El Frente Popular fue una coalición electoral española creada en enero de 1936 por los principales partidos de izquierda. El 16 de febrero, consiguió ganar las últimas elecciones durante la Segunda República antes del golpe de Estado que desencadenaría la Guerra Civil. El Frente Popular no se presentó en Cataluña, en donde una coalición equivalente llamada Front d'Esquerres, nucleada en torno a Esquerra Republicana de Catalunya, tomó su lugar. En Valencia también tomó el nombre de Front d'Esquerres.
El Frente Popular no formó grupo parlamentario, sino que se articuló en diversas minorías parlamentarias correspondientes a cada uno de sus integrantes; ni formó gobierno como tal, ya que este estuvo compuesto, hasta bien entrada la Guerra Civil, únicamente por partidos republicanos, bajo la presidencia, sucesivamente, de Manuel Azaña (que dejó la presidencia del Consejo para hacerse cargo de la Presidencia de la República en mayo de 1936), Santiago Casares Quiroga y José Giral. Con la constitución del primer gobierno de Largo Caballero, y hasta el final de la guerra, los gobiernos de la República estuvieron integrados por representantes de los principales partidos del Frente Popular y del Front d'Esquerres, así como, en diversos periodos, de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y del Partido Nacionalista Vasco (PNV).
Los partidos republicanos Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores; Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Partido Obrero de Unificación Marxista, sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de gobierno que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso de victoria
[...]
I. Como suplemento indispensable de la paz pública, los partidos coaligados se comprometen:
III. Los republicanos no aceptan el principio de nacionalización de la tierra y su entrega gratuita a los campesinos, solicitada por los delegados del partido socialista. Consideran convenientes las siguientes medidas, que proponen la redención del campesino y de! cultivador medio y pequeño [...]: rebaja de impuestos y tributos. Represión especial de la usura. Disminución de rentas abusivas. [...] Revisarán los desahucios practicados. Consolidarán en la propiedad, previa liquidación, a los arrendatarios antiguos y pequeños. Dictarán una nueva ley de Arrendamientos que asegure: la estabilidad en la tierra; la modicidad en la renta, [...] y el acceso a la propiedad de la tierra que se viniera cultivando durante cierto tiempo. Llevarán a cabo una política de asentamiento de familias campesinas, dotándolas de los auxilios técnicos y financieros precisos. [...] Derogarán la ley que acordó la devolución y el pago de las fincas a la nobleza [...].
[...]
No aceptan los partidos republicanos las medidas de nacionalización de la Banca propuesta por los partidos obreros; conocen, sin embargo, que nuestro sistema bancario requiere ciertos perfeccionamientos, si ha de cumplir la misión que le está encomendada en la reconstrucción económica de España
[...]
No aceptan los partidos republicanos el control obrero solicitado por la representación del partido socialista...
VII. La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o económicos de clase, sino un régimen de libertad democrática, impulsado por razones de interés público y progreso social. Pero precisamente por esa definida razón, la política republicana tiene el deber de elevar las condiciones morales y materiales de los trabajadores hasta el límite máximo que permita el interés general de la producción, sin reparar, fuera de este tope, en cuantos sacrificios hayan de imponerse a todos los privilegios sociales y económicos. [...]
VIII. La República tiene que considerar la enseñanza como atributo indeclinable del Estado, en el superior empeño de conseguir en la suma de sus ciudadanos el mayor grado de conocimiento y, por consiguiente, el más amplio nivel moral por encima de razones confesionales y de clase social. [...]
Los partidos coligados repondrán en su vigor la legislación autonómica votada por las Cortes constituyentes y desarrollarán los principios autonómicos consignados en la Constitución.
La propuesta de la vuelta a la alianza republicano-socialista del primer bienio surgió en 1935 durante el segundo bienio por iniciativa del líder de los republicanos de izquierda Manuel Azaña, que se había convertido tras su detención por los sucesos de la Revolución de octubre de 1934 en un “mártir político” y en un símbolo para la izquierda. Tras producirse la entrada en el gobierno en mayo de 1935 de más ministros de la CEDA (con su líder José María Gil Robles al frente) Azaña recorrió el país dando tres mítines multitudinarios: el del campo de Mestalla (Valencia), el 26 de mayo; el de Baracaldo (Vizcaya), el 14 de julio, y el de Comillas (Madrid), el 20 de octubre, con el fin de conseguir una “inteligencia republicana” que devolviera al régimen sus valores democráticos.
En abril de 1935, Azaña había alcanzado un pacto de "Conjunción Republicana" entre su propio partido (que ahora se llamaba Izquierda Republicana al fusionarse Acción Republicana el año anterior con el Partido Radical-Socialista “independiente" de Marcelino Domingo y la ORGA de Santiago Casares Quiroga), la Unión Republicana de Diego Martínez Barrio, que se había escindido en 1934 del Partido Republicano Radical de Lerroux, y el Partido Nacional Republicano de Felipe Sánchez Román. A mediados de noviembre de 1935 Azaña ofreció al PSOE la formación de una coalición electoral en base al acuerdo de conjunción de las fuerzas de la izquierda republicana.
Mientras que el sector socialista encabezado por Indalecio Prieto defendía el acuerdo, el sector encabezado por Francisco Largo Caballero era reticente al mismo y para reforzar la parte “obrera” de la coalición impuso la inclusión del Partido Comunista de España (PCE) en el mismo, lo que motivó la salida de la "Conjunción Republicana" del partido de Sánchez Román. El PCE, por su parte, había variado su posición respecto de los socialistas (a los que hasta entonces había considerado como "enemigos" de la revolución) tras el VII Congreso de la III Internacional celebrado en Moscú en el verano de 1935, donde Stalin había lanzado la nueva consigna de formar "frentes antifascistas", abandonando la hasta entonces dominante tesis del Socialfascismo. La firma del pacto de la coalición electoral entre los republicanos de izquierda y los socialistas tuvo lugar el 15 de enero de 1936. El PSOE cuando estampó su firma lo hizo también en nombre del PCE y de otras organizaciones obreras (el Partido Sindicalista de Ángel Pestaña y el POUM).
El programa de la coalición, que comenzó a ser llamada “Frente Popular”, a pesar de que ese término no aparecía en el documento firmado el 15 de enero y de que era un nombre que nunca aceptó Azaña, era el de los republicanos de izquierda (y solo se mencionaban las aspiraciones de las fuerzas “obreras” con las que los republicanos de izquierda no estaban de acuerdo). El programa incluía, en primer lugar, la amnistía para los delitos "políticos y sociales" (el excarcelamiento de todos los detenidos por la “Revolución de Octubre”), la continuidad de la legislación reformista del primer bienio y la reanudación de los procesos de autonomía de las "regiones". El gobierno estaría formado exclusivamente por republicanos de izquierda y lo socialistas le darían su apoyo desde el parlamento para cumplir el programa pactado. Así pues, la alianza de 1936 era circunstancial, limitada a las elecciones, y por tanto bien diferente a la de 1931.
