La Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional de España, oficialmente Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, es el órgano directivo de la Secretaría de Estado de Justicia que ejerce las funciones relativas a la cooperación jurídica internacional civil y penal, la gestión de la participación del Ministerio de Justicia en los organismos internacionales y de la Unión Europea, asistiendo al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación cuando sea necesario, así como la mejor promoción de los Derechos Humanos en el ámbito interno, asegurando su eficacia mediante la propuesta de medidas que tengan en cuenta los dictámenes de los órganos internacionales competentes en materia de salvaguarda de los Derechos Humanos.
Asimismo, asume directamente la negociación y participación en proyectos de cooperación al desarrollo que afecten al sector justicia en colaboración con otras instituciones del ámbito de la Justicia, dentro de las líneas marcadas por el Plan Director de la Cooperación Española, así como la coordinación de la negociación y ejecución de los acuerdos internacionales no normativos que afecten a este departamento.
Las primeras iniciativas en torno a la Cooperación Jurídica Internacional se llevan a cabo en 1968, cuando el nuevo reglamento orgánico del Ministerio establece un Gabinete dedicado a estas funciones. En 1977 se crea la Comisión de Cooperación Jurídica Internacional presidida por el Subsecretario de Asuntos Exteiores y en 1983 se creó una comisión con la misma denominación dentro del Ministerio y presidida por el Ministro de Justicia que fue suprimida en 1989. Desde 1985 las competencias en cooperación jurídica internacional fueron delegadas en la Subsecretaría de Justicia y se desarrollaban a través de la Secretaría General Técnica.
La primera vez que las funciones sobre cooperación jurídica internacional tuvieron rango de dirección general serían en el periodo 1994–1996 cuando se creó la Dirección General de Codificación y Cooperación Jurídica Internacional que asumía las competencias propias de cooperación jurídica y las referentes a la codificación de la legislación. Con otra denominación se volvió a recuperar la dirección general en el año 2000 con las mismas funciones de elaboración de los proyectos legislativos del Departamento, así como la cooperación jurídica internacional.
Finalmente en 2004 se adquiere la denominación de Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional centrándose únicamente en las competencias de su ámbito. Desde abril a septiembre de 2010 la dirección estuvo suprimida pero se recuperó en septiembre fusionándola con la Dirección General de Relaciones con las Confesiones que asumía competencias religiosas.
A partir de 2018 adquirió una nueva denominación con el objetivo de potenciar la defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional. Fue renombrada de nuevo en 2020, perdiendo de su nomenclatura las «Relaciones con las Confesiones», puesto que estas funciones fueron asumidas por la Subsecretaría de la Presidencia. Igualmente, la Subdirección General para los Asuntos de Justicia en la Unión Europea y Organismos Internacionales potenció sus funciones en relación con los derechos humanos, incluyendo el término en su denominación.
Las funciones de la dirección general, en su mayoría, son ejercidas por sus órganos directivos:
Corresponde al titular de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos la representación del Ministerio de Justicia en la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR), órgano colegiado adscrito al Ministerio de Interior. Éstos han sido los directores generales:
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