Una checa o cheka era una instalación que durante la guerra civil española fue utilizada en la zona republicana al margen de las leyes para detener, interrogar, torturar, juzgar de forma sumarísima y asesinar a sospechosos de simpatizar con el bando franquista. Las checas fueron utilizadas principalmente por algunas personas o grupos relacionados con partidos y sindicatos que operaban en la zona republicana.
Por lo general, estas instalaciones eran conocidas por la calle donde se encontraban, o bien por el nombre de quien las dirigía. Aparte de las que dependían de organismos del Estado —como la conocida Checa de Bellas Artes, más tarde de Fomento, dependiente del Comité Provincial de Investigación Pública—, varios partidos políticos, ateneos, comités, sindicatos u organizaciones vinculados al Frente Popular o a la CNT dispusieron de una checa.
Recientemente se ha cuestionado el uso de la palabra checa —un término acuñado por la prensa y la propaganda del bando rebelde— para referirse a los centros de los diversos comités revolucionarios que se formaron tras el colapso del Estado republicano como consecuencia del golpe de Estado de julio de 1936, ya que se han destacado las diferencias que existían entre estos y la policía política soviética conocida como checa, de donde procede el término. «En el modelo ruso hubo desde el principio una coordinación directa entre el Gobierno y la policía política, no así en el caso español, donde los centros de los comités revolucionarios surgieron de forma independiente al Estado y sus intereses. [...] Los comités revolucionarios nacidos de partidos y sindicatos, mayoritariamente obreros, fueron y se concibieron como comités, no como checas. [...] [El uso del término checa por los sublevados] cumplió una función a nivel nacional, simplificar al enemigo y deshumanizarlo, ligarlo a experiencias e injerencias externas enfrentadas a la “idea de España” promovida por los golpistas».
Se ha constatado la existencia de checas en la zona sublevada, denominadas checas azules. Es el caso de la checa azul de Sevilla situada en el edificio de los jesuitas en la calle Jesús del Gran Poder.
El golpe de estado contra el gobierno de la II República triunfó solo parcialmente, por lo que España quedó dividida en dos zonas. En la que había fracasado la rebelión, las instituciones quedaron sumamente debilitadas y el Gobierno decidió ceder a la demanda de las organizaciones obreras de que se entregaran armas a sus militantes. De esta forma, se desencadenó el movimiento revolucionario que los sublevados decían combatir. La combinación de ambos factores, el proceso revolucionario mediante el que las organizaciones izquierdistas trataron de suplir las carencias del debilitado aparato estatal y la rebelión encabezada por los militares insurrectos que amenazaba propagarse, desencadenaron en la zona que se dio en llamar «republicana» un movimiento represor carente de dirección y uniformidad que fue de gran intensidad durante los primeros meses de la guerra. Dentro de este movimiento represor, algunos grupos irregulares que actuaron en los primeros meses del conflicto han sido calificados por algún historiador como escuadrones de la muerte, si bien el término no estaba todavía en vigor en la época de los hechos.
La represión en la zona republicana se desarrolló en un contexto en el que influyó la ausencia de una autoridad clara tras la insurrección, que ha llevado a algún autor a hablar de "quiebra del Estado de derecho". Las principales instituciones (Ejército, Policía, judicatura) quedaron debilitadas por la rebelión de muchos de sus integrantes, el asesinato o encarcelamiento de otros y el clima de sospecha existente sobre los restantes, a quienes los militantes anarquistas, comunistas y socialistas veían como herramientas de la clase dominante a la que querían derrotar. La decisión del Gobierno de entregar armas a las organizaciones obreras para poder derrotar a las fuerzas sublevadas acabó acrecentando la debilidad de las instituciones constitucionales, que se vieron superadas y sustituidas por organismos oficiosos creados por los partidos y sindicatos obreros, de ideología mayoritariamente revolucionaria. Para los militantes de estas organizaciones, que habían sido perseguidos por la Justicia durante décadas, las garantías jurídicas eran solo formalismos inútiles que dificultaban la administración de una «justicia revolucionaria».
