Desaparición forzada en Iguala de 2014
Desaparición forzada en Iguala de 2014 nació en Guerrero.
La desaparición forzada de Iguala de 2014, caso Ayotzinapa o caso Iguala se refiere a una serie de episodios de violencia ocurridos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en el que las policías municipales de Iguala, la estatal de Guerrero (220 km al sur de la ciudad de México) y militares del 27 batallón de infantería de Iguala persiguieron y atacaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (257 km al sureste de Iguala) resultando en la desaparición forzada de 43 de ellos de esa escuela normal rural, al menos 9 personas asesinadas y 27 heridos. En dicho ataque, además de los estudiantes normalistas, fueron heridos periodistas y civiles. De acuerdo a la investigación realizada por Forensic Architecture, el número de personas heridas a consecuencia de los ataques en contra de los estudiantes normalistas asciende a 40.
Las escuelas normalistas de Guerrero, en especial la Normal Isidro Burgos, están asociadas a las luchas sociales, con las figuras icónicas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Por tanto, la Normal Isidro Burgos siempre ha sido marcada por tener una fuerte tendencia de izquierda y un conocido historial de violencia callejera. Los alumnos de la normal de Ayotzinapa tenían un historial de secuestro de autobuses para sus traslados, lo que ocasionaba enfrentamientos con la policía. El 12 de diciembre del 2011 en Chilpancingo, capital de Guerrero, un enfrentamiento entre normalistas y la policía federal,estatal y militares del 27 batallón de infantería de Iguala, conocido como el conflicto de Ayotzinapa, dejó un saldo de dos estudiantes muertos. Un trabajador falleció por quemaduras cuando los estudiantes intentaron incendiar una gasolinera en ese mismo episodio.
Como parte de un plan para asistir a la Ciudad de México el día 2 de octubre del 2014 a las manifestaciones conmemorativas de la masacre de Tlatelolco, los estudiantes habían estado secuestrando autobuses y combustible a lo largo de una semana, para concentrarlos en la escuela. El día 22 de septiembre, las fuerzas de policía federal y estatal impidieron que los estudiantes robasen combustible en la Autopista del Sol, que conduce a Acapulco. Los días 25 y 26 de septiembre los estudiantes habían ido a Chilpancingo en dos autobuses, de los que previamente se habían apoderado, e intentaron apoderarse de otros vehículos, pero la policía local les impidió lograrlo, sin arrestarles y/o confiscarles las unidades en que iban. Frustrados en su intento, los estudiantes pasaron a la cercana ciudad de Iguala en la tarde del día 26 para buscar más vehículos en al menos tres autobuses robados; uno de la línea Costa Line (num. 2513) y dos de la línea Estrella de Oro (nums. 1531 y 1568). Al llegar a la central camionera de Iguala se apoderaron de tres autobuses más; dos de la línea Costa Line (nums. 2510 y 2012). y uno de la línea Estrella Roja (num. 3278), asimismo hubieron de abandonar el Costa Line 2513 al escapar el chofer con las llaves del vehículo. El chofer del Costa Line 2510 se resistió a la toma al ser abordado por los estudiantes en la central camionera, y logró notificar a sus superiores y a la policía antes de ser superado y obligado a llevar el autobús a Ayotzinapa con algunos estudiantes como pasajeros. De casi cien estudiantes de Ayotzinapa que iban repartidos en los cinco autobuses, solamente dos eran de tercer año y seis de segundo año. El resto se conformaba por los alumnos de reciente ingreso cursando el primer año y que iniciaban apenas esa semana sus estudios en la escuela rural. Antes de salir de la escuela para efectuar estas actividades ninguno de este grupo de primer año sabía con precisión a dónde iban ni por qué.
Por su parte, en la ciudad de Iguala, era alcalde desde 2012 el perredista José Luis Abarca Velázquez, excomerciante de joyería, al cual se le acusa de estar coludido con el grupo criminal Guerreros Unidos, a quienes aparentemente pagaba protección. Abarca está casado con María de los Ángeles Pineda, quien sería el enlace del gobierno municipal con el crimen organizado. Varios hermanos de Pineda fueron miembros del desaparecido Cártel de los Beltrán Leyva. Asimismo, Pineda era directora local del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). En México se acostumbra que la esposa del alcalde en turno sea quien dirija la oficina municipal correspondiente del DIF. A pesar de que la pareja había sido acusada de participar en varios delitos y de que diferentes ramas del gobierno estatal tenían conocimiento de estas acusaciones, no había acción legal alguna en contra de ellos.
