el área
En cadena nacional de radio y televisión, el ministro de Comunicación Ernesto Villegas, señaló que la aeronave voló hasta el Ministerio de Interior en el centro de Caracas y «efectuó alrededor de 15 disparos contra la edificación», mientras en la terraza de ese organismo se realizaba un «agasajo» con unas 80 personas. Luego, se dirigió a la sede del Poder Judicial donde «fueron efectuados disparos y lanzadas al menos tres granadas sonoras, de origen colombiano y fabricación israelí, de las cuales una no estalló y fue colectada». Poco después, se denunció que la Guardia Nacional Bolivariana asaltó la Asamblea Nacional, cuerpo legislativo de mayoría opositora. Maduro, quien se encontraba en una actividad por la conmemoración del Día del Periodista, ordenó el cierre del Palacio de Miraflores, ubicado en Caracas, Venezuela.
Más tarde efectivos de la Brigada de Acciones Especiales del CICPC se dirigieron al Aeropuerto La Carlota, donde habría aterrizado el helicóptero tras el ataque, para intentar detener a los perpetradores del ataque, sin conseguirlo. Más tarde, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil suspendió todos los vuelos a nivel nacional. El helicóptero utilizado en el ataque fue encontrado en la zona norte costera del Estado Vargas, en la localidad de Osma, según informó el vicepresidente Tareck El Aissami.
El 15 de enero de 2018 el ejército venezolano y la Guardia Nacional lanzaron una operación después de descubrir la ubicación de Óscar Pérez, quien se refugiaba en una casa en el kilómetro 16 de la parroquia El Junquito de Caracas. Entre las 4:00 y las 4:30 AM HLV alrededor de 500 efectivos de seguridad, entre militares y policías, acordonaron y se acercaron a la casa. A las 6:46 AM HLV, Pérez afirmó en un video que su grupo había sido atacado, aunque mencionó que habían negociaciones en marcha. A medida que fue transcurriendo la mañana el funcionario sublevado subió varios vídeos a las redes sociales mostrando intención de entregarse a las autoridades policiales, sin embargo continuaban disparando.
Alrededor de las 8:30 AM HLV se produjo un tiroteo entre ambos bandos; no se conoce con certeza quién inició el tiroteo, pero ambas partes se culparon mutuamente por comenzar con las hostilidades. Pérez y su equipo se resistieron inicialmente al ataque, pero al reconocer que estaban rodeados Pérez intentó rendirse para salvar las vidas de los rebeldes al igual que de la familia viviendo en la casa. Alrededor de las 9:07 HLV las tropas empezaron a disparar lanzacohetes hacia el escóndite del grupo. Pérez luego publicó un video en las redes sociales mostrando su cara cubierta de sangre declarando que los funcionarios no habían parado de atacar al grupo y que solo tenían órdenes de matarlos. Durante el enfrentamiento Pérez contactó a varias personas por teléfono, incluyendo a su exjefe del CICPC pidiéndole que enviara personal del Fiscal General, que los medios de comunicación ofrecieran cobertura al enfrentamiento y que se le ofreciera una ruta para una rendición segura.
Finalmente, las fuerzas de seguridad usaron un BTR-80A durante el ataque, un transporte blindado de personal anfibio de fabricación rusa. El vehículo entró a la urbanización Araguaney, donde la operación se llevó a cabo, aproximadamente a las 11:35 AM HLV y llegó a su destino alrededor de las 11:45 AM HLV; un video grabado en el lugar sugiere que el BTR-80A abrió fuego contra la casa durante el ataque final.