La coalición entre republicanos de izquierda y socialistas tenía un programa basado en la defensa de las reformas sociales del primer bienio de 1931-1933, que estaban siendo paralizadas o eliminadas por los gobiernos conservadores del segundo bienio. También surgía como respuesta para pedir la liberación de los detenidos y sometidos a proceso por responsabilidades en los hechos ocurridos durante la Revolución de Asturias en 1934 y ante el avance en Europa del fascismo de Hitler o Mussolini. En ese momento también en el vecino país de Francia se había formado el Frente Popular Francés.
En Cataluña se formó la coalición Front d'Esquerres de Catalunya, a la cual apoyaba el Frente Popular allí, y en la cual se integraron los nacionalistas republicanos catalanes como ERC. El 2 de junio de 1935 en el Monumental Cinema de Madrid en la calle Atocha se funda la coalición. En Valencia, la coalición equivalente ideológicamente al Frente Popular, también se llamó Front d'Esquerres, con una composición similar al del Frente Popular del resto de España, y en la cual también participaron los partidos nacionalistas valencianos Esquerra Valenciana y Partit Valencianista d'Esquerra. Los anarcosindicalistas de la CNT, aunque no formaba parte del Frente, no se mostraron beligerantes con él, obteniendo muchos votos anarquistas (los cuales, tradicionalmente, no votaban). No obstante, muchos anarquistas que luego combatirían por el bando republicano, en las elecciones pidieron la abstención.
Frente a la coalición electoral de las izquierdas (que en Cataluña incluyó también a la Esquerra Republicana de Cataluña y a otros partidos nacionalistas catalanes y adoptó el nombre de “Front d’Esquerres”; frente al que las derechas formaron el “Front Català d’Ordre” integrado por la CEDA, la Lliga, los radicales y los tradicionalistas), las derechas no pudieron oponer como en 1933 un frente homogéneo, porque la CEDA, en su intento de obtener el poder y evitar el triunfo de la izquierda, se alió en unas circunscripciones con las fuerzas antirrepublicanas (monárquicos alfonsinos de Renovación Española, carlistas) y en otras con el centro-derecha republicano (radicales, demócrata-liberales, republicanos progresistas), por lo que fue imposible presentar un programa común. Lo que pretendía formar José María Gil Robles era un "Frente Nacional Contrarrevolucionario" o un “Frente de la Contrarrevolución”, basado más en consignas “anti” que en un programa concreto de gobierno (“Contra la revolución y sus cómplices”, fue uno de sus eslóganes; “¡Por Dios y por España!” fue otro; y planteó la campaña como una batalla entre la “España católica... y la revolución espantosa, bárbara, atroz”). No se reeditó, pues, la Unión de Derechas de 1933 como exigían los monárquicos, por lo que los alfonsinos de Renovación Española se presentaron en varias circunscripciones en solitario con el nombre de Bloque Nacional, cuyo líder era José Calvo Sotelo.
Los partidos conservadores liderados por la CEDA de José María Gil-Robles insistían en identificar al Frente Popular como un pacto revolucionario bolchevique que liquidaría a la nación a causa de las disputas regionalistas o la influencia de la nueva potencia comunista, la URSS.
A las elecciones también se presentó una tercera opción “centrista” (el Partido del Centro Democrático) encabezada por el presidente del gobierno Portela Valladares y auspiciada por quien le había nombrado, el presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora, que pretendía consolidar un centro republicano que superara la bipolarización surgida de la Revolución de Octubre. Esta fue una de las razones que les decidieron a convocar elecciones.
Las elecciones del 16 de febrero se produjeron con relativa calma a pesar de la crispación progresiva de los últimos años. Se movilizaron aproximadamente unos 34.000 guardias civiles y 17.000 guardias de asalto que garantizaron el orden.
Las elecciones registraron la participación más alta de las tres elecciones generales que tuvieron lugar durante la Segunda República (el 72,9%), lo que se atribuyó al voto obrero que no siguió las habituales consignas abstencionistas de los anarquistas. Según el estudio realizado por el historiador Javier Tusell sobre las elecciones, que se sigue considerando todavía hoy como el mejor análisis de las mismas, el resultado fue un reparto muy equilibrado de votos con una leve ventaja de las izquierdas (47,1%) sobre las derechas (45.6%), mientras el centro se limitó al 5,3%, pero como el sistema electoral primaba a los ganadores esto se tradujo en una holgada mayoría para la coalición del “Frente Popular”. Además de la gran novedad de la desaparición electoral del Partido Radical (que pasó de 104 diputados en 1933 a solo 5 en 1936), los resultados mostraron la consolidación de tres grandes fuerzas políticas: los republicanos de izquierda (con 125 diputados: 87 de Izquierda Republicana y 38 de Unión Republicana), más la CEDA por su derecha (pasó de 115 diputados en 1933 a 88, mientras el Partido Agrario pasaba de 36 a 11); y el PSOE por su izquierda (de 58 diputados pasaba a 99). El PCE entraba en el parlamento con 17 diputados, también el Partido Sindicalista y el POUM, con un diputado cada uno.
En total el "Frente Popular” contaba con 263 diputados (incluidos los 37 del “Front d’Esquerres” de Cataluña) la derecha tenía 156 diputados (entre ellos solo un fascista, que era del Partido Nacionalista Español, ya que Falange Española no se quiso integrar en las coaliciones de la derecha porque le ofrecieron pocos puestos: su líder José Antonio Primo de Rivera se presentó por Cádiz y no salió elegido, por lo que no pudo renovar su acta de diputado y perdió la inmunidad parlamentaria) y los partidos de centro-derecha (incluyendo en ellos a los nacionalistas de la Lliga Regionalista y del PNV, y al Partido del Centro que rápidamente había formado Portela Valladares con el apoyo de la Presidencia de la República) sumaban 54 diputados. “En el Frente Popular, los primeros puestos en las candidaturas los ocuparon casi siempre los republicanos del partido de Azaña y en la derecha fueron a parar a la CEDA, lo cual no confirma, frente a lo que se ha dicho en ocasiones, el triunfo de los extremos. Los candidatos comunistas siempre estuvieron en el último lugar de las listas del Frente Popular y los 17 diputados obtenidos, después de conseguir sólo uno en 1933, fueron el fruto de haber logrado incorporarse a esa coalición y no el resultado de su fuerza real. La Falange sumó únicamente 46.466 votos, el 0,5 % del total”.