La noche del 26 de septiembre, el DIF de Iguala dio una fiesta para celebrar los logros obtenidos bajo la dirección de María de los Ángeles Pineda. Se dice que se planeaba lanzar en ese mismo evento la candidatura de Pineda a la alcaldía (Abarca terminaba su periodo en 2015).
Tras la toma de los últimos tres autobuses en la central camionera de Iguala, cuatro de los autobuses formaron una caravana y debido al denso tránsito vehicular en las calles tomaron rumbo hacia el norte, con el Estrella de Oro 1531 a la cabeza, seguido de los Costa Line 2012 y 2510 en ese orden y finalmente el Estrella de Oro 1568. Iban hacia el anillo periférico de Iguala, para de allí enfilar hacia Ayotzinapa. Ello los haría pasar a una cuadra del festejo del DIF. Sin embargo, alertados por el aviso del chofer, la policía los comenzó a perseguir a tres cuadras de la central camionera, en un intento por impedir que la comitiva se acercase al festejo. El Estrella Roja 3278 salió el último de la estación, con suficiente retraso como para encontrar el tránsito hacia el sur despejado, por lo que enfiló en esa dirección para llegar a la carretera a Chilpancingo.
De acuerdo con declaraciones del fiscal guerrerense, Iñaky Blanco Cabrera, el primer episodio de violencia ocurrió a las 21:30 horas, cuando la policía logró interceptar el paso de los cuatro autobuses encaminados al norte mediante una camioneta que bloqueó su avance en la esquina de las calles Juan N. Álvarez y Periférico Norte. Los alumnos bajaron de los autobuses para intentar empujar fuera del camino la camioneta, y se enfrentaron a los policías, que también llegaban. Cuando el estudiante Aldo Gutiérrez Solano forcejeó y sometió a uno de los policías, agentes de la Policía Municipal de Iguala abrieron fuego contra él, hiriendo gravemente a Gutiérrez Solano y matando a su compañero Daniel Solís Gallardo.
La balacera inicial puso en desbandada a los estudiantes normalistas, varios de los cuales se refugiaron en los espacios entre los autobuses detenidos. Otros más escaparon como pudieron a los alrededores; sin embargo, la policía de Iguala se llevó bajo arresto a la mayoría de los estudiantes que no habían podido bajar de los autobuses. La mayor parte de los arrestados provenía del último autobús en la fila (el Estrella de Oro 1568).
Durante el ataque varios de los estudiantes normalistas lograron comunicarse por teléfono celular con compañeros que se habían quedado en Ayotzinapa. Estos alumnos, enterados de los incidentes, enviaron otro convoy de estudiantes en varias camionetas para recorrer los 126 km de distancia entre Ayotzinapa e Iguala, para ayudar a sus compañeros atacados en Iguala.
Los estudiantes en el autobús Estrella Roja 3278 fueron también alertados por teléfono del primer ataque ocurrido; al enfilar el vehículo hacia el lugar del incidente para auxiliar a sus compañeros atacados, el autobús quedó atascado en medio del tránsito vehicular e interceptado por la policía. Detenido el autobús, los estudiantes fueron obligados a bajar y encañonados con armas de fuego. Confiscado el autobús sin disparar un tiro, la policía en lugar de arrestar a los estudiantes, les permitió huir del lugar por su propio pie.
El segundo convoy de estudiantes, que llegó alrededor de las 23 horas de la noche del 26, se encontró con algunos de los compañeros que no habían sido llevados por la policía, entre ellos los que bajaron del Estrella Roja 3278. Los estudiantes, acompañados por profesores pertenecientes a la CETEG (Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero), comenzaron a inspeccionar el lugar y a buscar a cualquier otro alumno oculto tras la balacera. Asimismo, daban entrevistas a la prensa que iba llegando por el primer ataque en contra de sus compañeros. Seguían en el lugar alrededor de la medianoche cuando fueron atacados una vez más por un grupo que llegó de repente y que, según testigos presenciales, disparaba ráfagas en su contra. En este ataque fallecieron dos estudiantes más, llamados Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fuentes; mientras que el resto huía en desbandada y se ocultaba en los cerros circundantes o en las azoteas de las casas de Iguala.