Una investigación de Bellingcat y Forensic Architecture indica que Pérez y todos los miembros de su grupo murieron entre las 11:15 y 12:00 AM HLV. Pérez y cinco de sus hombres: Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Lugo Ramos, Jairo Lugo Ramos, José Alejandro Díaz Pimentel, Abraham Israel Agostini, murieron en el enfrentamiento y otros seis fueron arrestados. Su muerte fue confirmada un día después por la policía nacional el día siguiente. Dos días después se reportó que una mujer embarazada y un niño murieron durante enfrentamiento. Según los certificados oficiales de defunción, Pérez y sus compañeros presentaban heridas consistentes con disparos en la cabeza, con la excepción de uno, quien murió por una herida de bala en el cuello, especificando que las fueron provocadas por armas de fuego, causando traumatismo craneoencefálico severo.
Según el ministro de interior Néstor Reverol, durante la operación murieron dos funcionarios del FAES y siete más resultaron gravemente heridos. También informó que lograron hallar su ubicación por una fuga de información cuando días antes el grupo ofreció una entrevista a Fernando del Rincón en el canal estadounidense CNN en Español, información que fue cuestionada horas después por el mismo periodista, en conversación directa vía Skype, con un miembro del grupo de Pérez en Venezuela. Heiker Vásquez, líder del colectivo "Tres Raíces" de la parroquia 23 de Enero de Caracas, también murió en el enfrentamiento.
Las fuerzas de seguridad tuvieron un control precario sobre la operación y el operativo fue desorganizado. Los videos grabados por los servicios de seguridad durante el ataque muestran a los oficiales riéndose y descargando sus armas en dirección al escondite. En las comunicaciones interceptadas entre las fuerzas de seguridad los oficiales gritaban repetidamente en sus radios cese de fuego o que moviesen los vehículos que bloqueaban el paso de otros contingentes, a menudo sin éxito; las conversaciones también muestran que una de las granadas propulsadas por lanzacohetes (RPG) disparadas por los funcionarios falló su blanco y casi impacta contra otro grupo de oficiales. Fuera del lugar donde ocurrieron los hechos se reportó que actuaron más de 600 efectivos, quienes trataban de controlar los grupos de civiles que se encontraban manifestando a favor de Pérez. Según cálculos realizados por el portal Caraota Digital, el operativo costó alrededor de 70.000 dólares.
Días después, el cuerpo de Pérez, siguió en la morgue de Bello Monte bajo custodia militar y se le permitió a su tía Aura Pérez y demás familiares poder reconocerlo, junto al de los demás miembros del grupo. La delegación de la comisión de la Asamblea Nacional que investiga el caso anunció que asumiría los gastos funerarios del grupo rebelde. Pérez presuntamente fue observado en la morgue con tres heridas de bala en la cabeza. El 20 de enero los cuerpos de Abraham Agostini y José Díaz Pimentel fueron trasladados sin autorización de los familiares desde la Morgue de Bello Monte hasta el Cementerio del Este, en Caracas, donde las autoridades efectuaron la inhumación sin actos velatorios y sin el respectivo consentimiento de sus familias. Los restos de Lisbeth Ramírez Mantilla; Soto Torres y los hermanos Lugo, fueron llevados a los estados Táchira y Zulia respectivamente para ser enterrados. El periodista Nelson Bocaranda informó que el coronel de la Guardia Nacional Bladimir Lugo, imputado por Luisa Ortega Díaz por agresión en contra de diputados, periodistas, manifestantes y mujeres, fue el encargado de trasladar el cuerpo de Óscar Pérez hasta el lugar de entierro en el cementerio del Cementerio del Este, en Caracas, y de cerrar los accesos para evitar el ingreso de y familiares y otras personas al sitio. Pérez fue sepultado el 21 de enero en el Cementerio del Este.
En el hecho fueron capturadas seis personas, identificadas como:
En el lugar de los hechos fallecieron 10 personas, incluyendo siete integrantes del grupo rebelde, dos funcionarios policiales y un líder de un grupo perteneciente al "Colectivo Tres Raíces" de la Parroquia 23 de Enero.
Las víctimas fueron identificadas de la siguiente manera:
La prensa internacional, varios políticos y ciudadanos en el exterior calificaron el hecho con términos como «masacre» y «ejecución» y sancionaron las acciones por parte del ejecutivo nacional venezolano.
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