Los resultados de las elecciones presentados el día 20 de febrero, fueron:
Censo de 13.553.710 electores
Los escaños se repartirían de la siguiente forma:
Por parte del Frente Popular:
Por parte del Frente Nacional Contrarrevolucionario:
Partidos de centro:
Los acontecimientos de los cinco meses de gobierno en paz del Frente Popular, de febrero a julio de 1936, fueron utilizados después por los vencedores en la guerra civil española como justificación de su alzamiento. Hoy en día el debate sigue abierto, aunque la mayoría de los historiadores opinan que en absoluto puede hablarse de una "primavera trágica" en la que el gobierno del "Frente Popular" hubiera perdido el control de la situación porque en esos meses no se produjo, una "situación de emergencia comparable no ya sólo a la de 1934 en España sino a las vividas en el periodo completo de los años veinte y treinta por países como Alemania e, incluso, Francia"', aunque es cierto que la agitación social y laboral en el campo y la ciudad fueron constantes y el aumento de la violencia explícita por causas políticas, alimentada por acciones de la izquierda y la derecha, fue también innegable. Asimismo “el designio del Bloque Nacional, cuyo líder indiscutible es ahora José Calvo Sotelo y de toda la oposición cedista con José María Gil Robles, de derivar sus acciones hacia la ilegalidad, sacando partido de la agitación en la calle y haciendo responsable de ello al gobierno, están también fuera de duda”. Pero la conclusión de la mayoría de los historiadores es clara: “La desestabilización política real en la primavera de 1936 no explica en modo alguno la sublevación militar [de julio de 1936] y menos aún la justifica". “La política y la sociedad españolas mostraban signos inequívocos de crisis, lo cual no significa necesariamente que la única salida fuera una guerra civil”.
Nada más conocerse la victoria en las elecciones del “Frente Popular”, lo que suponía que la "vía política" para impedir la vuelta de la izquierda al poder había fracasado tras la derrota de Gil Robles y de la CEDA en las elecciones, se produjo el primer intento de “golpe de fuerza” por parte de la derecha para intentar frenar la entrega del poder a los vencedores. Fue el propio Gil Robles, que ya en diciembre había pulsado la opinión de los generales que él mismo había situado en los puestos clave de la cadena de mando (Fanjul, Goded, Franco) en torno a un “golpe de fuerza”, el primero que intentó sin éxito que el presidente del gobierno en funciones Manuel Portela Valladares declarase el “estado de guerra” y anulara los comicios. Le siguió el general Franco, aún jefe del Estado Mayor del Ejército, que se adelantó a dar las órdenes pertinentes a los mandos militares para que declarasen el estado de guerra (lo que según la Ley de Orden Público de 1933 suponía que el poder pasaba a las autoridades militares), pero fue desautorizado por el todavía jefe de gobierno [Portela Valladares] y por el ministro de la guerra el general Nicolás Molero. Un papel clave en el fracaso del golpe lo desempeñaron el director de la Guardia Civil, el general Sebastián Pozas, viejo africanista pero fiel a la República, que cuando recibió la llamada del general Franco para que se uniera a una acción militar que ocupara las calles se negó, y también el general Miguel Núñez de Prado, jefe de la policía que tampoco secundó la intentona. Al final el general Franco no vio la situación madura y se echó para atrás, especialmente tras el fracaso de los generales Goded y Fanjul para sublevar a la guarnición de Madrid.
Uno de los argumentos que utilizaron los defensores del “golpe de fuerza” eran los desórdenes que se habían producido en algunas ciudades durante las celebraciones del triunfo del “Frente Popular” y especialmente los motines de presos “políticos y sociales” que se produjeron en algunas cárceles que exigían su puesta en libertad en aplicación de la amnistía, que constituía el primer punto del programa con el que había ganado las elecciones la coalición del Frente Popular. También había habido manifestaciones e incidentes pidiendo no solo la amnistía sino la readminsión de todos los trabajadores despedidos con motivo de la Revolución de octubre de 1934. Incluso en algunas ciudades la UGT y la CNT declararon la huelga general en apoyo de esas reivindicaciones, que fue respondida, como en Zaragoza, por la declaración del estado de guerra por parte del general Miguel Cabanellas, jefe de la V División Orgánica, y la manifestación obrera que finalmente tuvo lugar fue disuelta por la guardia de asalto con el resultado de un muerto y de varios heridos.
El resultado del intento de “golpe de fuerza” fue exactamente el contrario del previsto. El presidente del gobierno en funciones entregó antes de tiempo el poder a la coalición ganadora, sin esperar a que se celebrara la segunda vuelta de las elecciones (prevista para el 1 de marzo). Así el miércoles 19 de febrero, Manuel Azaña, el líder del "Frente Popular", formaba gobierno que conforme a lo pactado solo estaba integrado por ministros republicanos de izquierda (nueve de Izquierda Republicana y tres de Unión Republicana, más uno independiente, el general Masquelet, ministro de la guerra). A Azaña no le gustó esta forma de recibir el poder, antes de la constitución de las nuevas Cortes y sin saber siquiera el resultado electoral. “Siempre he temido que volviésemos al Gobierno en malas condiciones. No pueden ser peores”, apuntó en su diario ese día. Así definió semanas después el propio Azaña ante las Cortes las intenciones del gobierno del Frente Popular:
Una de las primeras decisiones que tomó el nuevo gobierno fue alejar de los centros de poder a los generales más antirrepublicanos: el general Goded fue destinado a la Comandancia militar de Baleares; el general Franco, a la de Canarias; el general Mola al gobierno militar de Pamplona. Otros generales significados, como Orgaz, Villegas, Fanjul y Saliquet quedaron en situación de disponibles. Sin embargo esta política de traslados no serviría para frenar la conspiración militar y el golpe que finalmente se produjo entre el 17 y el 18 de julio, e incluso en algún caso, como el del general Franco, les hizo aumentar su rechazo al gobierno de Azaña al considerar su destino a Canarias como una degradación, una humillación y un destierro.
La medida más urgente que hubo de tomar el nuevo gobierno fue la amnistía de los condenados por los sucesos de octubre de 1934, aprobada por la Diputación Permanente de las Cortes el viernes 21 de febrero. Algo que era clamorosamente exigido en las manifestaciones que siguieron al triunfo electoral, y que ya había conducido a la apertura de varias cárceles, de las que salieron no solo los presos "políticos" sino también los “sociales” (es decir los condenados por delitos comunes). Este fue el primer motivo de gran alarma entre los grupos sociales conservadores, ya que el gobierno daba cobertura legal a la presión popular, aunque figurara en su programa electoral. La amnistía puso en libertad a unos 30.000 presos "políticos y sociales".
Otra de las medidas urgentes era reponer en sus puestos a los alcaldes y concejales elegidos en 1931 y suspendidos durante el “bienio negro” por los gobiernos radical-cedistas que los sustituyeron por gestoras de derechas.
Ocho días después, el 28 de febrero, el gobierno decretaba no solo la readmisión de todos los trabajadores despedidos por motivos políticos y sindicales relacionados con los hechos de 1934, sino que, presionado por los sindicatos, ordenaba a las empresas que indemnizaran a estos trabajadores por los jornales no abonados. Una decisión que causó también una gran inquietud en la derecha.