Tras el estallido del conflicto se produjo la excarcelación de numerosos presos comunes, condenados algunos por graves delitos, encontrando muchos de ellos acomodo en diversos órganos represivos, siendo los anarquistas particularmente receptivos a aceptar la colaboración de estos individuos, en quienes veían a aliados de clase, si bien Gabriele Ranzato resta importancia a esta violencia más desorganizada frente a la llevada a cabo por los miembros de las formaciones políticas, comités y sindicatos. Determinadas checas se convirtieron en refugios de criminales que actuaban con ánimo de lucro.
Los mensajes radiofónicos del general Queipo de Llano provocaban pavor entre los republicanos. La proclamación por el general Mola de que en Madrid existía una «quinta columna» que colaboraría con las cuatro que se dirigían contra la capital buscaba sembrar inquietud entre sus adversarios, objetivo que consiguió, pues recrudeció la represión no solo contra reales o supuestos colaboradores de los sublevados, sino también contra presuntos simpatizantes. El conocimiento de que el bando contrario también estaba realizando sistemáticas acciones de represión con extraordinaria dureza, como la masacre de Badajoz por el teniente coronel Yagüe o la represión desatada en Navarra por las tropas de Mola, generaría deseos de venganza y alentó a los más radicales.
Los bombardeos aéreos llevados a cabo por la aviación «nacional» sobre Madrid, un tipo de guerra desconocido hasta entonces que afectaba duramente a la población civil, encendieron los ánimos de los milicianos, que buscaron vengarse del enemigo en las cabezas de sus simpatizantes más próximos y vulnerables. Sobre todo por el hecho de que la aviación franquista parecía respetar el barrio de Salamanca, zona residencial de clase alta a la que acudieron a refugiarse multitud de personas.
Finalmente, también estaba en juego el interés económico por las incautaciones de bienes de los detenidos. Las autoridades necesitaban dinero para la guerra, y les pareció que una forma lógica de obtenerlo era proceder a la incautación de bienes de los detenidos como sospechosos de colaborar con el bando contrario. En consecuencia, las checas se apoderaban de dinero en metálico, joyas y otros bienes de los detenidos que, en parte, entregaban a la Dirección General de Seguridad. La decisión oficial de que los miembros de los tribunales chequistas fueran retribuidos con cargo al producto de lo incautado acentuó el peligro de que el ánimo de lucro influyera en su actuación. Existen sospechas de que ciertas checas tenían tendencia a dirigir la represión contra personas de cierta posición económica con la intención de incautar sus bienes, con independencia de que hubiera pruebas de su colaboración con el enemigo.[cita requerida]
Aunque la palabra «checa» sea hoy utilizada despectivamente por los sectores más críticos con este fenómeno, el término fue en su momento asumido por sus propios creadores y utilizado por los simpatizantes de ambos bandos. La denominación procede del apócope de la Comisión Extraordinaria (Chrezvichàinaia Komissia) creada en Rusia el año 1917 por los bolcheviques para reprimir con dureza cualquier acto considerado como contrarrevolucionario.
El historiador Peter Wyden, en su obra La guerra apasionada, describe a la checa de la siguiente manera:
Partiendo de este concepto, se excluyen algunos organismos que participaron en la represión de los insurgentes y se discute la inclusión o no de otros.
Aunque muy disminuida por el caos producido por la rebelión, la administración de justicia tradicional no desapareció totalmente. Ciertos casos, como el de los generales Fanjul, Goded y Fernández Burriel, fueron enjuiciados por tribunales constituidos con unas ciertas garantías. En ocasiones, los mismos jueces serían quienes investigarían algunos de los excesos de las checas. Las autoridades crearon con el tiempo unos tribunales mixtos en los que, aunque había jueces profesionales, predominaban los jurados simpatizantes de las organizaciones izquierdistas. Estos órganos judiciales no fueron confundidos con las checas ni siquiera por el Ministerio de Justicia del régimen de Franco tras la victoria bélica. La Causa General dedica su capítulo XI a lo que denomina «Justicia roja», separándolo del Capítulo IV dedicado a las checas.