Casi al mismo tiempo, a la salida de Iguala, en la autopista a Chilpancingo, otro grupo de policías disparó contra un autobús que transportaba a los integrantes del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo, de la tercera división. El equipo de fútbol no estaba involucrado en los hechos y aparentemente fue confundido por la policía como otro autobús más del convoy de los estudiantes normalistas. Este equipo era de Chilpancingo e iba de regreso a su sede tras un partido como visitante en Iguala. En este ataque perecieron tres personas: David Josué García Evangelista (de 15 años de edad, uno de los futbolistas), Blanca Montiel Sánchez (pasajera de un taxi que pasaba por el lugar) y Víctor Manuel Lugo Ortiz (chofer del autobús que conducía a los jugadores de vuelta a Chilpancingo). El director técnico del equipo resultó herido y fue internado grave.
Existe un video en el que la agencia de investigación Forensic Architecture reconstruyó el camino y explicó los sucesos.
La mañana del día 27 de septiembre elementos del Ejército Mexicano encontraron a las 11 horas el cuerpo de Julio César Mondragón, uno de los normalistas muertos en el segundo ataque. Su rostro había sido desollado. Los primeros informes reportaron la desaparición de 57 estudiantes de la Escuela Nacional Rural de Ayotzinapa presuntamente atacados y secuestrados por policías municipales de Iguala. El 30 de septiembre, se informó que 14 de ellos se encontraban salvos en sus casas, mientras que 43 permanecían en calidad de desaparecidos. Ese mismo día, se señaló al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, como presunto autor intelectual de las desapariciones forzadas y como el responsable de dirigir desde un radio a fuerzas policíacas del Estado para proceder con los actos del 26 de septiembre. El 29 de septiembre, Abarca negó el ataque a los normalistas, que hubiera muertos o heridos y afirmó dijo que él había ordenado a la policía no atacar a los normalistas, solo realizar disparos al aire, y los acusó de pretender atacar a los invitados que estarían presentes en el segundo informe del DIF municipal, del cual su esposa, María de los Ángeles Pineda, era la presidenta.
La búsqueda de los 43 estudiantes por parte de padres de familia junto con normalistas, que fueron resguardados por elementos de la Fuerza Estatal, inició el mismo 29 de septiembre, intensificando el operativo al buscar posibles cadáveres en fosas comunes.
El sábado 4 de octubre se descubrió en los alrededores de Iguala una fosa clandestina con 28 cadáveres sepultados en ella. Eventualmente los análisis forenses dictaminaron que estos cuerpos no correspondían con ninguno de los 43 normalistas desaparecidos ignorándose hasta la fecha la identidad de los cuerpos.
El 6 de octubre, once días después de los hechos, el entonces presidente Enrique Peña se refirió públicamente a los hechos prometiendo castigo a los culpables.
El día 8 de octubre fueron detenidos en Cuernavaca, Morelos, Osvaldo Ríos Sánchez y su hermano Miguel Ángel, sospechosos de haber participado en la desaparición y al ser confundido Osvaldo con Salomón Pineda Villa, cuñado del alcalde de Iguala. Los hermanos Ríos Sánchez confesaron luego de ser torturados por policías con ser arrojados desde un helicóptero en el que eran trasladados a las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México su involucramiento y el haber estado bajo las órdenes de Ángel Casarrubias Salgado, uno de los líderes de Guerreros Unidos. Al día siguiente la PGR encontró otras 4 fosas con ocho cadáveres en total en el paraje de La Parota, en la localidad de Pueblo Viejo, Guerrero. Sin embargo, estos hallazgos tampoco correspondían con los 43 normalistas desaparecidos.
Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la República, informó el 13 de octubre de 2014 que aparentemente elementos de la policía de Iguala, tras arrestar a los 43 estudiantes desaparecidos, siguieron instrucciones de Abarca y entregaron a los detenidos a oficiales de la Policía del vecino municipio de Cocula. A su vez, estos policías de Cocula presuntamente procedieron a entregar a los estudiantes a miembros del cártel de los Guerreros Unidos.
De acuerdo a testimonios de los hermanos Ríos Sánchez obtenidos bajo tortura, Ángel Casarrubias Salgado habría dado la orden de matar a los estudiantes entregados a los Guerreros Unidos, aparentemente en la creencia de que entre los estudiantes normalistas se encontraban infiltrados elementos del cártel rival de Los Rojos.