La salida de los miembros del gobierno de la Generalidad de Cataluña de la cárcel, beneficiados por la amnistía, fue acompañada de inmediato por un Decreto de 1 de marzo que reanudaba las funciones del Parlament y reponía en su puesto a Lluís Companys como Presidente de la Generalidad de Cataluña y a sus Consejeros. De esta forma se satisfacía la principal reivindicación del Front d'Esquerres, la versión del Frente Popular en Cataluña, que había obtenido el 59% de los votos, gracias en parte a que la CNT esta vez no había hecho campaña a favor de la abstención, pues también buscaba la amnistía para sus presos. Asimismo respondía a la nueva sensibilidad de los partidos republicanos y de izquierda respecto a la cuestión regional, que se tradujo en la aparición de propuestas de autonomía para otras regiones —Cambó llegó a decir: «hoy en España hay la moda estatutista»—, y que pudieron comprobar los miembros del Gobierno catalán cuando fueron aclamados en todas las estaciones de ferrocarril que recorrieron los trenes que los llevaron de vuelta a Barcelona desde las cárceles donde habían estado más de un año presos.
Una de las primeras decisiones que tomó el Consell Executiu de la Generalidad de Cataluña fue, de acuerdo con el gobierno central, empezar a aplicar la polémica Ley de Contratos de Cultivo. Y por otro lado el tono reivindicativo de los partidos políticos nacionalistas catalanes fue aumentando hasta rebasar en algunos casos los límites del Estatuto. Manuel Carrasco Formiguera de la Unió Democràtica de Catalunya dijo que «Cataluña ha de luchar hasta conseguir constituirse políticamente, como nación que es, en Estado independiente que con toda libertad pueda hacer las alianzas y confederaciones que crea convenientes», mientras que Joan Comorera de la Unió Socialista de Catalunya, que poco después se integraría en el nuevo Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), dijo que «debemos luchar por la República Socialista Catalana federada con la Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas y hermana de la URSS».
Otra de las decisiones inmediatas que tomó el gobierno Azaña fue la restitución en sus funciones de los ayuntamientos vascos suspendidos en 1934.
El 1 de marzo una gran manifestación recorría las calles de Madrid para festejar el triunfo del Frente Popular y apoyar al nuevo gobierno.
La “cuestión agraria” fue otro problema que el nuevo gobierno tuvo que abordar con urgencia a causa de la intensa movilización campesina que se estaba produciendo con el apoyo decidido de las autoridades locales repuestas y que amenazaba con provocar graves conflictos en el campo. “A los pocos días de las elecciones, unos ochenta mil campesinos andaluces, manchegos y extremeños convocados por la FNTT [socialista], se lanzaron a ocupar las fincas de las que habían sido desalojados en el invierno de 1934-35 [por los gobiernos radical-cedistas]. Se producía así un hecho consumado, que obligó al Ministerio de Agricultura a adoptar medidas oportunas para volver a poner en vigor la legislación del primer bienio". Un ejemplo de esos conflictos fue el que se produjo el 8 de marzo en Escalona (Toledo) donde un grupo de jornaleros de la FNTT recorrieron la localidad en una manifestación pacífica, al término de la cual “elementos” de la derecha les dispararon desde un bar cercano. Intervino la Guardia Civil y mató a cuatro manifestantes e hirió a cuatro más. Hasta que no llegó el gobernador civil en persona a esclarecer los hechos no se registraron los domicilios de los “elementos” derechistas, mientras que el juez de instrucción había ordenado la detención solo de los “izquierdistas”. El movimiento de ocupación de fincas más espectacular fue el que organizó la FNTT desde el 26 de marzo en la provincia de Badajoz en el que participaron unos 60.000 jornaleros que invadieron y comenzaron a roturar unas dos mil propiedades.
Un Decreto de 28 de febrero, anuló los procesos de desahucio de colonos y aparceros; otro Decreto, del 3 de marzo, devolvió a los yunteros extremeños el arrendamiento de las tierras que habían ocupado en virtud del Decreto de Intensificación de Cultivos de 1932, que fue restablecido el día 14; un Decreto de 20 de marzo, dio vía libre para expropiar temporalmente con indemnización fincas declaradas de "utilidad social", incluso fuera de la zona de latifundio, gracias, paradójicamente, a la “ley Velayos” del año anterior aprobada por la mayoría radical-cedista que había abolido en la práctica la Ley de Reforma Agraria de 1932. Así solo en el mes de marzo se habían asentado más de 70.000 campesinos, en su mayoría yunteros extremeños sobre unas 230.000 hectáreas.
Además el 19 de abril, solo cuatro días después de que las Cortes pudieran recuperar su actividad normal tras el proceso abierto de elección de nuevo presidente de la República, el ministro de Agricultura, Mariano Ruiz Funes, presentaba varios proyectos de ley: uno sobre "Revisión de desahucios de fincas rústicas" que restituía en el derecho de explotación de la tierra a arrendatarios y aparceros desahuciados en virtud de la Ley de marzo de 1935 (ley que fue aprobada el 30 de mayo, con la abstención de los diputados de derechas); y otro que derogaba la Ley de Reforma de la Reforma Agraria de agosto de 1935, que se convirtió en ley el 11 de junio, por lo que volvía estar en vigor plenamente la Ley de Reforma Agraria de 1932. Un tercer proyecto de ley no llegó a aprobarse por el estallido de la guerra civil: uno sobre rescate y readquisición de tierras comunales (que pretendía la reintegración del antiguo patrimonio comunal de los municipios rurales, rectificando así parte de la obra desamortizadora del siglo XIX).Gracias a estas leyes y decretos entre marzo y julio de 1936 se asentaron unos 115.000 campesinos, más que en los tres años anteriores, sobre medio millón de hectáreas.
Sin embargo, continuó la alta conflictividad en el campo, debida sobre todo a la actitud de los propietarios y a la radicalización de las organizaciones campesinas, saldándose todo ello con incidentes violentos. "La reacción de los propietarios ante la reanudación de la reforma agraria y el alza oficial de los salarios llevó a muchos de ellos a paralizar las labores agrícolas antes de plegarse a las exigencias de contratación de los sindicatos campesinos. Entre el 1 de mayo y el 8 de julio se contabilizaron 192 huelgas agrarias. La repuesta de los jornaleros, entre los que el paro y el pauperismo alcanzaban proporciones alarmantes, fue a veces violenta y dio pie a incidentes sangrientos, como el de Yeste (Albacete) donde a finales de mayo la detención de unos campesinos que pretendían talar árboles en una finca particular condujo a un sangriento enfrentamiento entre la Guardia Civil y los jornaleros, en los que murieron un guardia y 17 campesinos, varios de ellos asesinados a sangre fría por los agentes". Sin embargo, “ni el número ni el tipo de conflictos en el mundo rural [entre febrero y julio de 1936] fue más elevado y acusado de lo que lo había sido desde 1931 a 1934. Las sangrientas represiones contra esas manifestaciones campesinas fueron raras, si se compara con lo abundantes que habían sido durante el primer bienio, y la matanza de Yeste del 29 de mayo no produjo ninguna movilización social, ningún clamor contra esa institución y ni siquiera revitalizó el culto a los mártires tan frecuentes en anteriores ocasiones”.
