Cortes de Valladolid de 1325. Cortes del reino de Castilla celebradas en la ciudad de Valladolid en el año 1325, durante el reinado de Alfonso XI de Castilla.
En ellas fue reconocida la mayoría de edad de Alfonso XI, y diversos autores señalan que poseen una especial relevancia porque marcan la línea divisoria entre una etapa de debilitamiento de la monarquía y otra de aumento de la autoridad real, y también porque sirvieron para demostrar el estado real en que se encontraba Castilla en el momento de acceder Alfonso XI a la mayoría de edad y, por ende, todos los problemas e irregularidades que era necesario enmendar, ya que en la Crónica de Alfonso XI consta que en ninguna parte del reino se administraba justicia correctamente.
A la muerte de Fernando IV, en 1312, subió al trono su hijo Alfonso XI, que tenía un año de edad a la muerte de su padre. Entre 1313 y 1319 la tutoría del rey Alfonso XI fue ejercida por los infantes Juan y Pedro y por la reina María de Molina, abuela de Alfonso XI. No obstante, los infantes Juan y Pedro murieron en el Desastre de la Vega de Granada, ocurrido en 1319, y la reina María de Molina murió en 1321.
Por ello, entre 1321 y 1325 la tutoría del rey fue desempeñada por el infante Felipe de Castilla, hijo de Sancho IV de Castilla y de la reina María de Molina, por Juan el Tuerto, nieto de Alfonso X de Castilla, y por Don Juan Manuel, Príncipe de Villena y nieto de Fernando III de Castilla. Juan el Tuerto había contado con el apoyo de las ciudades de Castilla la Vieja, mientras que Don Juan Manuel había contado con el apoyo del reino de Murcia y con el de algunos concejos de la Extremadura castellana. Por su parte, el infante Felipe de Castilla había contado con el apoyo de Galicia y con el de numerosos concejos de Castilla, León, y Andalucía que fueron leales a su madre, la reina María de Molina. Además, Juan el Tuerto y Don Juan Manuel fueron apoyados por el rey Jaime II de Aragón, quien durante la minoría de edad de Alfonso XI influyó notablemente en la política castellana, aunque cuando Alfonso XI alcanzó la mayoría de edad intentó desbaratar los proyectos políticos del monarca aragonés.
El día 13 de agosto de 1325 Alfonso XI cumplió catorce años y alcanzó la mayoría de edad y, a instancias de los procuradores reunidos en las Cortes de Valladolid, comenzó a gobernar personalmente sus reinos. Con ello, finalizaba el periodo de la minoría de edad del rey, caracterizado por la anarquía, la violencia y la inestabilidad, que provocaron la destrucción de muchos lugares y graves perjuicios a los habitantes de Castilla. El rey, dándose cuenta de que «la mi tierra es robada e estragada e yerma e las rentas son menguadas», orientó su política hacia el restablecimiento de la autoridad real y de la justicia en todo su territorio, que se habían visto muy mermadas tras varios años de desgobierno e inestabilidad.
Don Juan Manuel, Juan el Tuerto y el infante Felipe de Castilla fueron convocados por el rey para que asistieran a las Cortes de Valladolid de 1325, y una vez reunidos allí, los tres renunciaron a la tutoría del rey. El infante Felipe y Juan el Tuerto entregaron al rey las cartas blancas que tenían selladas con el sello real, y Don Juan Manuel entregó al rey el sello real que había utilizado para emitir documentos en las villas y ciudades donde había ejercido como tutor del rey. Según consta en la Gran Crónica de Alfonso XI, también fueron convocados a las Cortes los ricoshombres, los prelados, y los representantes de las villas y ciudades del reino, y en el ordenamiento de las Cortes consta que también asistieron los maestres de las órdenes militares y el prior de la Orden del Hospital.
Alfonso XI reorganizó su Corte y su consejo al alcanzar la mayoría de edad. Tres de los más destacados partidarios del infante Felipe de Castilla, Álvar Núñez Osorio, Garcilaso I de la Vega y Juan Martínez de Leiva, se convirtieron en los nuevos privados del rey y tuvieron una influencia decisiva en los primeros años de la mayoría de edad de Alfonso XI. No obstante, el rey también era aconsejado por Nuño Pérez de Monroy, abad de Santander y notario mayor de Castilla, que había sido canciller, consejero y tesorero de la reina María de Molina, por Martín Hernández de Toledo, preceptor del rey, y por el maestre Pedro, que era teniente de canciller por el arzobispo de Toledo. Para los asuntos económicos, el rey nombró almojarife a Yuçaf de Écija, por consejo del infante Felipe de Castilla, que era mayordomo mayor del rey, y porque era costumbre arraigada que en la Corte castellana hubiera almojarifes judíos.
En las Cortes de Valladolid de 1325, Don Juan Manuel, deseoso de ganarse la confianza del rey Alfonso XI, acusó al infante Juan de Aragón, canciller mayor de Castilla y arzobispo de Toledo, de haberse apoderado de los servicios correspondientes al rey en el arzobispado de Toledo, aunque esta acusación era injusta hasta cierto punto, según afirman diversos historiadores, ya que el rey Fernando IV, padre de Alfonso XI, había concedido a la archidiócesis de Toledo el privilegio de disponer de la mitad de los cuatro servicios recaudados en el arzobispado. No obstante, y basándose en dicha acusación, Alfonso XI arrebató al arzobispo Juan de Aragón el cargo de canciller mayor de Castilla.