Según declaraciones de otros miembros capturados de los Guerreros Unidos hechas luego de ser torturados, los estudiantes habrían sido llevados al basurero municipal de Cocula hacinados en dos camionetas. Al arribar, quince de los estudiantes habrían muerto de asfixia al bajarlos debido al hacinamiento y las ataduras. Una vez bajados los estudiantes sobrevivientes de las camionetas, se interrogó brevemente a cada uno antes de proceder a matarlos de un balazo en la nuca. Después los habrían tirado a la parte baja del basurero donde habrían incinerado los cuerpos, presuntamente haciendo relevos para vigilar el proceso y mantener el fuego durante horas arrojando combustible a los cuerpos. Al terminar se habría ordenado a los vigilantes del fuego que recogiesen las cenizas y triturasen los huesos restantes para meterlos en bolsas de plástico y arrojarlas al río San Juan.
La Procuraduria General de la República informó el día 7 de noviembre de 2014, que según sus investigaciones encontraron indicios de un homicidio masivo en un basurero de Cocula, Guerrero, el cual podría corresponder a los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre en el Estado de Guerrero. Según el testimonio de tres nuevos detenidos que confesaron bajo tortura cometer el crimen. El entonces procurador Jesús Murillo Karam, hizo el anuncio en una conferencia de prensa en cadena nacional. Indicó que las personas detenidas dijeron que los estudiantes fueron asesinados después de que policías de los municipios de Iguala y Cocula los entregaran al grupo criminal «Guerreros Unidos». Sus cadáveres fueron quemados, después se depositaron los restos en bolsas y fueron arrojados en un río cercano.
La conferencia de prensa habría terminado por solicitud de Murillo, quien negó más preguntas de los medios argumentando cansancio. "Ya me cansé" dijo el entonces procurador, suscitando con ello la indignación de padres de las víctimas y personas que esa noche realizaron protestas creando como una tendencia en la red social Twitter la etiqueta #Yamecansé. Murillo argumentó tres días después que había dicho la frase no por ofender, sino porque al momento de la conferencia llevaba 40 horas sin dormir.
El 27 de enero de 2015, la PGR notificó del avance de las investigaciones de la desaparición, aclarando que era prácticamente un hecho que el grupo Guerreros Unidos, vinculado al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, había secuestrado, asesinado, incinerado y desaparecido en un río, las cenizas de los 43 normalistas. De acuerdo a la versión oficial de la PGR, el grupo rival antagónico de Guerreros Unidos: Los Rojos, junto con el director de la Normal, José Luis Hernández, habían alentado o apoyado a los estudiantes a la manifestación en contra del alcalde de Iguala. En la confusión de esa noche, de si eran estudiantes o del grupo rival Los Rojos o una mezcla de ambos, el cartel de Guerreros Unidos tomó la decisión de ejecutarlos como normalmente lo hacía con grupos antagónicos y apoyado por las autoridades de Iguala, ante el agravio constante por los normalistas y sus frecuentes protestas, como aquella donde, tras ser asesinados por elementos de la policía dos estudiantes que protestaban, Jesús Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, normalistas incendiaron una gasolinera en un bloqueo a la autopista del Sol, donde murió por quemaduras Gonzalo Miguel Rivas Cámara, empleado de la gasolinería.
Según la Fiscalía General de la República, las investigaciones hechas por la PGR fueron hechas con la tortura como un método previo y sistemático a la confesión de los hechos con la "participación o aquiscencia" de los mismos. En junio de 2019 se hizo público un video en donde se observa como algunas de estas declaraciones fueron obtenidas bajo tortura de agentes de la PGR, de los cuales tres fueron detenidos en 2020. En ese año se hizo público un video en donde el propio director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, participaba en los interrogatorios con tortura a Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, de quien declaró Murillo Karam fue quien presuntamente dio la orden de realizar el crimen.
Los padres de familia, abogados y organizaciones de apoyo de las víctimas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa rechazaron la información brindada por las autoridades federales mexicanas sobre las muertes de sus hijos y acudidos porque carecía de un sustento científico y técnico, dijeron que sus hijos están vivos hasta que no haya una certeza de su deceso. También en la conferencia de prensa criticaron al entonces presidente Enrique Peña Nieto que se disponía a realizar un viaje a la República Popular China y a Australia cuando la crisis política por las desapariciones se mantiene en el país. Frente a estas críticas el entonces presidente mexicano salió al paso señalando que mantendrá las investigaciones del crimen hasta que se aclare los hechos y se castigue a los responsables del hecho criminal.