La primera reunión de las nuevas Cortes tuvo lugar el 15 de marzo, aunque hubo que esperar al 15 de abril para poder comenzar a adoptar iniciativas legislativas, ya que hasta el 3 de abril, no se finalizó la discusión de las actas parlamentarias, sumamente prolija y exaltada, y entre el 3 y el 15 sus sesiones se suspendieron por la elección de nuevo presidente de la República.
El 3 de abril, una vez resuelto el tema de las actas parlamentarias, la izquierda presentó una iniciativa para destituir al Presidente de la República, acusándolo de haber incumplido el artículo 81 de la Constitución que decía:.
Como ha señalado el historiador Julián Casanova “nadie quería que Alcalá Zamora siguiera en la presidencia de la República. La CEDA, con Gil Robles a la cabeza, porque creía que les había robado la posibilidad de ocupar todo el poder en diciembre de 1935. La izquierda, y Azaña en particular, no le perdonaba que le hubiera retirado la confianza en septiembre de 1933, lo que significó la caída del Gobierno de Azaña y la ruptura de la coalición entre socialistas y republicanos que había gobernado los dos años anteriores”. El 7 de abril, por 238 votos contra 5 (la derecha se abstuvo, tras haber apoyado la medida), Niceto Alcalá Zamora fue destituido por el parlamento. El presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, asumió interinamente la presidencia. Diecinueve días después, el día 26 de abril, se celebraron las elecciones de compromisarios establecida por la Constitución y Manuel Azaña, el candidato de la izquierda, obtuvo 358 mandatos, y 63 la oposición, parte de la cual se había abstenido de presentarse a las elecciones. Así el 10 de mayo de 1936 era investido en el Palacio de Cristal del Parque del Buen Retiro de Madrid nuevo presidente Manuel Azaña, por 754 votos (entre compromisarios y diputados), 88 en blanco (de la CEDA) y 32 para otros políticos. Sin embargo, el proyecto de Azaña de nombrar al socialista Indalecio Prieto como su sustituto al frente del gobierno no cuajó por la oposición del ala "caballerista" del PSOE y de la UGT que se ratificó en el acuerdo de seguir fuera del gabinete, y el 13 de mayo ocupó la presidencia del gobierno uno de los colaboradores más fieles de Azaña, Santiago Casares Quiroga.
El nuevo gobierno Casares Quiroga, integrado exclusivamente por republicanos de izquierda incluida Esquerra Republicana de Cataluña, continuó con la política reformista que ya había iniciado el gobierno Azaña que consistía fundamentalmente en volver a poner en vigor los decretos que habían sido derogados o modificados durante el segundo bienio ("bienio negro" le llamaron las izquierdas) y a los que se añadieron algunos otros. Así en cuanto a la “cuestión religiosa” continuaba pendiente la sustitución de la enseñanza confesional, conforme establecía la Ley de Congregaciones, y el gobierno aprobó un Decreto estableciendo patronatos provinciales que estudiaran la rápida sustitución de los docentes religiosos por personal interino laico, y a finales del mes de mayo se decretó el cierre provisional de los colegios de la Iglesia. Asimismo fue restablecida la coeducación en las aulas y se habilitó un presupuesto extraordinario para dotar 5.300 nuevas plazas de maestros estatales.
"Al finalizar la agitación motivada por las readmisiones, los sindicatos aprovecharon su nueva posición de fuerza para plantear, en las discusiones sobre nuevas bases de trabajo, exigencias que los patronos juzgaron desorbitadas. La movilización obrera y la resistencia patronal a nuevas concesiones produjeron el movimiento de huelgas más generalizado de los habidos en toda la República...”. Hubo tantas huelgas de mediados de febrero a mediados de julio de 1936 como en todo 1933, pero eso no quere decir que imperara el “desorden civil” pues muchas de ellas acabaron con acuerdos gracias al restablecimiento de los jurados mixtos.
“En el curso de las huelgas, declaradas y sostenidas muchas veces por comités conjuntos CNT/UGT, se hablaba de revolución...”, pero ni UGT ni CNT preparaban ningún movimiento insurreccional después de los fracasos de 1932, 1933 y 1934, y la única posibilidad de que se produjese alguno sería como respuesta a un intento de golpe militar.
La CNT había vuelto a mostrar su hostilidad al gobierno "burgués" del "Frente Popular", así como la FAI que seguía propugnando el "método insurreccional para la conquista de la riqueza social”. A primeros de mayo la CNT celebraba su Congreso Confederal en Zaragoza y allí se reafirmó en su objetivo de alcanzar el "comunismo libertario" y ofreció a UGT una alianza revolucionaria cuyo fin sería "destruir completamente el régimen político y social vigente", ofrecimiento que UGT no aceptó porque hubiera supuesto la ruptura inmediata del Frente Popular. Pero en ese Congreso también se produjo por primera vez el reconocimiento público de los errores de la táctica insurreccional y se optó por centrar las reivindicaciones en cuestiones concretas como los salarios y las condiciones de trabajo.
Ni el PSOE ni la CEDA tras las elecciones de febrero de 1936 consiguieron articular una política única y clara bajo un liderazgo único. "Por diferencias internas entre sus alas moderada (Manuel Giménez Fernández y Luis Lucia, en la CEDA; Indalecio Prieto, en el PSOE) y radical (José María Gil Robles, en la CEDA; Francisco Largo Caballero, en el PSOE), y por presiones externas procedentes de la derecha subversiva, por un lado, y del sindicalismo revolucionario, del otro, ambos partidos se mostraron indecisos respecto al grado de compromiso que estaban dispuestos a asumir en la defensa de las instituciones republicanas". Y tanto Giménez Fernández y Lucia en la CEDA, como Prieto en el PSOE no lograron que sus respectivos partidos se comprometieran en apoyar a la República y a la democracia, el primero, y al gobierno, el segundo. "De esta forma, el gobierno quedó desasistido por sus aliados naturales y hostigado desde la derecha por una envalentonada oposición monárquica que arrastraba ya con fuerza a los católicos y desde la izquierda por un sector del PSOE que, si había renunciado a la revolución esperaba con impaciencia la hora de sustituir al gobierno republicano por uno exclusivamente socialista". Así pues, "no se trataba tanto de una polarización de los partidos, de un ascenso a los extremos, como de una parálisis política provocada por un gobierno débil y la fragmentación de los dos grandes partidos situados a su derecha y a su izquierda". Una prueba de que la polarización política no era definitiva fue la actitud del Partido Comunista de España (uno de los representantes del "bolchevismo" que tanto temía la derecha), que mostró un firme apoyo al Gobierno republicano, e incluso moderó su exigencia de una reforma agraria revolucionaria e hizo llamamientos a los dos sindicatos, UGT y CNT, para que detuvieran la escalada de huelgas que se produjo a lo largo de la primavera de 1936.