El rey Jaime II de Aragón, que era el padre del arzobispo Juan de Aragón, tomó el asunto como una ofensa personal, solicitó la mediación del papa Juan XXII, y envió embajadores al rey Alfonso XI de Castilla. Además, en la primavera de 1326 el clima de hostilidad entre Aragón y Castilla fue disminuyendo, ya que se habían entablado negociaciones entre ambos reinos para concertar el matrimonio de la infanta Leonor de Castilla, hermana de Alfonso XI, con el infante Alfonso de Aragón, hijo y heredero de Jaime II.
Según afirman diversos historiadores, la asistencia del clero a las Cortes de Valladolid fue muy numerosa, e incluso algunos afirman que el bajo clero, excepcionalmente, estuvo representado en ellas, aunque esta última afirmación ha sido cuestionada por varios autores. No obstante, se desconoce qué prelados asistieron a las Cortes, aunque en el ordenamiento otorgado al estamento eclesiástico consta que a las mismas asistieron los abades de los monasterios de San Salvador de Oña, de San Benito de Sahagún, y de San Salvador de Celanova, y en la Crónica de Alfonso XI consta que también asistió Nuño Pérez de Monroy, abad de Santander.
El rey solicitó a los reunidos en las Cortes que le concedieran fondos para poder hacer frente a las necesidades de la Corona, y para poder enviar bastimentos a las fortalezas situadas en la frontera con el reino de Granada, ya que las arcas reales estaban vacías, y la asamblea reunida en las Cortes concedió al rey cinco servicios y una moneda forera. Se conservan dos ordenamientos de las Cortes de Valladolid de 1325, siendo uno de ellos de carácter general, y el otro dirigido al estamento eclesiástico. El ordenamiento eclesiástico está compuesto por treinta y cinco peticiones, todas ellas contestadas por el rey, y fue dirigido a los prelados, iglesias y monasterios de todo el reino.
El ordenamiento general de las Cortes de Valladolid de 1325 contrasta con el otorgado en las Cortes de Valladolid de 1322, convocadas por el infante Felipe de Castilla durante la minoría de edad de Alfonso XI, ya que este último fue mucho más extenso. El cuaderno de peticiones de las Cortes de Valladolid de 1325 está compuesto por cuarenta y dos peticiones, todas ellas contestadas por el monarca, mientras que el cuaderno de peticiones de las Cortes de Valladolid de 1322 constaba de ciento cinco, y de las peticiones presentadas al monarca en ambas Cortes algunos historiadores han inferido que la situación general del reino no era mucho más crítica en 1325 que en 1322.
En las Cortes de Valladolid de 1325 volvieron a plantearse algunas cuestiones referentes al orden público y a los abusos cometidos por los poderosos, pero todas las peticiones concernientes a la mala situación en que se encontraba la administración de justicia, y que habían sido planteadas en las Cortes de 1317, 1318 y 1322, apenas se plantearon en las de 1325, lo que no significa que hubieran mejorado en los últimos tres años, pero demuestra, en opinión de diversos autores, que en 1325 los procuradores dieron una mayor prioridad a otros problemas.
La Real Academia de la Historia de Madrid publicó el ordenamiento general de estas Cortes en su obra Cortes de los antiguos Reinos de León y de Castilla, cuyo primer tomo apareció en 1861, y para publicarlo se basó en las copias del ordenamiento enviadas por el rey a los concejos de Mula y Niebla. Y dicha institución también publicó en la misma obra el ordenamiento eclesiástico remitido a los prelados del reino en estas Cortes, basándose en las copias del ordenamiento remitidas por el rey a los abades de Sahagún, Celanova y Oña en febrero de 1326, y cuyos manuscritos originales se conservan en la Real Academia de la Historia.
Las Cortes debieron finalizar a principios de diciembre de 1325, ya que las copias del ordenamiento remitidas a los concejos de Tolosa y Mula fueron otorgadas el día 12 de diciembre de 1325. Diversos autores han destacado que se menciona la palabra ley en una de las disposiciones de las Cortes de Valladolid de 1325, referente a que el monarca no emitiera documentos que atentasen contra lo dispuesto en las Cortes, y que hasta veinte años después, en las Cortes de Alcalá de Henares de 1345, no volvió a utilizarse la palabra ley para designar a una disposición de las Cortes. Además, los mismos autores señalan que a partir de 1325, al alcanzar Alfonso XI la mayoría de edad, se comenzó a utilizar frecuentemente el término ordenamiento, en lugar de cuaderno, para referirse al conjunto de las disposiciones y medidas aprobadas en las Cortes.
Hacia 1325, en la época de las Cortes de Valladolid, culminaron, según afirman diversos autores, las sucesivas reelaboraciones del Libro del Fuero de las leyes, más conocido como Las Partidas, y a pesar de que dicha obra fue compuesta en el reinado de Alfonso X, no tuvo vigencia legal hasta el siglo XIV, durante el reinado de Alfonso XI. Para diversos autores, Las Partidas se concibieron como una gran obra enciclopédica del saber jurídico de la época, independientemente de que con el paso del tiempo llegaran a ponerse en práctica y a adquirir carácter legal.
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