Activistas en Australia realizaron protestas públicas por la visita del entonces presidente y demandaron justicia por las desapariciones. El excandidato presidencial del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador dijo: «El gobierno mexicano quiere dar carpetazo al crimen para que México regrese a la normalidad como si fuese un asunto menor». El partido conservador, Partido Acción Nacional exigió que el gobierno trabajara sin descanso hasta que se esclarezca el asunto ante los padres de los desaparecidos, así como con la sociedad mexicana.[cita requerida]
Padres de familia, abogados y organizaciones de apoyo a las víctimas prosiguieron la búsqueda de los 43 estudiantes en diversos parajes, con información provista por informantes que pudieron presenciar los hechos. Integrantes de grupos de autodefensa del estado de Guerrero notificaron en diciembre de 2014 a los padres que tras diversos recorridos habrían localizado restos humanos en la barranca o predio llamado La Carnicería, a las afueras de Cocula y a 800 metros del basurero de Cocula. Al lugar acudieron peritos e investigadores de la PGR, quienes recolectaron una bolsa de un kilo de indicios, mismos que no fueron enviados a análisis forense. En 2015 el Equipo Argentino de Antropología Forense solicitó formalmente a la PGR integrar formalmente a la investigación los indicios encontrados en el llamado predio La Carnicería, sitio indicado a partir de investigaciones hechas por los propios padres y madres de los estudiantes desaparecidos, hecho que no ocurrió sino hasta 2020 y que confirmarían la identidad de uno de los estudiantes desaparecidos.
La agencia de investigación Forensic Architecture, comisionada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EEAF), en colaboración con el Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH) creó una plataforma partiendo de una base de datos en expansión sobre los incidentes relacionados con los ataques de Iguala del 26 al 27 de septiembre de 2014. Tiene como fin identificar las contradicciones que se desprenden de los diversos testimonios e informes que existen sobre el caso.
Dada la desconfianza hacia el gobierno mexicano, el rechazo a la llamada versión histórica y el posible riesgo en el que se encontraban tanto padres y madres de las víctimas, sus abogados y colaboradores el Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan pidieron formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la disposición de medidas cautelares de protección, mismas que fueron otorgadas por el organismo internacional mediante el Medidas Cautelares 409/14, emitida el 3 de octubre de 2014. Derivado de ello familiares de las víctimas, el gobierno mexicano y la CIDH firmaron un acuerdo de asistencia técnica en donde los padres de familia solicitaban a la CIDH la conformación de un equipo independiente para investigar el caso Este acuerdo se firmó el 3 de octubre de 2014.
El 6 de septiembre de 2015 fue presentado en la Ciudad de México el primer «Informe Ayotzinapa, Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa». En esta investigación por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó pruebas científicas que contradijeron la Verdad Histórica presentada por la PGR; sustentando su propia investigación, aportando nueva evidencia, ofreciendo nuevas líneas de investigación y expresando recomendaciones.
Dada la naturaleza de sus actividades, la CIEDH afirmó que el GIEI recibió una campaña mediática y de acciones jurídicas en su contra con el fin de desacreditar sus acciones y obstaculizar sus investigaciones.
En un decreto emitido el 4 de diciembre de 2018 el jefe del ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, instruye a la creación de una comisión para «fortalecer el ejercicio del derecho que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa tienen de conocer la verdad».
El 15 de enero de 2019 fue instalada la «Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa» por parte de la Secretaría de Gobernación del gobierno mexicano en la nueva administración.
Esta comisión está conformada por representantes de las madres y padres de las víctimas, organizaciones civiles, Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público. Su función es facilitar y dar seguimiento a una nueva investigación independiente a la fiscalía especializada para el caso Ayotzinapa.
La detención de José Ángel Casarrubias Salgado, conocido como el mochomo identificado como líder del cártel Guerreros Unidos fue el 24 de junio de 2020 en el municipio de Metepec, es acusado entre otras actividades de participar en la desaparición de los estudiantes. El 24 de septiembre de 2020, el Mochomo fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada por un juez de control con sede en el Estado de México.
El 30 de junio de 2020, Alejandro Gertz Manero (Fiscal General), anunció en conferencia el fin de la verdad histórica creada durante la administración anterior al obtener órdenes de aprehensión incluyendo una solicitud de ficha roja a la Interpol para la detención de Tomás Zerón de Lucio extitular de la Agencia de Investigación Criminal.