En cuanto a los socialistas, la formación del gobierno Azaña y sobre todo el paso de Azaña a la presidencia de la República acentuaron las diferencias entre los sectores "prietista" y "largocaballerista", ya que Largo Caballero se opuso radicalmente a la entrada de los socialistas en el gobierno del Frente Popular y a que Indalecio Prieto sustituyera a Azaña en la presidencia del gobierno y continuó defendiendo el entendimiento entre las “organizaciones obreras” para esperar el momento en que el fracaso de los “burgueses republicanos" facilitara la conquista del poder por la clase obrera. Y esa fue la línea que se impuso en UGT donde el sector "largocaballerista" gozaba de la mayoría, mientras la línea "prietista” se hacía con la ejecutiva del PSOE, aunque el grupo parlamentario socialista de las Cortes siguió controlado por Largo Caballero así como la importante Federación Madrileña del PSOE. Largo Caballero además contaba con el apoyo incondicional de las juventudes Socialistas que le llamaban el "Lenin español". Estas juventudes cada vez más radicalizadas acabaron fusionándose con las Juventudes Comunistas del PCE para formar en junio de 1936, las Juventudes Socialistas Unificadas, bajo la dirección del joven socialista Santiago Carrillo.
En cuanto a la CEDA el sector encabezado por José María Gil Robles se decantó cada vez más por el boicot a las instituciones republicanas y por el apoyo a la vía defendida por la derecha monárquica del Bloque Nacional de José Calvo Sotelo que propugnaba abiertamente la ruptura violenta del orden constitucional mediante un golpe de estado militar en cuya preparación ya estaban colaborando (por su parte los monárquicos carlistas aceleraron la formación de sus milicias requetés con vistas al alzamiento militar con cuyos dirigentes mantenían contactos). Con Calvo Sotelo y Gil Robles a la cabeza los diputados de la derecha antirrepublicana convirtieron el Congreso de los Diputados en un “campo de batalla” con intervenciones provocadoras que dieron lugar a duros enfrentamientos dialécticos con la izquierda, que tuvieron un impacto público desastroso para la estabilidad de la República, ya que proyectaban una imagen de “desgobierno” que alimentó la “estrategia de la tensión” que se estaba produciendo en la calle.
El partido fascista Falange Española, que a principios de 1936 era una fuerza política marginal (solo obtuvo 45.000 votos en todo el país en las elecciones de febrero), vio cómo aumentaba su número de afiliados, porque tras el triunfo del Frente Popular recibió una avalancha de jóvenes de derechas (en su mayoría procedentes de la rama juvenil de la CEDA, las Juventudes de Acción Popular, y de los monárquicos alfonsinos de Renovación Española) dispuestos a la acción violenta. Así Falange pasó de unos 6000 militantes a más de veinte mil en pocas semanas. El primer atentado importante que cometieron fue el perpetrado el 12 de marzo contra el diputado socialista y “padre” de la Constitución de 1931 Luis Jiménez de Asúa, en el que este resultó ileso pero su escolta, el policía Jesús Gisbert, murió. El entierro al día siguiente del policía se convirtió en una manifestación de repulsa contra la violencia fascista y se produjeron graves incidentes, con incendios de dos iglesias y de las oficinas del diario derechista La Nación, órgano del Bloque Nacional de José Calvo Sotelo. Los autores materiales del atentado contra Jiménez de Asúa y su escolta lograron huir a Francia en una avioneta pilotada por el aviador militar Juan Antonio Ansaldo.
La respuesta del gobierno de Azaña fue prohibir el partido, detener el 14 de marzo a su máximo dirigente José Antonio Primo de Rivera y a otros miembros de su “Junta Política”, y cerrar su periódico Arriba. Pero el paso a la clandestinidad no impidió que siguiera perpetrando atentados y participando en reyertas con jóvenes socialistas y comunistas. La casa de Largo Caballero fue tiroteada, y fueron asesinados el capitán de Ingenieros Carlos Faraudo, instructor de las milicias socialistas, y el 13 de abril el magistrado de la Audiencia Manuel Pedregal, que había condenado a algunos de los falangistas implicados en el atentado contra Jiménez de Asúa.
Los incidentes de mayor trascendencia se produjeron los días 14 y 15 de abril. El día 14 tuvo lugar un desfile militar en el Paseo de la Castellana de Madrid en conmemoración del Quinto Aniversario de la República y junto a la tribuna principal, ocupada por el presidente de la República en funciones Diego Martínez Barrio y por el presidente del gobierno Manuel Azaña, estalló un artefacto y se produjeron a continuación varios disparos que causaron la muerte a Anastasio de los Reyes, un alférez de la Guardia Civil que estaba allí de paisano, e hirieron a varios espectadores. Derechistas e izquierdistas se acusaron mutuamente del atentado. Dos días después, se celebró el entierro del alférez que se convirtió en una manifestación antirrepublicana a la que asistieron los diputados Gil Robles y Calvo Sotelo, oficiales del ejército, miembros del Gobierno y numerosos asistentes de los sectores conservadores. En la manifestación durante el entierro de Anastasio de los Reyes, en cuya represión participó el teniente de la Guardia de Asalto, José del Castillo Sáenz de Tejada, se produjeron disparos desde diversos lugares contra la comitiva, produciéndose un saldo de cinco muertos y treinta y dos heridos. Uno de los muertos era el estudiante Angel Sáenz de Heredia, falangista y primo hermano de José Antonio Primo de Rivera.
Entre abril y julio los atentados y las reyertas protagonizadas por falangistas causaron más de cincuenta víctimas entre las organizaciones de izquierda obrera, la mayoría de ellas en Madrid. Unos cuarenta miembros de Falange murieron en esos actos o en atentados de represalia de las organizaciones de izquierda. Éstas se dirigieron tanto contra empresarios y militantes de partidos de derechas, como el exministro y diputado del Partido Republicano Liberal Demócrata Alfredo Martínez, asesinado en Oviedo el 24 de marzo, como a sedes sociales y periódicos antirrepublicanos, como el diario madrileño La Nación. También fueron objeto de la violencia los edificios religiosos (un centenar de iglesias y conventos fueron asaltados e incendiados) aunque entre las víctimas de la violencia política de febrero a julio no hubo ningún miembro del clero.
El estudio más completo realizado hasta ahora sobre las víctimas mortales como resultado de la violencia política entre febrero y julio de 1936 registra un total de 189 incidentes y 262 muertos, de ellos 112 causados por la intervención de las fuerzas de orden público. De las 262 víctimas, 148 serían militantes de la izquierda, 50 de la derecha, 19 de las fuerzas de orden público y 45 sin identificar. Además ese mismo estudio constata que el número de víctimas mortales causadas por la violencia política disminuyó sensiblemente en junio y julio, con 24 y 15 víctimas mortales respectivamente (el mes más cruento fue marzo con 93 muertos).