Es discutida la consideración o no como checas de los puestos de las Milicias de Vigilancia de Retaguardia, de los que existían 35 en Madrid, o la sede del Departamento Especial de Información del Estado (DEDIDE) de la calle de O'Donnell.
Por otro lado, existieron ciertos grupos represivos, ya fueran oficiosos creados por organizaciones políticas, ya fueran oficiales pero con una actuación muy autónoma, que realizaban una labor muy similar a la de las checas pero de forma volante, es decir, sin contar con un centro de detención e interrogatorio estable. Estas organizaciones practicaban detenciones y realizaban incautaciones pero los detenidos que no eran asesinados por ellas eran entregados a checas propiamente dichas. Aunque suelen estar incluidos en las relaciones de checas hechas por diversos historiadores, algunos discuten su consideración como tales. En cualquier caso, su actuación no se distinguía mucho de la de las checas en sentido estricto. Entre estos grupos destacan:
Caso aparte es el del Servicio de Información Militar (SIM), creado por el ministro de Defensa Indalecio Prieto en agosto de 1937 para intentar unificar los diversos servicios de inteligencia y que llegó a estar dirigido en Madrid por Ángel Pedrero (ayudante y sucesor de Agapito García Atadell). Su naturaleza oficial y la centralización con la que actuaba le alejan, aparentemente, del concepto de checa tal como es entendido en la España de la época. Además, incluso sus más duros críticos reconocen que fue mucho más eficaz que las checas milicianas en la represión de la quinta columna. Sin embargo, este organismo cayó pronto en la órbita del cada vez más influyente Partido Comunista, y realizó numerosas actuaciones represivas irregulares, llegando a crear cárceles secretas sin el conocimiento del presidente Negrín. Algunas de sus instalaciones, por tanto, han merecido la calificación de checas tanto por parte de contemporáneos como de historiadores. Su actividad represora se fue ampliando a otros sectores del mismo bando republicano enfrentados al PCE y el PSUC, como la CNT y el POUM, además los agentes «nacionales» propiamente dichos. A comienzos de 1938 en Barcelona se produjeron varios paseos de prisioneros del SIM, antes de que las autoridades republicanas tomaran cartas en el asunto. Algo parecido ocurrió con el consejero de justicia de la Generalidad de Cataluña, Bosch Gimpera, que se enfrentó duramente con los responsables del SIM en Barcelona.
La policía política soviética, el NKVD, llegó a operar en España con una amplia autonomía y llegó a disponer de cárceles propias para sus detenidos. La víctima más significada de esta represión selectiva realizada en 1937 (y probablemente la más notoria de las víctimas de las checas, que solían ser ciudadanos anónimos) fue el dirigente del POUM Andrés Nin, quien, tras ser detenido por la policía, desapareció en circunstancias sin aclarar. A pesar de la campaña propagandística desarrollada por el PCE que afirmaba que se había unido a los rebeldes, las investigaciones posteriores apuntan a que fue llevado a una cárcel secreta del NKVD, torturado y posteriormente asesinado. Otros casos similares que la historiografía relaciona con el NVKD fueron los de los comunistas antiestalinistas Kurt Landau, Mark Rein y Erwin Wolf.