El 7 de julio de 2020, en conferencia de prensa, la comisión informó que estudios de la Universidad de Innsbruck identificaron ADN de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre en un fragmento óseo encontrado en el predio conocido como La carnicería. Con la información de la identificación se dio a conocer que la entonces PGR bloqueó e impidió que el Equipo Argentino de Antropología Forense y el GIEI realizaran diligencias en dicho lugar.
El 26 de septiembre de 2020, se reunieron en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el Presidente de México con los padres de los normalistas, dando un informe del avance en la nueva investigación y ofreciendo una disculpa pública: «Ofrecerles mis disculpas y ofrecer disculpas a nombre del Estado, porque estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado Mexicano, es un asunto de Estado, por eso, ahora el Estado tiene que reparar el daño y tiene que aclarar lo que sucedió, tiene que entregar buenas cuentas, tiene que haber justicia y ese es nuestro compromiso».
Según el fiscal del estado de Guerrero, el 27 de septiembre fueron detenidos 280 agentes de la Policía Municipal de Iguala, de los cuales quedaron en calidad de indiciados 21 por su presunta participación en los hechos. Tras los ataques, el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, declaró que no tenía conocimiento de los hechos ocurridos al instante, ya que cuando pasaron él se encontraba en un baile tras el informe de su esposa María de los Ángeles Pineda, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal. Rehusó a renunciar y se dijo dispuesto a que lo investigaran.
Pese a la declaración anterior, el edil acudió al Ayuntamiento de Iguala el 30 de septiembre para solicitar una licencia que le permitiera ausentarse del cargo por un mes, tras lo cual desapareció junto con su esposa. Al día siguiente, el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, anunció la emisión de una orden de presentación en contra del exalcalde y el Secretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores, primo de José Luis Abarca. Por su parte, el secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, anunció a los medios de comunicación la decisión de que José Luis Abarca quedara expulsado definitivamente del partido.
El 4 de octubre, se dio a conocer que la Procuraduría General de la República atraería el caso de los normalistas desaparecidos, tras lo cual personal de dicha entidad se trasladó a Guerrero para iniciar las investigaciones. Tras este anuncio, se decidió también que la seguridad en el municipio de Iguala corriera a cargo de la Policía Federal y el Ejército Mexicano, quienes se encargaron de confiscar las armas de los elementos de la policía municipal. Por su parte, la Cámara de Diputados instaló una Comisión Especial con el propósito de dar seguimiento a las investigaciones del caso.
Los hechos del 27 de septiembre generaron diversas expresiones de repudio nacional hacia el presidente Enrique Peña Nieto, manifestaciones en diferentes universidades de la República Mexicana evidenciando la incapacidad del Presidente para dirigir la nación y sobre todo, dando la impresión de un desconocimiento total de los hechos sucedidos en Iguala.
En el ranking de las personas más poderosas del mundo del año 2014 de la revista Forbes, el presidente Enrique Peña Nieto descendió de la posición número 37, que ocupaba en el 2013, a la 60; justificando el descenso por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y el descubrimiento de fosas comunes.
Durante las primeras investigaciones, el gobierno federal dio a conocer un vínculo del gobierno y la policía municipal con el grupo criminal Guerreros Unidos, una organización de narcotraficantes surgidos luego de la desarticulación del Cártel de los Beltrán Leyva y que llevaba 4 años operando en los estados de Morelos y Guerrero. Según versiones, los normalistas habrían sido secuestrados por policías municipales y trasladados en camionetas hasta un punto en donde fueron entregados al cártel .
El 14 de octubre de 2014, autoridades informaron sobre la muerte de Benjamín Mondragón, líder de Guerreros Unidos en el municipio de Jiutepec en el estado de Morelos. Según la versión oficial, Mondragón se disparó en la cabeza al sentirse acorralado por las fuerzas federales. El 7 de noviembre se hicieron públicas las declaraciones de algunos miembros detenidos del cártel, quienes confirmaron haber perpetrado el crimen conjunto con las fuerzas municipales.