La “estrategia de la tensión” protagonizada por los pistoleros falangistas que fue respondida por las organizaciones de izquierda, junto con el crecimiento de las organizaciones juveniles paramilitares tanto entre la derecha (milicias falangistas, requetés carlistas) como entre la izquierda (milicias de las juventudes socialistas, comunistas y anarquistas), y entre los nacionalistas vascos y catalanes (milicias de Esquerra Republicana de Cataluña y milicias del PNV), aunque no estaban armadas y su mayor actividad principal era desfilar, provocó la percepción entre parte de la opinión pública, especialmente la conservadora, de que el gobierno del Frente Popular no era capaz de mantener el orden público, lo que servía de justificación para el "golpe de fuerza" militar que se estaba preparando. A esta percepción también contribuyó la prensa católica y de extrema derecha que incitaba a la rebelión frente al “desorden” que atribuía al “Gobierno tiránico del Frente Popular”, “enemigo de Dios y de la Iglesia”, aprovechando que la confrontación entre clericalismo y anticlericalismo volvió al primer plano tras las elecciones de febrero con continuas disputas sobre asuntos simbólicos, como el tañido de campanas o las manifestaciones del culto fuera de las iglesias, como procesiones o entierros católicos.
La conspiración militar para desencadenar un “golpe de fuerza” (como lo llamaban los conjurados) que derribara al gobierno se puso en marcha nada más producirse el triunfo del "Frente Popular" en las elecciones de febrero de 1936, apoyándose inicialmente en las tramas golpistas que se habían rehecho tras el fracaso de la insurrección militar de agosto de 1932 encabezada por el general Sanjurjo. Al día siguiente de formarse el gobierno de Azaña el periódico de la Comunión Tradicionalista El Pensamiento Alavés ya afirmaba “que no sería en el Parlamento donde se libraría la última batalla, sino en el terreno de la lucha armada” y esa lucha partiría de “una nueva Covadonga que frente a la revolución sirviera de refugio a los que huyeran de aquélla y emprendiera la Reconquista de España”.
El 8 de marzo tuvo lugar en Madrid, en casa de un amigo de Gil Robles, una reunión de varios generales (Emilio Mola, Luis Orgaz Yoldi, Villegas, Joaquín Fanjul, Francisco Franco, Ángel Rodríguez del Barrio, Miguel García de la Herrán, Manuel González Carrasco, Andrés Saliquet y Miguel Ponte, junto con el coronel José Enrique Varela y el teniente coronel Valentín Galarza, como hombre de la UME), en la que acordaron organizar un “alzamiento militar” que derribara al gobierno del Frente Popular recién constituido y “restableciera el orden en el interior y el prestigio internacional de España”. También se acordó que el gobierno lo desempeñaría una Junta Militar presidida por el general Sanjurjo, que en esos momentos se encontraba en el exilio en Portugal.
No se llegó a acordar el carácter político del “movimiento militar”, pero para su organización recurrirían a la estructura clandestina de la UME integrada por oficiales conservadores y antiazañistas y llegaron a fijar la fecha del golpe, para el 20 de abril, pero las sospechas del gobierno y la detención de Orgaz y Varela, confinados en Canarias y en Cádiz, respectivamente, les obligaron a posponer la fecha. Además el gobierno había decidido ya "dispersar" a los generales sospechosos y había destinado a Goded a Baleares, a Franco a Canarias y a Mola a Pamplona.
Desde finales de abril, fue el general Mola quien tomó la dirección de la trama golpista (desplazándose así el centro de la conspiración de Madrid a Pamplona), adoptando el nombre clave de “El Director”. Este continuó con el proyecto de constituir una Junta Militar presidida por el general Sanjurjo, y comenzó a redactar y difundir una serie de circulares o “Instrucciones reservadas” en las que fue perfilando la compleja trama que llevaría adelante el golpe de Estado.
La primera de las cinco “instrucciones reservadas” la dictó el 25 de mayo y en ella ya apareció la idea de que el golpe tendría que ir acompañado de una violenta represión:
Mola logró que se unieran a la conspiración generales republicanos como Gonzalo Queipo de Llano (jefe de los carabineros) y Miguel Cabanellas. Con este último, que era el jefe de la V División orgánica, mantuvo una entrevista en Zaragoza el 7 de junio en la que acordaron las medidas para dominar la oposición que “opondría la gran masa sindicalista” y la organización de las “columnas que habían de oponerse a que los catalanes pudieran invadir el territorio aragonés”.
Mola consiguió comprometer en el golpe a numerosas guarniciones, gracias también a la trama clandestina de la UME dirigida por el coronel Valentín Galarza (cuyo nombre clave era “El Técnico”), pero Mola no contaba con todas ellas, y especialmente tenía dudas sobre el triunfo del golpe en el lugar fundamental, Madrid, y también sobre Cataluña, Andalucía y Valencia.
Así pues, el problema de los militares implicados era que, a diferencia del golpe de estado de 1923, ahora no contaban con la totalidad del Ejército (ni de la Guardia Civil ni las otras fuerzas de seguridad) para respaldarlo. "Las divisiones que se habían manifestado en el seno del propio ejército desde la Dictadura… durante la República habían alcanzado un singular grado de virulencia con la creación de uniones militares enfrentadas por la cuestión del régimen político [la UME, Unión Militar Española, monárquica; y la republicana Unión Militar Republicana Antifascista, UMRA, con una influencia mucho más reducida]".
Tampoco podían contar como en 1923 con la connivencia del jefe del Estado (el rey Alfonso XIII entonces, y el Presidente de la República Manuel Azaña ahora). Una tercera diferencia respecto de 1923 era que la actitud de las organizaciones obreras y campesinas no sería de pasividad ante el golpe militar, como en 1923, sino que como habían anunciado desencadenarían una revolución. Por estas razones se fue retrasando una y otra vez la fecha del golpe militar, y por eso, además, el general Mola, "el Director", buscó el apoyo de las milicias de los partidos antirrepublicanos (requetés y falangistas) y el respaldo financiero de los partidos de la derecha. Pero la participación de estas fuerzas paramilitares civiles fue aparcada por el momento porque el principal dirigente carlista Manuel Fal Conde quería proporcionar un protagonismo al "tradicionalismo" en el golpe, llegando a contactar directamente con el general Sanjurjo, algo que los militares no estaban dispuestos a consentir, y porque el líder de Falange José Antonio Primo de Rivera, preso en Alicante, que en principio se manifestó dispuesto a colaborar, exigió su parcela de poder, lo que tampoco fue admitido por los generales conjurados.
Al gobierno de Casares Quiroga le llegaron por diversas fuentes noticias de lo que se estaba tramando pero no actuó con contundencia contra los conspiradores porque, según el historiador Julio Aróstegui, "Azaña y muchos elementos de su partido, y el propio Casares Quiroga, jefe del gobierno, no creyeron que después de haber neutralizado con facilidad el golpe de Sanjurjo en 1932 en el ejército hubiera capacidad para preparar una acción seria, estimando además que tenían controlados a los posibles cabecillas y que en el caso de que esa rebelión se produjese sería fácil abortarla".