Los milicianos o agentes al servicio de las checas solían actuar a instancias de denuncias anónimas, muchas veces procedentes de sirvientes, deudores o enemigos de los denunciados. Solían practicar las detenciones al anochecer, identificándose tan solo de forma verbal. La detención solía ir acompañada de un registro domiciliario que conllevaba la incautación de los bienes de valor del sospechoso. En ocasiones, procedían al asesinato del detenido sin más trámite, pero lo usual era conducirlo a la checa para que prestara declaración. Allí, en un ambiente hostil, sin garantías procesales de ningún tipo y en escaso lapso de tiempo, el ciudadano era interrogado sobre cuestiones diversas que, sin saberlo, podían conllevar su asesinato. Determinadas checas utilizaron distintos métodos de tortura para obtener mejores resultados en esta labor. La absoluta falta de garantías del sistema propició que proliferaran checas formadas por meros delincuentes que, utilizando los mismos procedimientos, se enriquecían asesinando a personas inocentes.
Teóricamente, los destinatarios de la represión eran los quintacolumnistas, personas que actuaban en la clandestinidad al servicio de los sublevados. De hecho, tales saboteadores y espías existían y operaban en zona republicana, y una parte de los detenidos por los chequistas respondían a este perfil; sin embargo, su actividad de espionaje y sabotaje era más bien modesta. En Barcelona, algunas víctimas de la represión fueron los pistoleros que habían practicado un auténtico terrorismo contra la CNT durante años. Además de estos objetivos lógicos, el absoluto descontrol con el que actuaban los milicianos y la total ausencia de garantías para los detenidos, hizo que muchas otras personas se convirtieran en víctimas suyas por motivos diversos: pertenecer a una determinada clase social, tener ideas políticas conservadoras y aun liberales, profesar la fe católica, haber sido denunciado por una rencilla personal, acudir a la checa a protestar por la detención de un familiar o amigo o disponer de bienes que pudieran ser incautados.
En las checas más institucionalizadas, como el Comité Provincial de Investigación Pública, existían tribunales compuestos por miembros de las organizaciones políticas de izquierdas encargados de decidir la suerte de los detenidos. Sus miembros carecían de toda formación jurídica y, en muchas ocasiones y debido a su extracción social, de una mínima formación. El detenido carecía de derecho a la defensa e ignoraba cuáles eran los cargos, que iba intuyendo en función de las preguntas realizadas. El destino del arrestado podía seguir tres caminos: la libertad, la muerte y, en ocasiones, el ingreso en prisión. La condena a muerte era definitiva, inapelable y de inmediata ejecución, sin que la decisión fuera argumentada documentalmente. La víctima era conducida por milicianos a un lugar apartado en lo que se denominaba como el paseo por influencia de las películas de gánsteres. Una vez allí, se le asesinaba. En Madrid, en contraste con la actividad de las checas, la Dirección General de Seguridad (DGS) recopilaba fotografías de todos los cadáveres que aparecían con signos de violencia para que los familiares pudieran identificarlos y esclarecer el triste destino de sus allegados.
El número total de checas existentes en España es discutido y varió según la época, pues no todas operaron de forma simultánea. César Vidal estima que fueron 331. Estaban ubicadas principalmente en Madrid, Valencia y Barcelona, muchas de ellas en pisos incautados o iglesias. A continuación, se enumeran algunas de las más conocidas:
La mayoría de los historiadores suelen coincidir en que el mayor número de checas se concentró en la villa de Madrid, considerando que su número (variable según se consideren o no como checas a determinados organismos) no bajaba de doscientas. Algunas fueron:
Septiembre de 1936 fue el peor mes de la represión en Levante. Se calcula que unas 4715 personas fueron asesinadas durante ese mes. Algunas de las checas que operaron en Valencia fueron las siguientes:
Con la llegada a la presidencia del Gobierno de Juan Negrín, y la sustitución de Ángel Galarza por Julián Zugazagoitia como ministro de la Gobernación, fue perseguida por las autoridades republicanas la actuación de estos servicios especiales al margen de la ley. La disolución de las checas, con el consiguiente cese de los paseos incontrolados en Valencia, contó con el apoyo explícito del presidente Negrín.
