Católicas por el Derecho a Decidir

Católicas por el Derecho a Decidir (CDD abreviado) es una organización pseudocatólica que aboga por el aborto inducido y su despenalización.^[1]​ Se autodeclara católica y niega la autoridad de la Iglesia católica en la ética de las relaciones sexuales, la anticoncepción y el aborto inducido. También aboga para que el estado sea laico y se mantega así.^[2]​ ^[3]​^[4]​

Esta organización surgió en los Estados Unidos en 1973 con el nombre "Catholics For Choise", y afiliada a la Coalición Religiosa Pro Derecho al Aborto (Religious Coalition for Abortion Rights), como un grupo de creyentes que, a partir de esta tradición, buscaron defender los derechos de las mujeres sobre su cuerpo en los ámbitos sexuales y reproductivos. La organización no reconoce ninguna autoridad de la Iglesia católica sobre el aborto o la anticoncepción, y sostiene que "cada individuo debe seguir su propia conciencia" y que reafirma la misma capacidad entre géneros de decidir respecto a su vida.^[5]​ Sin embargo, en la Conferencia Nacional de Obispos Católicos de los Estados Unidos de 1993 se declaró públicamente que esta organización no estaba afiliada a la Iglesia católica y que sus acciones contradicen abiertamente las enseñanzas de la religión.^[6]​

Financiamiento

Una de las mayores críticas de católicas por el Derecho a Decidir es su financiamiento, según la fundación libre, la organización es financiada por grandes multinacionales, entre ellas, empresas pro aborto como IPPF, la Fundación Ford, la Fundación William entre otras grandes multinacionales.^[7]​ Entre los que financian a católicas por el Derecho a Decidir se encuentra el Foro Económico Mundial, esto según el profesor Peter Singer de la Universidad de Princeton para hacer descender la población mundial, especialmente en el continente africano.^[8]​ Católicas por el Derecho a Decidir fue una de las organizaciones que obtuvo parte de los cinco millones de dólares que fueron dadas por International Planned Parenthood Federation (IPPF) para legalizar el aborto en Argentina y México.^[9]​ La organización unidad pro-vida cree que la ganancia que posiblemente tendrá IPPF si se legaliza el aborto será de más de mil millones, mientras que en México sería el triple, dándole la posibilidad a IPPF de recuperar su inversión en tan solo un año^[10]​^[11]​.La congresista, Cornelia Schmidt-Liermann, denuncio que la organización sin fines de lucro CDD recibió más de 1.194.015 dólares y el Centro de Estudio de Estado y Sociedad 190.202 dólares este dinero según la congresista fue como parte para legalizar el aborto y datos sobre un estudio que plantee la posibilidad de que tanto Argentina como México tienen 500 mil abortos por año^[12]​^[13]​

Controversias

Una de las mayores controversias en cuanto a la organización fue de su directora chilena en el periodo del año 2009 Verónica "Coka" Díaz, quien argumentó que estaba en contra de la Iglesia católica. ^[14]​ En México la controversia surgió cuando uno de los líderes de la organización, Julián Cruzalta, que se proclamaba sacerdote de la Iglesia católica, por lo que la arquidiócesis mexicana tuvo que sacar un comunicado aclarando que el señor Cruzalta no es sacerdote, mientras que el arzobispado boliviano declaró que Cruzalta en realidad esta queriendo cambiar la doctrina católica para favorecer la legalización del aborto^[15]​^[16]​ Julián Cruzalta declaró en varios oportunidades que Dios es la tierra y que Dios es mujer, esta controversia llevó al sistema informativo de Arquidiócesis de México a declarar que lo que busca Católicas por el Derecho a Decidir es confundir a los creyentes, según datos estimativos la organización cobro más de 14 millones de dólares por el trabajo de desinformar tanto en México como en Ecuador y Bolivia con el fin de que se aprobara el aborto en dichos países ^[17]​ ^[18]​ ^[19]​

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