A principios de julio de 1936 la preparación del golpe militar estaba casi terminada, aunque el general Mola reconocía que "el entusiasmo por la causa no ha llegado todavía al grado de exaltación necesario" y acusaba a los carlistas de seguir poniendo dificultades al continuar pidiendo "concesiones inadmisibles". El plan del general Emilio Mola, "el Director", era un levantamiento coordinado de todas las guarniciones comprometidas, que implantarían el estado de guerra en sus demarcaciones, comenzando por el Ejército de África, que entre los días 5 y 12 de julio realizó unas maniobras en el Llano Amarillo donde se terminaron de perfilar los detalles de la sublevación en el Protectorado de Marruecos. Como se preveía que en Madrid era difícil que el golpe triunfase por sí solo (la sublevación en la capital estaría al mando del general Fanjul), estaba previsto que desde el norte una columna dirigida por el propio Mola se dirigiera hacia Madrid para apoyar el levantamiento de la guarnición de la capital. Y por si todo eso fallaba también estaba planeado que el general Franco (que el 23 de junio había dirigido una carta al presidente del gobierno Casares Quiroga en la decía que las sospechas del gobierno de que se estaba fraguando un golpe militar no eran ciertas -cuando él mismo era uno de los generales implicados-, alegando que "faltan a la verdad quienes le presentan al Ejército como desafecto a la República; le engañan quienes simulan complots a la medida de sus turbias pasiones"), después de sublevar las islas Canarias se dirigiría desde allí al Protectorado de Marruecos a bordo del avión Dragon Rapide, fletado en Londres el 6 de julio por el corresponsal del diario ABC Luis Bolín gracias al dinero aportado por Juan March, para ponerse al frente de las tropas coloniales, cruzar el estrecho de Gibraltar y avanzara sobre Madrid, desde el sur y desde el oeste.
Una vez controlada la capital, se depondría al Presidente de la República y al gobierno, se disolverían las Cortes, se suspendería la Constitución de 1931, se detendrían y se juzgaría a todos los dirigentes y militantes significados de los partidos y organizaciones de la izquierda así como a los militares que no hubieran querido sumarse a la sublevación y, finalmente, se constituiría un Directorio militar bajo la jefatura del general Sanjurjo (que volaría desde Lisboa hasta España). Pero lo que sucedería a continuación nunca estuvo claro pues nada se había acordado sobre la forma de estado, o República o Monarquía (por ejemplo, no se decidió nada sobre qué bandera se utilizaría, si la bicolor de la monarquía, en lugar de la tricolor de la República, ya que se pensaba en una acción rápida y contundente). El objetivo era instaurar una dictadura militar siguiendo el modelo de la Dictadura de Primo de Rivera, al frente de la cual se situaría el exiliado general Sanjurjo.
Así pues, lo que iban a poner en marcha los militares conjurados no era un pronunciamiento al estilo decimonónico (pues en estos casos no se discutía en general el régimen o el sistema político, sino que intentaban solo forzar determinadas "situaciones" partidistas), sino que iba mucho más lejos. El problema estribaba en que los militares y las fuerzas políticas que les apoyaban (fascistas, monárquicos alfonsinos, carlistas, católicos de la CEDA) defendían proyectos políticos distintos, aunque todos coincidían en que la "situación futura” no sería democrática, y tampoco liberal, porque el significado social de fondo de la conspiración era inequívoco: la "contrarrevolución", aun cuando fuera contra una revolución inexistente en la práctica. “Los sublevados llevaron a cabo su acción pretendiendo que se alzaban contra una revolución absolutamente inexistente en la época en que actúan, inventan documentos falsos que compuso Tomás Borrás y que hablaban de un gobierno soviético que se preparaba, y de hecho lo que representaban era la defensa de las posiciones de las viejas clases dominantes, la lucha contra las reformas sociales, más o menos profundas, que el Frente Popular pone de nuevo en marcha".
En la tarde del domingo 12 de julio era asesinado en una calle céntrica de Madrid por pistoleros de extrema derecha (al parecer de la Comunión Tradicionalista) el teniente de la Guardia de Asalto, José del Castillo Sáez de Tejada, un militar instructor de las milicias socialistas. Como represalia, sus compañeros policías, dirigidos por un capitán de la Guardia Civil, Fernando Cortés, secuestraron en su propio domicilio y asesinaron en la madrugada del día siguiente a José Calvo Sotelo, el líder de los monárquicos "alfonsinos" (que no tuvo nada que ver con el asesinato del teniente Castillo), y abandonaron el cadáver en el depósito del cementerio de la Almudena. En el entierro de Calvo Sotelo el dirigente monárquico Antonio Goicoechea juró solemnemente “consagrar nuestra vida a esta triple labor: imitar tu ejemplo, vengar tu muerte y salvar a España”. Por su parte el líder de la CEDA, José María Gil Robles en las Cortes les dijo a los diputados de la izquierda que “la sangre del señor Calvo Sotelo está sobre vosotros” y acusó al gobierno de tener la “responsabilidad moral” del crimen por “patrocinar la violencia”.
El asesinato de Calvo Sotelo aceleró el compromiso con la sublevación de los carlistas y también de la CEDA, y acabó de convencer a los militares que tenían dudas. Además, Mola decidió aprovechar la conmoción que había causado en el país el doble crimen, y el día 14 adelantó la fecha de la sublevación que quedó fijada para los días 17 y 18 de julio de 1936.
El asesinato el 13 de julio de José Calvo Sotelo por un grupo de policías de filiación socialista en represalia por el asesinato del teniente de la Guardia de Asalto y militante socialista José Castillo precipita los planes golpistas de diversos militares y organizaciones derechistas y hace que muchos hasta entonces indecisos se sumen a la conspiración.
El 17 de julio en el Protectorado de Marruecos y el 18 de julio en la Península se produce el intento de golpe de Estado, en un principio liderado por el general Mola —que firmaba como «el Director»—, apoyado por Falange y los carlistas. Entre los generales se encuentra el general Francisco Franco que posteriormente se hará con el poder de los rebeldes. Con el fracaso del golpe de Estado en la mayor parte del país, y el apoyo imprescindible de las potencias fascistas europeas se inicia la última guerra civil española. Con la división de las distintas organizaciones moderadas e izquierdistas, enfrentadas a menudo entre sí, entre otras razones, y la ausencia de ayuda del resto de naciones democráticas ante el temor, luego real, de provocar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno electo debe abandonar el país al final de la Guerra Civil. Franco, en una larga dictadura personal, ejerce el poder hasta su muerte en 1975.
Escribe un comentario o lo que quieras sobre Frente Popular (España) (directo, no tienes que registrarte)
Comentarios
(de más nuevos a más antiguos)