En los primeros momentos de confusión, la represión en Barcelona fue encabezada por los anarquistas a través de las Patrullas de Control. Entre los líderes de estos grupos se encontraron nombres como los de Dionisio Eroles y Manuel Escorza. Estos grupos crearon checas en las que se detenía a sospechosos y se decidía su "paseo".
Más adelante, la represión cambió de protagonistas. El responsable de la NKVD en Cataluña, Ernst Moritsovich Gere, conocido también como Pedro, fue uno de los principales promotores de las checas barcelonesas. Alfonso Laurencic fue el principal promotor, ideólogo y constructor de las checas del Servicio de Investigación Militar (SIM) de Vallmajor y Zaragoza en la Ciudad Condal. En ellas, diseñó unas celdas de tortura de carácter innovador. Consistían en pequeños cubículos alquitranados, para que se recalentaran con el calor del sol. La tabla que servía de cama estaba inclinada para impedir el reposo. Una serie de ladrillos colocados por el suelo impedía pasear por el recinto. En cuanto a las paredes, alguna era curva y todas estaban decoradas con motivos geométricos que creaban ilusiones ópticas y simulaban movimiento. Por último, se seleccionaban los colores para producir inquietud en el recluso. El resultado era un entorno desquiciante que rompía los nervios de la víctima.
César Alcalá contabiliza y enumera un total de 46 checas, algunas de las cuales son:
También dentro de Cataluña destacó el Comité de Salud Pública de Lérida, organismo controlado por el POUM que acabó con la vida de más de 250 personas durante el primer mes de la guerra. Posteriormente, el «tribunal popular» que se creó para dar cobertura a la represión de supuestos contrarrevolucionarios acabaría con otras tantas personas. Su celo sería elogiado por la prensa local, que alababa «la no sujeción de las sentencias a las normas de ningún código».
En Málaga, tras un breve período en el que coexistieron distintos centros de poder, acabó imponiéndose un Comité de Salud Pública controlado por la FAI. Entre agosto y septiembre, unas 1100 personas fueron asesinadas en la ciudad. Un número significativo teniendo en cuenta la población de dicha capital. A pesar de las condenas públicas hechos por partidos y sindicatos, los asesinatos continuaron hasta la caída de la ciudad en febrero de 1937, cuando fueron sustituidos por una salvaje represión de signo contrario.
En Murcia existió una checa controlada por el PCE ubicada primero en la calle del Triquete y luego trasladada a un edificio sito en la calle Frenería (a espaldas de la calle Madre de Dios). La dirigían Ramón Torrecillas Guijarro y Domingo Ranchal, policías provisionales que llegaron a la ciudad junto al gobernador civil comunista Cabo Giorla. Crearon varias brigadas que practicaron registros, detenciones, torturas (como simulacros de fusilamiento) y asesinatos. Dentro del clima de enfrentamiento entre diversas fuerzas políticas, la actuación de la Checa de Madre de Dios fue denunciada por socialistas y anarquistas y trascendió a la prensa, conduciendo a la intervención de las autoridades. Los chequistas fueron detenidos por orden judicial y la prensa libertaria cifraba en sesenta el número de personas que habían pasado por sus manos. Meses después no se había celebrado juicio alguno y el Partido Comunista reclamaba la liberación de los detenidos, a los que no consideraba merecedores de castigo. Fuera de esta checa, existieron otros locales que no eran expresamente denominados «checa» pero en los que también se torturó y asesinó a detenidos; principalmente en locales de partidos políticos.
Tras la guerra, el nuevo régimen del general Franco instruyó la Causa General, en el curso de la cual fueron juzgadas veintiuna personas implicadas en los hechos. El fiscal solicitó penas que iban desde la pena de muerte en el caso de Ranchal hasta los seis años en el caso de José Carva Rey; en este caso a pesar de reconocerse expresamente que «había tenido una actuación moderada, sin que se le conociese intervención contra las personas de significación nacional, ni participase en malos tratos», evidenciando así que también la represión franquista se movía por criterios más políticos que jurídicos.
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