El 23 de octubre de 2014, un día después de la solicitud de José Luis Abarca a renunciar a su puesto, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero solicitó también licencia para separarse de su cargo como gobernador, argumentando que de esa forma esperaba apaciguar el clima político y favorecer las investigaciones. La solicitud del mandatario fue aceptada el 25 de octubre. Al día siguiente, tomó posesión en el cargo Rogelio Ortega Martínez, quien hasta entonces fungía como secretario general de la Universidad de Guerrero. Era la segunda vez que Aguirre gobernaba el estado, debido a que en 1996 fue nombrado «gobernador sustituto» luego de la salida del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, quien renunciaría luego de la denominada Matanza de Aguas Blancas.
En la madrugada del 4 de noviembre de 2014 fue anunciada la captura de José Luis Abarca Velázquez, expresidente municipal de Iguala, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. La Policía Federal los arrestó dentro de una casa ubicada en Iztapalapa; Distrito Federal, en una casa que daba la impresión de estar abandonada y que labores de inteligencia localizó.
El 11 de noviembre, el sacerdote Alejandro Solalinde denunció que Abarca y Pineda Villa habrían sido capturados realmente en el estado de Veracruz y sembrados en el Distrito Federal por la misma Policía Federal. La intención de este movimiento, serían meros fines electorales, ya que en 2015 se lleva a cabo la elección federal de diputados. La detención de Abarca ayudaría al gobierno a desprestigiar al Partido de la Revolución Democrática en Iztapalapa, la zona con más militantes de este partido en la Ciudad de México.
El alcalde priísta de Cocula César Miguel Peñaloza Santana fue detenido por la PGR el 13 de octubre de 2014 y trasladado a las instalaciones de la SEIDO para su declaración y liberado dos días después.
El 19 de diciembre de 2014, fue presentado por segunda ocasión a la PGR para declarar prolongándose su declaración hasta el 27 de diciembre de 2014, presentando la PGR las pruebas que lo relacionaban con protección al grupo delictivo "Guerreros Unidos" siendo liberado por un juez federal luego de que la Agencia del Ministerio Público Federal no pudiera obtener una orden de aprehensión en su contra.
El 20 de febrero de 2015, César Miguel Peñaloza Santana interpuso un juicio de amparo contra cualquier orden de aprehensión en su contra ligada al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, habiendo cubierto una garantía de tres mil pesos, siendo admitido dicho recurso, pero al no probar el acto reclamado contra las autoridades responsables, el juicio se sobresee el pasado 8 de abril de 2015, por lo que la PGR abre la posibilidad de seguir indagando y robustecer las pruebas en su contra.
El 24 de septiembre de 2015, días antes de dejar su fuero municipal César Miguel Peñaloza Santana, un diario digital señaló: ¿quién protege al alcalde de Colula?, ya que son muchas las evidencias que lo acusan pero hasta ahora la PGR no ha logrado que un juez federal libere una orden de aprehensión en su contra.
El día 16 de diciembre de 2015, fue detenido por tercera vez, ahora por elementos de la Policía Federal, de la Comisión Nacional de Seguridad y de la SEDENA. La PGR informó ese mismo día por la noche, que quien fuera presidente municipal por el PRI en el periodo 2012-2015, enfrentará cargos como probable responsable en la comisión del delito de delincuencia organizada, bajo la hipótesis de cometer delitos contra la salud, en su modalidad de fomento.
El 13 de marzo de 2019 fue presentado un vídeo por parte del periodista Humberto Padgett en donde se muestra al coronel de infantería Diplomado del Estado Mayor, Gregorio Espinoza Toledo dando la noticia de la desaparición del normalista Julio César López Patolzin a la madre del joven y entregándole sobres con dinero. Con esto el periodista afirmó documentar la calidad de informante en activo en que se encontraba el normalista.
Se conocía que López Patolzin había sido militar antes de ingresar a la normal, pero se tenía información de su baja previa. Según su padre López Patoltzin habìa desertado un año antes del ejército para entrar a la normal. El entonces secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos negó la versión argumentando que el estudiante no era informante, y que el corto tiempo que llevaba en la normal no habría sido útil al ejército. Es por ello que diversas organizaciones de derechos humanos expresaron su extrañeza ante las contradicciones y falta de información que previamente se manejó por parte de la Secretaría de la Defensa.
Estos eventos han causado gran indignación tanto en el ámbito nacional como en el internacional, básicamente por los resultados tan magros de la investigación. Diversos colectivos, organizaciones no gubernamentales, mandatarios de diversos países, la CIDH y ciudadanos de diversas nacionalidades se han expresado por el esclarecimiento de los hechos y castigo a los culpables.
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