Los atentados de Caracas de 2003 fueron un doble atentado terrorista ocurrido en horas de la madrugada el 25 de febrero de 2003 contra la embajada de España y el consulado de Colombia en Caracas, Venezuela, que dejaron un saldo de al menos tres heridos.
Dos días antes de los atentados, el presidente Hugo Chávez hizo un llamado a los gobiernos de Estados Unidos, España y Colombia en el programa de televisión Aló Presidente para que «respetasen la soberanía venezolana» y que no interfieran en los asuntos internos del país. La crítica se suscitó después de que dichos gobiernos manifestaran preocupación por el arresto del presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, bajo acusaciones relacionadas con la convocatoria al paro general de dos meses que concluyó a comienzos de febrero. El alcalde del municipio Chacao, Leopoldo López, después calificaría los atentados de «político», declarando que «es la primera vez que en Venezuela ocurren este tipo de atentados terroristas y forma parte de la escalada de violencia que vivimos».
La primera explosión ocurrió en la urbanización La Castellana, en el municipio Chacao, a las 2:15 de la madrugada, en la Oficina Técnica de Cooperación (OTC), dependiente de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), situada junto a la sede de la embajada de España, la cual también sufrió daños, afectó a la garita de guardia y rompió los cristales de edificios cercanos. El embajador español, Manuel Viturro, informó que «por la hora, solo se encontraban en las dependencias los conserjes y dos guardias, que tampoco resultaron heridos». El embajador lamentó los «numerosos daños materiales» en los edificios, pero declaró que «afortunadamente solo hubo heridos leves» Quince minutos después, otra explosión en el consulado de Colombia, en Chacaito, destruyó la fachada de vidrio, las paredes y columnas. La embajadora de Colombia, María Ángela Holguín, explicó que de los cuatro pisos del consulado dos quedaron completamente destruidos. Según la investigación de los bomberos y de la policía la explosión del consulado fue mayor que la de la embajada, y por su magnitud la bomba tenía 5 kg. de explosivo C-4. Leonardo Díaz, director de la policía de Chacao, expresó que la potencia de los explosivos no tenía precedentes en la historia de atentados registrados en Venezuela.
En ambos atentados aparecieron panfletos de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, los cuales también estaban suscritos por la Coordinadora Simón Bolívar. Las octavillas hacían mención al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, al expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y a su embajador, Charles Shapiro. Los panfletos leían «Gaviria, OEA, Carter, CIA. La revolución no necesita de su interesada intervención. El pueblo armado resolverá esta crisis. Nuestros muertos fortalecerán la revolución. La lucha continuará. ¡Fuera!». Otro de los panfletos decía: «La hermandad que nos une no puede impedir esta lucha pues están en juego los más altos intereses de ambos países. No podemos permitir que los oligarcas sean los dueños de los intereses del pueblo. Uribe, oligarca fascista; Bolívar vive, la lucha continúa».
Las Fuerzas Bolivarianas de Liberación y la Coordinadora Simón Bolívar negaron la responsabilidad y participación en los hechos, repudiando los atentados y señalándolos como un intento de desestabilización. El Movimiento V República responsabilizó a «los sectores golpistas de la oposición venezolana», acusación anticipada por la coalición de partidos opositores Coordinadora Democrática (CD), y rechazó cualquier implicación de los círculos bolivarianos u otras organizaciones chavistas en los atentados.
El 12 de abril de 2003, hubo otra explosión en las puertas del edificio Caracas Teleport, una de las dos sedes en la capital venezolana del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas y donde en aquel momento se reunía una mesa de negociación y acuerdos entre el gobierno y la oposición auspiciada por la OEA. Por los atentados, el Ministerio Público en Venezuela publicó una orden de detención el 14 de noviembre del mismo año contra José Antonio Colina y Germán Rodolfo Varela, extenientes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), por «la presunta comisión de uno de los delitos contra las personas, contra el orden público y contra la conservación de los intereses públicos y privados». Colina y Varela huyeron a Estados Unidos al enterarse sobre la orden de detención. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) descartó los cargos contra ambos a solicitud del Departamento de Estado. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración accedió luego a desechar los casos.
Fuentes oficialistas también han señalado como responsables a Felipe Rodríguez (alias El Cuervo), al coronel del ejército Giussepe Piliery Carmona, al ingeniero Silvio Mérida y a Raúl Díaz Peña. El 12 de octubre de 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una petición presentada por la organización Venezuela Awareness Foundation, junto con una solicitud de medidas cautelares a favor de Raúl Díaz Peña, en la cual se sostenía la detención ilegal de Díaz Peña el 25 de febrero de 2005, las irregularidades del proceso penal en su contra y sus condiciones de detención en la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) en El Helicoide, Caracas. La Comisión Interamericana concedió la medida cautelar el 31 de octubre de 2005.
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